Democracia y Derechos Humanos en el Contexto Económico Latinoamericano

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

COMISION ANDINA DE JURISTAS

 

ENTRE EL 26 Y 30 DE JUNIO se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el XI Curso Internacional "Democracia y Derechos Humanos en el Contexto Económico Latinoamericano", organizado por la Comisión Andina de Juristas con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Comisión Internacional de Juristas.
El marco general elegido para analizar el modelo democrático en la región andina fue el proceso histórico de los regímenes democráticos y su vinculación con los cambios económicos, tomando en consideración las recientes manifestaciones. Concretamente, los ejes temáticos para la realización de este Curso estuvieron focalizados en los cambios económicos globales y sus implicancias en los regímenes democráticos, así como en los procesos de reforma del Estado, en la reforma económica y en las perspectivas de institucionalidad democrática para la vigencia de los derechos humanos.
En base a ello, fueron tres los grandes temas examinados detenidamente durante el Curso, éstos fueron: 1) Los regímenes democráticos en América Latina a la luz de los cambios económicos globales; 2) Reforma del Estado y reforma económica y; 3) Perspectivas para la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina.

* Se contó con 14 ponentes y con 62 participantes provenientes de toda la región andina, entre funcionarios del Poder Ejecutivo, de las Defensorías el Pueblo, magistrados, empresas prestadoras de servicios públicos, abogados que trabajan en derechos humanos, instituciones públicas, organismos no gubernamentales, entre otros.

* El lunes 26 de julio los señores José Roberto Piqueras Bouillon, Director del Centro Iberoamericano de Formación de Santa Cruz de la Sierra y el Dr. Enrique Bernales, Director Ejecutivo (a.i.) de la Comisión Andina de Juristas, dieron la bienvenida a los participantes, y el Ministro de Justicia de Bolivia, Sr. Juan Chahín Lupo, dio el discurso de inauguración el evento.

* El martes 27 de junio se trató el tema "Los regímenes democráticos de América Latina a la luz de los cambios económicos globales". Las conferencias al respecto fueron "Los efectos de la globalización económica: libre comercio, multilateralismo y democracia" por Nicola Phillips, del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Warwick, (Inglaterra), y "Elementos para un análisis nacional del impacto de la política económica de los 90 en las democracias andinas", por Juan Carlos Ramírez, Asesor Regional de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe.

* El miércoles 28 de junio el tema a tratar fue "Reforma del Estado y Reforma Económica". En este punto las conferencias fueron: "La agenda política de la reforma del Estado" por Ramiro Molina de la Fundación Diálogo de Bolivia, "La regulación de los servicios públicos y la protección de los usuarios" por Carlos Ponce, Director de la Asociación Primero Justicia de Venezuela, "La reforma judicial en el contexto de la reforma del Estado y los cambios económicos" por Davor Harasic, Director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, "Efectos de la corrupción en los procesos de reforma del Estado" por Luis Bates Hidalgo, Director Ejecutivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, y "La corrupción en el sistema judicial como análisis de caso" por Eduardo Freudenthal del Programa Pilar de Institucionalidad del Banco Mundial en Bolivia.

* El jueves 29 de junio el tema a tratar fue "Perspectivas para la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina". Las conferencias en este tema fueron: "Las posibilidades del control constitucional de los actos económicos del Estado" por Sandra Morelli, Miembro de la Comisión Andina de Juristas, "La función de las Defensorías del Pueblo" por Walter Albán, Primer Adjunto al Defensor del Pueblo de Perú, "Los nuevos desafíos de las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos" por Carlos Iván Lopera, Miembro del Comité Nacional Red Nacional de Instituciones contra la guerra y por la Paz ­ Redepaz de Colombia y por Federico Andreu de la Comisión Internacional de Juristas, "Amenazas a la democracia en América Latina y respuesta colectivas y multilaterales para su defensa" por Manuel Rodríguez, Miembro de la Sub Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y por Allan Wagner Tizón, Presidente del Centro Peruano de Estudios Internacionales ­ CEPEI del Perú.

* El viernes 30 de junio, los comentarios finales estuvieron a cargo de Federico Andreu de la Comisión Internacional de Juristas, Javier Ciurlizza, Secretario General de la Comisión Andina de Juristas, Sandra Morelli, Miembro de la Comisión Andina de Juristas y Ana Josefina Jimenez, representante de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, quien participó en representación de los participantes del XI Curso Internacional.

