Registro Oficial No.407- Miércoles 16 de enero de 2019

enero 16, 2019

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Martes 16 de enero de 2019 (R. O.407, 16 -enero -2019) SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO: DM-2018-186 Declárese la disolución y liquidación voluntaria de la Fundación Cero Latitud, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 16 de enero de 2019 (R. O.407, 16 -enero -2019)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE CULTURA

Y PATRIMONIO:

DM-2018-186 Declárese la disolución y liquidación voluntaria de la Fundación Cero Latitud, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

Legalícese la comisión de servicios de los siguientes funcionarios:

DM-2018-190 María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales

DM-2018-191 Señora María Celina Sosa Quiñónez, Especialista del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra

DM-2018-192 Apruébese el estatuto y Otórguese la personería jurídica a la Fundación para la Promoción, Desarrollo y Difusión Social de la Cultura «Fausto Cayambe», con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

DM-2018-194 Señor Gabriel Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Y FINANZAS:

0130…… Declárense obsoletos y fuera de uso, veinte y tres bienes muebles (23), de propiedad del MEF

0142…… Emítense las directrices de cierre del ejercicio fiscal 2018 y apertura del ejercicio fiscal 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL:

041…….. Expídese el Reglamento para el esclarecimiento de la situación personal, social, familiar y legal de las niñas, niños y adolescentes sujetos de medidas de protección de derechos

Págs. RESOLUCIONES:DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO

CIVIL IDENTIFICACIÓN

Y CEDULACIÓN:

0134-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2018 Suprímense 36 puestos de carrera de la DIGERCIC

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN

MONETARIA Y FINANCIERA:

477-2018-G Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros

479-2018-F Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros

481-2018-S Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros

482-2018-S Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros

SERVICIO NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA:

R.I.-SERCOP-2018-000000481-A Desígnese al señor abogado Iván Alberto Tobar Torres, Asesor 3, Grado 4 de la Dirección General, como Presidente de la Comisión Técnica de la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos Primera y Segunda Fase

EMPRESA PÚBLICA DE FÁRMACOS –

ENFARMA EP – EN LIQUIDACIÓN:

ENFARMA EP-LIQUIDACIÓN-2018-033 Refórmese el presupuesto anual de ENFARMA EP – en Liquidación

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-0211 Amplíese el plazo para la liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Guayas Ltda., en liquidación con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

Págs.

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-0212 Amplíese el plazo para la liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tambillo

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-0246 Refórmese la Resolución No. SEPS-IGT- IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-220 de 26 de octubre de 2016

SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0259 Expídese la Norma Reformatoria a la «Norma de Control Respecto de la Seguridad Física y Electrónica

SEPS-IGT-IGJ-ISF-IFMR-2018-266 Liquídese a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., con domicilio en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos

No. DM-2018-186

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada»;

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 96 de la Carta Magna manifiesta que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas «;

Que el artículo 227 ibídem establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 3

Que la precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el pleno ejercicio de los derechos culturales;

Que el artículo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que «El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;

Que el artículo 19 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial Nro. 109 del 27 de octubre de 2017, señala las causales, requisitos y el procedimiento para disolución y liquidación de las corporaciones y fundaciones previstas en el Código Civil.

Que el artículo 20 ibídem, establece que las organizaciones podrán ser disueltas y liquidadas por voluntad de sus socios, mediante resolución en Asamblea General, convocada expresamente para el efecto y los resultados de la disolución y liquidación se pondrán en conocimiento de la Cartera de Estado correspondiente a fin de que se proceda a elaborar el Acuerdo Ministerial de disolución y liquidación.

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos

inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que el Ministerio de Educación y Cultura mediante Acuerdo Ministerial Nro. 378 de 28 de julio de 2006 aprobó el estatuto y otorgó la personalidad jurídica de la organización social FUNDACIÓN CERO LATITUD.

Que mediante oficio s/n de 20 de agosto de 2018, ingresado en esta Cartera de Estado mediante trámite Nro. MCYP-DGA-18-3103-EXT de fecha 20 de agosto del mismo año, la señorita Randi Krarup, en calidad de delegada de la organización social, solicitó la disolución y liquidación voluntaria de la FUNDACIÓN CERO LATITUD, una vez que ha cumplido con los requisitos pertinentes al trámite.

Que los miembros de la organización social FUNDACIÓN CERO LATITUD, se reunieron en tres asambleas generales extraordinarias de fechas: 06 de julio, 13 de julio y 05 de octubre del 2018, en la dirección: calle Barón de Carondelet Oe1-20 y Av. 10 de agosto, edificio Barón de Carondelet, piso 4, oficina 401B, de la ciudad de Quito; dentro del acta de fecha 06 de julio de 2018 presentada se puede observar que con el voto favorable de 6 miembros, la Asamblea General Extraordinaria decidió por unanimidad, aprobar la Disolución y Liquidación Voluntaria de la organización en mención, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 20 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, en concordancia con lo determinado en la norma estatutaria de la organización social. Dentro del acta de fecha 13 de julio del mismo año, se constata que la asamblea procedió a designar como liquidadora a la señorita Randi Krarup con cédula de ciudadanía 1715150379, y a los señores/as María Cristina Rendón Morías con cédula de ciudadanía 1713943999 y Juan Martín Cueva Armijos con cédula de ciudadanía 1708764939 como miembros del Comité de Liquidación, para que presenten el informe de liquidación respectivo.

Que del informe presentado por la liquidadora señorita Randi Krarup de 04 de octubre del 2018, se desprende que la organización FUNDACIÓN CERO LATITUD, ha liquidado su activo, ha saneado el pasivo y ha cumplido con cada una de las obligaciones contraídas, muestra de ello remite adjunto documentos de respaldo que sustentan el informe presentado; de esta manera el procedimiento de liquidación se ha realizado al amparo de lo establecido en los artículos 28 y 29 del Estatuto, respetando igualmente lo señalado en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, así como lo dispuesto en el Código Civil vigente;

Que la organización social FUNDACIÓN CERO LATITUD, en asamblea de 05 de octubre de 2018 aprobó la liquidación de la organización social, de conformidad con el informe presentado por la señorita Randi Krarup;

4 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-1447-M de 17 de octubre del 2018, para proceder con la disolución y liquidación voluntaria de la FUNDACIÓN CERO LATITUD;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-1447-M se concluye que: (…) la organización social FUNDACIÓN CERO LATITUD, ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionado, por lo que se emite el presente informe motivado»;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-1447-M recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación de la disolución y liquidación de la organización social FUNDACIÓN CERO LATITUD, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente «.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…) «;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Declarar la DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA de la FUNDACIÓN CERO LATITUD, con domicilio en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, constituida mediante Acuerdo Ministerial Nro. 378 de 28 de julio de 2006.

Artículo 2.- Conocer el resultado del Informe de Liquidación de la FUNDACIÓN CERO LATITUD, presentado por la señorita Randi Krarup el día 04 de octubre de 2018; la veracidad del contenido del informe remitido es de exclusiva responsabilidad del liquidador de la organización.

Artículo 3.- A partir de la presente fecha de cierre de la actividad legal por disolución de la Corporación y por ende la pérdida de la personería jurídica, ni los miembros de la Corporación ni sus representantes podrán utilizar la razón social FUNDACIÓN CERO LATITUD, para ejercer derechos ni contraer obligaciones a nombre de está.

Artículo 4.- Notifíquese a la FUNDACIÓN CERO LATITUD, sobre este Acuerdo Ministerial de Disolución y Liquidación Voluntaria.

Artículo 5.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese la Coordinación General Jurídica de esta Cartera de Estado.

Artículo 6.- Ordenar la transferencia del expediente de la FUNDACIÓN CERO LATITUD al archivo pasivo de esta Cartera de Estado.

Artículo 7.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el Registro Oficial.

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, 18 de octubre de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

N° DM-2018-190

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 151 de la Carta Magna preceptúa que: «las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…)»;

Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el artículo 226 de la Norma Ibídem prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «;

Que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público «;

Que el artículo 30 de la precitada Ley, en concordancia con los artículos 45, 46 y 47 de su Reglamento General, norma la declaratoria en comisión de servicios con remuneración al exterior de los servidores públicos;

Que el artículo 17 del Acuerdo No. MRL-2011-00051, con el cual se expide el Reglamento para el pago de

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 5

viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, señala: «Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de la Secretaria Nacional de la Administración Pública a través del sistema informático para viajes al exterior de la Presidencia. (…)»;

Que mediante oficio Nro. SNAP-SNADP-2016-000148-O de 16 de marzo de 2016, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, dispuso: «(…) a todas las entidades que conforman la Administración Pública central, institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID), la ejecución y cumplimiento de las siguientes políticas: (…) 3. Restringir las comisiones de servicios al exterior. Se autorizarán exclusivamente cuando las organizaciones anfitrionas financien los costos totales (pasajes, viáticos, inscripciones, entre otros gastos), a fin de que no representen erogación presupuestaria alguna para el Estado. Deforma excepcional, se podrán aprobar viajes cuyo costo deba asumir el Estado debidamente justificados y con la presentación posterior del informe de beneficios cuantificables para el Estado, aprobado por la máxima autoridad institucional, conforme la normativa expedida para el efecto. De igual forma, sin excepción, la comisión de servicios podrá integrarse por máximo dos personas por institución, tomando en consideración que de requerir cualquier tipo de apoyo, debe ser coordinado con las embajadas y consulados, dentro de su programación presupuestaria (…)»;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante Decreto N°. 135 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento N°. 76 de 11 de septiembre de 2017, se establecen: «Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público» (…) Artículo 15.- Viajes al exterior- Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autorice los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector pero deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia.

La Secretaria General de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar viajes internacionales del personal del servicio exterior»;

Que consta la certificación presupuestaria N°. 53 de 25 de enero de 2018, correspondiente a «Pasajes al exterior», cuya descripción señala «Para cubrir la adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales en rutas que no cubre la Empresa Pública LAME E.P. para el Ministerio de Cultura y Patrimonio (…) «;

Que mediante memorando Nro. MREMH-EECUURU GUAY-2017-0788-M de 24 de octubre de 2017, el señor Galo Galarza Dávila, Embajador del Ecuador en Uruguay pone en conocimiento del señor Fabián Bedón Samaniego, Director de Asuntos Culturales, Patrimoniales y Turísticos, la invitación efectuada por parte de los señores Alvaro Risso y Sebastián Artigas, Presidente y Gerente de la Cámara Uruguaya del Libro, respectivamente, para que el Ecuador sea País Invitado de Honor en la 41 ° Feria Internacional del Libro de Montevideo 2018;

Que constan las certificaciones presupuestarias N°. 911 y 912 de 13 de septiembre de 2018, correspondiente a «Viáticos y subsistencias en el exterior», cuya descripción señala «Para cubrir la actividad: Viáticos y subsistencias en el exterior (…) «;

Que mediante memorando Nro. MCYP-PNPPLLJC-2018-0336-M, de 28 de septiembre de 2018, el señor Edgar Allan García Rivadeneira, Gerente del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José De La Cuadra, solicita al señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio: «(…) se sirva autorizar la comisión de servicios al, exterior (…) de las señoras Celina Sosa Quiñonez y María Belén Heredia, desde el 02 hasta el 08 de octubre, como delegadas para realizar la coordinación, logística y organización de la 41° Feria Internacional del Libro de Montevideo (…) «;

Que mediante memorando Nro. MCYP-MCYP-18-0281-M, de 28 de septiembre de 2018, el señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio, indica al señor Edgar Allan García Rivadeneira, Gerente del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José De La Cuadra lo siguiente: «(…) me permito informar que se AUTORIZA dicha delegación (…)”.

Que a través de Informe justificativo, de 09 de octubre de 2018, la señora María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales de esta Cartera de Estado, motiva el ingreso extemporáneo de su viaje al exterior, señalando: «(…) Me permito informar que mi solicitud de viaje al exterior, no pudo ser ingresada en el plazo establecido de los 3 días hábiles anticipados al inicio de la comisión de servicios, ya que la primera solicitud no fue aprobada en la fecha requerida (…) el Sr. Ministro de Cultura y Patrimonio (S), Gabriel Cisneros aprobó la comisión de servicios, una vez que obtuvo la autorización verbal del Ministerio del Trabajo, justificando la necesidad de personal técnico para la coordinación y logística en la participación del Ecuador como país invitado de Honor en la 41 ° Feria Internacional del Libro de Montevideo (…)».

