El cuasicontrato administrativo

Viernes, 26 de julio de 2013

EL CUASICONTRATO ADMINISTRATIVO

 

Por: Ab. Danilo Icaza Ortiz

 

1. Los cuasicontratos en el Derecho Civil

 

Referencias del cuasicontrato en el Derecho Civil

 

?En el Derecho Civil los antecedentes del llamado cuasicontrato y el enriquecimiento sin causa se remontan a Roma. Justiniano, siguiendo una simplificación de Gayo, considera que todo convenio obligacional es un ?contrato?, por lo que distingue las obligaciones provenientes de un contrato de las que no entran en ninguno de los dos conceptos en cuasicontractuales o cuasidelictuales, según la mayor similitud con uno y otro grupo?[1]. Pothier define el ?cuasicontrato? como el hecho de una persona, permitido por la ley, que le obliga para con otra u obliga a otra persona para con ella, sin que entre ambas intervenga convención alguna.[2]

 

Estos criterios fueron recogidos por el código napoleónico y posteriormente por el Código Civil de Andrés Bello. Nuestro Código Civil, Art. 1453, dice: ?Las obligaciones nacen? de un hecho voluntario de la persona que se obliga? como? en todos los cuasicontratos?.

 

Los cuasicontratos del Código Civil francés contemporáneo son: el pago de lo no debido y la gestión de negocios. La jurisprudencia de ese país ha recogido una tercera figura: el enriquecimiento sin causa. El código civil ecuatoriano, además de la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos y el pago de lo no debido, establece el cuasicontrato de comunidad.

 

Pero se debe de entender que esta enumeración no es taxativa y hay otros cuasicontratos, puesto que, en otra parte del Libro IV, el Art. 2143 dice que ?El depósito necesario de que se hace cargo un adulto que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en su sana razón, constituye un cuasicontrato??.

 

?La doctrina moderna tiende a simplificar esas clasificaciones reduciendo la fuente de las obligaciones a la voluntad (contratos y, para quienes la admiten, la voluntad unilateral) y la ley (delitos, cuasidelitos, enriquecimiento sin causa y otras obligaciones que surgen de la ley). Se podría llegar a la ley como única fuente de todas las obligaciones, puesto que la convención de las partes no tiene fuerza obligatoria sino porque la ley le presta su apoyo. No se puede dejar de ver en la voluntad de las partes una fuente autónoma del Derecho.?[3]

 

Cuando la Contraloría y la Procuraduría General del Estado aluden en sus dictámenes al ?enriquecimiento injustificado? lo sustentan en los principios de la ética, de la equidad y de la buena fe. Las características del ?enriquecimiento sin causa? son:

 

- Empobrecimiento y enriquecimiento de las partes.

- Ausencia de falta en el empobrecido.

- Ausencia de interés personal en el empobrecido.

- Ausencia de causa.

- Ausencia de otra acción, lo que se manifiesta en el carácter subsidiario de la acción in rem verso (de restitución).

 

Con respecto a la clasificación tradicional, deja la duda sobre si la categoría del cuasicontrato es general, lo mismo que la del contrato, o si sólo comprende los tipos reglamentados por los Códigos Civiles, el nuestro, al decir que ?hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad? (Art. 2185), no deja dudas de que el cuasicontrato es una categoría general; al hablar de principales reconoce que hay otros fuera de los que menciona y regula específicamente. Se debe reconocer, que la enumeración tradicional de las fuentes no es completa; falta el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad, llamada también promesa unilateral.

 

Naturaleza jurídica del cuasicontrato.

 

De dos disposiciones del Código Civil ecuatoriano se desprende que para éste el cuasicontrato es un hecho voluntario, lícito y no convencional generador de obligaciones. De acuerdo con una definición más completa, los cuasicontratos son los hechos puramente voluntarios del hombre, lícitos, de los que resulta una obligación respecto de un tercero, y a veces una obligación recíproca de ambos interesados. ?El nombre de cuasicontrato se debe al Derecho Romano.

 

El Digesto afirma que el jurista Gayo observa que hay obligaciones que no nacen del contrato ni del delito: las lícitas nacen quasi ex contractu, como si de un contrato: las ilícitas quasi ex delicto, como si de un delito (Libro 44, título 7, ley 1, principium)?[4].

 

Nuestro Código Civil dice que hay 3 principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad (artículo 2185). No excluye la existencia de otros cuasicontratos, pues en esta disposición y en las siguientes sólo se refiere a los principales. Hay otros cuasicontratos, como, por ejemplo, el mencionado por el artículo 2143 del mismo cuerpo legal, que dice: ?El depósito necesario de que se hace cargo un adulto que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en su sana razón, constituye un cuasicontrato que obliga al depositario sin la autorización de su representante legal?.

