Dos Principios del Debido Proceso La legalidad Sustantiva

Miércoles, 06 de mayo de 2015

Dos Principios del Debido Proceso

La legalidad Sustantiva

Autor: Dr. Walter Guerrero Vivanco

Antecedentes

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue aprobada por la Asamblea Francesa, en 1789, proclamó el siguiente concepto: ?Art. VII.- Ningún hombre puede ser acusado, detenido o preso más que en los casos determinados por la ley y según las formas prescritas en ellas; que aquellos que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados, pero que todo ciudadano, llamado o detenido en virtud de la ley, debe obedecer a l instante haciéndose culpable de su resistencia?.[1]

Después de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial desencadenada por el fascismo alemán, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, en 1948, aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y prescribió el siguiente principio: ?Art. 112.- Nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional e internacional; y, que  tampoco se puede imponer una pena más grave que la aplicable en el momento dela comisión del delito?.[2]

En esta Declaración se adopta el principio de la legalidad sustantiva, que se resume en el conocido precepto ?nullum crimen, nulla poena, sine lege?, que significa que no hay crimen ni hay pena sin una ley previa promulgada por el Estado respectivo, en la cual se describa la conducta punible y se prevea la pena con la cual se sanciona al infractor, a fin de evitar la arbitrariedad y la injusticia.

La mayoría de los Estados Americanos, entre ellos el Ecuador, en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, firmaron la Convención  Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que consagra el principio de legalidad sustantiva cuando dispone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer una pena más grave que al aplicable en el momento de la comisión del delito. Sin con posterioridad a la comisión de delito la ley dispone a imposición de una pena más leve, el culpable se beneficiará de ello.

La Constitución Política de la República del Ecuador, de 1998, consagró, con toda claridad, el principio de la legalidad sustantiva, cuando dispuso que nadie podía ser juzgado por una acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la Ley. La norma pertinente de la nueva Constitución del 2008, declara, asimismo, que nadie podrá ser juzgado o sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la Ley. [3]

Por su parte, el Código Penal desarrollaba la garantía constitucional antes indicada, cuando disponía que nadir podía ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada y la pena establecida, con anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse. Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los infractores, aun cuando exista sentencia ejecutoriada.

El Código de Procedimiento Penal del 2000 reformado, copiaba en forma textual la norma del Código Penal que acabamos de transcribir y solo modificaba el último párrafo, cuando disponía que en general, todas las leyes posteriores que se dicten sobre los efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, debían ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores.

Por su parte el COIP, que se publicó en el RO. Nro. 180 del 10 de febrero de 2014, proclama como el primer principio del debido proceso lo siguiente ?1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando al ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla?.

El Delito

Por lo tanto, primero tenemos que encontrar en la legislación penal previsto el delito para luego pensar en la posibilidad de la imposición de la pena, porque sin delito no hay sanción penal alguna ¿Pero qué debemos entender por delito? ¿Qué es el delito? El artículo 1 del Código Penal declaraba que las leyes penales eran todas las que contenían algún precepto sancionado con la amenaza de una pena. Por lo tanto, en las leyes penales debemos encontrar dos partes, primero la norma que hay que respetar; y segundo al amenaza de la aplicación de una pena a la persona que incumple el mandato legal. Sí, esa puede ser la definición de las leyes penales, pero no de las infracciones penales y concretamente de los delitos penales ¿Qué es el delito? ¿En qué consiste el delito? Estas preguntas nos obligan a transcribir algunas definiciones del delito que nos proporcionan los tratadistas de la materia.

Concepciones acerca del Delito

De acuerdo con el maestro Francisco Carrara, ?La idea general del delito es la de una violación o abandono de la ley, porque ningún acto del hombre puede reprochársele a este si una ley no lo prohíbe. Un acto se convierte en delito solo cuando choca con la ley; puede un acto se dañoso, puede ser malvado y dañoso; pro si la ley no lo prohíbe no es dado reprocharlo como delito a quien lo ejecuta. Mas siendo varias las leyes que dirigen al hombre, ante esta idea general el vicio (que es al abandono de la ley moral), y  el pecado (que es la violación de la ley divina) se confundirían con el delito. Solo un derecho puede ser objeto del delito, y un derecho al cual la ley le haya concedido expresamente su tutela con una prohibición y con una sanción; y de esta manera, la ley protectora y el derecho protegido se compenetran para formar la idea que viene a constituir el objeto del ente jurídico llamado delito, acto delictivo, crimen, infracción, no porque agravie al hombre o a la cosa, sino porque viola la Ley. Todo lo que sirve de instrumento material, activa o pasivamente, para la violación, es el sujeto, activo o pasivo, de esa violación?.[4]