6 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

se sirva autorizar el ingreso extemporáneo del viaje que realizaron las funcionarías María Belén Heredia y Celina Sosa, funcionarías de esta Cartera de Estado hacia la ciudad de Montevideo del 2 al 8 de octubre del 2018 «:

Que mediante solicitud No. 64891 de 16 de octubre 2018, la funcionaría María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales de esta Cartera de Estado, remitió al Consejo Sectorial de lo Social el «Informe de Justificación de viaje al exterior», señalando: «Motivo de Viaje: Organización y coordinación de la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Financiamiento: Total (Recursos del Estado);

Que mediante Informe Técnico No. MCYP-DATH-0287-2018 de 16 de octubre de 2018, el Director de Administración del Talento Humano, (E) señaló que: «Análisis Técnico: «La Sra. Ing. María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio procede a realizar el ingreso de la solicitud de viaje al exterior en la pagina Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior (http://viajes.administracionpublica.gob.ec/frame.php), adjunta la documentación habilitante y remite mediante el citado sistema de viajes, para ser avalado por su jefe inmediato.// La Dirección de Administración del Talento Humano procedió con la verificación de la documentación anexada» por el señor Antonio Correa Losada, que se detalla a continuación:

Invitación al evento y/o requerimiento de viaje (…);
Memorando Nro. MCYP-PNPLLJCI-2018-0320-M;
Itinerario del viaje;
Detalle de la agenda a cumplir;
Informe de Justificación del viaje; (…)
Informe justificativo de ingreso extemporáneo;
Certificación presupuestaria;

CONCLUSIONES: La Dirección de Administración del Talento Humano en observancia a lo dispuesto por la autoridad nominadora de este Ministerio, EMITE INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN para el ingreso del viaje de la Sra. Ing. María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien participó en la «41 ° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MONTEVIDEO 2018» del 02 al 08 de octubre del 2018 (incluido ida y retorno) (…).

FINANCIAMIENTO: Esta Cartera de Estado asumirá los gastos del viaje como pasajes aéreos, alimentación, hospedaje y transporte durante los días de realización del evento.

Que mediante «Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior Autorización No. 65215» de 18 de octubre de 2018, el señor Raúl Clemente Ledesma, Ministro del Trabajo, autorizó el ingreso extemporáneo de la Comisión de Servicios en el Exterior con remuneración, de la funcionaría María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales de esta Cartera de Estado, a la ciudad de Montevideo-Uruguay del 02 al 08 de octubre del 2018;

Que con memorando No. MCYP-DATH-18-0912-M de 19 de octubre de 2018, el señor Carlos Oswaldo Valdivieso Canelos, Director de Administración de Talento Humano, Encargado, solicitó al señor José Alejandro Salguero Manosalvas, Coordinador General Jurídico la revisión legal de la documentación y expedición del Acuerdo Ministerial correspondiente al viaje al exterior de la de la funcionaría María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales de esta Cartera de Estado.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Legalizar la comisión de servicios en el exterior con remuneración, entre los días 02 al 08 de octubre 2018, de la funcionaría María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales, quien participó en la 41° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MONTEVIDEO 2018 en la ciudad de Montevideo- Uruguay.

Artículo 2.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Artículo 3.- Ordenar que la funcionaria María Belén Heredia Medina, Analista de Producción de Eventos Nacionales e Internacionales, de esta Cartera de Estado, presente un informe de misión con los resultados logrados al Despacho con copia a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 25 de octubre de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.-

Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 7

N° DM-2018-191

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 17 del Acuerdo No. MRL-2011-00051, con el cual se expide el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, señala: «Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública a través del sistema informático para viajes al exterior de la Presidencia. (…)»;

las organizaciones anfitrionas financien los costos totales (pasajes, viáticos, inscripciones, entre otros gastos), a fin de que no representen erogación presupuestaria alguna para el Estado. Deforma excepcional, se podrán aprobar viajes cuyo costo deba asumir el Estado debidamente justificados y con la presentación posterior del informe de beneficios cuantificables para el Estado, aprobado por la máxima autoridad institucional, conforme la normativa expedida para el efecto. De igual forma, sin excepción, la comisión de servicios podrá integrarse por máximo dos personas por institución, tomando en consideración que de requerir cualquier tipo de apoyo, debe ser coordinado con las embajadas y consulados, dentro de su programación presupuestaria (…)»;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante Decreto N°. 135 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento N°. 76 de 11 de septiembre de 2017, se establecen: «Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público» (…) Artículo 15.- Viajes al exterior.- Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autorice los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector pero deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia.

Que mediante memorando Nro. MREMH-EECU URUGUAY-2017-0788-M de 24 de octubre de 2017, el señor Galo Galarza Dávila, Embajador del Ecuador en Uruguay pone en conocimiento del señor Fabián Bedón Samaniego, Director de Asuntos Culturales, Patrimoniales y Turísticos, la invitación efectuada por parte de los señores Alvaro Risso y Sebastián Artigas, Presidente y Gerente de la Cámara Uruguaya del Libro, respectivamente, para que el Ecuador sea País Invitado de Honor en la 41° Feria Internacional del Libro de Montevideo 2018;

8 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Que mediante memorando Nro. MCYP-PNPPLLJC-2018-0336-M, de 28 de septiembre de 2018, el señor Edgar Allan García Rivadeneira, Gerente del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José De La Cuadra, solicita al señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio: «(…) se sirva autorizar la comisión de servicios al, exterior (…) de las señoras Celina Sosa Quiñonez y María Belén Heredia, desde el 02 hasta el 08 de octubre, como delegadas para realizar la coordinación, logística y organización de la 41 ° Feria Internacional del Libro de Montevideo(…) «;

Que mediante solicitud No. 64892 de 28 de septiembre 2018, la funcionaria María Celina Sosa Quiñonez, Especialista en Formación de Hábitos Lectores de esta Cartera de Estado, remitió al Consejo Sectorial de lo Social el «Informe de Justificación de viaje al exterior», señalando: «Motivo de Viaje: Supervisión y coordinación de la participación de Ecuador como invitado de honor en la 41 Feria Internacional del Libro de Montevideo. Financiamiento: Total (Recursos del Estado);

Que Mediante oficio Nro. MCYP-MCYP-18-1452-0 de 12 de octubre de 2018, el señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio solicita al señor Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo lo siguiente: «(…) se sirva autorizar el ingreso extemporáneo del viaje que realizaron las funcionarías María Belén Heredia y Celina Sosa, funcionarías de esta Cartera de Estado hacia la ciudad de Montevideo del 2 al 8 de octubre del 2018».

Que a través de Informe justificativo, de 16 de octubre de 2018, la señora María Celina Sosa Quiñonez, Especialista en Formación de Hábitos Lectores, de esta Cartera de Estado motiva el ingreso extemporáneo de su viaje al exterior, señalando: «(…) Para cumplir con la comisión de Participación del Ecuador como país invitado de Honor en la 41° Feria Internacional del Libro de Montevideo, que se realiza del 1 al 14 de octubre, debido a la falta de documentación, no se realizó el trámite a tiempo. De acuerdo a la autorización verbal del Ministerio del Trabajo y a la disposición verbal del señor Ministro de Cultura y Patrimonio subrogante, Gabriel Cisneros Abedrabbo, y el Gerente del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra (…) procedí a cumplir con la comisión de servicios en la ciudad de Montevideo, de 2 al 8 de octubre (…) «

Que mediante Informe Técnico No. MCYP-DATH-0288-2018 de 16 de octubre de 2018, el Director de Administración del Talento Humano, (E) señaló que: «Análisis Técnico: «La señora María Celina Sosa Quiñonez, Especialista del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra procede a realizar el ingreso de la solicitud de viaje al exterior en la pagina Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior (http://viajes,administracionpublica.gob.ec/frame.php). adjunta

la documentación habilitante y remite mediante el citado sistema de viajes, para ser avalado por su jefe inmediato.// La Dirección de Administración del Talento Humano procedió con la verificación de la documentación anexada » por la señora María Celina Sosa Quiñonez, que se detalla a continuación:

Invitación al evento y/o requerimiento de viaje (…);
Memorando Nro. MCYP-PNPLLJCI-2018-0320-M/ Memorando NRO. MREMH-EECYYRUGUAY-2017-0788-M;
Itinerario del viaje;
Detalle de la agenda a cumplir;
Informe de Justificación del viaje;(…)
Informe justificativo de ingreso extemporáneo;
Certificación presupuestaria;

CONCLUSIONES: La Dirección de Administración del Talento Humano en observancia a lo dispuesto por la autoridad nominadora de este Ministerio, EMITE INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN para el ingreso extemporáneo del viaje de la señora María Celina Sosa Quiñonez, Especialista del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien participó en la «41 ° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MONTEVIDEO 2018» del 02 al 08 de octubre del 2018 (incluido ida y retorno) (…).

Que mediante «Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior Autorización No. 65214» de 18 de octubre de 2018, el señor Raúl Clemente Ledesma, Ministro del Trabajo, autorizó el ingreso extemporáneo de la Comisión de Servicios en el Exterior con remuneración, de la funcionaria señora María Celina Sosa Quiñonez, Especialista del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, a la ciudad de Montevideo- Uruguay del 02 al 08 de octubre del 2018;

Que con memorando No. MCYP-DATH-18-0913-M de 19 de octubre de 2018, el señor Carlos Oswaldo Valdivieso Canelos, Director de Administración de Talento Humano, Encargado, solicitó al señor José Alejandro Salguero Manosalvas, Coordinador General Jurídico la revisión legal de la documentación y expedición del Acuerdo Ministerial correspondiente al viaje al exterior de la de la funcionaria señora María Celina Sosa Quiñonez, Especialista del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra de esta Cartera de Estado.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Legalizar la comisión de servicios en el exterior con remuneración, entre los días 02 al 08 de

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 9

octubre 2018, de la funcionaría señora María Celina Sosa Quiñónez, Especialista del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien participó en la 41° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MONTEVIDEO 2018 en la ciudad de Montevideo- Uruguay.

Artículo 2.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Artículo 3.- Ordenar que la funcionaría María Celina Sosa Quiñónez, Especialista del Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio Administrativa Financiera.

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.-

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 25 de octubre de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018-192

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…)»;

Que precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Que el articulo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que: «El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 32, prescribe que: «El Estado, en todos sus niveles de

10 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia»;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 109 del 27 de octubre del 2017, se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto del 2015; en el mismo se establecen los requisitos y el procedimiento para la aprobación de estatutos y el otorgamiento de la personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones previstas en el Código Civil;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante oficio s/n ingresado en esta Cartera de Estado de fecha 13 de septiembre de 2018 con trámite Nro. MC YP-DGA-18-3438-EXT de 14 de septiembre del mismo año, el señor Carrasco Espinoza Humberto Aníbal, delegado como responsable del trámite, solicitó la aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica de la organización social en formación FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA «FAUSTO CAYAMBE», una vez que ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento para el otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales.

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-1355-M de fecha 27 de septiembre del 2018, para proceder con la APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, de la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA «FAUSTO CAYAMBE»; con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-1355-M, se concluye que: (…) la organización social en formación denominada FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA «FAUSTO CAYAMBE», ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionado, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-1355-M recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA «FAUSTO CAYAMBE», por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente «;

Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA «FAUSTO CAYAMBE», con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes persoas:

APELLIDOS y NOMBRES

NACIONALIDAD

Nro. DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CAYAMBE TIPAN LUIS FERNANDO

ECUATORIANA

1716101546

LALVAY LALVAY JOSÉ JAIME

ECUATORIANA

0703678425

REYES BENAVIDES S YLVIA MARGOTH

ECUATORIANA

1711893162

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 11

Artículo 3.- Ordenar a la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA «FAUSTO CAYAMBE», que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 4.- En general la organización social se ajustara al «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 5.- Autorizar a la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA «FAUSTO CAYAMBE » para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización social FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA «FAUSTO CAYAMBE».

