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El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.
La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.
La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional
Una de las estrategias político-criminales para combatir las estructuras criminales ha sido implementar medidas de control de sus economías con la finalidad de boicotear el funcionamiento de estas empresas delictivas.
Imprimir PDFAutor: Juan Manuel Gómez Rodríguez La integración de la inteligencia artificial (IA) en la Administración pública ha dejado de ser una proyección futurista para...
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