Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Viernes, 26 de julio de 2013

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

 

Protección de la libertad del procesado

 

Autor: Dr. Ramiro J. García Falconí *

 

Una de las facultades inherentes a la actividad judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, sin duda constituye el supervisar el cumplimiento de sus decisiones por parte de los países miembros.  El artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que ?los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes?, vinculando las obligaciones convencionales de los Estados Partes a todos los poderes o funciones del Estado[1]. La misma Corte ha señalado que la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, conforme se ha insistido en jurisprudencia reiterada emitida por la Corte IDH y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida[2]. 

 

Este cumplimiento de buena fe de las obligaciones generadas por el derecho internacional, conlleva como se señaló anteriormente el que no pueda invocarse para su incumplimiento el derecho interno, dentro del cual debe entenderse incluso las disposiciones constitucionales[3].  Estas reglas son consideradas como principios generales del derecho, conforme se las ha tratado tanto por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia[4], así como de forma reiterada por la propia Corte IDH, tanto en las sentencias dictadas dentro de Casos Contenciosos, como en las Supervisiones de Sentencia y Opiniones Consultivas[5].

 

Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte[6].  Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos. 

 

Sobre la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos, la Corte ha señalado en la Opinión Consultiva OC-2/82 que:

 

... los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción[7].

 

Este criterio coincide con el expuesto en su momento por otros órganos jurisdiccionales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, en su

Opinión Consultiva relativa a Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1951), afirmó que ?en este tipo de tratados, los Estados contratantes no tienen intereses propios; solamente tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los propósitos que son la razón de ser de la Convención?.  La Comisión y Corte Europeas de Derechos Humanos, se han pronunciado en forma similar. En el caso Austria vs. Italia (1961), la Comisión Europea declaró que las obligaciones asumidas por los Estados Partes en la Convención Europea de Derechos Humanos ?son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes?[8]. En igual sentido, la Corte Europea afirmó, en el caso Irlanda vs. Reino Unido (1978), que ?a diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención comprende más que simples compromisos recíprocos entre los Estados Partes.  Crea, por encima de un conjunto de compromisos bilaterales, mutuos, obligaciones objetivas que, en los términos del Preámbulo, cuentan con una 'garantía colectiva'?[9].  En el caso Soering vs. Reino Unido (1989), la Corte Europea declaró que la Convención Europea ?debe ser interpretada en función de su carácter específico de tratado de garantía colectiva de derechos humanos y libertades fundamentales, y que el objeto y fin de este instrumento de protección de seres humanos exigen comprender y aplicar sus disposiciones de manera que haga efectivas y concretas aquellas exigencias?[10].

 

Teniendo en cuenta las decisiones anteriormente anotadas, debe considerarse que existen varias formas en las que un Estado miembro puede violar un tratado internacional y específicamente la Convención Americana.  En el caso de la Convención, la vulneración puede producirse tanto por omisión al dictar las normas o mecanismos jurídicos a que se encuentran obligados, como por ejemplo aquellas que por mandato del artículo 2 deben incorporarse a los ordenamientos jurídicos nacionales, como por la incorporación de normas o mecanismos jurídicos que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención. Si esas normas o mecanismos jurídicos se han adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o contra él, es indiferente para estos efectos[11].

 

Bajo el marco anteriormente señalado, tanto las normas, como los mecanismos jurídicos de los Estados Miembros deben adecuarse a la Convención.  Cómo afectan estas disposiciones al tema de privación de libertad dentro del proceso penal?  Para el efecto debe tomarse en cuenta, que la estructuración y consolidación del modelo de Estado Constitucional de Derecho, en el cual la vulneración de la esfera de la libertad que implica la intervención penal, solo se justifica como último recurso o última ratio, conlleva un reforzamiento del respeto de la garantía de libertad ambulatoria y el principio de inocencia, obligándose por tanto a que la aplicación de medidas procesales de privación de libertad, tengan un carácter limitado, restrictivo y residual.  Es así, conforme veremos en el siguiente análisis, que uno de los aspectos en los cuales la jurisprudencia que sobre derechos humanos ha sido enfática por parte de los tribunales internacionales y en específico, por parte del Sistema Interamericano de Derecho Humanos, se refiere justamente a los casos de privación de libertad.