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes octubre del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

N° DM-2018-194

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 151 de la Carta Magna preceptúa que: «fas ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…)»;

12 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante oficio DGDCFC-144-A-2018/RMTV-smo de 10 de mayo de 2018, dirigido por la señora Rosa Tacan Vasquez, Directora General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, al señor Gabriel Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, en el cual señala:: «(…) éste Ministerio considera importante su participación en la LX Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Ibercultura Viva que se realizará en el marco de las «Jornadas de Culturas Vivas Comunitarias», del 6 al 11 de junio del presente año en el municipio de Antigua Guatemala en el departamento de Sacatepéquez (…);

Que consta la sumilla inserta en el oficio DGDCFC-144-A-2018/RMTV-smo de 10 de mayo de 2018, «(Gabriel, Autorizado, V/B) «;

Que mediante oficio DGDCFC-162-A2018/RMTV-smo de 04 de junio de 2018, dirigido por la señora Rosa Tacan Vasquez, Directora General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura

y Deportes de Guatemala, al señor Gabriel Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, en el cual señala: «(…) éste Ministerio considera la reprogramación de la IX Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Ibercultura Viva, por la situación actual del país en las fechas del 07 al 10 de julio de 2018;

Que mediante oficio Nro. MCYP-MCYP-18-1021-O de 05 de julio de 2018 el señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio, solicita al señor Augusto Barrera Guarderas, Consejero Sectorial de lo Social de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología: «(…) su autorización para el funcionario Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación participe en la IX Reunión del Consejo Intergubernamental, a realizarse en el marco de las «Jornadas de Culturas Vivas Comunitarias del 06 al 11 de julio del presente año, en el Municipio de Antigua Guatemala, ciudad de Guatemala, financiado en su totalidad por el Ministerio de Cultura y Deportes del país anfitrión (..);

Que mediante solicitud No.63588 de 18 de julio de 2018, el funcionario, Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación de esta Cartera de Estado, remitió al Consejo Sectorial de lo Social el «Informe de Justificación de viaje», señalando: «Motivo de Viaje: Asistir y participar en el LX Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Ibercultura Viva del 07 al 10 de julio de 2018. Financiamiento: Alimentación, hospedaje y traslados internos correrán a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, Pasajes aéreos serán financiados por el Consejo Intergubernamentales del programa IberCultura Viva.;

Que mediante Informe Técnico No. MCYP-DATH-0214-2018 de 19 de julio de 2018, la Directora de Administración del Talento Humano, (E) señaló que: «Análisis Técnico: «El señor Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Empredimientos Artes e Innovación, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, procede a realizar el ingreso de la solicitud de viaje al exterior en la pagina Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior (http://viajes.administracionpublica.gob.ec/frame.php), adjunta la documentación habilitante y remite mediante el citado sistema de viajes, para ser avalado por su jefe inmediato.// La Dirección de Administración del Talento Humano procedió con la verificación de la documentación anexada » por el señor Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, que se detalla a continuación:

Invitación al evento y/o requerimiento de viaje (…);
Oficio Nro. MCYP-MCYP-18-0938;
Oficio Nro. MCYP-MCYP-18-1021;
Itinerario del viaje;
Detalle de la agenda a cumplir
Informe de Justificación del viaje;
Informe Justificativo de Ingreso Extemporáneo;

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 13

CONCLUSIONES: La Dirección de Administración del Talento Humano en observancia a lo dispuesto por la autoridad nominadora de este Ministerio, emite informe técnico de validación para el ingreso del viaje del señor Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos Artes e Innovación de esta Cartera de Estado, quien participó en la «IX REUNIÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA IBERCULTURA VIVA» del 06 al 11 de julio del 2018 (incluido ida y retorno) (…).

FINANCIAMIENTO: Los organizadores del evento asumirán los gastos relacionados a: Alimentación, Hospedaje y traslados internos durante los días de ejecución; los pasajes aéreos serán cubiertos por el Programa Ibercultura Viva.»;

Que mediante «Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior Autorización No. 63588» de 05 de septiembre de 2018, el señor Raúl Clemente Ledesma, Ministro del Trabajo, autorizó la Comisión de Servicios en el Exterior, del funcionario Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Guatemala- Guatemala del 06 al 11 de julio de 2018;

Que a través de Informe justificativo, el señor Gabriel Cisneros Abedrabbo, justifica el ingreso extemporáneo de su viaje al exterior, señalando: «(…) El viernes 15 de junio de 2018 se proceso con el proceso de solicitud No.63588 para dar inicio al trámite de viaje exterior, con el objetivo de participar en la IX Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa IberCultura Viva realizada del 7 al 10 de julio del presente año en Guatemala. El trámite fue devuelto por Cancillería de acuerdo al Decreto No. 439 de 14 de junio de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República (…), crea los Consejos Sectoriales quienes (…), atenderán temas relacionados con los viajes al exterior de los servidores públicos, por tal motivo la plataforma no se encontraba habilitada para la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Cultura y Patrimonio (…) «

Que con memorando No. MCYP-DATH-18-0763-M de 05 de septiembre de 2018, el señor Carlos Oswaldo Valdivieso Canelos, Director de Administración de Talento Humano, Encargado, solicitó al señor José Alejandro Salguero Manosalvas, Coordinador General Jurídico la revisión legal de la documentación y expedición del Acuerdo Ministerial correspondiente al viaje al exterior del señor Gabriel Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación de esta Cartera de Estado.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Legalizar la comisión de servicios en el exterior entre los días del 14 al 20 de octubre de 2018, al funcionario Gabriel Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, de esta Cartera de Estado, quien participó en la IX REUNIÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA IBERCULTURA VIVA», en la ciudad de Guatemala- Guatemala.

Artículo 2.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Artículo 3.- Ordenar que el funcionario Gabriel Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, de esta Cartera de Estado, presente un informe de misión con los resultados logrados al Despacho con copia a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 25 de octubre de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

No. 0130

COORDINACIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 154 que, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que el artículo 1, del Acuerdo Ministerial No. 0103 de 27 de agosto de 2018, delega al Coordinador General Administrativo Financiero para que, en nombre y representación del Ministro de Economía y Finanzas, cumpla entre otras funciones la de suscribir y ejecutar todos los actos administrativos e instrumentos jurídicos necesarios para proceder con la transferencia gratuita de acuerdo a la naturaleza de los bienes, considerando para estos efectos las disposiciones contenidas en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público;

Que la Ley en Beneficio de las Instituciones Educativa Fiscales publicada en el Registro Oficial Suplemento 852 de 29 de diciembre de 1995, en su artículo 1 dispone: las entidades del sector público, remitirán anualmente al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación la lista de los bienes muebles que, conforme a las disposiciones

14 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, hubieren sido declarados como obsoletos o hayan dejado de utilizarse;

Que el artículo 2 de la ley ibídem establece: «El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación seleccionará de la lista de bienes a la que se refiere el artículo precedente, aquellos que sean de utilidad para las instituciones educativas fiscales del país, los que serán transferidos al citado Ministerio en forma directa y gratuita «;

Que la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, No.406-01 publicada en el Registro Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009, determina: «Toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad encargada de la administración de bienes. La máxima autoridad a través de la Unidad de Administración de Bienes, instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de control interno para su correcta administración «;

Que el artículo 77 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 041-CG-2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de diciembre de 2017 dispone que las entidades u organismos regulados en el presente reglamento, podrán realizar entre sí o estas con entidades del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines de lucro, entre otros la trasferencia gratuita de bienes;

Que el artículo 80 del mencionado reglamento señala: «Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado, para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la naturaleza del bien «;

Que el artículo 135 ibídem determina: «Cuando no fuere posible o conveniente la venta de los bienes con arreglo a las disposiciones de este reglamento, la máxima autoridad o su delegado señalará la entidad u organismo del sector público, institución de educación, de asistencia social o de beneficencia, a la que se transferirá gratuitamente los bienes. Cuando se trate de entidades u organismos públicos con persona jurídica distinta, se priorizará lo dispuesto en la Ley en Beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales del país, publicada en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 852 del 29 de diciembre de 1995, que dispone remitir anualmente la lista de bienes obsoletos al

Ministerio de Educación para la selección del beneficiario. En el caso de bienes que se han dejado de usar en la entidad u organismo, estos serán dados en trasferencia gratuita a entidades del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia, y que no tengan fines de lucro; siempre y cuando se evidencie que tales bienes no son de interés de la entidad u organismo propietaria de los mismos «;

Que el artículo 136 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público prevé: «Antes que la máxima autoridad o su delegado resuelva en el sentido y alcance lo señalado en el artículo anterior, será necesario que el titular de la Unidad Administrativa, o quien hiciera sus veces, emita un informe luego de la constatación física en la que se evidenció el estado de los bienes y respaldada por el respectivo informe técnico al tratarse de bienes informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria o vehículo. En dicho informe deberá constar que no fue posible o conveniente la venta de estos bienes «;

Que el artículo 138 del Reglamento señalado establece: «(…) Realizado el avalúo, si fuere el caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello en el acta entrega recepción de bienes que suscribirán inmediatamente los Guardalmacenes o quienes hagan sus veces, el titular de la Unidad Administrativa y el titular de la Unidad Financiera de la entidad u organismo que efectúa la transferencia gratuita (…) «;

Que el artículo 166 Sección II Traspaso de Bienes del Reglamento referido instituye: «Las máximas autoridades,

0 sus delegados, de las entidades u organismos que intervengan, autorizarán la celebración del traspaso mediante acuerdo entre las partes»;

Que mediante memorando Nro. MEF-DL-2018-0774-M de 25 de julio de 2018, el licenciado Paúl Utreras Ronquillo Guardalmacén de Activos Fijos, pone en conocimiento de la Directora de Logística Institucional Subrogante, que una vez que se la concluido la constatación física de los bienes en la Coordinación Regional 5 Guayaquil, solicita autorizar el inicio al proceso de baja de dichos bienes, para lo cual adjunta el listado de los mismos;

Que con memorando No. MEF-DL-2018-104-M de 27 de julio de 2018, la Directora de Logística Institucional subrogante, solicita al Director Financiero se delegue a un funcionario de dicha Dirección para que realice la inspección previa de los bienes y a la vez delega a dos funcionarios de la Dirección de Logística Institucional para la legalización del acto administrativo;

Que mediante memorando Nro. MEF-DL-2018-0789-M de

01 de agosto de 2018, la Directora de Logística Institucional Subrogante, autorizó continuar con el proceso de baja de inventarios, para lo cual adjunta el listado de los bienes para la baja;

Que con oficio Nro. 016-DD9-2018 de 02 de agosto de 2018, la Directora Distrital 09D09 Tarqui-3 Educación, del Ministerio de Educación, manifestó a la Directora de

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 15

Logística Institucional subrogante, que luego de la visita de constatación de los bienes que se encuentran en la Coordinación Regional 5 de Guayaquil del Ministerio de Economía y Finanzas, indica que si recibirán los 23 bienes, mediante acta de transferencia de bienes gratuita, lo mismos que serán entregados a las instituciones educativas que pertenecen a esa Dirección;

Que mediante oficio Nro. 017-DD9-2018 de 03 de agosto de 2018, la Directora Distrital 09D09 Tarqui-3 Educación, del Ministerio de Educación, comunicó a la Directora de Logística Institucional subrogante, que en base al listado de los 23 bienes muebles declarados para la donación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Distrital 09D09 Tarqui 3 Educación, recibirán los 23 bienes en donación, mediante acta de transferencia de bienes gratuita fecha 01 de agosto de 2018;

Que con memorando No. MEF-MB-PA-2018-0015-M de 03 de agosto de 2018, el Ingeniero Pablo Alarcón, Asistente de la Dirección de Logística Institucional de este Ministerio, remitió el informe en el cual concluye que, «En vista de que lo bienes muebles considerados en el proceso de baja ya no son de utilidad para el Ministerio de Economía y Finanza; y, es necesario entrega el espacio físico destinado en la Coordinación Regional 5 Guayaquil Edificio del Gobierno Zonal ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Planta Baja y en vista de no contar con bodegas adecuadas donde puedan ser hacinados; se sugiere se considere la entrega de estos bienes en razón del interés demostrado por el Ministerio de Educación – Dirección Distrital 09D09 Tarqui-3 Educación, a fin de darlos en Transferencia Gratuita o Donación conforme los lineamientos de la Normativa Legal Vigente «;

Que mediante memorando Nro. MEF-CGAF-2018-0488-M de 24 de agosto de 2018, el Coordinador General Administrativo Financiero solicitó al Coordinador General Jurídico, se elabore el Acuerdo Ministerial que permita completar el proceso en cumplimiento de lo que establece el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, a favor del Ministerio de Educación, Dirección Distrital 09D09 Tarqui 3 Educación, para lo cual adjunta en forma física el expediente como los respaldos del proceso de transferencia gratuita; y,

En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 2 de la Ley en Beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales, y 77 y 166 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Publico,

Acuerda:

Art. 1.- Declarar obsoletos y fuera de uso veinte y tres bienes muebles (23), de propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas detallados en el anexo único, adjunto al informe contenido en el memorando No. MEF-MB-PA-2018-0015-M de 03 de agosto de 2018, con un valor total contable de USD 14,369.58, (CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con ^58/₁₀₀Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica);

Art. 2.- Disponer que se realice la transferencia gratuita, a través de la figura de la donación, de los bienes muebles objeto del presente Acuerdo, a la siguiente institución:

a. Dirección Distrital 09D09 Tarqui-3 Educación, Ministerio de Educación: 23 bienes muebles.

