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El derecho al permiso no solo refleja una necesidad básica de los servidores públicos que dentro de su núcleo familiar están a cargo de personas con discapacidad, sino también una responsabilidad por parte de las autoridades nominadora para crear un entorno laboral justo, flexible y dar cumplimiento a la norma 200-03 de control interno emitida por la Contraloría General del Estado.

Una reciente decisión judicial en Nueva York dictamina que las conversaciones con herramientas de inteligencia artificial no están protegidas por el privilegio abogado-cliente.

El proceso de alimentos no está diseñado para llenar las cárceles, sino para asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

La competencia en el recurso de casación no es una prórroga de la instancia, sino una atribución exclusiva y excluyente de la Corte Nacional de Justicia.

Las políticas públicas son el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y legitimidad gubernamental.