 

Los que niegan a los cuasicontratos el carácter de fuente de obligaciones consideran que es la ley la fuente de las obligaciones que más comúnmente se hacen derivar de los cuasicontratos, mientras una minoría de autores afirma que ?debe considerarse que, aun excluyéndose la analogía con los contratos, no hay razón para negar a los cuasicontratos el carácter de hechos jurídicos subjetivo?.

 

Teoría del enriquecimiento sin causa

 

El enriquecimiento sin causa consiste en el desplazamiento de un valor pecuniario de un patrimonio a otro, con empobrecimiento del primero y enriquecimiento del segundo, sin que ello esté justificado por una operación jurídica (como la donación) o por la ley. Al empobrecido sin una causa legítima se le reconoce una acción para remover el perjuicio sufrido, llamada de enriquecimiento o de in rem verso. Procede cuando no hay otra acción que pueda restablecer el equilibrio patrimonial roto sin una justificación legítima.

 

En los códigos modernos del siglo XX se establece formalmente que el sujeto que sin causa legítima se ha enriquecido a expensas de otro, está obligado a la restitución. Este principio aparece en dichos códigos en los mismos términos señalados o en otros semejantes (Código Civil alemán, artículo 812; Código Suizo de las Obligaciones, artículo 62, Código Civil mexicano, artículos 1882 y siguientes; Código Civil italiano de 1942, artículo 2041; Código Civil boliviano de 1975, artículo 961, Código Civil peruano, artículo 1954).?[5]

 

Nuestro Código Civil, al igual que el francés y otros dictados en el siglo XIX, no formula expresamente el principio de enriquecimiento sin causa; pero éste inspira varias disposiciones. Entre ellas se encuentran las que establecen las prestaciones que deben el reivindicante de una cosa y el poseedor vencido, tendientes a evitar el enriquecimiento injusto de aquél o de éste; por el mismo principio está animada la regla que obliga al incapaz, en caso de nulidad del acto o contrato, a restituir aquello en que se hubiere hecho más rico (Art. 1705).

 

La jurisprudencia chilena ha reconocido en forma amplia la reparación del enriquecimiento sin causa. Así, una sentencia declara que ?nadie puede beneficiarse injustamente a costa de otro; en consecuencia, empleados en ciertas obras de desagües que estaban a cargo fiscal, materiales suministrados por un tercero, el Fisco debe su valor. En otra sentencia más explícita se dice: ?La acción de in rem verso, o de enriquecimiento sin causa es aquella que tiene por objeto lograr que desaparezca el enriquecimiento injustificado que haya experimentado una persona en desmedro de otra. Los requisitos de esta acción son los siguientes:

 

a) Que una persona experimente un enriquecimiento.

b) Que la otra persona sufra un empobrecimiento.

c) Que el enriquecimiento sea legítimo.

 

A estos requisitos se agregan dos condiciones: que la persona que sufre el empobrecimiento no tenga otro medio legal para obtener la reparación del perjuicio y que la acción no viole un texto legislativo expreso.

 

Si se declara legítimo el acto que ha sido la causa o motivo del pleito, no puede pretenderse que se habría producido un enriquecimiento injusto.?[6]

 

2. Los cuasicontratos en el Derecho Administrativo

 

Definición y características

 

El Derecho Civil en Ecuador acepta los cuasicontratos de manera general. En Derecho Administrativo por motivos de equidad, su reconocimiento y su inclusión es estrictamente necesaria. Se definen como actos o procedimientos realizados por un sujeto de derecho que hace nacer obligaciones a su favor, sin que haya habido falta de la parte que es el acreedor de la actividad (o inacción), en las condiciones normales que podrían crear una obligación de reparar un daño o perjuicio. La gestión de negocios y el enriquecimiento sin causa son ejemplos típicos en el derecho común.

 

La ley procura a que el patrimonio que se ha enriquecido por el trabajo o gestión de otro, solvente una cierta prestación para mantener el equilibrio entre los dos. Razones de equidad o justicia son el fundamento moral, subyace como fuente de derecho. Esta teoría no es absolutamente aplicable en el Derecho Público. Sin embargo, se pueden citar casos que podrían dar lugar a la calificación de los cuasicontratos administrativos.

 

 Ello es así en cuanto a trabajos efectuados por el Estado en una propiedad privada (enriquecimiento sin causa) o la hipótesis prevista en el artículo 33 del Código de la Administración comunal o municipal de Francia, que dice textualmente: ?Todo contribuyente inscrito en la comuna tiene derecho de ejercer tanto demandando como defendiendo, a sus gastos y riesgos, con la autorización del tribunal administrativo, las acciones que él crea pertenecen a la comuna y que aquella previamente llamada a deliberar y realizar se ha negado o es negligente en ejercer?[7].