Art. 3.- Ordenar que en caso de que la institución no acepte la totalidad de los bienes que han sido declarados obsoletos y fuera de uso, se proceda a la donación directa a entidades del sector público interesadas en los bienes o a instituciones del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines de lucro.

Art. 4.- Disponer a la unidad del Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas que realice los ajustes necesarios en los registros de la Institución, en atención al contenido de los documentos que sirvieron como base para la elaboración del presente Acuerdo.

Art. 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su suscripción.

Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 31 de octubre de 2018.

f.) Econ. Santiago I vano v Naranjo Buitrón, Coordinador General Administrativo Financiero.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.-

Certifico fiel copia del documento original que reposa en la Dirección de Certificación y Documentación.- Fecha: 27 de diciembre de 2018.- f.) Director de Certificación y Documentación, Ministerio de Economía y Finanzas.- 4 fojas.

No. 0142

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Considerando:

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, una de las atribuciones de las ministras y ministros de Estado es: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el inciso primero del artículo 286 de la Constitución de la República, respecto al manejo de las finanzas públicas dispone: «Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno se conducirán deforma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica’;

Que el artículo 71 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: «La rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente rector del SINFIP’;

16 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Que el numeral 6 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que una de las atribuciones del ente rector del SINFIP es: «Dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIP y sus componentes «;

Que el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece como una de las etapas del ciclo presupuestario la Clausura y Liquidación Presupuestaria, y se dispone que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público, para lo cual el ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del Sector Público;

Que el inciso primero del artículo 121 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año y que después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos administrativos determinados por las entidades. Corresponderá, en el caso del Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores para el nuevo ejercicio fiscal en los términos que el Reglamento del presente Código establezca. Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas;

Que el artículo 122 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece: «Directrices.-El Ministerio de Finanzas emitirá las directrices que contendrán las normas e instrucciones específicas para la clausura y liquidación presupuestaria, que constituye la última fase del ciclo presupuestario»;

Que es necesario establecer las directrices presupuestarias, contables y de tesorería, para el cierre del ejercicio fiscal 2018 y apertura del ejercicio fiscal 2019, de todas las entidades que conforman el Sector Público no Financiero.

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;

Acuerda:

Art. 1.- Emitir las directrices de cierre del ejercicio fiscal 2018 y apertura del ejercicio fiscal 2019, constantes en los Anexos Nos. 1, 2, 3 y 4 del presente Acuerdo Ministerial, las cuales serán de cumplimiento obligatorio para las

entidades del sector público no financiero, de conformidad con el sector que corresponda y en función del siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DIRECTRICES

CIERRE DEL EJERCICIO 2018 Y APERTURA

DEL EJERCICIO FISCAL 2019

N°

ACTIVIDADES CIERRE 2018

FECHA

FECHAS VALIDADAS

Liquidar las

certificaciones

presupuestarias que no

se van a utilizar en lo

que resta del ejercicio

fiscal por parte de las

entidades del sector

público.

Hasta

el 30 de

noviembre

2018

Sub. de Presupuesto y Relaciones

Fiscales

Solicitar

modificaciones

presupuestarias de

traspasos entre ítems

de egresos permanentes

y no permanentes para

financiar los grupos

51 y 71 «Gastos en

Personal»

Hasta

el 30 de

noviembre

2018

Sub. de Presupuesto

Solicitar avales para procesos contractuales

y suscripción de

convenios de egresos

no permanentes

Hasta

el 30 de

noviembre

2018

Sub. de Presupuesto y Relaciones

Fiscales

Solicitar reformas

al Distributivo de

Remuneraciones

Unificadas por

ingreso de personal

de nivel profesional,

técnico y operativo

de conformidad con

la normativa legal

vigente.

Hasta

el 01 de

diciembre

2018

Sub. de Presupuesto

Registrar y aprobar

anticipos contractuales

de bienes y servicios de

consumo, Inversión y

capital.

Hasta

el 03 de

diciembre

2018

Sub. de Contabilidad

Autorizar y aprobar el pago de anticipos

contractuales de

bienes y servicios de

consumo, Inversión y

capital.

Hasta

el 03 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Ejecutar ingresos y egresos fuente 998

Hasta 05 de

diciembre

2018

Sub. de Presupuesto

Solicitar

modificaciones

presupuestarias para

regular los ingresos

generados por las

instituciones del PGE.

Hasta

el 07 de

diciembre

2018

Sub. de Presupuesto

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 17

Comunicar los montos

de recursos fiscales

asignados por el PGE

para el 2019 y el monto

estimado de entrega

de excedentes de las

Empresas Públicas – EP

de la función ejecutiva

Hasta

el 10 de

diciembre

2019

Sub. Relaciones Fiscales

Solicitar asignación y/o modificación de techos

para certificaciones presupuestarias plurianuales de

egresos permanentes

y no permanentes de entidades del PGE y de

aquellas que reciben transferencias del PGE.

Hasta

el 10 de

diciembre

2018

Sub. de Presupuesto y Relaciones

Fiscales

Las Empresas Públicas podrán solicitar transferencias de

recursos permanentes y no permanentes.

Hasta

el 12 de

diciembre

2018

Sub. Relaciones Fiscales

Aprobar certificaciones

presupuestarias

plurianuales para

egresos permanentes

y no permanentes de

las entidades del sector

público.

Hasta

el 13 de

diciembre

2018

Sub. de Presupuesto, y Relaciones

Fiscales

Reversar CURs

presupuestarios

y/o contables que

no constituyen

obligaciones de pago,

para que no generen

cuentas por pagar en

el siguiente ejercicio

fiscal.

Hasta

el 14 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Generar la nómina

de décima tercera

remuneración

acumulada y

mensualizada para

LOSEP, Código

de Trabajo y otros

regímenes laborales.

Hasta

el 17 de

diciembre

2018

Sub. de

Prepuesto y

Sub. de Tesoro

Autorizar el pago por

parte de las entidades

de los Gastos en

Personal y Décima

tercera remuneración

acumulada y

mensualizada de

diciembre, LOSEP

Hasta

el 18 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Autorizar el pago por

parte de las entidades

de los Gastos en

Personal y Décima

tercera remuneración

acumulada y

mensualizada de

diciembre, Código de

Trabajo.

Hasta

el 18 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Solicitar las demás

reformas al distributivo

de remuneraciones

unificadas con

excepción a las

señaladas en el

numeral 2

Hasta

el 21 de

diciembre

2018

Sub. de Presupuesto

Validar fondos

rotativos y para fines

específicos.

Hasta

el 21 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Solicitar

modificaciones

presupuestarias de

ingresos y egresos

Hasta

el 23 de

diciembre

2018

Sub. de Presupuesto

Solicitar

reprogramaciones

financieras de egresos

permanentes y no

permanentes

Hasta

el 23 de

diciembre

2018

Sub. de Presupuesto

Generar la nómina de

Fondos de Reserva de

diciembre de 2018.

Los responsables

de pagos de nómina

deberán comunicar

al personal que no

deberán modificar en

el mes de diciembre

del 2018 la modalidad

de acumulación o pago

mensual.

Hasta

el 23 de

diciembre

2018

Sub. de

Presupuesto, e

Innovación

Generar la nómina

del mes de diciembre

y décimo cuarta

remuneración

mensualizada y demás

tipos de nómina para

LOSEP y Código de

Trabajo.

Hasta

el 24 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Autorizar el pago de egresos en personal, nómina de diciembre

de 2018 y décimo

cuarta remuneración

mensualizada y demás

tipos de nómina.

Desde el

24 hasta

el 26 de

diciembre

Sub. del Tesoro

Aprobar las cajas

chicas de las

Instituciones del PGE.

Hasta

el 24 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Liquidar, rendir,

reponer y autorizar

el pago para fondos

rotativos y cajas chicas.

Hasta

el 26 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Autorizar pago por la

entidad para fondos

rotativos y para fines

específicos.

Hasta

el 26 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Autorizar pago por las

entidades del PGE para

cajas chicas.

Hasta

el 26 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

18 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Autorizar pago de

bienes y servicios de

consumo, gastos de

inversión y capital

Hasta

el 26 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Autorizar pago de rechazos.

Hasta las 11:00 del 27 de diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Declarar obligaciones

tributarias en el sistema

del SRI.

Hasta

el 27 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Liquidar, rendir y cerrar fondos para fines

específicos para las instituciones del PGE.

Hasta

el 28 de

diciembre

2018

Sub. de Contabilidad

Registrar en el eSIGEF

los valores recaudados

en las cuentas del BCE

por las entidades.

Hasta

el 28 de

diciembre

2018

Sub. del Tesoro

Registrar y aprobar ajustes contables.

Hasta

el 28 de

diciembre

2018

Sub. de Contabilidad

Cierre de herramientas

informáticas de

administración

financiera.

28 de diciembre 2018 a las

23:59

Sub. de Innovación

N°

ACTIVIDADES DE APERTURA 2019

FECHA

FECHAS VALIDADAS

Generar y aprobar

la PCC y PMD del

primer cuatrimestre,

de acuerdo a la

Programación

Financiera.

01 de enero 2019

Sub. de

Presupuesto e

Innovación

Apertura de las

herramientas

informáticas a las

entidades.

02 de enero 2019

Sub. de Innovación

Registrar valores

recaudados en las

cuentas del BCE desde

el 28 de diciembre de

2018.

A partir del

02 de enero

2019

Sub. del Tesoro

Visualizar el proyecto

de distributivo,

creación de enlaces

presupuestarios y

parametrización de

la especificación de

financiamiento en el

SPRYN.

Desde el 04alllde enero 2019

Sub. de

Presupuesto e

Innovación

Solicitar distributivos

de remuneraciones

mensuales unificadas

de servidores y

trabajadores con

nombramientos y

contratos indefinidos

de trabajo.

Desde el 04 al 11 de enero 2019

Sub. de Presupuesto

Solicitar

modificaciones

al distributivo de

remuneraciones

mensuales unificadas

institucionales por

ingreso de personal

del nivel profesional,

técnico y operativo

en concordancia

con las Directrices

Presupuestarias

y autorizaciones

emitidas conforme a la

normativa legal vigente

del MDT.

Desde el 07 al 11 de enero 2019

Sub. de Presupuesto

Registrar y aprobar

la capitalización del

resultado del ejercicio

anterior del patrimonio.

Desde el

07 al 31 de

enero de

2019

Sub. de Contabilidad

Art. 2.- Las fechas de las actividades anteriormente referenciadas no aplican para aquellos pagos que se tengan que ejecutar a los jubilados por concepto de compensación por desvinculaciones pendientes de pago, así como para los procesos correspondientes a proyectos de reconstrucción del terremoto del 16 de abril del 2016, y que son asignaciones presupuestarias que constan en el presupuesto de las entidades ejecutoras en el Programa 97 RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016.

Art. 3.- El Ministerio de Economía y Finanzas realizará las transferencias de recursos de conformidad con las fechas establecidas para el Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) y al numeral 36 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Art. 4.- Las directrices descritas en los Anexos Nos. 1, 3, y 4 serán referenciales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las Empresas Públicas y entidades públicas que transaccionan en el Sistema de Administración Financiera (eSIGEF), a fin de que realicen el cierre del ejercicio fiscal 2018 y la apertura del ejercicio fiscal 2019.

Art. 5.- Las directrices descritas en el Anexo No. 2 son obligatorias para las entidades del sector público que no forman parte del Presupuesto General del Estado (PGE), y efectuarán el cierre del ejercicio fiscal 2018 y la apertura del ejercicio fiscal 2019 observando el contenido de la normativa del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y su base legal específica.

