El Derecho de Defensa en la Acción Penal

Jueves, 30 de enero de 2014

El Derecho de Defensa en la Acción Penal

Autor: Dr. Merck Benavides Benalcázar

 

Resumen:

El derecho de defensa en la acción penal, según la legislación vigente en el Ecuador, constituye una serie de  garantías fundamentales que tienen los sujetos procesales que intervienen en un caso sub examine; en consecuencia les corresponde hacer respetar a los abogados patrocinadores, fiscales, defensores públicos y fundamentalmente a las y los jueces con jurisdicción y competencia para administrar  justicia en materia penal, buscando siempre dar a cada quien lo que le corresponde y como consecuencia de ello garantizar el principio de seguridad jurídica que se encuentra establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador.

Introducción

 

Antiguamente, cuando se seguía el proceso inquisitorio, se trataba a los condenados como culpables, se los torturaba y su voz no era escuchada por los administradores de justicia,  menos aún, por sus verdugos. Sin embargo, esa situación se modificó, porque con se fue creando y aplicando principios procesales y de defensa en beneficio de estos sujetos procesales menos favorecidos.

Es aquí, donde aparece el derecho de defensa como parte primordial dentro del debido proceso, ya que fomenta una participación activa de los sujetos procesales para que ninguno quede en indefensión, sino que todos los intervinientes en el proceso penal,  puedan dar una teoría del caso favorable a su situación respecto a los hechos en conflicto y brindar al juzgador los elementos de juicio pertinentes y que este último sea quien dictamine una solución para las partes conforme a derecho.

Dentro del proceso penal, es imprescindible la participación activa de los sujetos procesales, quienes deben brindar al juzgador las pruebas pertinentes, para que este último pueda llegar a una solución justa, conforme a derecho; de aquí, surge la importancia del derecho de defensa, consagrado en la Constitución de la República, así como en instrumentos internacionales de derechos humanos y en las leyes, garantizándose también el principio de igualdad, lo que doctrinariamente se conoce como ?igualdad de armas?, para todos los intervinientes en el proceso penal.

 

El artículo 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, y entre las garantías básicas del mismo, consta el derecho de defensa, que a su vez incluye garantías como: nadie podrá ser privado del derecho de defensa, el procedimiento, contar con tiempo y medios adecuados para la preparación de defensa, ser escuchado en igualdad de condiciones, acceder a los documentos y actuaciones del procedimiento, a no ser interrogado sin la presencia de  su abogado defensor, a ser asistido en su lenguaje, a ser asistido por su abogada o abogado, defensora o defensor público (con quien podrá mantener conversación privada), a presentar sus argumentos, pruebas y contradecir las de la contraparte, a no ser juzgados más de una vez por la misma causa y materia, a ser juzgado por jueza o juez imparcial, independiente y competente, a recibir resoluciones motivadas por parte de los poderes públicos, así como a recurrir de las mismas; sin embargo no basta con que se encuentren escritas en la Constitución de la República y en tratados internacionales de derechos humanos, si no existen los medios idóneos y juzgadores dispuestos a velar por su cumplimiento.

 

Resulta necesario conocer, la importancia, alcance y consecuencia de la inobservancia del derecho de defensa, imprescindible dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia; es hora de convertirse en actores sociales responsables, buscando una verdadera pacificación social, en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos, garantías fundamentales y procedimientos, y no permitir que  queden en un mero enunciado, sino convertirlos en realidad, en pro de la dignidad humana y la conciliación de la sociedad.

 

Considerando esto, se evidencia, que existen lineamientos procesales que permiten una adecuada, acertada e imparcial administración de justicia en la mayoría de los casos; pero lo que se busca, es que en todos los conflictos de carácter penal y que requieren la aplicación del Derecho Penal como ciencia de última ratio, serán las y los jueces quienes  administren justicia de manera independiente e imparcial, a fin de lograr que la ciudadanía tenga credibilidad en la Función Judicial.

La inobservancia del derecho de defensa, genera violación del debido proceso para los intervinientes en el proceso penal.

Derecho de defensa.- garantía de la tutela judicial efectiva

El derecho de defensa entendido como una garantía dentro del debido proceso, debe ser asumido y garantizado por cada uno de los sujetos procesales, por lo que un adecuado ejercicio del mismo, da como resultado la plena vigencia de la tutela judicial efectiva; comprendiendo primero que los seres humanos tenemos derecho al conocimiento de la verdad e igualdad, aclarando que es deber de un Estado constitucional de derechos y justicia, velar por la eficacia del derecho de defensa, indispensable para fomentar armonía social.

 

El derecho de defensa está garantizado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos, que en razón del bloque de constitucionalidad, forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano; su observancia, depende de todos y cada uno de los sujetos que intervienen en los diferentes procesos. En el presente caso, se abordará el tema desde la perspectiva del proceso penal, en el que se encuentran sometidos tanto el Estado, como los justiciables como parte de la sociedad.

 

Las y los jueces de garantías penales, son los encargados de hacer cumplir el derecho de defensa de  las partes, dentro del proceso penal; lo que da como resultado un litigio ?en igualdad de armas? de los sujetos procesales, siendo los mencionados juezas y jueces, los responsables de que los intervinientes  procesales puedan contar con el tiempo y medios necesarios para sustentar sus afirmaciones y contradecir las de la parte contraria; evitando así, futuros recursos de nulidad, por vulneración de este derecho fundamental, inherente a toda persona.

