Ante los hechos acaecidos el 21 de enero, en la República del Ecuador

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS, organismo continental con estatus consultivo en Naciones Unidas y delegados permanentes ante los Organismos de Derechos Humanos en Ginebra y ante el Consejo Económico Social de la ONU, en cumplimiento de sus principales objetivos estatutarios de defensa y promoción del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos humanos y del respeto a los principios del derecho internacional, ante los hechos acaecidos el 21 de enero, en la República del Ecuador, destacó una misión integrada por el doctor Alvaro Ramirez, Presidente de la Asociación a nivel continental, el doctor William Sloan, Presidente de la Rama Canadiense de la AAJ, el doctor Waldo Albarracín, responsable y vocero de la Comisión de Derechos Humanos y de la Asociación en Bolivia y el doctor Romero Saganash, representante del Gran Consejo del Pueblo CRI y Director de las Relaciones Gubernamentales del Pueblo CRI de Canadá, para conocer in situ la situación producida en Ecuador que ha conmovido la opinión pública internacional.

El objetivo de esta misión es elaborar un informe auscultando todos los sectores de la sociedad : autoridades de gobierno, sociedad civil, con el objeto de formular recomendaciones tendientes a la preservación del orden constitucional y a la solución de los graves problemas económico-sociales que sirven de sustento a los acontecimientos que se han producido en Ecuador, dentro del marco de respeto a la soberanía del pais.

La misión se entrevistó con el Tribunal Constitucional, la Corte de Justicia
Militar, el Congreso Nacional (Ing. Juan José Pons, Presidente), el Consejo
Nacional de la Judicatura, el Ministro de Gobierno (Dr. Francisco Huerta
Montalvo), el Ministro de Defensa (Vicealmirante Mario Unda), el ex-Ministro de Desarrollo Humano, Dr. Carlos Larreategui, los organismos de Derechos Humanos (Hermana Elsie Monge, Alexis Ponce, Pablo de la Vega), el Frente Unitario de los Trabajadores (Wilson Alvarez, Fausto Dutan y Jose Chavez), representantes de las organizaciones indigenas (Miguel Lluco), periodistas (Dr. Fabian Corral y Lcdo Jose Hernandez), con los generales Paco Moncayo y Rene Yandun, con los coroneles detenidos (Gutierrez, Lalama, etc).

SITUACION ECONOMICA Y POLITICA QUE HEMOS OBSERVADO

En lo económico una crisis generalizada, expresándose en altísimos niveles de desempleo y subempleo, concentración de la riqueza en pocas manos, parálisis de los sectores productivos, escasa cobertura de las prestaciones sociales, altísimo endeudamiento, incapacidad de pago de su deuda externa, drenaje de recursos financieros del Ecuador al exterior, altas tasas de inflación, manejo, en algunos casos, corrompido de las instituciones financieras que, bajo un inadecuado sistema de control y con normas juridicas permisivas, han producido la deblacle económica que hoy el pueblo ecuatoriano tiene que asumir en forma injusta, frente a los propietarios de dichas instituciones que, prácticamente, mantienen su riqueza intocada, en el exterior del pais, debe el Estado, por lo tanto, arbitrar todas las medidas eficaces necesarias para evitar la impunidad de las personas que han cometido este tremendo crimen contra la nación, sancionando y castigando por estos ilicitos y recuperando los bienes sustraidos al pueblo ecuatoriano.
Encontramos un grave deterioro del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Las causas de esta generalizada crisis pueden ser muchas, sin embargo, creemos que la injusticia social que esta situación produce, alienta la inestabilidad politica y jurídica, por lo tanto, un esfuerzo concertado y continuo con miras a la justa redistribución de la riqueza, será una reforma estructural que permitirá al Ecuador superar la pobreza y disminuir la desigualdad social.
Sin embargo de estos graves hechos que hemos constatado, también observamos que en el pais existen potencialidades que pueden lograr cambiar la situación actual. Por un lado la conciencia que los movimientos indigenas han producido en los estamentos politicos y económicos del pais, en cuanto a la injusticia de su situación, en cuanto a los hechos de corrupción detectados y denunciados, organizaciones sociales que participan y aportan en la discusión de los problemas sociales y manifiesta voluntad de varios sectores, en rectificar los errores cometidos.