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 19

Art. 6.- En función de las atribuciones que tiene el ente rector de las finanzas públicas, cualquier cambio, ajuste y/o excepción de fechas se lo ejecutará bajo la autorización del Viceministro de Finanzas.

Art. 7.- La inobservancia de estas disposiciones dará lugar a establecer las responsabilidades y sanciones establecidas en la normativa legal vigente.

Disposición única.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 26 de noviembre de 2018.

f) Mgs. Fabián A. Carrillo Jaramillo, Ministro de Economía Y Finanzas (s).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.-

No. 041

Lourdes Berenice Cordero Molina

MINISTRA DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución de la República el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

Que, el artículo 3 numeral 1 de la Constitución, dispone que el Estado ecuatoriano tiene, como uno de sus deberes primordiales, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos Humanos.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35 dispone que las niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; y que el estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad;

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo a su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Que, el artículo 76 de la Constitución, establece el derecho al debido proceso que impone a la autoridad administrativa garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes y el derecho a la defensa;

Que, según los artículos 44 y 45 de la Carta Fundamental, el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, incluyendo, entre éstos, su identidad, nombre y ciudadanía; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154, numeral 1, establece que: «A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión».

Que, el artículo 2.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños establece que: «1. los Estados Partes deberán respetar los derechos enunciados en la Convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales».

Que, el artículo 3 de la Convención de los derechos del niño, dispone que los Estados partes deben garantizar que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de ese Estado deberá tenerse una consideración el respeto y la garantía del interés superior del niño.

Que, el artículo 4 de la Convención de los derechos de los niños, establece que es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la presente Convención

Que, el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, determina que es un derecho de todas las niñas y niños a vivir con sus padres excepto en los casos que la separación sea necesaria para garantizar el interés superior del propio niño.

Que, el artículo 20.1 de la Convención, determina que es obligación del Estado garantizar la protección y cuidado de los niños que por cualquier razón hayan sido privados, temporal o definitivamente de su medio familiar.

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 79 numeral 2, reconoce la custodia familiar; y, el artículo 217, consagra las medidas de protección que deben adoptarse a favor del niño, niña y adolescente que se encuentre en situación de vulneración de sus derechos; entre otras, la orden de realizar las investigaciones necesarias para la

20 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

identificación y ubicación del niño, niña y adolescente o de sus familiares y el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal del niño, niña y adolescente; las medidas de custodia familiar y las judiciales de acogimiento familiar, institucional y la adopción.

Que, de conformidad con el Artículo 211 literales a), g), h) y k) del Código de la Niñez y Adolescencia, son obligaciones de las entidades de atención, promover las relaciones personales y directas con la familia e impulsar actividades que permiten el fortalecimiento del vínculo o la reinserción familiar en el menor tiempo posible; garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los documentos públicos de identidad; realizar todas las acciones sociales, legales y administrativas orientadas a definir y solucionar la situación física, psicológica, legal, familiar y social del niño, niña y adolescente; y, poner en conocimiento de la autoridad competente los cambios de estatus legal de los niños, niñas y adolescentes con el fin de que ésta adopte las medidas correspondientes.

Que, además de las obligaciones generales, las entidades de atención que ejecutan acogimiento familiar e institucional están sujetas a obligaciones específicas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 226 y 232 del Código de la Niñez y Adolescencia; y, entre ellas, están las de presentar a la autoridad competente el proyecto global de familia y el proyecto de atención integral al niño, niña o adolescente acogido y velar por su cumplimiento; procurar la superación de las causas que motivaron la medida; informar periódicamente a la autoridad competente la situación general del acogido o, en cualquier momento si cambian las circunstancias que motivaron la medida, para que ésta la ratifique, modifique o termine; y, el participar en el esclarecimiento de la situación jurídica del niño, niña o adolescente privado de su medio familiar.

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 220 ordena que durante la ejecución del acogimiento familiar se buscará «preservar, mejorar o fortalecer los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la inserción del niño, niña o adolescente a su familia biológica, involucrando a progenitores y parientes»; y el artículo 232 dispone que durante la ejecución del acogimiento institucional, la entidad responsable tiene la obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica o procurar su adopción.

Que, los artículos 268 y 269 del Código de la Niñez y Adolescencia, regulan las obligaciones especiales de la Policía y de la Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia respecto a los procedimientos a seguir para realizar las investigaciones encaminadas a identificar al niño, niña o adolescente y a ubicar la residencia de sus parientes;

Que, es obligación del juez ordenar la realización de investigaciones y búsqueda de los parientes de los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar, a cargo de la Fiscalía, la DINAPEN y otras unidades de la Policía Nacional y la Oficina Técnica, según las normas especiales de los artículos 268, 269 y 270 del Código de la Niñez y Adolescencia;

Que, en la ejecución de las medidas de protección y en la toma de decisión sobre su modificación y terminación se debe garantizar la participación del niño, niña o adolescente y de su familia, de acuerdo con los principios de la protección integral y las normas contenidas en los artículos 228 y 227 respectivamente del Código de la Niñez y Adolescencia.

Que, el artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «(…) El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo»;

Que, de conformidad al Acuerdo No. 080 de 9 de abril del 2015 que contiene el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES, se determina como misión institucional, definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria.

Que, en el Acuerdo Ministerial ibídem se incluyó la «Gestión de Adopciones y Esclarecimiento Legal», en la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal de la Subsecretaría de Protección Especial, estableciendo como uno de los productos y servicios la Gestión Interna del Esclarecimiento de la Situación Legal de Niñas, Niños y Adolescentes Privados de su Medio Familiar;

Que, en el referido Estatuto Orgánico , se estableció como atribuciones y responsabilidades de la Gestión de Servicios de Protección Especial Central, de la Gestión Zonal y de la Gestión Distrital las relativas a implementar a nivel territorial los planes, programas, proyectos, políticas, normativas, procedimientos, estrategias y servicios, dispuestos por el nivel central y coordinados por el nivel zonal, en el ámbito de su jurisdicción, dentro su ámbito de acción e implementar los mecanismos de control y evaluación de la calidad de los servicios públicos y privados de protección especial, que se ejecutan a nivel distrital; controlando el cumplimiento y evaluando los resultados de la política pública en los servicios públicos y privados que brindan servicios relacionados con su ámbito de acción

Que, mediante el informe técnico, la Subsecretaría de Protección Especial, argumentó, motivó y sustentó la emisión de un Acuerdo Ministerial; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 21

Acuerda:

Expedir el REGLAMENTO PARA EL

ESCLARECIMIENTO DE LA SITUACIÓN

PERSONAL, SOCIAL, FAMILIAR Y LEGAL DE

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUJETOS

DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.- El presente acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos y definir el procedimiento administrativo que permita determinar la situación personal, social, familiar y legal de las niñas, niños y/o adolescentes sujetos a custodia familiar, acogimiento familiar o institucional o a cualquier otra medida de protección que lo requiera, conforme al Código de la Niñez y Adolescencia.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El presente acuerdo tiene un alcance nacional y se aplica a todos los equipos técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, entidades públicas y privadas de rectoría del Ministerio que ejecutan servicios de acogimiento familiar y/o institucional, quienes coordinarán la aplicación de la presente norma con la Policía Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia, Fiscalía General del Estado, servidores de la función judicial y cualquier persona que conforme las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, tenga competencia para intervenir en la ejecución de una medida de protección.

Artículo 3.- Principios.- Sin perjuicio de la observancia general y obligatoria de los principios establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes; el proceso de esclarecimiento de la situación personal, social, familiar y legal de una niña, niño y/o adolescente se rige por los principios de prioridad absoluta, interés superior del niño, humanidad (pro persona), no discriminación, interculturalidad, apoyo prioritario a la familia, oportunidad, corresponsabilidad, participación, contradicción, imparcialidad, confidencialidad, tutela efectiva, priorización de la justicia frente a las formalidades y debido proceso en el ámbito administrativo y judicial.

Artículo 4.- Derechos de la niña, niño y adolescente en el proceso de esclarecimiento.- Además del conjunto de derechos constitucionales a los que tienen derecho todas las niñas, niños y adolescentes, en el proceso de esclarecimiento de la situación personal, social, familiar y legal, en todas sus fases, se les deben garantizar los siguientes derechos específicos:

A no ser institucionalizado si no es indispensable.
A la identidad, que comprende su derecho a la identificación, la búsqueda de madre, padre y de otros parientes;
A conocer la verdad sobre su situación y origen según su edad y desarrollo, así como, sobre la situación que motiva la medida de protección y las futuras acciones a seguir;

A obtener una decisión pronta y eficaz sobre su situación social, familiar y legal. .
A expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta de acuerdo a su desarrollo durante todo el trámite de esclarecimiento;

CAPÍTULO II

ESCLARECIMIENTO DE LA SITUACIÓN

PERSONAL, SOCIAL, FAMILIAR Y LEGAL

Artículo 5.- Definición.- El esclarecimiento de la situación personal, social, familiar y legal de las niñas, niños y adolescentes es un procedimiento a través del cual se obtiene información relevante sobre la situación física-psicológica, social, familiar y legal de las niñas, niños y adolescentes que hayan perdido temporal o permanentemente su medio familiar y está constituido por el conjunto de normas y procedimientos administrativos y/o judiciales que permitan establecer la real situación de las niñas, niños o adolescentes.

El esclarecimiento concluye con la resolución que dictan los jueces competentes, las juntas cantonales de protección de derechos y/o las autoridades competentes, de acuerdo la Ley y este reglamento respecto de la situación de la niña, niño y/o adolescente sobre su medio familiar.

Artículo 6.- Finalidades del esclarecimiento.- Las finalidades del esclarecimiento de la situación personal, social, familiar y legal son:

Dotar a las autoridades competentes de elementos técnicos suficientes para la toma de decisiones respecto de la niña, niño y/o adolescente de que se trate el proceso;
Garantizar los derechos constitucionales y legales de los niños, niñas y adolescentes, en la ejecución de las medidas de protección, y en el proceso de esclarecimiento de su situación personal, social, familiar, y legal;
Garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos de la niña, niño o adolescente; y,
Plrevenir o interrumpir la amenaza de ocurrencia de situaciones de vulneración de los derechos de la niña, niño o adolescente.

Artículo 7.- Componentes.- El esclarecimiento comprende el conjunto concatenado de actividades para indagar y obtener información relevante que permita la toma de decisiones respecto a cada uno de los siguientes componentes:

7.1. Situación Personal de la Niña, Niño y/o Adolescente. – La situación personal de la niña, niño y/o adolescente comprende el análisis sobre:

a) Nombres y apellidos completos de la niña, niño y/o adolescente, considerando la singularidad de cada niña, niño y adolescente y conforme el principio de su interés superior;

22 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Análisis de la condición física y situación de salud de la niña, niño y/o adolescente;
Análisis de la situación psicológica de la niña, niño o adolescente;
Opinión de la niña, niño y/o adolescente sobre su situación;
Necesidades específicas de protección de la niña, niño y adolescente.

7.2. Situación del Contexto Familiar de la Niña, Niño y/o Adolescente.- El componente sobre el contexto familiar del esclarecimiento incluye:

Resultados de la búsqueda de familiares;
Proceso de Intervención realizado con los miembros de la familia, de la niña, niño o adolescente.
Historia y composición familiar de la niña, niño y adolescente;
Análisis sobre la relación y vínculo de la niña, niño y adolescente con su madre, padre u otros parientes, que incluya su sentido de pertenencia con respecto a su familia;
Recursos socio-culturales con los que cuentan los miembros de la familia;
Condición de salud e identificación de problemáticas de los miembros de la familia nuclear y ampliada;
Necesidades familiares de apoyo y fortalecimiento;
Identificación de capacidades potenciales de uno o varios miembros de la familia para asumir el cuidado y protección de la niña, niño y/o adolescente;
Impedimentos temporales por parte de los miembros de la familia que interfieran en el cuidado de la niña, niño y/o adolescente;
Limitaciones no superables en los miembros de la familia para asumir de manera estable y permanente el cuidado y protección del niño, niña, adolescente;

7.3. Situación Social de la Niña, Niño y/o Adolescente. – el componente social del esclarecimiento comprende el análisis sobre:

Análisis sobre la situación socio-económica de la familia de la niña, niño y adolescente;
Análisis de la situación laboral y de vivienda de la familia de la niña, niño o adolescente;
Identificación de la situación de escolaridad de la niña, niño o adolescente;

Redes de apoyo (grupales, sociales, de protección e integración social, etc.) en el contexto de los miembros de la familia;
Mecanismos para la superación de condiciones socio económicas;
Análisis del entorno comunitario de la niña, niño y adolescente;

7.4. Situación Jurídica de la Niña, Niño y/o Adolescente. – La indagación sobre la situación jurídica de la niña, niño o adolescente comprende:

Verificación completa de la identidad de la niña, niño o adolescente y análisis sobre la filiación de la niña, niño o adolescente
Determinación de la existencia de procesos judiciales anteriores y vigentes respecto de los derechos específicos de la niña, niño o adolescente.
Determinación de quién ejerce la patria potestad,
Definición de quién ostenta la tenencia, cuidado, custodia o representación legal de las niñas, niños y adolescentes y el nivel de cumplimiento de esas obligaciones
Identificación de presuntos delitos contra las niñas, niños y/o adolescentes, acciones presentadas al respecto y situación actual.
Determinación de presunto conflicto con la ley penal de la niña, niño o adolescente.