El trabajo emprendido por los expositores se sumaba a la dinámica de trabajo en grupo desempeñada por los participantes del Curso, quienes luego de escuchar las sesiones del día, según el tema, se agrupaban para discutirlos y agregar tanto su opinión como su perspectiva personal de acuerdo al país de origen y a la institución a la que representaban. Luego de una espacio designado para la discusión, una plenaria de conclusiones se daba al final de éste en la que un representante de cada grupo daba a conocer los lineamientos finales.
Bajo esta metodología de trabajo se llevó a cabo el XI Curso Internacional, el cual, una vez más, propició el diálogo, la integración y el aprendizaje entre profesionales provenientes de diversos campos de acción de la región andina, quienes finalmente mostraron su alta satisfacción por la calidad y organización del curso, los temas a tratar, los expositores presentes y por cubrir sus expectativas al cumplir con cada uno de los objetivos inicialmente trazados. Ante dicho resultado, la Comisión Andina de Juristas hoy en día se encamina en la organización del XII Curso Internacional, con la intención de beneficiar a las sociedades andinas mediante el estudio de determinadas situaciones que se manifiestan como una constante en nuestros países y con características muy similares

Los regímenes democráticos de América Latina a la luz de los cambios económicos globales

El primer día se abordó el tema introductorio al Curso Regional, por medio de dos ponencias. La primera estuvo a cargo de Nicola Phillips, Profesora del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick, titulada "Los efectos de la globalización económica: libre comercio, multilateralismo y democracia". La segunda conferencia estuvo a cargo de Juan Carlos Ramirez, Asesor del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y versó sobre los "elementos para un análisis nacional del impacto de la política económica de los 90 en las democracias andinas".
Nicola Phillips analizó los diferentes discursos que existen en torno a la noción de globalización y, específicamente, las diversas dimensiones que tiene el término "governance", entendida como un sistema orgánico de gobierno que responde a determinadas prioridades. La ponencia puso particular énfasis en las transformaciones producidas en los últimos quince años en los diversos factores que componen la Política Internacional Económica, como son la producción, el manejo financiero, la tecnología y la seguridad. Dentro de estos factores, Phillips menciona que las diferencias entre el norte rico y el sur pobre no sólo se han acentuado, sino que los mecanismos por los cuales se genera dependencia se agudizan. En este contexto, los regímenes democráticos en América Latina enfrentan serios retos para articular una "governance" que responda por un lado a los requerimientos de inserción en el mercado internacional y, por otro, a las expectativas de los ciudadanos de los países andinos, especialmente de los más pobres.
Por su parte, Juan Carlos Ramirez analizo el legado de los noventa en materia de reformas estructurales producidas en América Latina, a partir de constatar que el problema de la deuda externa ha dejado secuelas aún no superadas. Hay, según Ramirez, factores estructurales no resueltos, como la alta concentración de la riqueza y una marcada segmentación social. Los avances en el frente económico, sin embargo, son importantes y han implicado un restablecimiento del crecimiento, menores déficits fiscales, una institucionalidad macroeconómica sólida y un proceso en construcción de integración regional. A partir de este marco, Ramirez analiza las cifras de la CEPAL en materia de inflación, déficits fiscales, dinámicas exportadoras, comercio regional y otros aspectos. Constata que, a pesar de los avances, el crecimiento en América Latina ha sido lento e inestable y hay una significativa volatilidad asociada a los flujos de capital. Por otra parte, el desempleo sigue siendo muy elevado, teniendo en cuenta además la relación que existe entre este factor y el crecimiento explosivo de la informalidad. Frente a este panorama, Ramirez propone seguir trabajando en la reducción de los déficits, incrementar la participación del sector privado y construir o reconstruir instituciones.