ANALISIS DE LOS SUCESOS DEL 21 DE ENERO

Desde el exterior se siguió con gran expectación los hechos acaecidos el 21
de enero que llevaron al derrocamiento del doctor Jamil Mahuad, a través de una protesta del movimiento indigena, acuerpada por los sectores sindicales y militares que, en forma incruenta y sin ocasionar daños materiales, produjo la sustitución del gobierno que era exigida por la voluntad general del pueblo ecuatoriano. Hechos de esta naturaleza, inédita en el devenir de la historia de sangrientas insurrecciones, que ocasionan la ruptura del orden constitucional en la historia de América Latina, concentran la atención de la opinión pública internacional y mueven a una profunda reflexión acerca de las causas politicas, económicas y sociales que llevaron a la situación vivida por Ecuador a raiz del 21 de enero.
Independientemente del esclarecimiento de los sucesos que serán dilucidados por el relato histórico que corresponde hacer al propio pueblo ecuatoriano, es nuestro interés formular, con todo respeto, algunas recomendaciones tendientes a crear puentes de concertación nacional, con el objeto de superar la crisis económica-social que se manifestó impetuosamente el 21 de enero.
Creemos firmemente que el país necesita impulsar la reconciliación nacional que haga posible que todos los sectores del pueblo ecuatoriano participen, sin exclusiones de ninguna clase, en la adopción de medidas que perfeccionen los espacios de participación del pueblo indigena, cuyos reclamos ancestrales deben resolverse con prioridad impostergable, asi como la toma de medidas tendientes a erradicar la corrupción y lograr la recuperación del patrimonio nacional, escamoteado por sectores financieros inescrupulosos.
Para consolidar estos objetivos creemos que es condición indispensable dar
soluciones inmediatas a los problemas latentes que hoy generan malestar en diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, como la detención de ciudadanos, la inseguridad jurídica, la corrupción y la falta de voluntad politica para lograr un acuerdo nacional.
Consideramos pertinente que, a la brevedad posible, debe viabilizarse la libertad de oficiales militares y de policia, a través de los mecanismos urídicos previstos en el ordenamiento legal, lo que logrará un distensionamiento de los ánimos aún exaltados, a consecuencia de los hechos suscitados en el mes anterior y, además, como muestra de respeto a los derechos constitucionales que rigen para todos los ciudadanos ecuatorianos, sin excepción de ninguna naturaleza.
Dada la dimensión de los problemas politicos-sociales que atraviesa el pais,
as soluciones deberán producirse en la misma proporción, ello significa que concentrar la atención en el afán exclusivo de penalizar las acciones contestatarias de distintos sectores contra la injusticia social, es distraer la búsqueda de una gran solución, que pasa necesariamente por la promulgación de una AMNISTIA de parte del Congreso Nacional, en relación a los protagonistas de los sucesos del 21 de enero. La Rama Ecuatoriana se compromete a presentar a usted un proyecto de Ley que viabilice la misma.
La politica económica debe ser un instrumento de desarrollo y de justicia y
estar en manos de las autoridades ecuatorianas, precisamente para revertir las tendencias actualmente existentes y buscar un crecimiento económico con justicia social, lo que favorecerá la estabilidad del pais. Declinar esta
atribución, implicaría severos peligros a la base productiva ecuatoriana y, por lo tanto, agravaría aún más la situación del pais.
En cuanto a lo politico, el sistema constitucional ecuatoriano no tiene, en
muchos casos, una aplicación en la realidad por falta de voluntad politica y la falta de respeto a las normas del derecho constitucional y a la práctica de la democracia.
La administración de justicia debe incrementar sus esfuerzos por ganar la
credibilidad ciudadana, lucha que debe ser apoyada por toda la comunidad y por los estamentos politicos del pais, garantizando su independencia y el
mejoramiento de la prestación de sus servicios, pues en un sistema democrático, los ciudadanos resuelven sus conflictos juridicos dentro del marco legal.
Hacemos un llamado al Gobierno, a los partidos politicos y a los organismos de la sociedad civil a deponer sus intereses particulares, en aras de una amnistía que sirva de base al proyecto de reconciliación nacional, que hará posible la lucha de todos los ecuatorianos por la solución de los problemas económico-sociales por los que atraviesa el país, sólo por este camino se logrará recuperar la credibilidad y la gobernabilidad, que son bases indispensables para propiciar el desarrollo económico de la nación.

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