Artículo 8.- Tipos.- El esclarecimiento será:

8.1.- Administrativo, cuando en el ejercicio de las funciones propias a sus actividades, la policía especializada, entidades de atención y cualquier otra autoridad administrativa, ejecuten acciones tendientes a establecer la situación real respecto de la niña, niño y/o adolescente para garantizar las condiciones para el ejercicio de sus derechos, previas a la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes; o, cuando el esclarecimiento ha sido ordenado por una Junta de Protección de derechos, o cualquier otra autoridad administrativa competente como medida de administrativa de protección;

8.2.- Judicial, si el esclarecimiento es resuelto por una jueza o juez dentro de un proceso o procedimiento judicial en el que se discutan los derechos de una niña, niño, o adolescente. En este caso el juez, dentro del ámbito de sus competencias jurisdiccionales, podrá ordenar conforme a derecho, la ejecución de las acciones de esclarecimiento, sin que ello implique la presentación de una demanda o el inicio de un proceso judicial autónomo.

Artículo 9.- Intervinientes.- En los procesos de esclarecimiento podrán intervenir la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia, las entidades de atención, los jueces de la niñez y adolescencia y sus equipos técnicos,

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 23fiscales especializados, las juntas cantonales de protección, y cualquier autoridad que tenga competencia en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y a las normas del presente instrumento.

Artículo 10.- Obligaciones de las entidades de atención en relación al esclarecimiento.- Las entidades de atención en el cumplimiento de sus obligaciones legales y respecto al esclarecimiento de la situación personal, familiar, social o legal del niño, niña y adolescente, deberán:

Escuchar la opinión del niño, niña y adolescente en el marco de sus derechos y conforme la Constitución
Disponer la medida administrativa de protección de acuerdo a lo estipulado en el código de la niñez y adolescencia.
Disponer la custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual deberá poner en conocimiento del juez para que disponga la medida de protección que corresponda;
Recabar, registrar e informar cualquier información relevante que pudiera aportar para la ubicación de los miembros de la familia del niño, niña y adolescente, y garantía de los derechos de la niña, niño o adolescente;
Elaborar informes preliminares en el plazo máximo de tres días desde el conocimiento del caso;
Elaborar el informe final del proceso de esclarecimiento y remitirlo a las autoridades competentes;
Garantizar la participación de la familia de la niña, niño y adolescente en todo el proceso de ejecución de la medida de protección, conforme y en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución.

CAPITULO III

DEL ESCLARECIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 11.- Proceso y fases del esclarecimiento administrativo.- Sin perjuicio de las medidas de contención inmediatas que corresponde tomar antes de adoptar cualquier medida de protección, el esclarecimiento de la situación personal, social, familiar y legal implica las siguientes fases:

11.1. Identificación inicial de la niña, niño y/o adolescente y su familia.- Son las investigaciones urgentes realizadas por la Policía Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes dirigidas a identificar a la niña, niño y/o adolescente que se encuentre en situación de riesgo, establecer la condición de vulneración o riesgo de vulneración de derechos en la que se encuentren niñas, niños y/o adolescentes, y a ubicar a familia biológica, nuclear o ampliada que pueda hacerse cargo de su cuidado integral, a fin de evitar la institucionalización e insertar a la niña, niño y/o adolescente en un medio familiar de protección.

En caso de encontrar referentes que puedan hacerse cargo del cuidado de la niña, niño y/o adolescente, la Policía Especializada, firmará el documento de constancia pertinente y pondrá en conocimiento de tal particular a los Servicios de Protección Especial del domicilio en el que se encuentren las niñas, niños y adolescentes, para que efectúen el seguimiento de la situación de la niña, niño y/o adolescente seguimiento que en ningún caso podrá ser menor de 3 meses.

De ser necesario, en el referido seguimiento podrá solicitarse la medida de protección que requiera la garantía de los derechos de las niñas, niños y/o adolescentes.

11.2. Valoración del estado médico y psicológico de la niña, niño y/o adolescente.- Realizada la identificación completa de la niña, niño y/o adolescente por parte de la DINAPEN, y sin perjuicio de que se hayan encontrado referentes familiares que puedan asumir el cuidado de la niña, niño y/o adolescente, la Policía especializada coordinará con los servicios de salud pública la evaluación de la niña, niño y/o adolescente y obtendrá un certificado médico y/o psicológico en el que se hará constar el diagnóstico preliminar y el posible tratamiento, en caso de ser necesario por la naturaleza de la situación, la documentación será anexada al parte policial y, en caso de que existan elementos presumibles de la existencia de un delito de acción pública, se pondrá en conocimiento de la autoridad competente tal particular, para el inicio de las acciones pertinentes. De dichas actuaciones, la DINAPEN deberá conservar las constancias documentales respectivas.

Con los resultados médicos y/o psicológicos, la policía especializada evaluará la pertinencia como último recurso de ingresar a la niña, niño y/o adolescente a un servicio de atención de acogimiento, solicitando la medida de protección pertinente. En caso de que la situación se verifique en días y horas no laborables, coordinarán el ingreso de la niña, niño y/o adolescente a las entidades de atención que registren disponibilidad de cupos más cercana al domicilio de la niña, niño y/o adolescente, sin perjuicio de que deban entregar a la entidad de atención, dentro de los 2 días hábiles posteriores, la medida de protección emitida en favor de la niña, niño y/o adolescente para la continuidad de la atención.

Las entidades de atención debidamente autorizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que conocieren de los referidos casos por ingreso de las niñas, niños y adolescentes a sus servicios, realizarán con la intervención de sus equipos técnicos, dentro de los tres días siguientes al ingreso, un informe completo en el que se realice una valoración objetiva de la situación o estado biopsicosocial de la niña, niño y/o adolescentes, que incluirá conclusiones sobre el tipo de asistencia o tratamiento que se requiera en cada caso, informe que deberá ser comunicado inmediatamente a la autoridad que conoce de la medida.

En caso de ser necesario podrá solicitar la asistencia psicológica o psiquiátrica especializada en las instituciones del Sistema de Salud Pública destinadas para tal efecto.

24 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Artículo 12.- Comprobación de la situación del contexto familiar y situación social de la Niña, Niño o Adolescente.- Realizada la valoración psicológica y médica y estabilizada la situación de la niña, niño o adolescentes sujeto de protección, los servicios de atención realizarán el estudio sobre su situación familiar y social.

Este informe contendrá por lo menos la identificación de los miembros de la familia de la niña, niño y/o adolescente; una descripción pormenorizada de las dinámicas de relacionamiento familiar; la información sobre la situación socio económica, la condición de salud, situación de vivienda, situación laboral y el nivel educativo y cultural déla familia; una descripción breve del historial de la familia en los servicios de protección y una valoración de la situación familiar. Así mismo el informe incluirá un apartado con conclusiones y recomendaciones.

Artículo 13.- Planes de Atención a la niña, niño y/o adolescente sujeto de protección y su Familia.- Con posterioridad a la emisión del informe sobre la situación familiar de la niña, niño y/o adolescente, los servidores públicos o trabajadores de la entidad de protección o atención, según sea el caso, en el término de tres días elaboraran con base en su contenido, los planes de atención integral a la niña, niño o adolescente y a su familia.

Estos instrumentos técnicos deberán ser desarrollados de acuerdo a la norma técnica emitida por la Dirección de Servicios de Protección Especial del MIES, y en ellas se detallarán cada una de las actividades y el tiempo de duración en el que serán ejecutadas, con la participación de la familia nuclear o ampliada.

Para su validez los planes de que trata el presente artículo deberán incluir firmas de responsabilidad de quienes lo ejecutan y de la familia, así como plazos perentorios para su cumplimiento.

Artículo 14.- Determinación de la situación jurídica de la niña, niño y/o adolescente.- Una vez se logre definir con claridad cuál es la situación familiar de la niña, niño y/o adolescente objeto del estudio, el equipo jurídico de la Dirección de Servicios del MIES o de la entidad de atención en la que se encuentre el Niño, Niña o Adolescente, elaborará los informes necesarios para determinar su real situación jurídica; proceso permanente que no culminará mientras no se hayan realizado todas las acciones jurídicas necesarias para reintegrar al niño a su medio familiar, o se haya obtenido una resolución definitiva del juez competente que garantice el cumplimiento del principio de interés superior.

El informe contendrá por lo menos, una verificación completa de su identidad, la determinación exacta de a quien está atribuida la custodia y quien es el responsable de su cuidado y el nivel de cumplimiento de esas obligaciones; y, si el niño, niña o adolescente está en situación de conflicto con la ley penal.

El informe sobre la situación jurídica de la Niña, Niño o Adolescente incluirá también la verificación de la existencia de otra u otras medidas de protección en su favor, así como otros procesos o acciones judiciales que involucren sus derechos.

Artículo 15.- Contenido de la Resolución.- El esclarecimiento concluye con la resolución administrativa emitida por la Dirección de Servicios de Protección Especial de la Subsecretaría de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con la responsabilidad conjunta de las entidades que ejecutan programas de acogimiento institucional.

Esta resolución contendrá las recomendaciones definitivas del equipo técnico sobre las medidas idóneas a ser adoptadas para restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que podrán comprender cualquiera de las siguientes alternativas:

Reinserción Familiar;
Cuidado del niño con su familia ampliada;
Tutela;
Cambio de medida de protección a favor del niño, niña o adolescente;
Acceso a servicios de desarrollo de capacidades de los miembros de la familia del niño, niña y adolescente;
Acceso a servicios de inclusión social para la madre, padre u otros parientes;
Proceso de Autonomía para adolescentes mayores de quince años;
Privación de Patria Potestad de uno o ambos progenitores, con declaratoria de adoptabilidad, de ser el caso;
Declaratoria de Adoptabilidad del niño, niña o adolescente;
Otras medidas sobre cumplimiento de obligaciones por parte de entidad de atención u otras instancias con responsabilidad en la búsqueda de miembros de la familia.

De esta resolución se remitirá copia a la Dirección Nacional de Adopciones y a las Unidades Técnicas de Adopción, para que estas dependencias efectúen el trámite correspondiente en los casos en los que se recomiende adopción.

Artículo 16.- Plazos.- El o los funcionarios encargados de realizar el esclarecimiento, tendrán un plazo máximo de 90 días para expedir la resolución, contados desde la fecha en la que la autoridad competente ordenó la medida de protección de derechos.

Artículo 17.- Articulación con la Función judicial. – La resolución administrativa de esclarecimiento y el informe de esclarecimiento de la situación social, familiar, psicológica y legal será remitida, al juez o autoridad que conozca el proceso de la niña, niño o adolescente para que sea tomado como prueba dentro de los procedimientos que se inicien o estén en curso relacionados con la restitución

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 25

de los derechos de los niños, pudiendo éste, de ser el caso, modificarlos, sustituirlos o revocarlos en uso de sus atribuciones legales.

Artículo 18.- Demanda de privación de la patria potestad (custodia) a solicitud de la Autoridad Administrativa o de la familia acogiente. En el caso de que la reinserción familiar no haya sido posible, o en el proceso de esclarecimiento no se haya encontrado ningún familiar de la niña, niño o adolescente que pueda asumir de manera permanente y estable su cuidado y protección, su representante legal iniciará mediante demanda el trámite del proceso de privación de la patria potestad y declaratoria de adoptabilidad según sea el caso.

