El presidencialismo

Miércoles, 11 de junio de 2008

 

 

DR. BAYARDO MORENO-PIEDRAHITA TATÉS

Ex. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Central del Ecuador

Correo electrónico: bmorenopiedrahita@yahoo.com

 

ORÍGENES DEL PRESIDENCIALISMO Y SOBRECARGA DE PODER EN EL EJECUTIVO

¿Qué es el presidencialismo?

Se denomina “Presidencialismo” al sistema de organización política, en el que la dignidad de jefe de Estado y jefe de Gobierno se acumulan en el presidente de la República, sin ninguna obligación de rendir cuentas a las otras funciones del Estado, sólo de responsabilidad ante el pueblo.

En efecto, en este régimen de gobierno, las funciones de jefe de estado y jefe de Gobierno las ejerce el presidente de la República; elegido mediante sufragio popular, por un período de tiempo determinado, con la posibilidad de reelección y sin la obligación de rendir cuentas al Congreso Nacional ni a la Función Judicial, recalcando, que sólo es responsable ante el pueblo, por ser su elector

 

 

En la América Hispana

 

 

Las antiguas colonias al independizarse de España, se transformaron en los nuevos Estados soberanos; a la cabeza de los mismos próceres, libertadores y grupos de poder económico y político que intervinieron y apoyaron la gesta libertaria, se inclinaron por crear un poder ejecutivo fuerte que impidiera su descomposición interna y que los defendiera de la intervención externa, adoptando un sistema de gobierno presidencialista, a imagen y semejanza del que se encontraba vigente en los Estados Unidos de Norteamérica desde su declaración de independencia en 1776; pero en los nacientes Estados Latinoamericanos, en apariencia vigilado y fiscalizado, por una categórica reparación de poderes, ya que la mayor parte de estos nuevos Estados se encontraban gobernados por jefes supremos, presidentes interinos, encargados del poder, gobernantes de facto y otros, en su mayoría, militares ambiciosos, sin noción de la República y sólo un vago conocimiento de la democracia; para impedir el caudillismo y al mismo tiempo evitar la degeneración del sistema presidencialista en regímenes dictatoriales; que al fin no se pudo controlar, porque en corto tiempo, desde los mismos fundadores quisieron arraigarse en el poder, como ocurrió con el primer presidente del Ecuador, al asumir su tercer período, que tomó el poder por asalto; aberración política que aún persiste hasta la actualidad. Esta opinión, la comparte la Enciclopedia Salvat, con la cita siguiente: “De hecho esta medida no logró evitar que por lo general los presidentes tendieran hacia una total hegemonía política, de modo que el presidencialismo sirvió muchas veces para disimular auténticas dictaduras bajo formas constitucionales.”

 

 

Es increíble que el poder de las armas en tiempos pasados y aún en pleno siglo XXI, a ciertos militares y ciertos civiles, los haya hecho creer o suponer predestinados para gobernar a su pueblo, hasta obsesionarse en la corona de un emperador, emulando la intrepidez de un Napoleón y otros; como ocurre en nuestro País con algunos militares que llegaron a la cima del poder.

 

 

Un Ejecutivo cargado de poder

 

 

En nuestro País desde el inicio de la vida Republicana, al Ejecutivo se le encargó no solo la calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, sino mucho más, como ocurre en el tiempo actual, que a más de las funciones que corresponden a esas dos dignidades, están a su cargo otras como: la obligación de preparar la proforma del presupuesto del Estado y la distribución de los fondos públicos, la política exterior, la seguridad interna y externa del Estado, la facultad de dictar las leyes de emergencia económica, es decir legislar, conceder y pedir: el asilo, la amnistía y el indulto, el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, decretar los ascensos de los oficiales de alto rango, remitir ternas al congreso para la designación de los titulares de los Organismos de Control, etc., es decir más allá de lo humanamente posible; aclarando que muchas responsabilidades sólo las llega a cumplir por delegación; mientras ha existido un vicepresidente de la República sin mayor responsabilidad y ministros de Estado improvisados sin formación ni claridad en sus funciones.