La Reforma Judicial, en el contexto de la Reforma del Estado y los cambios económicos

La reforma judicial, en el contexto de la Reforma del Estado y los Cambios Económicos fue uno de los temas abordados por el Doctor Davor Harasic, en el XI Curso Regional de la Comisión Andina de Juristas. También se desarrollaron otros temas como los regímenes democráticos en América Latina a la luz de los cambios económicos globales y las perspectivas para la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina.
El brillante tratamiento del tema realizado por el doctor Harasic, empieza con una explicación de los estados latinoamericanos en un contexto globalizado. Harasic basa su exposición en el planteamiento cepaliano que señala la necesidad de elevar la competitividad a través de la incorporación del progreso técnico a todos los ámbitos del proceso productivo. Asimismo, para lograr cambios significativos en el Estado es necesaria la equidad, que es entendida como mecanismo transformador del Estado y debe estar conjugada con un proceso modernizador y democrático constante y creciente.
El Estado debe realizar un esfuerzo que requiere la modernización democrática, solidaria y no excluyente. Impulsar el desarrollo de actores sociales diferenciados que representen intereses particulares, que den vida a una ciudadanía real capaz de generar un espacio común que admita y conjugue las divergencias. Sin embargo, Harasic señala que las sociedades como las de América Latina, son heterogéneas e incluso presentan problemas de integración. Esto limitará las oportunidades de aquellos a quienes los mecanismos de mercado tienden a excluir.
Ante estos problemas, se han logrado avances importantes. Harasic señala que en diversos países se comienza a notar un deslizamiento hacia un Estado distinto, capaz de desarrollar las tareas antes expuestas, con capacidad estratégica tanto en el terreno de la competitividad como en el de la equidad, lo que permite un cierto optimismo.
Todo lo anteriormente señalado se constituye en requisito indispensable para que los estados latinoamericanos se desarrollen en un contexto globalizado.

Otro aspecto importante es el de los cambios económicos.

Estos cambios no necesariamente significan avance o desarrollo. Harasic muestra claramente esta realidad citando a la UNCTAD, en su "Informe sobre Comercio y Desarrollo de 1997", que señala siete rasgos preocupantes de la economía contemporánea mundial, que constituyen un "llamado de alerta", frente a las tendencias actuales del proceso de globalización.
Estos rasgos son:

1.- Aunque algunos países constituyen notables excepciones, la economía del mundo, en general, sigue creciendo demasiado despacio, ya sea para generar empleos suficientes con salarios adecuados o bien para aliviar la pobreza.
2.- La diferencia entre países desarrollados y en desarrollo, así como dentro de estos últimos, va en continuo aumento. En 1965, el PIB medio del 20% más rico de la población mundial era treinta veces al del 20% más pobre; veinticinco años después esa diferencia se ha duplicado y era de sesenta veces.
3.- Los ricos han prosperado por doquier y no sólo en comparación con los más pobres de la ciudad; el "vaciado" de la clase media se ha convertido en sesgo predominante de la distribución del ingreso en muchos países en desarrollo y desarrollados.
4.- Las finanzas han ido ganando terreno a la industria y los rentistas, a los inversores.
5.- La parte del ingreso que se dedica a remunerar el capital ha aumentado más de lo que remunera el trabajo.
6.- La inequidad en materia de empleo e ingreso se está extendiendo.
7.- Las crecientes diferencias entre los salarios de mano de obra calificada y sin calificar se está convirtiendo en un problema general. Arraigada ya como tendencia en muchos países desarrollados, la disminución en términos absolutos de los salarios reales no calificados, del 20 al 30% en algunos, se ha vuelto común en los países en desarrollo.

Este es el escenario dinámico en el cual se encuentra América Latina. Todos estos componentes deben considerarse seriamente para poder tener una lectura clara sobre el proceso de modernización judicial.
Sobre el tema judicial, Harasic analiza a las sociedades latinoamericanas y sus demandas de justicia. Actualmente éstas demandan más de sus sistemas judiciales y no siempre los dotan de lo necesario para cumplir con tales requerimientos. Los poderes judiciales han ocupado un lugar central en el tema de la gobernabilidad y ciertamente de la estabilidad democrática.
Este tema también está relacionado con las economías de cada país; por ejemplo, los inversionistas extranjeros que siempre se encuentran en la búsqueda de nuevos mercados, son muy sensibles a este tipo de temas. La inseguridad política y jurídica de un país se han vuelto hoy en día en variables que afectan las principales bolsas de valores del mundo. A las calificaciones de riesgo, ADRs, etc. Es decir, a una serie de variables que son las que los inversionistas toman en cuenta al momento de escoger un mercado para invertir. Standard & Poors, Merry Lynch, calificadoras de riesgo que son instituciones que siguen de cerca este tema, dan un valor bastante alto al tema judicial, al momento de ponderarlo con otros aspectos, cuando dan su opinión sobre el denominado "riesgo país".
El criterio del inversionista es muy simple ¿es seguro para mis flujos de capital colocarlos en un mercado donde las reglas de juego no están claras? La respuesta es obvia. Nadie estaría dispuesto a invertir en un mercado en donde reina la inseguridad, la desconfianza y en donde de la noche a la mañana las políticas varían de acuerdo a factores exógenos.
Según Harasic, los poderes judiciales han pasado a ocupar un espacio en el primer plano de la historia de nuestra región y no siempre están capacitados para ello. La necesidad de reforma se hace sentir y ella es especialmente problemática. Ya lo es intentar producir un cambio deliberado en cualquier organismo social. Más aún cuando se trata de órganos que suelen desarrollar un ethos conservador y corporativo. Más difícil aún el cambio cuando se trata de intervenir para asegurar una fortaleza e independencia, requisitos que suelen formarse lentamente; y que, por su naturaleza, son difíciles de provocar por un agente externo o un intento deliberado. Por lo mismo, aprender de las experiencias comparadas puede resultar especialmente necesario.
Finalmente, el análisis acaba con la afirmación de potenciar los sistemas alternativos de solución de conflictos, la justicia internacional y la justicia común o justicia especializada. Todos mecanismos que fortalecerán la justicia en América Latina.