 

El documento más importante que en lo regional se ha dictado en materia de Derechos Humanos, me refiero a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, establece en su artículo 7 los límites que no podrán franquear las medidas privativas de la libertad, al igual que el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Estos límites solo encuentran su real concreción, a través de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las decisiones que la justicia de cada país adopte.  La asunción de nuevos marcos constitucionales por parte de varios países latinoamericanos, entre ellos la República del Ecuador, ha promovido una mayor influencia de los convenios y tratados internacionales relativos a derechos humanos, en las decisiones judiciales.  La remisión tácita que la nueva Constitución de Ecuador hace al Bloque de Constitucionalidad, con los convenios y tratados internacionales en el mismo nivel de la Constitución, obliga a los operadores judiciales a acudir a dichos convenios y tratados, así como a las decisiones de aplicación, para la tramitación diaria de los procesos.  Esta adecuación teórica de los procesos penales a los principios del derecho internacional de los derechos humanos, choca sin embargo con la realidad procesal y sobre todo carcelaria de los países latinoamericanos, en los cuales la vulneración del principio de inocencia, así como la apelación recurrente a las medidas de privación de libertad, constituyen casi una constante.  Baste ver el número de presos sin sentencia en las cárceles sudamericanas, como para corroborar sin mayor esfuerzo lo dicho anteriormente.

 

Para efectos del presente trabajo, considero necesario analizar los presupuestos que sobre la detención y prisión preventiva han establecido tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues de esa forma podremos determinar no solo los parámetros que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se impone a los sistemas nacionales de justicia, sino sobre todo aquellas decisiones que puedan tener relevancia en la aplicación e interpretación de la Corte Penal Internacional.

 



* Presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas.  Catedrático de Ciencias Penales y Criminológicas (Universidad Central del Ecuador).

[1] Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999. Serie C No. 59, Considerando tercero y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de julio de 2010, Considerando cuarto.

[2] Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2010, Considerando quinto.

[3] Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35.  Sobre este tema cabe señalar que resultaría contraria a la Convención el artículo  425 de la Constitución de la República del Ecuador que establece un orden jerárquico normativo, por el cual en caso de conflicto se aplicaría la Constitución por sobre la Convención.

[4] Caso de las Comunidades Greco-Búlgaras (1930), Serie B, No. 17, pág. 32; Caso de Nacionales Polacos de Danzig (1931), Series A/B, No. 44, pág. 24; Caso de las Zonas Libres (1932), Series A/B, No. 46, pág. 167; Aplicabilidad de la obligación a arbitrar bajo el Convenio de Sede de las Naciones Unidas (Caso de la Misión del PLO) (1988), págs. 12, a 31-2, párr. 47

[5] Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 14/94, supra nota 3; Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2009, Considerando sexto, y Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2009, Considerando quinto.

[6] European Commission of Human Rights, Applications Nº 15299/89, 15300/89 and 15318/89, Chrysostomos et alii v. Turkey (1991), Decisions and Reports, Strasbourg, C. E., [1991], vol. 68, pp. 216- 253.

[7] Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982 denominada El Efecto de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana (artículos 74 y 75), párr. 29

[8] European Commission of Human Rights, Decision as to the Admissibility of Application No. 788/60, Austria vs. Italy case, Yearbook of the European Convention on Human Rights, The Hague, M. Nijhoff, 1961, p. 140.

[9] Eur. Court HR, Ireland vs. United Kingdom case, judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, p. 90, párr. 239.

[10] Eur. Court H.R., Soering Case, decision of 26 January 1989, Series A no. 161, párr. 87.

[11] Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 26; Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

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