 

 

El presidente de la República, al ser un dignatario de elección popular y asumir el poder sin ninguna experiencia cargado de un exceso de responsabilidades impuestas por la Constitución, jamás ha podido cumplir ni siquiera con los ofrecimientos de campaña peor con las responsabilidades inherentes a su alto cargo, por más formación política, civismo e idealismo de que se encuentre investido, porque la capacidad de todo ser humano es limitada, nos guste o no.

 

 

Aclaro que en esta breve lista no constan las atribuciones que se encarga al Presidente en el Art. 171 de la Constitución en vigencia, que suman 22 principales y sus derivaciones. En definitiva, La Función Ejecutiva, con la excesiva carga de responsabilidades, por más que se le llene y sature de poder, jamás alcanzará a cumplir el mandato ciudadano en forma óptima y eficiente como manda la Norma Suprema; haciéndose necesario una nueva estructura humana, para que no sea ejercido por una sola persona, sino también con la presencia de otro dignatario, con funciones específicas de gobierno; considerando que el Ejecutivo es el administrador nato de un Estado, en nuestra época, con una hipertrofia muy grande.

 

 

En la actualidad las causas que obligaron a otorgar una superdosis de poder y autoridad al Ejecutivo a través del presidente de la República, aparentemente ya no existen; aunque jamás ha desparecido el fantasma de las guerras entre países vecinos del mismo Continente; por su puestos generados por conflictos que a su vez tienen otras causas propias de nuestro tiempo. Superficialmente diríamos que ya no existe justificación para seguir pensando en un Ejecutivo fuerte, que nunca lo fue ni en lo interno peor en lo externo, por una mala estructura en su formación y por la forma que se adoptó para su ejercicio. En el siglo XXI la mayoría de Estados en América Latina se encuentran prácticamente consolidados territorialmente; no así en sus sistemas de gobierno y fundamentalmente sus regímenes económicos, que se encuentran seriamente amenazados por ciertos países imperialistas de expansión económica y de otras organizaciones supraestatales también de gran poder económico y político que a través de programas de explotación pretenden una dominación foránea encubierta en los hilos de la solidaridad social y de apoyo; que obligatoriamente requieren como forma de gobernar el equipo, el consorcio de gente especializada, ya no el más fuerte ni el más hablador, sino el visionario de largo alcance en todos los aspectos guiado por los mejores asesores especializados y patriotas. En consecuencia, el presidencialismo tradicional cargado de autoridad y de poder ha perdido su vigencia en el gobierno del Estado democrático social de derecho y de servicios.

 

 

Este sistema de características republicanas definido en el Estado de Derecho y de corte democrático, encuentra sus orígenes en la Asamblea Constituyente norteamericana de 1787, que instituyó toda una estructura jurídico-política y determinó la existencia de un Presidente, un Vicepresidente, un Congreso con representación local y nacional y, una Función Judicial; como el modelo más adecuado para el sistema democrático, con plena vigencia hasta la actualidad en el País del Norte, desde su independencia. Este sistema republicano es trasplantado a los países Latinoamericanos; y, en el caso del Estado Ecuatoriano, el modelo norteamericano fue reproducido con algunas variantes, como Estado unitario, etc., más otras atribuciones del presidente, hasta convertirlo en consolador, administrador y en algunas, dictador como los decretos leyes de emergencia económica y estado de sitio, para decir lo menos.

 

 

En la propia Constitución Política del Ecuador en vigencia, el pueblo le impone al presidente de la República, no solo cumplir con las atribuciones y deberes que se encuentran señalados en su texto en el Art. 171; sino también servir al pueblo en democracia y respetar la normatividad jurídica del Estado de Derecho, pero le impone el mas alto deber cívico, patriótico y moral, en forma teórica: “cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”, lo cual significaría que le queda prohibida como mandatario toda expresión arbitraria, dictadora o déspota, pero que no se cumple.

