El derecho constitucional a que nuestras peticiones sean contestadas en forma motivada

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

El derecho constitucional a que nuestras peticiones sean contestadas en forma motivada

Dr. José C. García Falconí
Profesor de la Facultad de Jurisprudencia
Universidad Central del Ecuador

 

EL NUMERAL 13 DEL ART. 24 de la vigente Constitución Política señala: ¨Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente¨.

Qué es el Derecho de Petición?

Como es de conocimiento general el Derecho de Petición se encuentra garantizado en nuestra Constitución en el Art. 23 numeral 15; y, es aquella facultad, que tiene toda persona para acudir a cualquier autoridad pública, para elevar solicitudes, las cuales deben tener pronta resolución, por parte de los mencionados destinatarios, pues como reiteradamente he manifestado este derecho, se ha constituido en fundamento de protección y de garantía para los administrados, quienes a través de dicho mecanismo, pueden exigir el cumplimiento de los deberes del Estado, solicitar protección para sus derechos, etc.

Qué comprende el Derecho de Petición?

Este derecho tiene dos destinatarios, que son:

1.- La Autoridad Pública; y,
2.- Excepcionalmente las Organizaciones Privadas.

De tal modo que este derecho, es, valga la redundancia, un derecho político, pues garantiza a la persona el derecho de participación, con el fin de controlar en forma directa o indirecta, las decisiones que profiera el Poder Público, ya que sólo así se permite mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y gobernados y así se consolida la sociedad ecuatoriana en más justa y democrática.

Obligaciones de la Autoridad Pública

Son tres las principales obligaciones:

1.- La manifestación de la Administración Pública debe ser adecuada a la solicitud planteada; esto es correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación social.
2.- La respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea; esto es el funcionario público debe FUNDAMENTAR SU RESOLUCION.
3.- La respuesta debe ser oportunidad, pues de nada sirve cuando esta es tardía, pues el factor tiempo, es un elemento esencial para la efectividad de los derechos y garantías constitucionales de las personas, de tal modo que de nada sirve una respuesta adecuada y certera, cuando ella es tardía.

Formas de violación al derecho de petición

La falta de respuesta, la no resolución o la tardía resolución de lo solicitado son formas de violación al derecho de petición, mas aún como bien lo señala el Señor Doctor Nicolás Parducci Sciacaluga, ¨cuando una autoridad adopta una decisión debe expresar la respectiva base legal¨, porque como indica el mencionado maestro y amigo ¨Es esencial darnos cuenta que la autoridad no puede actuar como los niños o niñas malcriadas que, cuando se les pregunta la razón de sus actitudes, repiten incansablemente ¨si porque si o rantiza a la persona el derecho de participación, con el fin de controlar en forma directa o indirecta, las decisiones que profiera el Poder Público, ya que sólo así se permite mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y gobernados y así se consolida la sociedad ecuatoriana en más justa y democrática.¨

El administrador público

Como bien señala la presentación del Boletín Jurídico 1999 de la Procuraduría General del Estado. ¨El administrador público, aquel hombre a quien el pueblo o el poder central entregaron la administración de una parte del Estado, debe ser un docto conocedor de la cosa pública, pues de su recto accionar depende el buen desenvolvimiento del Estado, ya que éste se enrumba por el camino que sus conductores lo guíen¨, termina indicando, El secreto del éxito está en encontrarse perfectamente informado del contexto legal en el cual se desarrolla su accionar, pues la correcta aplicación de la norma legal se cimienta en el conocimiento que se nutre de la información que recibe el ente activo¨.

Conclusión

Como reiteradamente manifiestan los editoriales de nuestros periódicos, las democracias nacen de las demandas de los pueblos por obtener un régimen de libertad que garantice los derechos individuales y colectivos fundamentales. Por este motivo, la cultura política de estas sociedades está impregnada de la necesidad permanente de que se reconozcan estas categorías jurídicas.
Pero también se añade, que sin embargo, no es posible concebir una soceidad en la que solo existan derechos, sin que a su vez, para la supervivencia del sistema, correlativamente se cumplan con los deberes y responsabilidades que equilibren.

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