Sobre la reserva de la fuente y la institucionalidad

Por: Fundación hacia la Seguridad
Imperio de la Ley

L A ACTUAL POLÉMICA SOBRE SUPUESTOS vínculos del narcotráfico en la campaña electoral del actual presidente de la República, Lucio Gutiérrez, trae varias interrogantes de tipo jurídico que fueron analizadas, el domingo pasado, en el programa Justicia para Todos (TC).

En primer término, Marco Proaño Maya, jurista y diputado roldosista se mostró en desacuerdo con la conformación de una Comisión de la Verdad por parte del Ejecutivo, para investigar el caso. «Es necesario recuperar la credibilidad de los poderes estatales y estas comisiones son instancias discrecionales que pretenden deslegitimar al poder de las instituciones. Lo correcto es que el Congreso a través de la Comisión de Fiscalización, el Tribunal Supremo Electoral, la Comisión Cívica de Control de la Corrupción (CCCC) asuman la responsabilidad de la investigación pues el país necesita saber la verdad», comentó Proaño Maya.

Edgar Terán Terán, presidente de Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley insistió en que «la institucionalidad tiene normas que vinculan a todos los ciudadanos, y en primer lugar al jefe del Estado y a quienes ejercen el Poder Público». Por ello el ex canciller indicó que no son comisiones a doc. las que deben asumir las tareas que la ley dispone sean ejercidas por otros órganos.
Luis Fernando Torres, jurista y diputado del PSC, dijo que llama la atención, que el presidente de la República se haya demorado tanto en decir que la investigación avance. «Tardó casi una semana, para hablar de una comisión que no tiene sustento legal».

Por su parte, Marco Proaño Maya, dijo que el país quiere tener instituciones que funcionen y ciudadanos capaces de respetar las leyes.

Luis Fernando Torres, pidió a la sociedad institucionalizar en el país un gobierno de leyes y no de hombres. «Esto le obliga al presidente a responder por cada uno de sus actos. A no sentirse más allá de la ley. Que el presidente no se asuste cuando la prensa le critica, porque cuando la prensa calla, el Estado desaparece».

Derechos de la prensa

Para Edgar Terán, el artículo 81 de la Constitución de la República es trascendental por que consagra la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas. El presidente de la República, había amenazado con enjuiciar a El Comercio si no revelaba la fuente que le dio información sobre la advertencia que le había hecho un alto oficial de la Policía sobre supuestos vínculos del narcotráfico en su campaña.

No obstante, de la existencia del artículo 81, los expertos se plantearon la duda sobre cómo queda el juicio de imprenta que consta en el Código Penal, frente al secreto de la fuente. El juicio de imprenta permite recurrir a un medio de comunicación colectiva y pedirle al dirigente de ese medio, que indique quién fue el autor de una afirmación que considera calumniosa u ofensiva.

Sobre esta duda, Proaño Maya indicó que la Constitución tiene supremacía por sobre la ley. Para Luis Fernando Torres, las normas del juicio de imprenta están vigentes, pues no han sido derogadas de manera expresa. No obstante, sí estarían derogadas de manera tácita por el artículo 81 de la Constitución, en el momento en el que el juzgador aplique las normas que regulen el juicio de imprenta. Por consiguiente, el presidente Gutiérrez podría iniciar el juicio pero le corresponderá al juzgador indicar que no aplica las normas acerca del juicio de imprenta porque existe el artículo 81 de la Constitución.

De su parte, Marco Proaño Maya, señaló que la fuerza de los medios está en la independencia que es la única garantía de credibilidad. Recordó Proaño que el periodista Xavier Darío Restrepo ha comentado que la prensa tiene poder, mientras más alejada del poder.

Por ello, para Terán, mientras los medios de comunicación tengan credibilidad, la sociedad siente una suerte de amparo frente a todos los episodios. «Es evidente que la libertad de prensa, la capacidad de investigar de la prensa y la capacidad de expresarse de la prensa es un valor inestimable en nuestra sociedad», sentenció Terán.

Luis Fernando Torres, indicó que Juan Montalvo hace una diferencia entre el periodismo y el libelismo. El periodismo, permite que se muevan las ideas, logra que el poder sea controlado y que se defiendan las libertades. En cambio el libelismo usa la pluma, el micrófono solamente para injuriar y ofender.

Para Torres, los medios de comunicación que han tratado el tema no han incurrido de manera alguna en libelismo. «Cuando intervine en el Congreso dije que no solamente El Comercio ha informado sobre el tema, el diario El Universo también ha estado a la vanguardia, El Expreso, El HOY y 42 o más periódicos en cada uno de los cantones y provincias del país». El Congreso al defender la libertad de información, ha defendido a la Constitución del país, explicó el diputado.

No cabe pedir renuncia presidencial

Para Terán «nadie tiene derecho a presumir que el presidente o el vicepresidente hayan aceptado dinero del narcotráfico». El jurista explicó que en el artículo 37 de la ley orgánica del Gasto Electoral se dice sobre las aportaciones Ilícitas: Una vez demostrado que la aportación fue ilícita se impondrán las siguientes sanciones:

Al responsable del manejo económico de la campaña, suspensión de los derechos políticos por dos años. Además en el literal d) se indica: el candidato electo perderá la dignidad para lo que fue elegido si se comprueba que recibió dolosamente contribuciones del narcotráfico.

Sin embargo, Terán indicó que es necesario hacer una investigación previa antes de hacer una afirmación de ese tipo.

Torres coincidió con este concepto al indicar que «no cabe presumir que el presidente sabía que eran dineros del narcotráfico y que actuó dolosamente. Por eso me parece exagerada la apreciación y petición de un grupo político que ya le pide la renuncia». Torres pidió mantener los pies en el suelo, pensar en la estabilidad gubernamental, en la gobernabilidad nacional e investigar a fondo el tema.

