¿Por qué son importantes los sujetos y las fuentes del Derecho Internacional?
Autora: PhD. Carolina Fabara
Investigadora en Sun Yat Sen University
Consultora Legal Internacional
abogadacfabara@gmail.com
Hablar hoy de Derecho Internacional no es un ejercicio abstracto ni un lujo académico: es una condición de supervivencia jurídica para Estados como Ecuador que buscan insertarse en cadenas globales de valor, atraer inversión extranjera directa y negociar con actores tan poderosos como China en el marco del Derecho Internacional Económico.
En un mundo donde un tratado ambiental puede frenar un proyecto extractivo, un laudo arbitral puede costar cientos de millones de dólares y un acuerdo comercial con China puede redefinir la matriz productiva, desconocer quién produce las normas y quién puede hacerlas valer es, sencillamente, una vulnerabilidad estratégica.
Sujetos del Derecho Internacional: quiénes se sientan realmente a la mesa
Tradicionalmente enseñamos que el Estado es el sujeto clásico del Derecho Internacional, definido por los cuatro elementos de la Convención de Montevideo de 1933: población, territorio, gobierno efectivo e independencia externa. Esa sigue siendo una base indispensable en la formación jurídica ecuatoriana, pero ya no es suficiente para entender cómo se estructura el poder jurídico en el siglo XXI.
El Derecho Internacional contemporáneo reconoce una constelación de actores con grados variables de personalidad internacional: organizaciones internacionales (como la ONU u OMC), individuos (especialmente en derechos humanos), empresas multinacionales, ONG y otros actores transnacionales. Aunque las corporaciones y plataformas digitales no sean “sujetos plenos” en sentido clásico, participan en regímenes de inversión y comercio, someten disputas a arbitraje y quedan directamente afectadas por estándares internacionales de debida diligencia y derechos humanos.
Esta ampliación del mapa de sujetos es crucial para pensar la relación Ecuador–China. Cuando un Estado latinoamericano negocia un TLC, un tratado de inversión o un contrato para un proyecto de energía renovable con una empresa china respaldada por bancos de desarrollo estatales, se superponen al menos cuatro planos: el Estado ecuatoriano, el Estado chino, las empresas multinacionales (estatales o privadas) y las organizaciones u órganos internacionales que interpretan y aplican las normas (OMC, CIADI, tribunales arbitrales, órganos de tratados ambientales, etc.). Comprender quién tiene qué tipo de personalidad internacional, qué capacidad de celebrar acuerdos y qué mecanismos de responsabilidad enfrenta, es condición previa para una política exterior económica inteligente.
Fuentes del Derecho Internacional: de dónde sale el poder normativo que condiciona la inversión
Saber quiénes son los sujetos no basta; hay que entender de dónde vienen las normas que les otorgan derechos y les imponen obligaciones. Aquí, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia sigue siendo el “mapa clásico” de las fuentes: tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho, y como medios auxiliares, jurisprudencia y doctrina.
En Ecuador, esto se manifiesta de forma muy concreta. La ratificación de un tratado ambiental que prohíbe un pesticida tóxico genera una obligación jurídica internacional de prohibir y eliminar su uso en el territorio, de ajustar el derecho interno y de aplicar efectivamente la norma a través de controles, sanciones y políticas públicas. Cuando el Estado incorpora el tratado en una ley, pero no lo aplica en la práctica por presión empresarial, incurre en una omisión que puede constituir un hecho internacionalmente ilícito. El mensaje para estudiantes y operadores jurídicos es claro: el Derecho Internacional no termina cuando se publica el tratado en el Registro Oficial; empieza allí el verdadero trabajo de cumplimiento, interpretación y rendición de cuentas.
La costumbre internacional, por su parte, sigue siendo una fuente central, especialmente en materias donde Ecuador y China interactúan intensamente, como las inmunidades diplomáticas, la protección de inversiones o ciertas reglas del comercio internacional. Reconocer la combinación de práctica estatal y opinio iuris detrás de la inmunidad de un embajador chino en Quito no es un tecnicismo: delimita hasta dónde puede llegar la jurisdicción interna ecuatoriana en caso de conflicto, y qué herramientas diplomáticas y jurídicas están disponibles.