 

 

Ante estas exigencias, en el momento de la nominación, de un aspirante como candidato al mas alto cargo, el máximo Organismo electoral debería exigir severos requisitos para que quien pretenda llegar a la presidencia de la República; antes de la elección, como también a todos quienes aspiren, la vicepresidencia y altos cargos públicos de la administración del Estado; una prueba integral que por lo menos abarque conocimientos, históricos, geográficos, recursos naturales, un diagnóstico real y plan de soluciones a los problemas del País; formación y eficiencia en la administración de la cosa pública; y sobre todo una radiografía de conciencia reflejada en su vida pública y privada y también de los posibles integrantes del gabinete; así como de quienes aspirasen a integrar el congreso Nacional y Magistrados de la Función Judicial y otros cargos importantes de la Burocracia en los organismos de control. Siempre se ha dicho que esta sería la única la única forma de que el pueblo se oriente y conozca a quienes van a gobernar el País y de ser necesario, pueda cuestionar a tiempo su designación.

 

 

Se debe recalcar que en nuestra propia Constitución Política del Estado en vigencia, el pueblo le ha impuesto al Presidente de la República, no solo cumplir con las atribuciones y deberes que se encuentran señalados en el Art. 171; sino también servir al pueblo en democracia y respetar la normatividad jurídica del Estado de Derecho, pero sobre todas las cosas le ha impuesto el mas alto deber cívico, patriótico y moral, aunque en forma teórica: “cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”, lo cual significaría que le queda prohibido como mandatario, inclusive utilizar, toda expresión arbitraria, dictadora o déspota, peor poses autoritarias; mandato que en la realidad no se ha cumplido, sino en pocas excepciones.

 

 

Requisitos que se debe exigir a un candidato:

 

 

Ante la improvisación y abuso del principio de igualdad ante la Ley en la presentación de listas de candidatos para designación de dignatarios, es el momento oportuno de que la Asamblea Constituyente apruebe los cambios necesarios, para que el momento de la nominación, el aspirante a candidato al mas alto cargo o cualquier dignidad, el Máximo Organismo Electoral le exija severos requisitos antes de la elección, como también a quienes aspiren ocupar altos cargos públicos en la administración del Estado; una prueba integral que por lo menos abarque conocimientos, históricos, geográficos, recursos naturales, un diagnóstico real y plan de soluciones a los problemas del País; formación y eficiencia en la administración de la cosa pública; y sobre todo una radiografía de su conciencia que refleje su conducta en la vida pública como privada; así como también de los posibles integrantes del gabinete de gobierno; de quienes aspiren a integrar el Congreso Nacional y a ser designados Magistrados de la Función Judicial y otros cargos importantes de la Burocracia, pero sobre todo en los organismos de control. Siempre se ha dicho que esta sería la única la única forma en la que el pueblo pueda orientarse y conocer a quienes van a gobernar el País, con la facultad de cuestionar a tiempo una mala nominación o designación.

 

 

El Poder de una Administración “Compartida”

 

 

Así mismo el control de pueblo debería extenderse, a los aspirantes a cargos extra presidenciales de libre remoción y candidatos de elección popular de todos los organismos seccionales, ya que en la práctica, con el crecimiento del Estado en sus relaciones y compromisos internos y externos, quienes gobiernan al país son: los ministros de Estado y altos funcionarios de la administración pública; con la venia del presidente de la República, del Alcalde, Prefecto y Otros; puesto que el Presidente asume el papel de coordinador general, gerente general o administrador general, amparado del poder que le confiere la Constitución sobre la designación de sus colaboradores, por lo general en forma temporal, a quienes no les pide cuentas, así sean directores, presidentes y altos funcionarios de los organizamos autónomos, ni a los nombrados por el Legislativo de las ternas que envía el propio Ejecutivo, a quienes no controla nadie, ni siquiera la Contraloría General del Estado; y peor a los que hacen y deshacen con los recursos públicos, porque sabe que él también nadie le exigirá cuentas de los burócratas.

