Conflicto penal: Inserción de los MASC

Lunes, 21 de octubre de 2013

Conflicto penal:

Inserción de los MASC

 

Autor: Dr. Giovani Criollo Mayorga

Desde las reformas del proceso penal del 2009 (R. O. No. 555, 24 de Marzo de 2009) en que se creó la conversión de acciones (Artículo 37 CPP), los Acuerdos Preparatorios, la Suspensión Condicional del procedimiento (Artículos inmunerados a continuación del Artículo 37 CPP);  se ha visto una tendencia política criminal[1] marcada por la desformalización del sistema penal mediante la inserción de los mecanismos alternativos de solución del conflicto penal, que ha alcanzado su clímax con la aprobación, sin el menor debate, del Código Orgánico Integral Penal.

Fundamentos de los MASC

En principio, la aplicación de los MASC  autocompositivos (conciliación, negociación y mediación) en materia penal se funda en varios argumentos,  respetables y hasta razonables como son:

1.   La devolución, al ciudadano, de la capacidad de resolver conflictos por sí mismo, como un atributo de su personalidad;

2.   La mayor satisfacción a la víctima o perjudicados;

3.   La disminución de la carga procesal en fiscalías, juzgados y tribunales  de garantías penales;

4.   La mejor resocialización del sujeto activo de la infracción por  efectos de la reparación realizada;

5.   La entrega de un mejor y más importante rol a la víctima en la resolución del conflicto penal, lo que puede llamarse empoderamiento de la víctima;

6.   Disminución de la victimación[2];

7.   Minoración de la estigmatización de las personas denunciadas;

8.  La ?pedagogía de la convivencia ciudadana?[3]; y,

9.  La solución del conflicto penal de forma más integral y humana.

 

Eliminación de las garantías formales y materiales del Derecho penal y procesal penal

Estas razones, tan buenas como aparecen, permiten crear un espejismo de las ventajas de los MASC en materia penal y restringen las discusiones y los debates sobre el contenido de un Derecho penal propio del Estado constitucional de derecho y justicia. Es decir, tienden a invisibilizar cuestiones tan básicas y elementales como el principio de legalidad, de proporcionalidad de la pena, de mínima intervención, de presunción de inocencia, el principio de oportunidad, de culpabilidad atribuida en un juicio, de imposición de la pena como consecuencia lógica de un debido proceso en donde el juzgador obtuvo CERTEZA DEL COMETIMIENTO DE LA INFRACCIÓN  Y DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO, etc., es decir que asistimos a la eliminación de las garantías formales y materiales del Derecho penal y procesal penal según lo refiera oportunamente el maestro español Jesús María Silva Sánchez.

 

 

         Esa invisibilizaciòn se explica, por varias razones:

1.   Los procedimientos de mediación y conciliación en materia penal implican la construcción de una verdad negociada, una verdad que está construida de conformidad con el gusto y el antojo de las partes involucradas en el conflicto, según sus ?justos? intereses, según un ?tira y afloja? de las partes. Ya no es la verdad procesal, como cuestión fundamental del rito penal,  la que importa. No tiene sentido preocuparse en cómo construirla, ello a pesar de que:

 

La adquisición de la verdad en el proceso penal constituye el presupuesto de una decisión de condena o absolución, que incide sobre las libertades fundamentales de la persona juzgada. De allí la necesidad de que esa adquisición se encuentre reglada y garantizada por normas jurídicas, idóneas para limitar el arbitrio judicial. Por lo tanto, es el fundamento mismo, no sólo teorético y epistemológico, sino también ético- político y axiológico de estas normas, el que debe ser analizado, identificado, discutido y garantizado (...) [4] 

 

2.   La conciliación y negociación penal no pueden ser utilizadas si el procesado o investigado no admite de ?forma voluntaria? su participación en el hecho delictivo. Ese es el presupuesto fundamental para la operatividad de los mecanismos. Sin ese reconocimiento previo, no  tienen sentido los MASC en materia penal, salvo que los MASC  se pretendan aplicar de forma posterior a la condena judicial, esto es, con la finalidad de que la víctima, por ejemplo,  quiera saber, en el ejercicio del derecho a la verdad, cuáles fueron las razones por las cuales se convirtió en tal, o porque fue elegida por agresor, etc.

 

En nuestro sistema, que pronto entrara en vigencia, la posibilidad de la mediación  y conciliación penal luego de la sentencia no es permitida[5], por manera que la declaración o reconocimiento de la participación de los hechos debe operar siempre como requisito para la aplicación de un MASC.

 

3.   La labor del Ministerio Público se reduce enormemente, pues es mucho más fácil hacer que las parte del conflicto penal lleguen a un acuerdo en conciliación o en mediación penal,  que gastar energías descubriendo una verdad procesal, siguiendo reglas y procedimientos tan estrictos y formales como los previstos en la Constitución, en el Código procesal penal, etc.  El Fiscal es relevado de la obligación de investigar y de demostrar, sin lugar a duda alguna, que existe culpabilidad en el procesado; es liberado en definitiva de la carga de la prueba.

 

"Es mucho más agradable sentarse cómodamente a la sombra, frotando pimienta roja en los ojos de un pobre diablo antes que salir al sol a la búsqueda de elementos de prueba. Si tuviéramos que generalizar sobre este tema, podríamos decir que los sistemas de enjuiciamiento basados en negociaciones y acuerdos -en el consenso-, como el sistema de plea bargaining y el sistema de tortura judicial pueden desarrollar sus propias burocracias y su propia "clientela". Aquí, como en cualquier otra parte, es posible aplicar el viejo adagio que dice que si la necesidad es la madre de la invención, la pereza es el padre.?[6]

 

Dr. Giovani Criollo Mayorga

montecrhisto@gmail.com

 



[1] La Corte Constitucional de Colombia establece que Política criminal:?el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción?.(C 936-10)

 

[2] Gema Varona. JUSTICIA RESTAURATIVA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN PENAL EN EUSKADI. EVALUACIÓN EXTERNA DE SU ACTIVIDAD (OCTUBRE 2008? SEPTIEMBRE 2009). Donostia, San Sebastián, España. 2009.

[3] En el informe para Segundo Debate del Código Orgánico Integral Penal, el Libro Segundo, Título X, ?? se promueve una institucionalidad que procese los conflictos penales considerados de menor relevancia social, sobre la base de una pedagogía de la convivencia ciudadana, mediante el desarrollo y aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos a través de la conciliación y la mediación.- Desde esta perspectiva conceptual, la conciliación y la mediación penal deben entenderse como herramientas útiles para la solución de conflictos de menor gravedad y que no impliquen vulneración o perjuicio a intereses del estado o colectivos.?

 

[4] Nicolás Guzmán. La verdad en el proceso penal. Una contribución a la epistemología jurídica. Editores del Puerto. 2011. Buenos Aires, Argentina,  Pág. 5.

 

[5] Código Orgánico Penal Integral Artículo 675 y 680.

[6] John H. Langbein. Tortura y plea bargaining. Maier, Julio B. J. y Bovino, Alberto (comps.), El procedimiento abreviado, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001.

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