Según el autor Eugenio Cuello Calón, Una noción verdadera del delito la suministra la ley al destacar la amenaza penal. Lo que realmente caracteriza al delito es su sanción penal. Sin ley que lo sancione no hay delito, por muy inmoral y socialmente dañosa que sea un acción si su ejecución no ha sido prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena, no constituiría delito. De aquí que en su aspecto formal puede ser definido como la acción prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena. Este criterio ha sido aceptado por algunos criminalistas que, aun discordando en puntos secundarios, consideran como carácter predominante del delito la prohibición del hecho que lo constituye mediante la amenaza penal. Dicho acto humano ha de ser antijurídico, ha de estar en oposición  con una norma jurídica, debe lesionar o poner en peligro un interés jurídicamente protegido. Pero no basta la mera contraposición a la norma jurídica, no toda acción antijurídica constituye delito, es preciso que corresponda a un tipo legal (figura de delito), definido por la ley, ha de ser un acto típico. Así pues el acto debe ser no solo antijurídico, sino de una antijuricidad tipificada?.[5]

Para Eusebio Gómez, ?El delito es un hecho humano, antijurídico, real o potencialmente lesivo de un bien o interés protegido por la Ley. La sanción impuesta al que lo comete, no es uno de sus atributos, sino una consecuencia que, aunque debe seguirlo, inexorablemente, conforme al derecho escrito, puede no producirse en el hecho. La afirmación de ser el sentido de un hecho antijurídico, de tan obvia que es, torna inútiles, casi, los argumentos demostrativos. <negación del derecho>, llamó Pessina al delito porque como él decía, la esencia íntima del delito está en el ius frangere, y por eso el objetum, aquello que está frente al delito en el momento de su aparición es el derecho en su autoridad general y en cada uno de sus preceptos particulares. La relación entre el delito y el derecho es de repugnancia, de oposición, de contradicción absoluta: uno de los términos es el delito; el otro es precisamente el derecho. El delito no tiene por objeto negar la religión, la ciencia, la moral, la industria, la educación de la humanidad o del individuo. Estos fines particulares del humano distinto pueden ser objeto indirecto de la realización del mal; pero el objeto propio, directo e inmediato es el derecho mismo de que aquel es una rebelión?.[6]

Por su parte, el Profesor colombiano Eduardo Meza, de la Universidad Externado de Colombia, explica que ?técnica o jurídicamente, esto es, es lo referente a su contenido dogmático o normativo y no a su contenido sustancial, la doctrina moderna define el delito como una acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible?.[7] Acción porque se trata de una actividad psíquica y física que realiza el individuo para cometer el delito; antijurídica porque viola una norma legal; típica porque esta acción debe coincidir con la descripción del hecho previsto en la ley penal; imputable porque el sujeto activo de la infracción debe ser capaz jurídicamente de recibir la sanción establecida en la ley; culpable porque esa acción psicológica y física tiene que ejecutarse a través de dos modalidades básicas que son el dolo o la culpa; e imputable, porque la ley debe prever la amenaza de una pena con la cual se sanciona la acción antes indicada?.

La Tipicidad

El mismo profesor de la Universidad Externado de Colombia Eduardo Meza, define la tipicidad como la ?coincidencia del acto con la descripción legal del delito, en el conjunto de sus elementos subjetivos y objetivos. El tipo es, como dice Mezger, el total delito, y su consecuencia jurídica, la pena?.[8] Sobre el mismo tema de la tipicidad, el  profesor Luis Jiménez de Asúa, en la quinta edición de su obra La Ley y el Delito, dice que ?La vida diaria nos presenta una seria de hecho contrarios a la norma y que por dañe en alto grado la convivencia social se sanciona con una pena. El código o las leyes los definen, los concretan, para poder castigarlos. Esa descripción legal desprovista de carácter valorativo, según el creador de la teoría, es lo que constituye la tipicidad. Por lo tanto el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito?.[9]

Profundizando el concepto de la tipicidad, Edmundo Mezger, profesor de Derecho Penal y Filosofía del Derecho de la Universidad de Munich, en su Tratado de Derecho Penal, señala que ?Solo es punible el que actúa típicamente. Es indudable que el delito es una acción antijurídica, pero si no fuera más que esto, cualquier precepto del sistema jurídico podría ejercer influencia decisiva en esta fundamental característica del hecho punible. El Derecho Penal se hallaría en una situación extremadamente desagradable y peligrosa: el más importante presupuesto de la pena, la antijuricidad, sería dependiente de manera inmediata, de la multitud inabarcable con la vista y en constante cambio, de las normas jurídicas en total ámbito del derecho. El Derecho Penal que lleva en sí, por definición, los ataques más sensibles y profundos en el patrimonio, en la libertad, en el honor, incluso en la vida de los ciudadanos, caería en un estado insufrible de incertidumbre, de falta de seguridad. Por ello resulta imprescindible que él mismo se procure el adecuado remedio y la claridad indispensable para que en su ámbito de antijuricidad, por lo menos en lo que concierne a la fundamentación del delito, aparezca determinada de manera precisa e inequívoca. El Derecho Penal ha creado esta necesaria claridad mediante un medio extremadamente ingenioso: mediante e tipo?.[10]

De manera que la doctrina moderna ha desarrollado la teoría de la tipicidad para civilizar el Derecho Penal y para asegurar una correcta administración de justicia por parte de los jueces y magistrados encargados de esta delicada rama del Derecho. Entonces, la tipicidad sirve para que los jueces apliquen la ley e impongan la pena con la cual se sanciona una acción o una conducta humana descrita en la Ley, pero también sirve, señores Magistrados, como una especie de coraza protectora para que los ciudadanos de bien estén seguros, que si su conducta no coincide como anillo al dedo con la descripción del tipo previsto en la ley, nadie lo puede sancionar, nadie lo puede enjuiciar, nadie le puede quitar su honor, porque esa acción no es típica.