 

 

Al elegir presidente se elige un reyezuelo:

 

 

Lo que sucede en el Ecuador, ocurre también en otros países del mundo. El autor Edwars S. Corwin, en su obra “El poder Ejecutivo Función y Poderes- 1787 – 19557)”, reproduce la opinión de Seward, alto Funcionario del Estado Norteamericano de esa época, quien a propósito, del presidente de la república decía: “Elegimos un reyezuelo por cuatro años y le otorgamos un poder absoluto que, dentro de ciertos límites él puede interpretar por sí mismo”, Esto es verdad porque en determinadas áreas y circunstancias, no existe poder en el mundo que pueda ejercer control en un primer magistrado, que en muchos casos ha llegado al abuso o se ha equivocado desde “LA SOLEDAD DEL PODER por no saber designar a sus colaboradores o delegar las funciones que le faculta la Constitución, a personas idóneas, a pesar de que estas no sean de su mismo partido político; porque el presidente no puede cargar con todo el peso de la administración pública, por más que esté henchido de buenas intenciones o se sienta dueño del País.

 

 

Si esa es la realidad no sólo en el Ecuador y en muchos países, no cabe duda que en el sistema presidencialista hace falta un ejecutivo ejercido por jefe de Estado y un Jefe de gobierno, esto es, un cambio profundo, tomando en cuenta que los Estados más desarrollados ha llegado a comprender que para hacer un buen gobierno hace falta de un equipo coherente y confiable que acompañe al Presidente, para evitar que entre las causas principales de los grandes desaciertos y pocos beneficios, se ocasionan ”... porque la presidencia revela un drama cotidiano de juego recíproco entre el carácter humano y los conceptos legales, en forma no emulada completamente, en ningún otro cargo del mundo.” Según la opinión del mismo autor en la obra ya citada y lo que podemos palpar día a día en nuestro País.

 

 

Para finalizar esta primera parte, es importante anotar, que los ecuatorianos no podemos permanecer indiferentes esperando que todo haga la Asamblea Constituyente, porque aquello sería el más grave error; por tal razón es mejor que dejemos la mala costumbre de solo recibir y no aporta en nada y seguir el ejemplo de uno de los más grandes del Ecuador, el general Eloy Alfaro, quien criticaba a los indiferentes de su tiempo y al mismo tiempo enseñaba los hombres de buena voluntad: “ Los hombres indiferentes a la desventura de la Nación, aunque sean privadamente laboriosos, son los auxiliares inconscientes de las desgracias y corrupción de los pueblos”

 

 

Pretensiones de la Asamblea

 

 

En su afán de centralizar el poder de las tres funciones del Estado en el Presidente de la república, es evidente que la actual Asamblea Constituyente pretende conferir un mayor poder y responsabilidad al Presidente de la República aún pasándose sobre la independencia de las otras Funciones del Estado y que es más, para que no exista nadie que le haga sombra o que dignamente colabore con él, intenta desaparecer la figura del vicepresidente y poner a discreción del Presidente la potestad de eliminar al Congreso Nacional por causales de carácter subjetivo; obsesión de poder que no puede ser aceptada; porque si ahora se considera al presidente como un “reyezuelo”, en el futuro se lo tendrá como a un emperador. Ante estas pretensiones de la Asamblea Constituyente o soterradamente no se de quien, resulta importante no olvidar los principios de Lock, Rousseau, Montesquieu, sobre la división del poder absoluto, para insistir que las clásicas Tres Funciones del Estado deben tener a su cargo la misma capacidad de poder, para que puedan vigilarse entre sí, sin que exista primacía de ninguna sobre las demás; es decir que el poder político no deba ejercerse en forma horizontal por ninguno de los Titulares de estas altas Funciones del Estado sino en forma vertical, vigilándose la administración del Estado, le legislación y fiscalización y, la administración de justicia; súper controladas por un tribunal Constitucional, pero sólo para impedir que se ejecuten actos inconstitucionales, sin poder sancionador.

