Acuerdo Ministerial No. 204: ?Normas que regulan el cálculo de la Jubilación Patronal?

Lunes, 08 de agosto de 2016

 

Acuerdo Ministerial No. 204: ?Normas que regulan el cálculo de la Jubilación Patronal?

 

 

Autor: Carlos Galarza Tobar

 

 

Desde tiempo atrás, el Ministerio del Trabajo ha pretendido tutelar la elucidación del Código de Trabajo y  ejecutar privativamente el cálculo de las liquidaciones correspondientes a Actas de Finiquito y jubilaciones patronales tanto para el sector público como para el sector privado, por auto disposiciones de Acuerdos Ministeriales y Reglamentos; tutelaje en el cual con suigeneris interpretaciones y adopción ilegal de competencias ha llegado a liderar criterios e imposiciones al sector público en el que se incluye la función judicial como se aprecian de múltiples fallos de primera y segunda instancia, referentes a la cuantificación de derechos laborales y formas de cálculo que en último término se convierten en incautación de valores del trabajador, sin considerar el objetivo y principios que rigen el Código del Trabajo. En contrario sus actuaciones en estas materias consideran las expectativas del empleador.

 

Es así que mediante Acuerdo Ministerial No. 204 de 01 de Septiembre del 2015, publicado en el Registro Oficial 588 de 16-sep.-2015 el Ministro de Trabajo con interpretaciones sin competencia legal,[1] e instrumentos de la jerarquía jurídica requerida[2], a pretexto de generar ?normas que regulan el cálculo de la jubilación patronal?, mensual y global, reglamenta y expide modificaciones a las reglas 2 y 3 del sistema conceptual y metodológico del cálculo  prescrito en el Artículo 216 del Código del Trabajo, pretendiendo justificar esta actuación en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador[3]; y, en el artículo 539 del Código del Trabajo[4].

 

Las rudimentarias interpretaciones parecen sustentarse en unas suigeneris disquisiciones aplicando el acápite primero de la regla 1 del Art. 18 del Código Civil, sin considerar los complementos interpretativos del acápite segundo de dicha regla y las reglas 2 y 3 del mismo artículo y peor aún las disposiciones del Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Las normas expedidas en el Acuerdo Ministerial establecen que el ámbito de aplicación corresponde con exclusividad al cálculo mensual y global de la jubilación patronal, generando fórmulas que pretenden sintetizar los  procedimientos de determinación de las pensiones jubilares mensuales[5] y fondo jubilar global[6], materias que han sido objeto de análisis en los capítulos o partes anteriores y que se constituyen en el canal de incautación de derechos y decomiso de valores.

 

Las  pretendidas sintetizaciones matemáticas omiten los fundamentos legales e incluyen interpretaciones, referentes a la determinación de las variables correspondientes al cálculo individual de la pensión jubilar mensual y a la determinación del valor del Fondo Global, explicados a detalle en Parte II de este trabajo así:

 

I.-         En el cálculo de la pensión jubilar mensual:

 

Se establece según considerando sexto que la pensión jubilar máxima será el salario básico Unificado. La interpretación y aplicación Ministerial constituye el primer ?decomiso? de las pensiones jubilares, en tanto  toda pensión jubilar superior a dicho salario, deberá ser restringida a este valor lo que determina un recorte sustancial de la pensión jubilar a todos aquellos trabajadores que al jubilarse en el año 2016, tuvieron como promedio de los últimos cinco años de sueldo cantidades superiores a USA $1.060,00[7] lo que además del decomiso constituye un acto discriminatorio prohibido por la Constitución.

 

Por aplicación indebida de sus ponencias el Ministerio del trabajo desde hace algún tiempo ha establecido por su cuenta y riesgo como pensión jubilar máxima para las instituciones públicas y privadas valores  de pensiones jubilares mensuales máximas de la siguiente manera: año  2014 en USA $ 340; año 2015 en USA $356.00 y año 2016 en USA $ 366.00.

 

Debe también señalarse que para cualquier sueldo promedio de los últimos cinco años del jubilado, la pensión jubilar mensual alcanzará a dicho sueldo si y solo si el trabajador peticiona su jubilación a los 83 años de edad, luego de haber trabajado 41.5 años en forma continua o interrumpida.

 

II.-        En lo concerniente al  cálculo del Fondo Global:

 

1.-       Se establece como único factor de ponderación de la pensión anual (suma de las pensiones jubilares mensuales, más décimo tercera y cuarta pensiones jubilares) un ?coeficiente de renta vitalicia? constante en las tablas de actividad, tablas de mortalidad de pensionistas y tablas de mortalidad de beneficiarios de montepío contenidas en el documento denominado "Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Tablas Biométricas, Septiembre 2001"[8], coeficiente ficticio en tanto no consta en el documento señalado y que el creador de las tablas la Empresa Actuaria, tampoco conoce a cuál de los coeficientes existentes en las tablas se refiere, remitiendo al solicitante de esta información al Ministerio del Trabajo, quien ha elaborado un programa que calcula y reporta lo solicitado, monopolizando de esta manera la determinación de dicho parámetro, sin demostración legal, técnica o conceptual alguna.

