¿En la indagación previa, al momento de archivar el caso, el juez de garantías penales debe necesariamente calificar de maliciosa o temeraria la denuncia? - Derecho Ecuador
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¿En la indagación previa, al momento de archivar el caso, el juez de garantías penales debe necesariamente calificar de maliciosa o temeraria la denuncia?

RESPUESTA

El Art. 587 del COIP expresamente determina “… (La o el juzgador)… declarará el archivo de la investigación y de existir méritos, calificará la denuncia como maliciosa o temeraria”. Como vemos, no resulta imperativo el calificar de maliciosa o temeraria una denuncia que se archiva, esta circunstancia se dará solamente si es que se encuentra mérito para hacerlo conforme al caso concreto.

La obligatoriedad de que los jueces califiquen la malicia o temeridad de la denuncia o acusación particular, buscan hacer efectivo el derecho al honor y al buen nombre consignado en el Art.66 numeral 8 de la CRE, de aquellas personas que han sido agraviadas por la falsa imputación de hechos que no han sido probados dentro del proceso.

Por lo tanto, cuando una investigación se archiva, podría, en mérito de los autos, calificarse una denuncia de maliciosa o temeraria, resultando que la norma no es imperativa.

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Dentro del marco jurídico ecuatoriano, tenemos que la acción de habeas corpus es el mecanismo jurídico por el cual una persona que se considere en ilegal, arbitraria e ilegítima manera detenida, pueda ejercer la acción respectiva, con la finalidad de recobrar su libertad.

El Dr. Mariño Bustamante analiza el Art. 162 COIP (secuestro extorsivo). Explica que la conjunción disyuntiva "u" ("...otra infracción u obtener dinero...") demuestra dogmáticamente que el delito tiene dos propósitos alternativos, no acumulativos.

Este tema es de vital relevancia para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, ya que permite distinguir entre la legítima discrepancia jurídica y aquellas actuaciones que ameritan una sanción disciplinaria, pues, busca equilibrar la independencia judicial con la responsabilidad de quienes imparten justicia en el país.

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