Teorías penales

Lunes, 29 de diciembre de 2014

Teorías penales

 

Autor: Dr. Merck Benavides Benalcázar

 

Desde el punto de vista de la dogmática penal, entre las principales corrientes de pensamiento que fundamentan la teoría del delito, se ha señalado que históricamente han existido dos corrientes: la ?teoría causalista? y la ?teoría finalista?; ahora bien, de manera reciente emerge una tercera teoría, denominada ?teoría funcionalista?, la cual intenta constituir un enlace entre la finalista y la causalista.

La evolución de la teoría de la acción, del tipo y el injusto, es decir, la polémica en torno del concepto final y causal de acción, a la situación sistemática de los elementos subjetivos del delito, a la concepción diferenciadora del estado de necesidad y a las teorías del error, que, en buena parte, venían prejuzgadas por prejuicios sistemáticos, han influido en la categoría de la culpabilidad, y principalmente en las consideraciones sobre la legitimación de la pena adecuada a la culpabilidad.10

Por lo indicado anteriormente en toda legislación penal es necesario que se centre en una sola teoría aplicable al Derecho Penal, con la finalidad de que los operadores de justicia tengan una orientación sobre el mecanismo jurídico, los aspectos doctrinarios que le permitan sustentar la correspondiente defensa, ya sea del infractor o de la víctima; de existir varias teorías en una misma legislación penal, produce confusión en el momento del juzgamiento del infractor que concluye con la imposición de una pena; pues se considera que a pesar de que convergen algunas teorías, la más significativa es la relacionada con el causalismo y que es la que predomina en el Derecho Penal ecuatoriano, por lo que debe seguirse afianzando esta teoría para llegar a una consolidación de la misma, en base a sus principios que deben ser plasmados en las normas jurídicas de carácter penal.

Causalismo

El causalismo, ha sido estudiado, por algunos doctrinarios, entre los cuales se destacan Franz Von Liszt y Ernst Von Beling, la teoría causal se desarrolla en torno a la acción u omisión causal volitiva, siendo necesario el nexo causal entre la acción y el resultado producido, es decir, que se produzca la relación causa - efecto, independientemente de la finalidad de la conducta humana. El marco jurídico-penal de la acción en los delitos imprudentes, ha sido excesivamente influido por las consecuencias de un pensamiento causal del resultado. Esta teoría es la que relaciona la causa y el efecto, aclarando que la primera, es la acción u omisión y el efecto es la transgresión de un bien jurídico protegido, el cual se encuentra formando parte de la tipicidad de un tipo penal regulado por la ley.

Finalismo

Hans Welzel, está entre los principales doctrinarios que dedicaron su investigación al finalismo, misma que presupone la existencia de un nexo final, es decir que para que la conducta del ser humano constituya delito, necesariamente debe perseguir un determinado fin. Los finalistas son críticos de la teoría de la imputación objetiva, utilizan también esos criterios para excluir el castigo por un curso causal absolutamente exótico o determinados casos de producción del resultado mediando un tercero.11

En esta teoría podemos referirnos a dos figuras jurídicas importantes que son el error de tipo y el error de prohibición; el primero que se produce cuando el sujeto activo del delito desconoce alguno de los elementos constitutivos del tipo penal, mientras que el error de prohibición se produce cuando el sujeto activo del delito desconoce en su totalidad que el acto humano realizado constituya delito, aclarando que en estas dos figuras jurídicas desde el punto de vista doctrinario pueden ser vencibles e invencibles, como se explicará posteriormente.

Funcionalismo

El funcionalismo, surge como parte de la política criminal, estudiado y desarrollado por Claus Roxin y Ghünter Jakobs, el funcionalismo reconoce los elementos del delito propuestos por el finalismo (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), pero con una orientación político criminal, puesto que los presupuestos de la punibilidad deben estar orientados por los fines del Derecho Penal, por lo que estas categorías jurídicas no son sino instrumentos de una valoración político criminal. Sustituye la categoría lógica de la causalidad por un conjunto de reglas orientado a valoraciones jurídicas; pues la imputación de un resultado depende de la realización de un peligro dentro del fin de protección de la norma. La culpabilidad se limita con la necesidad de prevención y juntas originan el nuevo concepto de responsabilidad, que es la base de la imposición de la pena.