 

Los coeficientes actuariales como el señalado en el Acuerdo Ministerial se aplican Respecto de tasas financieras y probabilidades de ocurrencia de eventos económicos y de vida del pensionista, indispensables únicamente para el cálculo actuarial de las previsiones y formación de provisiones, y no para la actualización del capital a entregarse.

 

El ?coeficiente de renta vitalicia?, de manera incoherente pretende reemplazar a las siguientes variables de cálculo:

 

Fecha de inicio de pago de las pensiones jubilares: Corte Suprema de Justicia; Resolución de 19 de Julio de 1989[9]: ?Que, en los casos en que el trabajador tuviere derecho a percibir pensión jubilar de su empleador, según lo preceptuado en el Art. 221 del Código del Trabajo, el Juez ordenará que dicha pensión se la pague a partir de la fecha en que término la relación laboral.?

 

Aplicación de la expectativa de vida: Resoluciones Corte Nacional de Justicia Nos. 91-202; 128-2012; 133-2012 y otras: ?En razón de que no existe norma expresa sobre el nivel de expectativa de vida, ?del fondo global de jubilación patronal ?, se debe aplicar la edad máxima prevista en la tabla de coeficientes del artículo 218 del CT o, en su lugar, la edad prevista en la contratación colectiva si fuere más favorable al trabajador, de tal manera que cubra las pensiones jubilares y sus adicionales de por vida, en concordancia con lo previsto en las reglas contempladas en los artículos 216 y 217 del CT, puesto que de lo contrario implica renuncia de derechos laborales.?

 

De lo expuesto es indispensable concluir que el ?coeficiente de renta vitalicia?, por su origen, carencia de conceptualización, lógica elemental y jurídica no tiene razón de ser y violenta estólidamente los fundamentos legales expuestos.

 

2.-       El Acuerdo Ministerial dispone que la actualización del ?coeficiente de renta vitalicia?, deberá ser ?ajustada a la tasa de interés pasiva referencial promedio del año anterior al cese de las funciones del ex trabajador, publicada por el Banco Central del Ecuador.?, sin considerar las contradicciones legales y conceptuales constantes en la jurisprudencia de obligatorio acatamiento, emanadas de  las resoluciones de las Cortes Suprema y Nacional:

Corte Suprema de Justicia, Fallo de Triple Reiteración;[10] ?No procede que se pague por parte del trabajador, intereses civiles por la entrega anticipada y global del capital actuarial en concepto de jubilación, pues no existe disposición alguna que ampare tal hecho.?;

 

Corte Nacional de Justicia, Fallos de Triple Reiteración[11]: ?Es improcedente la aplicación de tasas de descuento financiero a los fondos globales de jubilación patronal entregados por el empleador, que causan la disminución del monto que se debía cancelar al trabajador, dejándose de garantizar el beneficio que prevé la jubilación patronal, para todo el período de vida previsto en el cálculo actuarial, por cuanto implica la disminución o renuncia de derechos laborales que le corresponden al trabajador.?

 

Considerando la Jurisprudencia, la actualización del incongruente e ilegal coeficiente de renta vitalicia, violenta el sistema jurídico en las normas citadas y los principios laborales de irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador, además de que torna en ínfima la cuantía del fondo global, en tanto actúa como el segundo y gran factor de decomiso de los derechos del trabajador en favor del empleador.

 

3.         Particular consideración corresponde a la determinación del valor mínimo del Fondo Global en tanto la ley dispone: ?Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de servicio.

 

Calculados los valores para determinar a partir de que monto lo antes dispuesto es superior a la aplicación irrestricta del Acuerdo Ministerial, considerando un trabajador que ha laborado 25 años y tiene 60 años de edad, el monto mínimo del Fondo Global, supera a lo determinado por dicho Acuerdo Ministerial a partir de las jubilaciones de USA $35.00 mensuales correspondientes a un sueldo promedio del último año de quien se jubila igual a USA $160.00 mensuales.

 

De lo expuesto se concluye que el Ministerio del Trabajo y su acuerdo, aplicando el salario mínimo vital y sus elucubraciones matemáticas  dejan insubsistente las leyes que crean el fondo global, y que de posibilitarse el pago, el valor máximo a recibir siempre será lo establecido como mínimo.

 

4.         En la determinación del fondo global, la formulación matemática además confisca el valor de las pensiones correspondientes a un año para los deudos del jubilado fallecido, instituido en el Art. 217 del Código, restando adicionalmente de esta manera recursos al jubilado receptor del fondo global.

 

5.         A más de las incongruencias señaladas anteriormente en el cálculo del fondo global es relevante la modificación que el Ministro práctica por interpretación no apropiada de la ley: ?Cuando exista el acuerdo entre las partes, se podrá pagar el fondo global de jubilación patronal? En el caso de que se decida pagar el fondo global será preciso que las partes expresen su acuerdo mediante un acta celebrada ante un Inspector de Trabajo o un Notario Público, quienes estarán obligados a verificar que se realice en base al documento emitido por este Ministerio, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.?