CAPÍTULO IV

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTODE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 19.- Definición.- Se entiende como seguimiento a todo proceso realizado por el MIES para monitorear los avances de la situación psicosocial, familiar y jurídica de niñas, niños y adolescentes en cada área durante todo el tiempo en el que se encuentren en el servicio.

Artículo 20.- Del seguimiento legal.- El seguimiento se efectuará de forma integral, con todas las áreas, cuyos avances deberán reflejarse en los procesos legales de las niñas, niños y adolescentes. La gestión distrital y zonal de los servicios de protección especial, bajo la coordinación de la Dirección de Servicios de Protección Especial son responsables de efectuar, con las/os abogadas/os encargados de cada causa de las niñas, niños y adolescentes de la entidad de atención el seguimiento de la situación legal de las niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar.

Artículo 21.- Procesos Jurídicos.- En todos los procesos administrativos, judiciales, fiscales y de cualquier índole legal en los que se traten situaciones relativas a las niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar, la/ el representante legal o judicial de la entidad de atención tiene la obligación de realizar las diligencias destinadas a impulsar y resolver los casos.

Artículo 22.- De la asistencia jurídica en las causas de niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar.- Corresponde al abogado que patrocina las causas coordinar con el equipo técnico de la entidad de atención la presentación de los informes, escritos y demás herramientas necesarias para el impulso de los procesos legales.

Artículo 23.- Periodicidad del seguimiento.- El seguimiento realizado por parte del personal de protección especial del MIES con el abogado de los casos de las niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar será mensual, sin perjuicio de que pueda efectuarse en cualquier momento cuando el caso lo amerite.

Artículo 24.- Del impulso de las causas.- Es obligación de la/el representante legal y de todo el equipo técnico de la entidad de atención, impulsar el avance de los casos

de las niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar, informando al juez a la brevedad posible de los cambios que se presentan en la situación de las niñas, niños y adolescentes.

El no cumplimiento, cumplimiento tardío o la negligencia en el ejercicio de las disposiciones del inciso anterior, por parte de los funcionarios administrativos, equipos técnicos y representantes legales de las entidades de atención generara responsabilidad administrativa y civil conforme las disposiciones del Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Administrativo.

En los casos en los que hubiesen transcurrido 30 días desde la última actuación procesal, o en aquellos en los que se verifique del seguimiento que no se han propuesto o realizado los actos procesales necesarios para garantizar los derechos de la niña, niño o adolescente tendientes a la restitución de los derechos de los niños, los técnicos de esclarecimiento legal asignados sentarán tal razón en el instrumento establecido para dicho efecto y levantarán un acta haciendo constar el incumplimiento, con el cual el Director zonal emitirá la amonestación escrita de acuerdo al Art. 213 del Código de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de las sanciones de carácter administrativo conforme la Ley Orgánica de Servicio Público, si fuere del caso.

La entidad de atención tendrá el término de 5 días para efectuar las actuaciones correctivas, caso contrario el técnico remitirá una nueva acta al Director Distrital a fin de que efectúe la sanción correspondiente.

Artículo 25.- Del seguimiento psicosocial y familiar.- El seguimiento psicosocial y familiar se efectuará paralelamente con el seguimiento legal, y de la misma forma establecida en los artículos precedentes. El responsable de la entidad de atención con el que se efectuará el seguimiento será el profesional especializado de cada área.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Dirección de Servicios de Protección Especial asumir la atribución de la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal establecida en el numeral 2.1.1.4.3 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, únicamente respecto a la Gestión Interna del Esclarecimiento de la Situación Legal de Niñas, Niños y Adolescentes Privados de su Medio Familiar.

SEGUNDA.- Refórmese el nombre de la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal por el de Dirección Nacional de Adopciones.

TERCERA.- Disponer el traspaso de toda la documentación, archivo e información requerida para la ejecución de las competencias transferidas, para lo cual se deberán levantar y suscribir las respectivas actas de entrega recepción que contenga toda la documentación a ser transferida, debidamente foliada.

26 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Inclusión Económica y Social, deberá, en el plazo máximo de 90 días posteriores a la expedición del presente acuerdo, efectuar las gestiones necesarias a fin de que la Gestión Interna del Esclarecimiento de la Situación Legal de Niñas, Niños y Adolescentes Privados de su Medio Familiar, sea incluida en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES como parte de la Dirección de Servicios de Protección Especial.

SEGUNDA.- Disponer a los servicios que ejecutan programas de acogimiento, que en el plazo de 30 días desde la expedición de este reglamento se informe a la Subsecretaría de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre la situación actualizada de los procesos en los ámbitos personal, familiar, social y legal de cada una de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en servicios de atención de acogimiento institucional.

TERCERA.- Disponer a los abogados de esclarecimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación con los abogados de los servicios de acogimiento, que en el plazo improrrogable de treinta días desde la expedición del presente reglamento, efectúen las actuaciones tendientes a identificar las causas judiciales y administrativas referidas a cada niña, niño y adolescente que se encuentren en los servicios de acogimiento.

CUARTA.- Disponer a la Subsecretaría de Protección Especial a través de Dirección Servicios de Protección Especial, la elaboración de la norma técnica de los Planes de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescente sujetos de Protección y a sus Familias.

QUINTA.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social en el plazo máximo de diez días contados a partir de la expedición de este Acuerdo Ministerial, solicitará al Consejo de la Judicatura la derogatoria del Instructivo que regula el proceso para el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal para la declaratoria de adoptabilidad del niño, niña y adolescente de fecha 17 de septiembre de 2012, y expida uno nuevo acorde al contenido del presente reglamento.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese el Acuerdo Ministerial N°. 000194 de 21 de marzo de 2013, así como todas las disposiciones que se contrapongan a las constantes en el presente Acuerdo.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 12 de octubre de 2018

f.) Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social.

MIES.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.- SECRETARÍA GENERAL.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 13 de diciembre de 2018.- f.) Ilegible.

No. 0134-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2018

Ing. Jorge Oswaldo Troya Fuertes

DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 226, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, la Carta Fundamental del Estado, en su artículo 227, señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. «;

Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece: «El proceso de supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, funcionales y económicas de los organismos y dependencias estatales. Se realizará con la intervención de los Ministerios de Relaciones Laborales, de Finanzas; y, la institución o entidad objeto de la supresión depuestos, para las entidades del Gobierno Central»;

Que, el artículo 155 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que: «La autoridad nominadora, sobre la base de las políticas, normas e instrumentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, dentro del ámbito de sus competencias, la planificación estratégica institucional y el plan operativo del talento humano y la administración de procesos, podrá disponer por razones técnicas, funcionales y/o económicas, la reestructuración, la supresión o fusión de unidades, áreas o puestos de la institución, previo informe técnico favorable de la UATH, de lo cual, se informará al Ministerio de Finanzas para efectos de registro de los efectos generados en la masa salarial… «;

Que, el artículo 156 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que: «La supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, funcionales, de procesos y/o económicas de las instituciones, que se realizará previa aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales y del Ministerio de Finanzas, dentro del ámbito de sus competencias; será dispuesta por la autoridad nominadora, contando

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 27

previamente con el informe favorable de la UATH, y el cumplimiento de las políticas, normas, metodologías e instrumentos en esta materia emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales.

El Ministerio de Relaciones Laborales expedirá mediante resolución las políticas, normas e instrumentos relacionados con los procesos de supresión de puestos y desvinculación de servidores.

En caso de que por necesidades institucionales se requiera suprimir un puesto de libre nombramiento y remoción, la o el servidor que este en funciones deberá cesar de funciones y la vacante se procederá a suprimir. «;

Que, el artículo 285 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, expone que: «(…) Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional a que hubiere lugar. En caso de que la servidora o servidor hubiesen recibido indemnización por supresión de puestos o venta de renuncias y hubiere devuelto el valor de la misma, se tomarán en cuenta todos los años de servicios en el sector público, más si no hubiere procedido a hacerlo y ésta o éste reingresó legalmente a laborar en el sector público, sólo se tomarán en cuenta los años de servicios laborados a partir de la fecha de su reingreso. (…) «;

Que, Con Oficio N° MDT-SFSP-2018-2011 de fecha 29 de noviembre del 2018, el Ministerio del Trabajo, aprobó la Planificación del Talento Humano 2018 de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación -DIGERCIC, en la cual se evidencian supresión de puestos por excedente de la medición de la carga laboral en el levantamiento de las planillas de talento humano.;

Que, mediante Oficios No. 2018-0205-DIR-G y 2018-0225-DIR-G de 13 y 21 de diciembre de 2018, respectivamente, el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, solicitó al Ministerio del Trabajo, la supresión de (36) puestos de la entidad, con sustento en el Informe Técnico N° DIGERCIC-CGAF-DARH-0243-I, de fecha 13 de diciembre de 2018;

Que, mediante Oficio N° MDT-SFSP-2018-2129, de fecha 21 de diciembre de 2018, el Ministerio del Trabajo, solicito dictamen presupuestario para 36 supresiones de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, al Ministerio de Economía y Finanzas. A lo cual, mediante Oficio N° MEF-VGF-2018-0725-O de fecha 26 de diciembre de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas emite el dictamen presupuestario favorable, para la supresión de (36) puestos de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación – DIGERCIC-, por un monto de $ 1.525.297,50 (un millón quinientos veinte y cinco mil doscientos noventa y siete con 50/100 dólares).;

Que, el 26 de diciembre de 2018, la Directora Financiera de la institución, mediante memorando No. DIGERCIC-DF.PR-2018-0083-M, emitió certificación presupuestaria con afectación a la siguiente partida No. 710702.001 correspondiente a Supresión de Puesto, por el valor de USD. 1.525.297,50 (un millón quinientos veinte y cinco mil doscientos noventa y siete con 50/100 dólares);

Que, el 28 de diciembre de 2018, mediante Oficio N° MDT-SFSP-2018-2202, el Ministerio del Trabajo, comunicó al Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la aprobación de la supresión de 36 puestos de la institución que preside, en base a la Resolución N° MDT-SFSP-2018-0000078 y Lista de Asignaciones que se incorpora al mencionado oficio.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, y por el artículo 21 del Decreto No. 08 publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto de 2009,

Resuelve:

Artículo 1.- Suprimir los 36 puestos de carrera de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, según la Lista de Asignaciones que se incorpora al presente instrumento como ANEXO 1.

Artículo 2.- Notificar a los funcionarios titulares de los puestos a ser suprimidos el cese de funciones, por medio de la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Artículo 3.- Indemnizar a las personas establecidas en la Lista de Asignaciones – ANEXO 1 – de acuerdo a los montos calculados por la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, según los casos y de conformidad con las normas pertinentes aplicables a la materia.

Artículo 4.- Delegar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera, o quien haga sus veces, para que suscriba las respectivas acciones de personal y todos aquellos instrumentos necesarios que sean resultados de la ejecución del presente proceso de supresión de partidas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Segunda.- Por medio de la Unidad de Gestión de Secretaría de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación notifíquese con el contenido de la presente Resolución al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Finanzas, Subdirector General, a las y los Coordinadores Generales, a la Directora de Administración de Recursos Humanos, a la Directora Financiera de la DIGERCIC; así como el envío al Registro Oficial para su correspondiente publicación.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de diciembre de 2018.

f.) Ing. Jorge Oswaldo Troya Fuertes, Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN.- Certifico que es fiel copia del original.-f.) Coordinadora de la Unidad de Secretaría.- 04 de enero de 2019.