 

 

Propuesta de cambio en el Ejecutivo

 

 

La actual acumulación de la autoridad tanto de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno en el Presidente de la República, debe dividirse y entregarse a dos dignatarios, para lograr eficiencia, optimización de servicios y una mejor administración del País; y, en esa forma terminar con la extremada facultad de delegación de poder, en algunos casos a gente que no está preparada para cumplir la función de estadista o administrador en el gobierno del País. En la nueva Constitución, bien podría facultarse la Presidente de la República delegar la función de jefe de gobierno al vicepresidente o a un primer ministro, o al Ministro de Gobierno, etc., pero que reúnan severos requisitos de estadistas o administradores de probada eficiencia, perseverantes, que conozcan el País, sus problemas y soluciones y lo amen de verdad y amen también la vocación de servicio para su pueblo.

 

 

Si existe el temor de que el Presidente de la República escoja un títere, marioneta o empleado servil; debería preverse en la Constitución que la elección o designación del Jefe de gobierno se realice en comicios públicos y en la Carta Suprema consten las atribuciones, derechos y obligaciones; pero siempre, con la prohibición de incursionar en asuntos de política mientras ejerza sus funciones. Un ejemplo de gran administrador fue Don Clemente Yerovi Indaburu, en tiempos cercanos a este Siglo, como lo juzga la Historia.

 

 

Esta fórmula podría ser una solución, como ocurre en los Estados donde funciona la Monarquía Constitucional como España y aún la Monarquía Parlamentaria como la Inglesa; porque así como estamos, con tantos poderes en el Ejecutivo, no parece sistema presidencialista, sino monarquía encubierta en la debería existir por lo menos un primer ministro.

 

 

El Precio del Poder

 

 

En el Ecuador, el financiamiento de los malos colaboradores, sin duda que también tiene su origen en la falta de cultura u orientación política de un alto porcentaje del electorado y los vacíos de la Constitución Política, Ley de Elecciones, Ley de Partidos y Leyes Conexas, que en forma insólita exigen requisitos severos para desempeñar actividades, privadas o ejercer un negocio particular, pero ningún requisito a los candidatos, que aspiran llegar a un cargo de elección popular; como los diputados, alcaldes, prefectos, consejeros y otros para ocupar un alto cargo de responsabilidad pública a fin de que el mismo pueblo decida con conciencia crítica y no se equivoque en la designación, principalmente de las dignidades de más alto nivel, ya que los elegidos, son quienes van a administrar los recursos económicos del Estado y a orientar los destinos de su pueblo, sobre todo el primer mandatario; porque resulta por demás intolerable y una grave contradicción que se exija requisitos para trabajar como estibador, sin desmerecer este trabajo, y no se exija ninguno para ser dignatario de elección popular.

 

 

Transparencia antes de elecciones

 

 

No está por demás volver a recalcar que como sociedad civil debemos aspirar que la gente preparada y digna llegue a gobernar y que para lograr este objetivo, el cuerpo elector debe exigir que antes de ser nominados los candidatos, se exhiba públicamente su personalidad y sus antecedentes de todo orden; y para la designación de puestos burocráticos, a fin de permitir a los habitantes del País conocer a los futuros gobernantes y funcionarios y a la vez calificar su capacidad para administrar, su definición política, habilidad para sortear dificultades, su versatilidad en finanzas, inversión y producción, amor al trabajo, reciprocidad de negociación interna y externa, conocimientos de geopolítica; Conocimientos íntegros del País y sus problemas, con las fórmulas de solución en especial en las áreas estratégicas como: educación, salud, vivienda, seguridad, empleo; entre otras, ya que en estas descansa el bienestar del país; pero sobre todo porque permitiría mirar de cerca la radiografía de su poder moral. Aclaro que no me he sugestionado en la “Utopía” de Tomás Moro, sino en el desencanto que dejan nuestros propios gobernantes

 

 

Una lección del Libertador

 

 

Ya el libertador Simón Bolívar, al pronunciar su discurso de Angostura, decía: “el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, el cual, fuese posible en el Ecuador cuando el pueblo intente elegir crítica y responsablemente. En este orden sería difícil que volviésemos a catapultar al poder a ningún candidato demagogo, incapacitado, sin conocimiento de nuestra realidad y para colmo, con facultades de monarca o dictador, dentro del mismo sistema presidencialista.