El Error de prohibición

En la doctrina se llama error de prohibición al que recae sobre la comprensión de la antijuridicidad de la conducta. Cuando es invencible, es decir, cuando con la debida diligencia el sujeto no hubiese podido comprender la antijuridicidad de su injusto, tiene el efecto de eliminar la culpabilidad.

Cuando es vencible, para nada afecta la tipicidad dolosa o culposa que ya está afirmada al nivel correspondiente, teniendo sólo el efecto de disminuir la reprochabilidad, es decir, la culpabilidad, lo que se traduce en la cuantía de la pena, que puede disminuirse hasta donde la ley lo autoriza.

En los artículos 34 y 36 del Código Orgánico Integral Penal, se puede constatar la permanencia del error de prohibición, en la normativa penal vigente; el artículo 34 del mencionado cuerpo legal establece: ?Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta?, este artículo incluye el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta como presupuesto del juicio de reproche de culpabilidad; mientras que el artículo 36 de dicho código, al referirse a la responsabilidad atenuada y a la no responsabilidad penal establece:

?La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad.

La persona que, al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal.?,  el mencionado artículo se refiere a  dos errores de comprensión; el uno es error de comprensión invencible, que deja exenta  de responsabilidad a la persona que comete un delito; y el otro es un error de comprensión superable o vencible, que merece un menor reproche y como consecuencia se le impone pena atenuada o disminuida en un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal.

Error de tipo

El error de tipo está directamente relacionado con la exclusión del dolo, el error  recae sobre los elementos que son exigidos  en el tipo objetivo, dicho de otra forma, el error de tipo se produce cuando falta o  es falso el conocimiento de los elementos requeridos por el tipo objetivo, cuando el  error de tipo es invencible elimina cualquier tipicidad, en tanto que, cuando es vencible,  puede dar lugar a tipicidad culposa, en caso  de que esté prevista esa conducta como culposa, de lo contrario la conducta es atípica.

Los límites de lo culpable y de lo inculpable, de la libertad y de la no libertad, de  la capacidad o de la incapacidad para reaccionar frente a las exigencias normativas, los fija la sociedad de acuerdo a la evolución de la misma, siempre pensando en que las normas jurídicas que son dictadas por el legislador garanticen la vida de las ciudadanas y ciudadanos en armonía, en otras palabras las normas jurídicas, en especial las de carácter penal tiene como finalidad garantizar la paz social.

En un Estado constitucional de derechos y justicia, como el que vivimos, el análisis de justicia se lo hace desde el derecho; para esto es necesario analizar también la validez de las normas jurídicas, una norma puede estar vigente después de haber cumplido los procedimientos para su promulgación, sin embargo ser inválida por incumplir el sistema constitucional. Para determinar esto, es necesaria la argumentación jurídica, lo cual corresponde desarrollar a las y los jueces, quienes deben hacer constar en sus resoluciones, la motivación de su decisión, vigilando que las mismas, guarden armonía con el plano normativo, los principios y el plano axiológico, en pro de la justicia. De manera específica les corresponde a los jueces de la Corte Nacional de Justicia desarrollar la jurisprudencia con la finalidad de unificar los criterios de ciertas figuras jurídicas controvertidas y de esa forma garantizar la seguridad jurídica regulada en el artículo 82 de la Constitución de la República. Mientras que a la Corte Constitucional le corresponde dictar los precedentes constitucionales, siendo sus jueces los únicos que tienen facultad para hacerlo, por lo que sus resoluciones tienen el carácter de vinculante para todos los jueces del país.

La doctrina de los tratadistas más significativos del Derecho Penal, orientan el pensamiento de los juristas, en especial de los jueces que tienen la sagrada misión de administrar justicia.

Dr. Merck Benavides Benalcázar

Juez de la Corte Nacional de Justicia

 

Artículo publicado en la R. Nº 10 Ensayos Penales de la Corte Nacional de Justicia

 

 


1 Claus Roxin, Gûnter Jackobs, Sobre el Estado de la Teoría del Delito, (Madrid: Civitas, 2000)

2 Claus Roxin, Gûnter Jackobs, Sobre el Estado de la Teoría del Delito,  (Madrid: Civitas, 2000)

 

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