 

Esta ?disposición? circunscribe la potestad del jubilado de garantizar el cobro de su pensión jubilar a un imposible acuerdo por las falencias e ilegalidades señaladas en la Parte II de este trabajo, en particular elimina la garantía de cobro de las jubilaciones impuestas por el legislador, vuelve a la reforma de la ley en falsa, demagógica, estéril e inicua, retornando el tema del fondo global al código de 1938 con los problemas jurídicos explicados en la Parte II de este trabajo.

 

La tabla y gráfico que se incluye a continuación revelan en forma clara y precisa la incautación de derechos y decomiso de valores con la aplicación del Acuerdo Ministerial, aclarando que el fondo global mínimo de la ley siempre será superior al calculado por el Ministerio, por lo cual a partir de USA $ 36.00, de pensión mensual que correspondería a una inexistente remuneración mensual de USA $ 160.00; el Acuerdo Ministerial es inoperante, en tanto por la superioridad del fondo global mínimo, este valor constituiría el fondo global. Es indispensable señalar que en lógica formal por siempre la suma de los máximos no puede ser inferior al mínimo.

 

 

 

 

Como corolario sobre este tipo de ?normas?, ?interpretaciones?  y actuaciones de los órganos administrativos y judiciales que buscan menoscabar el derecho de la jubilación debo citar lo expuesto por la Corte Constitucional en SENTENCIA N.° 039-11-SEP-CC; CASO NO. 0671-10-EP; CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN en  acción extraordinaria de protección del juicio laboral N.° 0555-2009, publicado en Suplemento -- Registro Oficial Nº 743 -- Miércoles 11 de julio del 2012, en las  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, dice:

 

?NOVENO.- Esta Corte, en varios fallos, reconoce la existencia de derechos fundamentales que han sido incorporados a la norma constitucional, los cuales, por su condición especial y suprema, son de aplicación directa e inmediata, como son todos aquellos derechos de libertad e igualdad formal y además, ciertos derechos de igualdad material que se relacionan con la vida y la dignidad humana; también tenemos derechos fundamentales que son aplicables de manera indirecta, como son aquellos derechos económicos sociales o culturales, que se encuentran en una estrecha relación de conexidad con los derechos fundamentales de aplicación directa. Nuestra norma de normas consagra como deberes primordiales del Estado la garantía sin discriminación alguna del goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales.

 

DECIMO: ?? Esta Corte manifiesta que desconocer o limitar por sobre la ley, el derecho de una pensión jubilar vitalicia de un adulto mayor a las que se refiere el artículo 216 del Código del Trabajo, conlleva someterlo a condiciones de eventuales carencias de medios de subsistencia y de poder gozar de un status de tranquilidad en una etapa respetable en la vida de todo ser humano, cuando también los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y que todo ello guarda relación directa  con los derechos a la dignidad de las personas, reconocida y plasmados en nuestro texto constitucional y en tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. ... El artículo 424 de la Constitución de la República consagra que todos los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Nuestro ordenamiento constitucional es claro en señalar normas y principios mínimos que deben ser respetados dentro de un proceso en donde se determine el reconocimiento de derechos supremos y obligaciones en respeto de normas procesales, situación que se ha determinado en la decisión impugnada, vulnerando derechos subjetivos del recurrente, como es el derecho al acceso a la justicia y en especial a la tutela efectiva de sus derechos e intereses, consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República, ya que no solo los servidores públicos tienen la obligación de precautelar el respeto a los derechos consagrados en la constitución, sino también y en forma más acuciosa los administradores de justicia, ya que de lo contrario se estaría vulnerando inclusive los derechos constitucionales al debido proceso y a la seguridad jurídica.?.

 

Carlos Galarza Tobar.

cgalarzat@hotmail.com

 



[1] Constitución de la República 2008: Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley: 13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración.

[2] Constitución de la República; Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

[3] Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.

[4] Art. 539.- Atribuciones de las autoridades y organismos del trabajo.- Corresponde al Ministerio de Trabajo y Empleo la reglamentación, organización y protección del trabajo y las demás atribuciones  establecidas en este Código y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. El Ministerio rector del trabajo ejercerá la rectoría en materia de seguridad en el trabajo y en la prevención de riesgos laborales y será competente para emitir normas y regulaciones a nivel nacional en la materia.  

[5] Cálculo de la pensión mensual:

 

[6] Fondo Jubilar Global:

 

 

[7] Cálculo practicado con 60 años de edad y cuarenta años de servicio al mismo patrono.

[8] Registro Oficial No. 650 de 28 de agosto de 2002

[9]R.O. No 245 de 2 de Agosto de 1989.

[10] Gaceta Judicial. Año 1998.  Mayo - Agosto. Serie XVI. No. 12. Pág. 3247. Fallos IV-A, IV-B, IV-C

[11] Colección de Gestión Institucional, Serie  Cuadernos de Trabajo 2012-2014; Págs. 279 - 280

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