Un nuevo proyecto para limpiar la basura jurídica

Jueves, 24 de noviembre de 2005

Un nuevo proyecto
para limpiar la basura jurídica

Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley
hacialaseguridad@interactive.net.ec

 

UNA DE LAS MÁS FRECUENTES SITUACIONES que se producen dentro del manejo del espectro público, es la falta de sanción por parte del funcionario público a un subalterno, pese a que se haya identificado que cometió una infracción.

La razón: aunque en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa están contempladas las sanciones para infractores, que van desde una amonestación, hasta la apertura de un expediente que podría culminar en la destitución del funcionario infractor; en los reglamentos se da opción a los sancionadores de hacerlo o no. Se trata de la famosa discrecionalidad.

En los reglamentos, la frase "podrá sancionar", puede prestarse a la interpretación del funcionario que debe aplicar la sanción. Muchas veces "si el infractor negoció bien, podrá no abrirse un expediente, pero si no se negoció bien, se abrirá el expediente", comenta el doctor Luis Hidalgo, presidente de la Fundación Lexis, ente técnico contratado por Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley para revisar las ilegalidades y contraveniencias de las normas.

Este tipo de situaciones cambiarán, en la medida que el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, acoja un proyecto de Decreto Ejecutivo, elaborado por Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley (HLS).

HLS está empeñada en llevar delante una nueva etapa de limpieza de basura jurídica que apunta, en su mayor parte, a eliminar las facultades discrecionales de los funcionarios públicos. Por ello, el pasado 4 de agosto, HLS presentó un proyecto de Decreto Ejecutivo al Presidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa, con el fin de que el Primer Mandatario lo acoja y, de esta manera, se eliminen o reformen 527 normas que son basura jurídica.

Según el estudio técnico realizado por HLS, las normas adolecen de tres tipos de problemas, que las convierten en legislación obsoleta: unas permiten la discrecionalidad de los funcionarios públicos, otras son ilegales pues contienen sanciones no contempladas en la Ley y otras tantas se refieren a entidades u organismos públicos desaparecidos, suprimidos o sustituidos.

Según la propuesta de HLS, las reformas a 496 normas buscan evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos, pues en varias de ellas, que no han sido redactadas con claridad, se deja un espacio para la interpretación de sus propias obligaciones por parte de los funcionarios.

En los considerandos del decreto se plantea que, en la actualidad, muchas normas secundarias permiten que el funcionario público responda a los administrados (los ciudadanos que requieren su atención) en forma negativa o positiva, a tono con el estado anímico del día de la decisión. También se indica que esas normas ambiguas promueven que el funcionario pueda obtener prebendas bilaterales que constituyen actos de corrupción.

Por ello se propone la reforma de varias normas en las cuales se redacta con frases condicionales como "no podrán percibir" por frases directas como "no percibirán".

Derogaciones

Dentro de este primer artículo, también se plantea la derogación de las normas que contienen penas no previstas expresamente en la Ley. Esto, en razón de que legalmente, las penalizaciones no pueden estar en las normas secundarias, sino en las principales.

En cambio, en el segundo artículo, HLS propone eliminar 31 normas que se relacionan con instituciones o entidades públicas desaparecidas, suprimidas o sustituidas por otras, o a leyes expresamente derogadas, o que enfrentan a normativa jerárquicamente superior.

Hacia la Seguridad - Imperio de la Ley, con la ayuda técnica de la fundación Lexis, durante dos años, se ha dedicado al análisis de las normas que se oponen a las leyes y la Constitución. En el presente caso, HLS considera que el Gobierno ecuatoriano debe dictar medidas normativas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, lo cual redundará en el beneficio de la seguridad jurídica para la sociedad ecuatoriana.

Labor realizada

Según las estadísticas de Lexis, entidad contratada por Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, para realizar el estudio de las normas ilegales e inconstitucionales, hace dos años existían 57.000 cuerpos legales, pero ahora quedan 54.249, es decir ha existido una reducción de 2.751 cuerpos legales. Esta depuración ha sido, en gran parte, gracias a la acción de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley (HLS), entidad formada el 23 de octubre de 2001 con la ayuda de Lexis, otra ONG conformada por un pool de abogados, encargados del trabajo técnico.

Según Luis Hidalgo, presidente de Lexis, de las 2.751, 1.681 normas fueron derogadas gracias a la gestión de esa entidad, contratada por Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley. Su más reciente logro ha sido la eliminación de 173 resoluciones de la Superintendencia de Compañías que, el 24 de julio pasado, se publicaron en el Registro Oficial.

De acuerdo a un cálculo preliminar de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, el sistema legal del Ecuador tiene más de 39.000 leyes administrativas y más de 5.000 estatutos que están técnicamente revocados o son nominalmente inconstitucionales. Esto significa que el Ecuador funciona con normas que son obsoletas en un 65%.

El primer paquete

Hacia la Seguridad y Lexis ya desarrollaron su primer paquete de reformas en cuanto a la basura reguladora (que se encuentra en las normas de diversas entidades como la Contraloría o las Superintendencias).
Este paquete fue presentado al presidente Gustavo Noboa el 26 de marzo de 2002. Se trató de un proyecto de decreto que contenía tres artículos con las siguientes propuestas.

1. Reformas puntuales a 821 normas secundarias con el objetivo de eliminar facultades discrecionales de empleados públicos.

2. Derogatoria expresa de 361 normas secundarias referidas a entidades u organismos públicos desaparecidos suprimidos o sustituidos por otros o a leyes expresamente derogadas o que contravienen a normativa jerárquicamente superior.

3. Tabla de conversión de sucres a dólares para ser aplicada a toda normativa secundaria vigente

Pese a que muchas de las normas sugeridas por Hacia la Seguridad ­ Imperio de la Ley fueron acogidas por la Presidencia, al realizar la evaluación de cuál fue la efectiva acogida que recibieron las propuestas técnicas de la Fundación, se pudo comprobar que el artículo 1 de la propuesta de HLS tuvo un 27,6%. Es decir, de las 821 normas que el proyecto de HLS sugería, solo se recogieron 227.
El primer artículo refería cambios en las normas que, según la Fundación, daba pauta para la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Por ello se proponía precisar los términos de las facultades de los funcionaros y hacerlos más directos. Por ejemplo, en vez de que una norma diga 'podrá contratar' se debía cambiar por 'contratará' o 'podrá solicitar' por 'solicitará'.

En cuanto al artículo segundo, se acogió 332, es decir el 92% de las sugerencias, mientras que sobre una tabla de conversión de sucres a dólares, necesaria luego de que Ecuador adoptó el sistema monetario dolarizado y que constaba en el tercer artículo de la ley, se acogió la totalidad de la tabla, es decir el 100% de la sugerencia.

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