Perspectivas para la institucionalidad democrática,
el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina

Al ser el tema de la democracia uno de los ejes centrales del XI Curso Internacional y dada la coyuntura actual de los países andinos, se decidió abordar el tema asumiendo de antemano la existencia de amenazas que atentan contra el pleno establecimiento de la democracia y, ante ello, conocer y analizar las respuestas colectivas multilaterales para su defensa.
Dicho tema fue abordado por dos gran especialistas en la materia y ambos de nacionalidad peruana, ellos son: Manuel Rodríguez, Miembro de la Sub Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Allan Wagner Tizón, Presidente del Centro Peruano de Estudios Internacionales. En esta oportunidad, revisaremos detenidamente la exposición realizada por el doctor Wagner, quien decidió hacer un repaso de la forma como la comunidad internacional ha ido premuniéndose de instrumentos jurídicos y políticos para defender la democracia y contribuir a su fortalecimiento.
En este sentido, habría que partir con la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la entonces recién fundada organización de las Naciones Unidas, mediante la resolución de la Asamblea General No. 217 (III), de 10 de diciembre de 1948, constituyéndose en la matriz de la concepción moderna sobre la democracia y los derechos políticos.
Este concepto fue ampliado y fortalecido mediante la Declaración de Viena, adoptada el 25 de junio de 1993 al cabo de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos que se celebró en esa ciudad, al afirmar la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y establecer la vinculación e interdependencia entre la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948, estableció en su Artículo XX un compromiso similar al contraído en el marco de la organización mundial.
Años más tarde, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, desarrolló ese compromiso en la parte normativa y, además, creó como órgano jurisdiccional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndose en el mecanismo más avanzado en esta materia.
En la última década de los años 90 se dio un vigoroso impulso en la OEA a las tareas para la preservación y defensa de la democracia, como reflejo de la afirmación que había experimentado el orden democrático en las naciones del hemisferio. Las expresiones más sobresalientes de ese avance son el "Compromiso de Santiago con la democracia y con la renovación del Sistema Interamericano" y la Resolución 1080 (XXI-O/91) "Democracia representativa", aprobadas ambas en ocasión del vigésimo primer período de sesiones ordinarias de la Asamblea General, en 1991.
También en 1991 fue suscrito el Protocolo de Washington, el cual entró en vigencia en 1996, por el que se incorporó un nuevo Artículo 9 a la Carta de la OEA que establece un procedimiento que puede llegar hasta la suspensión de un miembro en caso de producirse un golpe de estado que derroque a un gobierno democráticamente elegido.
De otro lado, la Unidad para la Promoción de la Democracia fue establecida en octubre de 1990 como una dependencia especializada de la Secretaría General de la OEA, entre cuyas actividades destacan las acciones de cooperación en materia de fortalecimiento de las instituciones democráticas y asistencia técnica electoral.
Cabe mencionar también la labor del Grupo de Río, pues marcó desde su nacimiento en 1986 un hito en el desarrollo democrático de los países de la región al hacer de la democracia representativa un requisito indispensable para la pertenencia a dicho mecanismo, anticipándose al concepto que luego recogería la OEA en el mencionado Protocolo de Washington. Esta condición en favor de la democracia tuvo su primera aplicación concreta cuando el Grupo decidió, en 1988, suspender a Panamá debido al golpe de estado que derrocó al Presidente Eric del Valle, lo cual consolidó al naciente mecanismo y sentó una pauta democrática que luego sería recogida por otros organismos regionales y subregionales.
La Declaración sobre Defensa de la Democracia, adoptada en la XI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, celebrada en agosto de 1997 en Asunción, reafirmó e instrumentó dicho principio original.