 

Preocupa en gran medida, el alto porcentaje de nulidades procesales producidas por acciones u omisiones de las y los detractores,  que han generado indefensión de los sujetos procesales; por lo que es necesario concientizar al respecto, velando por la aplicación irrestricta de esta garantía imprescindible dentro del debido proceso.

 

El derecho de defensa en la acción penal, se muestra como un arma efectiva para lograr una correcta y adecuada administración de justicia, ya que permite a los sujetos procesales preparar una teoría del caso adecuada, tanto en los hechos como en las normas jurídicas aplicables al caso concreto, a fin de que el juzgador resuelva con conocimiento de causa. Es así que se garantiza una administración de justicia eficiente, real y justa.

Pero para que este derecho de defensa sea invocado, es necesario que todos los sujetos procesales sepan hacer un uso adecuado del mismo. El abogado particular para lograr que el sujeto procesado sea juzgado de manera objetiva y justa debe conocer a ciencia cabal las reglas y principios del derecho de defensa del infractor; así también para que el abogado defensor del ofendido puedan hacer oír la voz de la víctima para que se precautelen, restituyan y protejan efectivamente sus derechos debe saber a ciencia cierta la defensa de los ofendidos; y de esta manera, los juzgadores puedan dictar una sentencia ratificando el estado de inocencia o condenatoria, que resulte imparcial y neutral en busca de preservar la seguridad jurídica, confianza y credibilidad en la autenticidad de la administración de justicia.

Por lo anteriormente analizado,  es necesario que los estudiantes, abogados, tratadistas, jueces y magistrados y todas las partes integrantes del sistema judicial, hagan uso efectivo del derecho de defensa, para lograr una correcta administración de justicia.

Raíces del derecho de defensa.- Breve reseña histórica

El derecho de defensa, es un derecho que garantiza el cumplimiento del debido proceso y genera el derecho de que ninguna de las partes quede en la indefensión; pero para poder referirse a esta figura jurídica, es necesario remitirse a los orígenes de esta garantía constitucional.

Como primera aparición de este derecho se toma como referencia escrita a La Biblia, ya que Dios antes de expulsar a Adán del Paraíso, le cuestiona por qué comió de la fruta del árbol prohibido; Adán culpa a Eva y ésta a la serpiente, por lo que tuvieron derecho de defensa, pero  Dios no encontrando  justificación condenó a la pareja. Se entiende que la evolución de este derecho va acompañada de la evolución de los demás derechos humanos, puesto que en primera instancia resulta inadmisible concebir como una garantía procesal, desarrollada aparte de las demás instancias jurídicas, creadas para garantizar una sociedad más o menos armónica y justa.

Teniendo en cuenta este primer antecedente, se avanza hacia  otro momento histórico, producido en 1585, en el Concilio Papal de Zaragoza, cuando el Papa Benedicto XII ordena y establece la participación de un abogado en defensa de los necesitados que no tuvieran medios para defenderse con el fin de ??administrar justicia al menesteroso y al huérfano, como al humilde y al pobre??. (Ética de la Abogacía y Procuración, Ediciones Pandeville, Buenos Aires, Argentina. 1973).

Ya en el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece la Declaración Universal  de los Derechos Humanos, que dice:

?Art 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Art.11 .1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa??. Esta declaración, se ha constituido como un instrumento internacional mediante el cual los Estados partes, pueden hacerlo  efectivo de los derechos humanos.

Esto  demuestra con pruebas, aún más fehacientes,  de que el derecho de defensa, es  un derecho inherente de todas las personas.

Surgimiento del derecho de defensa en el proceso penal ecuatoriano

Continuando con este recorrido, se puede ubicar al derecho de defensa en el Ecuador desde la Constitución expedida en 1830, cuando en el artículo 66 se manifiesta que ?Todo ciudadano puede reclamar respetuosamente sus derechos  ante la autoridad pública??. Este puede ser tomado como un esbozo de lo que posteriormente se constituye el derecho de defensa en la Constitución de 1861 que expresamente reza: ?Art. 105.- Ningún ecuatoriano puede ser puesto fuera de la protección de las leyes, ni distraído de sus jueces naturales ni juzgado por comisión especial, ni por ley que no sea anterior defensa en cualquier estado de la causa?.

Desde ese momento, hasta ahora en que en la Constitución de la República de 2008, en el art. 77, numeral 7, literales b y c que manifiestan:

?b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.?

 

Aquí se pone de manifiesto, es una garantía irrenunciable para los sujetos procesales y que en su ejercicio genera la ?igualdad de armas? que es la base esencial del debido proceso; lo que permite  una adecuada administración de justicia por parte de las y los jueces y magistrados.

 

Es así, que el derecho de defensa, es inherente a los seres humanos, que surgió junto a la evolución de la sociedad y ha sido más o menos respetado;  que en la época actual constituye una garantía fundamental del debido proceso, considerando que el Ecuador vive un Estado constitucional de derechos y justicia, y consecuentemente el juzgador es garantista de todos los derechos fundamentales de los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal.

 

Dr. Merck Benavides Benalcázar

Juez de la Corte Nacional de Justicia

 

 

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