Destitución, renuncia, invención

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

Destitución, renuncia, invención

Por: Fabricio Betancourt O.
Estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE

 

ECUADOR NACIÓ COMO REPÚBLICA hace 174 años, desde que se disolvió aquel gran sueño del libertador Simón Bolívar llamado la "Gran Colombia". Por ese entonces, ya habíamos heredado los mismos males que sufrimos hoy en día, como por ejemplo, no saber elegir un verdadero líder que trabaje en favor del bienestar general. Esto ha provocado que gobernar nuestro país desde el sillón presidencial constituya un reto contra el tiempo por permanecer en el poder durante el periodo para el que fue elegido, dejando de lado el proyecto de país a largo plazo.

Desde el año 1830, muchos presidentes han cesado en sus funciones por diversas causas; hoy en día estamos frente a un dilema parecido.

¿Qué pasará?; ¿la memoria histórica
de la experiencia nos fallará de nuevo?

Analizando la Constitución Política, norma suprema de la organización y funcionamiento del Estado; en el Art. 167, que prevé los casos en que el Presidente de la República cesará sus funciones, no se encuentra uno que se ajuste a las acusaciones hechas a nuestro actual Presidente para que cese en sus funciones y deje vacante el cargo; es decir, esta vez no lo podemos declarar incapaz física o mentalmente, porque debe ser comprobado de la manera prescrita por la ley; ni tampoco se puede declarar abandono del cargo con el fin de repetir la historia del ex presidente Jamil Mahuad; pero, como en este país cualquier cosa puede suceder, es posible que, según el Art. 130, numeral 9 de la Constitución; si fuera el caso, el Presidente puede ser enjuiciado políticamente a solicitud de al menos una cuarta parte del Congreso Nacional, si incurre en la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y su destitución solo podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Nacional.

Institucionalidad y derecho a defensa

La institucionalidad de la Presidencia de la República ha quedado en entredicho por acusaciones contra el financiamiento electoral de la campaña política de nuestro actual Mandatario, debido a aportes económicos provenientes de operaciones originadas en el "narcotráfico"; y también, por la aceptación de donaciones que provienen de personas jurídicas extranjeras como el Partido de los Trabajadores de México. La Ley Orgánica del Gasto Electoral y Propaganda Electoral, en el Art. 21, en referencia a lo anterior, establece que las contribuciones provenientes del narcotráfico y de personas jurídicas extranjeras acarrean como sanción la revocatoria del mandato y destitución del cargo, según el caso, sin perjuicio de las acciones penales que éste amerite.

El derecho a la defensa establece que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario; es decir, que jurídicamente las dos causales de destitución caben, siempre y cuando se demuestren mediante un proceso previo, en el cual se establezca con fundamentos de hecho y de derecho, la culpabilidad o inocencia del acusado; la cual, le guste o no al gobierno actual, será decidida según el Art. 209 de la Constitución y el Art. 3 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral y Propaganda Electoral, por el Tribunal Supremo Electoral (T.S.E), órgano de control y juzgamiento en esta materia.

Aunque hace pocos años experimentamos dos lecciones grandes, seguimos tropezando con el mismo problema; ¿o es que acaso no aprendemos de la experiencia ? Con el fin de introducir reformas claras, precisas y profundas en la Constitución que permitan dar una solución legal, como puede ser la revocatoria del mandato no solo de los diputados, alcaldes, etc. sino también del Presidente de la República, incluso si vamos más lejos; en mi opinión, debemos replantear el sistema presidencialista que no ha funcionado en nuestro país por historia en contrapeso con el sistema parlamentario, aunque de darse tal cambio sería un giro de 180 grados.

Posiblemente el futuro negro e incierto al que nos han acostumbrado los políticos, se volverá a repetir en una nueva crisis social e institucional. Después de Miss Universo y la reunión de la O.E.A. ¿será que continuaremos todavía sin descubrir la cura a nuestra enfermedad?

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