Los principios generales del derecho, la jurisprudencia internacional y la doctrina funcionan como tejido conectivo del sistema, llenando lagunas y guiando la interpretación de tratados y costumbre. En disputas de inversión relacionadas con proyectos chinos en América Latina, los tribunales recurren de forma recurrente a principios como la buena fe, la proporcionalidad, la protección de la confianza legítima o el equilibrio entre protección al inversor y derecho a regular en materia ambiental y social. Formar juristas que no solo memoricen estos principios, sino que sepan activarlos estratégicamente en la defensa de intereses públicos y privados, es un imperativo pedagógico.
Ecuador, China y el Derecho Internacional Económico: de la asimetría al uso estratégico de las fuentes
Las relaciones con China ilustran de manera especialmente nítida por qué es vital dominar sujetos y fuentes del Derecho Internacional desde las aulas. Cuando una empresa china exporta a México un producto a precio de dumping, la respuesta se canaliza a través de las autoridades de defensa comercial mexicanas, que aplican su derecho interno armonizado con las normas de la OMC, y, si hay controversia, mediante el Órgano de Solución de Diferencias de la organización. Esta misma lógica opera en la relación de China con Ecuador y otros países latinoamericanos, tanto en comercio como en medidas de salvaguardia, subvenciones o estándares técnicos.
En el plano inversionista Estado, la interacción se desplaza a tratados bilaterales de inversión, contratos de derecho público y arbitrajes internacionales donde los tribunales aplican tratados, costumbre, principios generales y doctrina especializada. En ese ecosistema, China actúa como Estado, pero también a través de bancos de desarrollo, empresas estatales, consorcios privados y plataformas tecnológicas que, aunque no sean sujetos plenos, se mueven con enorme poder fáctico en regímenes internacionales de comercio, inversión y regulación digital.
Para Ecuador, la mejor respuesta no es replegarse, sino formar juristas capaces de usar el Derecho Internacional Económico como herramienta de negociación y de protección de intereses nacionales. Ello supone, por ejemplo:
- Saber cuándo una cláusula de trato justo y equitativo puede interpretarse a la luz de principios generales y de la práctica arbitral para preservar el espacio regulatorio ambiental y social.
- Entender qué órganos de tratados ambientales o de derechos humanos pueden reforzar la posición de Ecuador frente a reclamos de inversores cuando el Estado actúa para proteger salud, ambiente o comunidades.
- Identificar cómo decisiones de la OMC o de tribunales regionales pueden servir como “soft precedent” en discusiones sobre medidas comerciales dirigidas a corregir prácticas desleales o a incentivar la transición verde.
La asimetría material entre Ecuador y China solo se compensa parcialmente con una comprensión sofisticada de los sujetos y fuentes del sistema internacional y con la capacidad de articularlos en estrategias jurídicas coherentes.
Reconocer con claridad quiénes son los sujetos del Derecho Internacional, cuáles son sus fuentes y cómo se articulan conceptos como soberanía, responsabilidad del Estado o protección de inversiones no es un ejercicio teórico, sino la base para que las y los abogados puedan leer correctamente los tratados, comprender los marcos de inversión y diseñar estrategias jurídicas sólidas. Cuando Ecuador negocia con China acuerdos comerciales, proyectos de infraestructura o inversiones en energía y tecnología, un conocimiento sofisticado de estos elementos permite aprovechar mejor las oportunidades, construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, y garantizar que los proyectos se inserten en estándares internacionales altos en materia económica, social y ambiental. Una abogacía ecuatoriana que entiende bien el Derecho Internacional está en mejores condiciones de dialogar con China de manera informada y constructiva, de proteger los intereses nacionales y, al mismo tiempo, de valorar el rol positivo que la cooperación china puede desempeñar en el desarrollo sostenible del país.