 

 

La Constitución Política de 1998 no exige requisitos severos a los candidatos que aspiran ocupar dignidades de elección popular; por ese motivo, en su mayoría no son sinceros y no justifican su capacidad de servicio, obligando al pueblo a votar a ciegas en cada contenido electoral, en forma ocasional y emocional por el mejor postor en la subasta de la compraventa de conciencias y aún por el “malo conocido” antes que por el “bueno por conocer”, distorsionando el sentido de presidencialismo que aún no termina de implantarse en el país.

 

 

El cambio de la conciencia social

 

 

Quizá algún día, no solo en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también en los gobiernos seccionales y a nivel nacional, haya gente capaz, transparente; libre del juego de intereses de grupos de poder político y económico, que hasta hoy, solo permite acceder a los cargos de representación popular a los inversionistas con plata, malabaristas de todo cuño, incapaces y audaces que no les importa ni están capacitados parra erradicar el desempleo, el hambre, la miseria, y a ese fantasma del analfabetismo, culpables de las crisis moral y material en el mundo y de la explotación al pueblo que actúa sin conciencia individual ni colectiva.

 

 

Lo necesario, útil y conveniente, para mantener el sistema democrático, sería que se fortalezcan con claridad e independencia el ámbito y la competencia de cada una de las tres funciones del estado, pero de tal manera que ninguna intervenga a la otra o peor aun a las dos restantes; y, con un mecanismo que prohíba el sabotaje a los programas de desarrollo y adelanto del país. Encuentro una solución de balance en la creación de un consejo Nacional de Estado; que cumpla la función de árbitro y moderador, el mismo que podría darse en lo más alto de las tres Funciones del Estado, con la participación de representantes de la sociedad civil que se encuentra olvidada; bajo la dirección del Vicepresidente de la República como administrador. Tal vez en este orden podría tener aplicación y vigencia, la definición que hacía el estadista norteamericano Abraham Lincoln, al afirmar que: “La democracia es el gobierno desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, se cumpliría también en América Latina el sueño de uno de los más grandes hombres; el libertador Simón Bolívar, quien en una lección ética para todos dijo: “No quiero exceder mis derechos que por lo mismo que mi situación es más elevada, ellos son más estrechos. La suerte me ha colocado en el ápice del poder; pero no quiero tener más derechos que los del más simple ciudadano,…”. Para que el Ejecutivo, incluyendo también a los Magistrados de las Cortes y Diputados del Congreso Nacional; recuerden que no son designados emperadores, ni dictadores; sino empleados del pueblo que los eligió, pero con la obligación de servirlo sin discriminación ni prepotencia alguna.

 

Si la Asamblea Constituyente regresa una mirada al pasado, revisa el presente y previene para el futuro, los ecuatorianos estamos seguros que en el sistema presidencialista, si podremos encontrar al estadista y administrador “… prudente, justo, fuerte y moderado y que ha de poseer la virtudes de la clemencia, le generosidad y la lealtad…para conservar el poder” y conducir a su pueblo, como enseñaba Nicolás Maquiavelo, para formar un príncipe. Con mayor razón para elegir a un estadista. En consecuencia, avancemos en el sistema presidencialista de verdad, para que no vuelva al País la dictadura oculta de algunos gobernantes del pasado, que tanto daño nos han hecho.

Si para cambiar el País tenemos que llegar al sacrificio, lo debemos hacer con dignidad y sin temor. La doctrina Liberal en el mundo y con el “Viejo Luchador” en Ecuador se forjó la figura del Estado moderno; por tal razón al haber pasado recientemente el 5 de junio, fecha de inmenso valor para la Patria y el Liberalismo, es necesario que actualicemos uno de los pensamientos más profundos de Don Eloy Alfaro, quien en una de sus proclamas decía: “Sin sacrificios no hay redención…Me asesinará, pero mi sangre les ahogará y cimentará la idea liberal

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