Además, comentó Torres que el presidente de la República, Lucio Gutiérrez se equivocó al decir en un medio de comunicación que renunciaría en el evento de que se comprobara que el narcotráfico aportó dinero a su campaña. En otro momento dijo que no renunciaría sino que esperaría que se aplique la ley.

La posibilidad de salida de un presidente, genera dudas, pues no es un tema sencillo. Existen pocas causales claramente señaladas en el artículo 130 de la Constitución para destituir al presidente. En cambio, la Ley de Control del Gasto Electoral no se aplica inmediatamente. Para que un funcionario pierda el cargo, ese puesto debe ser declarado vacante, explicó el diputado socialcristiano.

Los hechos

Las afirmaciones del diario El Comercio son el punto de partida de un análisis de cómo se debería analizar cada uno de los hechos:

Advertencia sobre vínculos del narcotráfico: El Comercio dice: «A mediados de este año un general de la Policía le advirtió al presidente Gutiérrez que una persona de su entorno tenía vínculos con el narcotráfico. El alto oficial le recomendó mantener distancias y tomar las debidas precauciones. Fuentes policiales confirmaron que ese traficante era César Fernández». Esta afirmación del diario, en opinión del doctor Terán, da base sobradísima para que la Comisión de Investigación del Congreso realice su tarea. En este tema puede haber una culpa política, pero no imputación de delito. Si un oficial de la Policía le da una opinión al presidente de la República y le da datos, esto no le obliga al presidente a tomar una conducta, el presidente puede meditar, valorar, creerlo o no creerlo, dijo Terán.

Participación de Fernández en campaña: El Comercio dice: «La última semana, varios funcionarios de Gobierno con el vicepresidente Alfredo Palacio a la cabeza confirmaron la participación de Fernández en la campaña presidencial de Lucio Gutiérrez».

De acuerdo con Terán, este es un hecho político más o menos evidente y probado, pero no es un delito. El vicepresidente Palacio o el presidente Gutiérrez, cuando hacían campaña electoral pudieron no conocer las vinculaciones eventuales del señor Fernández con el narcotráfico. Sin embargo, no tiene sentido negar la eventual presencia de este señor en la campaña electoral, ni hacer de esto misterio. «Aquí tampoco hay imputación de delito alguno, ni delito alguno», dijo Terán.

Donación no declarada: El Comercio dice: «Ayer una fuente de SP le dijo a este Diario que la familia Fernández Cevallos le donó 30.000 para la campaña de Lucio Gutiérrez en Manabí. El director del partido en Manabí, Glauco Bustos hizo contacto con los Fernández quienes le desembolsaron 30.000. Esa suma que no se reportó al TSE, fue luego entregada al gerente de la campaña, Carlos Vega, actual director ejecutivo del CONAM. Pero Bustos director ejecutivo de UDENOR dijo que no recibió un solo centavo de Fernández Cevallos, nada en absoluto ni ningún apoyo de ninguna clase».

Esto que se lee aquí tampoco es imputación de delito. Sin embargo, si ha habido dinero entregado por Fernández a la campaña de Gutiérrez ahí hay determinadas obligaciones que regula la Ley de Gasto Electoral. Sea o no sea la contribución proveniente del narcotráfico, según las leyes que regulan las campañas electorales hay que declarar todos los aportes recibidos.

TSE debe investigar .- No cabe duda que el TSE tiene competencia de analizar dos hechos de los planteados por el diario El Comercio. El primero que una contribución de 30.000 no hubiera sido declarada cuando se presentaron las cuentas de la campaña al TSE.
La competencia TSE para analizar las cuentas de campañas presidenciales es privativa y por ello no puede excusarse de hacer este análisis y de aplicar sanciones si encuentra que se violó alguna norma.
Además debe investigar sobre la posibilidad de que ese dinero haya provenido del narcotráfico.

Otros temas

Firma de acuerdo con EEUU
La posibilidad de que Ecuador firme un acuerdo con EEUU, es importante pues si se negocia el acuerdo se mantiene abierto el canal de las exportaciones a EEUU, que actualmente están exentas de impuestos, gracias a un gesto unilateral de EEUU. Si no se garantizara ese acuerdo, nuestras exportaciones sufrirían un gran golpe y en una economía dolarizada aquello sería complicado. El Gobierno de EEUU se ha dirigido al Congreso para informarle que empezará a negociar con los cuatro países andinos. En este contexto indica que dos de esos países ya están listos para la negociación (Perú y Colombia) y dos países que todavía deberán recopilar determinada documentación, es decir Ecuador y Bolivia. Esta negociación es un destino inevitable para Ecuador, pero antes de llegar deberán tratase los temas que no tienen que ver solo una apertura de mercado, hay temas variados como la adquisición estatal, propiedad intelectual, entre otros.

Detención del Cura Flores
El cura Carlos Flores ha sido detenido por violar leyes migratorias. Esto le pone frente a una eventual deportación de EEUU. La deportación consiste en que un país que hospeda a un visitante que tiene visa, le cancela la visa y le expulsa. Entonces el deportado es colocado en el último destino originario que usó antes de llegar a EEUU, que en el caso de Flores sería México. Esto no tiene nada que ver con los trámites de extradición que han estado mal manejados desde el Ecuador.
Pero además es importante señalar que en base a la ley, el Gobierno debería castigar a quienes nombraron al cura Flores en violación al Código de Aduanas. El cura no tenía los requisitos para ser administrador de Aduanas. Esa gente que lo nombró no ha recibido castigo. Además, el directorio de la CAE debió hacer auditorías continuas al cura, pero no las hicieron. Es decir, fueron negligentes en el origen del nombramiento y en el control de ese funcionario incapacitado legalmente.