 

Imaginemos un caso teórico, un menor huérfano o un niño abandonado es recogido, alimentado y educado por una institución del Estado (INNFA). Cuando ese menor tenga la mayoría de edad hereda una fortuna. ¿Podría el Estado solicitarle una indemnización por los gastos hechos en su persona? El ejemplo es interesante, ante el cual se plantean dos soluciones: algunos dirán que las instituciones sociales tienen una tarea social que cumplir en forma gratuita (con los impuestos que todos pagan se mantienen). Otros dirán que por razones de justicia social el menor pobre, pero ya mayor y rico, debería indemnizar al Estado, por haberlo provisto de educación y quizás haberle salvado la vida, y que por lo tanto debería ayudar económicamente para que la Fundación continúe ayudando a otros pequeños que podrían estar en tal situación.

 

Sin embargo, el ordenamiento jurídico no da ningún fundamento al Estado para pretender la indemnización por medio de una acción jurisdiccional. Tendría que haber un texto expreso de la ley que estableciera esa posibilidad y en Ecuador no existe. Aplicando la teoría del cuasicontrato administrativo se ha resuelto la situación del concesionario de servicios públicos que habiendo vencido el plazo de la concesión continúa de buena fe prestando a satisfacción el respectivo servicio. Y vemos que en la práctica se da mucho esta figura ya que el contratista continúa prestando el servicio y luego fundamentado en el cuasicontrato administrativo, la institución pública se ve obligada a cancelar los servicios fuera del plazo del contrato a través de un convenio de pago.

 

No obstante las críticas que en derecho privado recibió la teoría del cuasicontrato -que se considera como una categoría híbrida, desacreditada como fuente de obligaciones-, en derecho público, y especialmente en el administrativo, hay un incuestionable apogeo de la idea y aplicaciones del cuasicontrato, al extremo de que se propone resolver diversas situaciones por aplicación de esa figura jurídica.

 

El cuasicontrato no sólo comprende, como en años anteriores, las clásicas nociones del enriquecimiento sin causa y de la gestión de negocios ajenos, y eventualmente al funcionario de facto, sino otras como el concesionario de servicio público que, habiendo vencido el plazo de la concesión, continua de buena fe proporcionando a satisfacción el respectivo servicio; con el cesionario o con el subcontratista a quienes, sin que el contrato lo autorizase, ni lo hubiere autorizado la Administración Pública, se les cedió o transfirió el contrato administrativo, y lo ejecutaron satisfactoriamente.

 

La aplicación de la teoría del cuasicontrato en el derecho administrativo es propiciada por un calificado sector doctrinal, especialmente de autores españoles. El cuasicontrato administrativo no tiene un régimen jurídico orgánico, es decir que no está contemplada en una ley dentro del ordenamiento jurídico. Por ello, ante la falta de criterios o normas expresas,  dicho cuasicontrato deben aplicársele, en primer lugar, las reglas o normas administrativas referentes a los contratos administrativos, ya que el cuasicontrato es un reflejo de los mismos.

 

En segundo lugar corresponde aplicar los criterios principios generales del derecho que rigen el derecho privado. ?El carácter administrativo del cuasicontrato siempre deriva del objeto del mismo, y no de la existencia de cláusulas exorbitantes expresas del derecho privado. Todo esto es obvio, pues no tratándose de un contrato, sino, precisamente, de un cuasicontrato, no cabe hablar de cláusulas exorbitantes expresas?. Si estas existieren, habría contrato y no cuasicontrato.

 

Pero como un reflejo del contrato administrativo, el cuasicontrato administrativo si conlleva ciertas cláusulas exorbitantes virtuales del derecho privado en favor de la Administración pública. Dichas cláusulas son propias de las figuras convencionales administrativas. Esto produce que la persona vinculada a la Administración pública por una relación que implique un cuasicontrato administrativo, está supeditada a la aplicación de esas cláusulas exorbitantes virtuales, que han de ser compatibles con la relación jurídica de cada caso en particular.

 

Ab. Danilo Icaza Ortiz

Abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Diplomado Superior en Propiedad Intelectual por la misma Universidad, Especialista en Contratación Pública y Control Gubernamental por la Universidad de Guayaquil.

daniloicaza@hotmail.com.

 

 



[1] Pérez cita a D Ors, Álvaro, Derecho Privado Romano. EUNSA. Pamplona, 1981. P. 419.

[2] Pothier, R. J., Tratado de las Obligaciones. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 1978. P. 71.

[3] BORDA. G. A. Manual de Obligaciones. Editorial Perrot. Buenos Aires. 1981. P. 35.

[4] ALESSANDRI ? SOMARRIVA ? VODANOVICH, Tratado de las obligaciones, 2da. Ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, pp. 55-56.

[5] Ibíd. Pp. 62.

[6] VODANOVICH, cita a Corte de Apelaciones de Santiago, 14 septiembre 1983, Revista de Derecho y jurisprudencia, tomo 80, sec. 2ª, pp. 96.

[7] Enrique Rojas Franco cita a Code de l´administration comunale, Dalloz, París, p. 83.

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