La Corte Suprema de Justicia emitió emitió números fallos, en los cuales resaltaba la importancia civilizadora y científica de la tipicidad. Por ejemplo, en el juicio que por defraudación  a la Honorable Junta de la Defensa Nacional se siguió en contra de varias personas, cuyos nombres no es necesario mencionar, pero que se conoció como el caso de la ?chatarra?, en síntesis, se dijo que ?todo delito implica un comportamiento típicamente antijurídico y culpable, y que esté sancionado con una pena. En consecuencia, únicamente la conducta humana de acción u omisión que por encuadrarse exactamente a una definición del Código Penal, es típica y de consiguiente antijurídica constituye delito??. Por lo tanto, a la inversa, la conducta que no es típica no es delito, puede ser cualquier otra cosa, pero no es delito, y por lo tanto no se puede sancionar con una pena a la persona que ha incurrido en un acto atípico.

Las Penas

La norma pertinente de Código Penal declaraba que son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y, y que se dividían en delitos y contravenciones, según las naturaleza de la pena peculiar. Otra norma del mismo Cuerpo de Leyes agregaba que las penas peculiares de los delitos eran la reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, y de ocho a doce años, extraordinaria de ocho a doce y especial de dieciséis  a veinte y cinco años; reclusión menor ordinaria de tres a seis años y de seis a nueve años y extraordinaria de nueve a doce años; prisión de ocho días a cinco años; interdicción de ciertos derechos políticos y civiles, sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios y la incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público; que las penas peculiares de las contravenciones eran prisión de uno a siete días y multa; y que las penas comunes a todas las infracciones eran la multa y el comiso especial. En resumen, de acuerdo con la legislación que estuvo vigente hasta el 9 de agosto de 2014, las infracciones penales se sancionaban con privación de la libertad de hasta veinte y cinco años, aparte de la multa, del comiso, la interdicción, la prohibición de desempeñar funciones públicas y la obligación civil de pagar los daños y perjuicios derivados del acto delictivo.

Por su parte, las normas respectivas del Código Orgánico Integra Penal, declaran que al pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones y omisiones punibles, que se basa en una disposición legal impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada; que las penas son privativas o no privativas de la libertad y restrictivas de los derechos de propiedad; y que las penas privativas de la libertad tiene una duración de hasta cuarenta años. A continuación el Código enumera trece penas no privativas de la libertad; y luego se refiere a la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras; el tratamiento, capacitación, programa o curso; el servicio comunitario; la prohibición de ejercer al patria potestad o guardas en general; la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo u oficio; la prohibición de salir del domicilio; la suspensión de la licencia para conducir; la pérdida de los derechos de participación; y las penas restrictivas de los derechos de propiedad.

Es decir, en el tema de las penas, si hay una gran diferencia entre el Código Penal anterior y el Código Orgánico Integral Penal, puesto que el primero establecía una pena máxima de hasta veinte y cinco años mientras que el segundo determina una pena máxima de cuarenta años.

La Presunción de Inocencia

El artículo 11-2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, en 1948, aprobó y prescribió: ?Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa?. El artículo 14, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos celebrado en San José, Costa Rica, el 22 de Noviembre de 1969, no olvidó el tema de la presunción de inocencia: ?Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad?. El artículo 66 del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) declara que ?Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable?.

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 contenía una norma similar a la del Pacto de San José ?Se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada?. Por su parte, la nueva Constitución promulgada el 20 de octubre de 2008, declara que ?Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada?.[11]

Por su parte el Código de Procedimiento Penal del 2000 reformado, disponía lo siguiente: ?Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable?. Finalmente transcribimos la norma respectiva del COIP, que declara que el derecho al debido proceso penal, se regirá, entre otros, por el principio de la presunción de inocencia: ?4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario?.

Artículo publicado en la R. Ciencias Jurídicas Nº 5 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.



[1] Art. VII de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Francesa, en 1789.

[2] Art. 112 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por las Naciones Unidas, en 1948.

[3] Art. 76 n.3 CPR-08

[4] Programa de Derecho Criminal, Parte General, Volumen I, Editorial Temis, 1971, Francisco Carrara.

[5] Derecho Penal, Tomo I, Eugenio Cuello Calón.

[6] Tratado de Derecho Penal, Tomo I, Eusebio Gómez.

[7] Lecciones de Derecho Penal, Luis Eduardo Meza, Universidad Externado de Colombia.

[8] Obra citada anteriormente

[9] La Ley del delito, Lui Jiménez de Asúa, pág. 235.

[10] Tratado de Derecho Penal, Edmundo Mezger, pág. 363.

[11] Art. 76 n.2 CPR-08

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