Asimismo, para ciertos países andinos como Bolivia y Chile es vital la labor desempeñada por el MERCOSUR, tal como la Declaración Presidencial sobre el Compromiso Democrático, firmada en San Luis, Argentina, el 25 de junio de 1996. Los Presidentes de la República de Bolivia y de la República de Chile, suscribieron el Protocolo de Ushuaia el 24 de julio de 1998
La Declaración de San Luis y luego el Protocolo de Ushuaia fueron aplicados con motivo de los conatos de golpe de estado producidos en el Paraguay en años recientes, demostrando la efectividad del mecanismo para prevenir el quebrantamiento del orden democrático.
Por otro lado, cabe resaltar el papel desempeñado por la Comunidad Andina. El Acuerdo de Cartagena establece, en su preámbulo, que los Gobiernos de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela convienen en suscribir el Acuerdo de Integración Subregional, "Fundados en los principios de igual, justicia, paz, solidaridad y democracia". Así, la vocación democrática de los países miembros se hizo presente desde el acto fundacional del proceso de integración a pesar de que, al momento de su suscripción, algunos de los países firmantes no poseían gobiernos surgidos del voto popular.
Esta vocación democrática fue reafirmada a lo largo de los años a través de diversas manifestaciones como fueron, por ejemplo, la acción de los países andinos para contribuir al derrocamiento de la dictadura de Somoza; el rechazo al golpe de estado que protagonizó en Bolivia el Coronel Natush Bush y la posición concertada de no reconocer a su gobierno, lo que contribuyó a su renuncia y al restablecimiento de la democracia en ese país miembro; así como la acción de Colombia, Perú y Venezuela en el marco de los Grupos de Contadora y de Apoyo, respaldada por el Grupo Andino, a favor de la paz y la democracia en Centroamérica, que luego derivaría en la creación del Mecanismo de Consulta y Concertación Política, inicialmente conocido como el Grupo de los Ocho y, a partir de su ampliación, como el Grupo de Río.
En 1980, estando ya en vigencia la democracia en todos los países andinos, los Presidentes suscribieron, la Carta de Conducta de Riobamba que estableció el carácter democrático que debe regir el ordenamiento político de los países de la Subregión, así como su compromiso con el respeto a los derechos humanos, políticos, económicos y sociales, como norma fundamental de la conducta interna de los países miembros.
Dentro de los hechos más recientes en el plano subregional, cabe destacar la Declaración del Consejo Presidencial Andino sobre Democracia e Integración, suscrita en Santafé de Bogotá el 7 de agosto de 1998, con ocasión de la toma de posesión del Presidente Andrés Pastrana.
Finalmente, los Presidentes, mediante dicha declaración, encomendaron al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores "la preparación, antes de fin año, de un proyecto de Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena que establezca las medidas a ser adoptadas por los países ante la eventual ruptura del orden democrático en un país miembro".
En cumplimiento de dicho mandato, el Consejo Andino de Cancilleres preparó el referido proyecto de Protocolo Adicional, denominado Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia, el cual fue suscrito por cuatro Países Miembros en Oporto, Portugal, el 17 de octubre de 1998 y por el Perú en junio del año 2000, en el marco de la cumbre presidencial andina celebrada en Lima. Dicho instrumento no se encuentra vigente ya que, a partir de la firma por el Perú, se acaba de iniciar el respectivo proceso de ratificación.
Para finalizar, cabe señalar que la Decisión 458 "Lineamientos de la Política Exterior Común", adoptada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones en Cartagena de Indias el 25 de mayo de 1999, en virtud del mandato recibido del Consejo Presidencial Andino efectuado el año anterior en Guayaquil.
Cada una de las mencionadas adhesiones realizadas por los países andinos son muestra de los esfuerzos internacionales y regionales por salvaguardar el sistema democrático, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos y así prevalezcan frente a acciones autoritarias


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