28 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 29

30 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 31

No. 477-2018-G

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN

MONETARIA Y FINANCIERA

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226, dispone: «(…) las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines (…).»;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece: «Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores»;

Que el artículo 21 ibídem, determina: «Los actos de la Junta gozan de la presunción de legalidad y se expresarán mediante resoluciones que tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial, salvo aquellas respecto de las cuales la propia Junta, en razón de la materia, disponga que rijan desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación posterior en el Registro Oficial. En estos casos, esas resoluciones serán publicadas en el sitio web de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde su expedición, excepto aquellas calificadas como reservadas. La Junta, para la formación y expresión de su voluntad política y administrativa, no requiere del concurso de un ente distinto ni de la aprobación de sus actos por parte de otros órganos o instituciones del Estado. «;

Que el artículo 36 numeral 28 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece como atribución del Banco Central del Ecuador: «Actuar como agente fiscal, financiero y depositario de recursos públicos»;

Que el primer inciso del artículo 41 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: «Operaciones financieras del sector público no financiero. Las instituciones, organismos y empresas del sector público no financiero deberán efectuar por medio del Banco Central del Ecuador, o las cuentas de éste, todos los pagos que tuvieren que hacer, así como todas las operaciones financieras que requieran, de acuerdo con las regulaciones y excepciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera «;

Que el segundo inciso del artículo 140 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera autorizará la apertura y mantenimiento de cuentas en el exterior, para el uso de las entidades del sector público, previo informes favorables del ente rector de las finanzas públicas y del Banco Central del Ecuador;

Que el último inciso del artículo 163 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que la República del Ecuador previa autorización del Ente Rector de las Finanzas Públicas, podrá aperturar y mantener en el exterior, cuentas de depósito fijo o a la vista, para gestionar, conceder o realizar pagos, endeudamiento, inversión e interés de seguridad;

Que el artículo 170 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que, el Ministerio de Economía y Finanzas coordinando con el Banco Central del Ecuador autorizará la apertura y mantenimiento en el exterior de cuentas, para gestionar, conceder o realizar pagos, endeudamiento, inversión e interés de seguridad. Por lo cual el Banco Central del Ecuador, actuará como agente financiero;

Que la Disposición General Primera del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que cualquiera que sea el origen de los recursos, las entidades y organismos del sector público no podrán crear cuentas, fondos u otros mecanismos de manejo de ingresos y egresos que no estén autorizadas por el ente rector de las finanzas públicas;

Que mediante Oficio No. DBCE-1229-2012 de 4 de diciembre de 2012, el secretario General del Directorio del Banco Central del Ecuador, comunicó a la Gerente General a la fecha Licenciada Ruth Arregui Solano, que en sesión ordinaria de 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2012, resolvió autorizar a la Gerencia General para que realice las gestiones necesarias para la suscripción e implementación de los Convenios Suplementario de la Línea I, II y II, que se firmaran con el China Development Bank Corporation (CDB), en Beijing, China, el 10 de diciembre de 2012;

Que mediante oficio No. MINFIN-DM-2016-0129 de 15 de abril de 2016, el Ministerio de Finanzas, se pronunció en forma favorable para que el Banco Central del Ecuador pueda autorizar la apertura de las respectivas cuentas, y solicitó realizar el trámite pertinente a efectos de que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, de considerarlo pertinente emita la respectiva autorización de apertura de cuentas en el exterior;

Que mediante Resolución No. 237-2016-G de 17 de abril de 2016, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por medios tecnológicos, autorizó la apertura de cuentas en el Banco de Desarrollo de China con la finalidad de instrumentar la operación que se suscribió entre la República del Ecuador y el referido Banco;

Que con Resolución No. 238-2016-G de 17 de abril de 2016, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante sesión extraordinaria por medios tecnológicos, autorizó la apertura de cuentas en el Banco de Desarrollo de China con la finalidad de que a través de las mismas, se reciban los flujos del contrato de compra venta de petróleo crudo que suscribirá EP PETROECUADOR con PETROCHINA; así como del contrato de compraventa de petróleo crudo vigente con UNIPEC ASIA CO. LTD;

Que mediante Oficio No. MEF-SFP-2018-0803-O de 06 de diciembre de 2018, el Subsecretario de Financiamiento

32 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Público, del Ministerio de Economía y Finanzas Econ. Gonzalo Maldonado, comunica al Banco Central del Ecuador que: «con el Banco de Desarrollo de China, me permito indicar que se utilizarían las mismas cuentas utilizadas en la línea de crédito suscrita con el banco antes mencionado el 20 de diciembre de 2012 (…) «;

Que con Acta Resolutiva No. 19 de 07 de diciembre de 2018, el Comité de Deuda y Financiamiento, en su artículo 1 resolvió: «Autorizar la contratación de la Línea V de Préstamo del China Development Bank (CDB) a la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento del Programa de Preservación de Capital y de programas y proyectos de inversión incluidos en el Plan Anual de Inversiones, por un Tramo A de hasta USD 675.000.000,00 y un Tramo B de hasta RMB 1.530.000.000,00., sobre la base del informe técnico contenido en el Memorando No. MEF-SFP-2018-0396 de 6 de diciembre de 2018, y el criterio jurídico contenido en el Memorando No. MEF-CGJ-2018-0953 de 6 de diciembre de 2018»;

Que mediante Memorando No. MEF-STN-2018-0960 de 07 de diciembre de 2018, la Subsecretaría del Tesoro Nacional se pronunció ante el requerimiento efectuado por la Subsecretaría de Financiamiento Público, indicando que: «En virtud de la normativa indicada y considerando los factores de tiempo, costo y eficiencia operativa requeridos para la nueva operación de crédito, se determina que es viable desde el punto de vista legal y técnico, la utilización de las cuentas de la Línea II del crédito Banco de Desarrollo de China abiertas el 20 de diciembre de 2012, en la actual Línea V del crédito en proceso (…) De otra parte, la utilización de las mismas cuentas de la Línea II, no dificulta el registro presupuestario y contable que deben realizar tanto PETROECUADOR EP como el Ministerio de Economía y Finanzas, dado que la primera operación se encuentra pagada de manera anticipada. «;

Que con Oficio No. PETRO-PGG-2018-0195-O de 07 de diciembre de 2018, el Gerente General de PETROECUADOR, en respuesta al Oficio No. MEF-SFP-2018-0805-O de 6 de diciembre de 2018 del Ministerio de Economía y Finanzas indica que: «es necesario que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emita la autorización correspondiente, para que la cuenta bancaria abierta en el China Development Bank – CDB No. NRAW 3710 8400 0000 3107 0000 a nombre de EP PETROECUADOR, sea utilizada para la recaudación de la facturación petrolera atada a la operación de financiamiento Línea V. «;

Que mediante Memorando No. MEF-VGF-2018-0146-M de 08 de diciembre de 2018, el Viceministro de Finanzas solicitó al Banco Central de Ecuador: «(…) se realicen los trámites correspondientes para obtener la autorización por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, toda vez que las obligaciones pendientes de la Línea II fueron canceladas de manera anticipada por el Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de septiembre de 2018 y que las cuentas mencionadas se encuentran en plena vigencia en el CDB. «;

Que en el Memorando No. MEF-VGF-2018-0146-M de 08 de diciembre de 2018, el Viceministro de Finanzas concluye que «considerando los factores de tiempo, costoy eficiencia operativa requeridos para la nueva operación de crédito, y una vez que existen los criterios técnicos y legales favorables de las áreas pertinentes del Ministerio de Economía y Finanzas, esta Cartera de Estado se pronuncia en forma favorable sobre la utilización de dichas cuentas para la Línea V con el CDB «;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 13 de diciembre de 2018, en esta fecha, conoció y aprobó autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas y a EP PETROECUADOR a utilizar las cuentas que ya se encuentran aperturadas en el Banco de Desarrollo de China, con la finalidad de instrumentar la operación que se suscribirá entre la República del Ecuador y el Banco en mención; y,

En ejercicio de sus funciones,

Resuelve:

Artículo Único: Incorporar dos artículos en el Capítulo III «De las Autorizaciones», Título I «De la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera», Libro Preliminar «Disposiciones Administrativas y Generales», de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera:

Art. (…) «Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas y a EP PETROECUADOR a utilizar las siguientes cuentas que ya se encuentran aperturadas en el Banco de Desarrollo de China, con la finalidad de instrumentar la operación que se suscribirá entre la República del Ecuador y el Banco en mención:

(Cuenta 1) Desembolsos

Tramo A en USD

NRAW 37108400000039390000

(Cuenta 2) Desembolsos

Tramo B en CNY

NRAW 37101560031677120000

(Cuenta 3) Pagos de Servicio de Deuda

Tramo en CNY

NRAW 37108400000039390000

(Cuenta 4) Cuenta de Ingresos de PETROECUADOR NRAW 37108400000031070000.»

Art. (…) «Autorizar al Banco Central del Ecuador realizar las gestiones necesarias para la implementación de las cuentas relacionadas a «eventos administrativos» para la Línea V.»

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 33

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de diciembre de 2018.

EL PRESIDENTE,

f.) Econ. Fabián Carrillo Jaramillo.

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Econ. Fabián Anibal Carrillo Jaramillo, Ministro de Economía y Finanzas, Subrogante – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el 13 de diciembre de 2018-LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO.

f.) Ab. Ricardo Mateus Vásquez.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA.- JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA.- Quito, 28 de diciembre de 2018.- Es copia del documento que reposa en los archivos de la Junta.- Lo certifico.- f.) Ab. Ricardo Mateus Vásquez.

No. 479-2018-F

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN

MONETARIA Y FINANCIERA

Considerando:

Que el artículo 285, en sus numerales, señala que la política fiscal tendrá como objetivos específicos: el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;

Que el artículo 302, en el numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador establece como uno de los objetivos de las políticas monetaria, crediticia, cambiaría y financiera, el promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución;

Que el artículo 303 de la norma ibídem se indica que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaría y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central del Ecuador. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero y sus reformas crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores; y determina su conformación;

Que el artículo 14, numeral 23 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina entre las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establecer niveles de crédito, tasas de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras, que podrán definirse por segmentos, actividades económicas y otros criterios;

Que el artículo 16 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que los organismos de control, el Banco Central del Ecuador y la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán preparar y proponer a la Junta o a pedido de ésta, planes, estudios, análisis, informes y propuestas de políticas y regulaciones;

Que el artículo 21 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que los actos de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera gozan de la presunción de legalidad y se expresarán mediante resoluciones que tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial, salvo aquellas respecto de las cuales la propia Junta, en razón de la materia, disponga que rijan desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación posterior en el Registro Oficial. En estos casos, esas resoluciones serán publicadas en el sitio web de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde su expedición, excepto aquellas calificadas como reservadas. La Junta, para la formación y expresión de su voluntad política y administrativa, no requiere del concurso de un ente distinto ni de la aprobación de sus actos por parte de otros órganos o instituciones del Estado;

Que el artículo 27 ibídem, determina que el Banco Central del Ecuador tiene por finalidad la instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaría y financiera del Estado, mediante el uso de los instrumentos determinados en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y la ley;

Que el artículo 36 del referido cuerpo normativo establece entre otras funciones del Banco Central del Ecuador en su numeral 24 monitorear el cumplimiento de las tasas de interés aprobadas por la Junta;

Que el artículo 36 numeral 40 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece como función del Banco Central del Ecuador, las demás que le asigne la ley y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que el artículo 118 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez

34 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

para garantizar la eficacia de la política monetaria enfocada en la consecución de los objetivos establecidos en este Código. Asimismo, establecerá y regulará los instrumentos de política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de liquidez, proporción de la liquidez doméstica y la composición de la liquidez total, tasas de interés, operaciones de mercado abierto y ventanilla de redescuento, entre otros. La implementación de estos instrumentos se la hará a través del Banco Central del Ecuador;

Que el artículo 130 del citado Código dispone que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá fijar las tasas máximas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley, de conformidad con el artículo 14 numeral 23 del referido Código;

Que mediante Suplemento del Registro Oficial No. 309 de 21 de agosto de 2018, se publicó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que modificó el numeral 12 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador;

Que el numeral 12 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, establece que: «Los pagos realizados al exterior, por concepto de la amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por intermediarios financieros públicos o privados u otro tipo de instituciones que operen en los mercados internacionales, debidamente calificadas por los entes de control correspondientes en el Ecuador, a un plazo de 360 días calendario o más, vía crédito, depósito, compra-venta de cartera, compra-venta de títulos en el mercado de valores, que sean destinados al financiamiento de microcrédito o inversiones productivas. En estos casos, la tasa de interés de dichas operaciones deberá ser igual o inferior a la tasa referencial que sea definida mediante resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En caso de que la tasa de interés del financiamiento supere a la tasa referencial establecida por la Junta, no aplica esta exoneración al pago de intereses correspondientes al porcentaje que exceda dicha tasa referencial»;

Que mediante oficio No. JPRMF-0441-2018 de 8 de noviembre de 2018, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) solicita al Banco Central del Ecuador emitir el análisis y criterio correspondiente al numeral 1 del oficio No. 0756-CABR-AN-2018 de 3 de octubre de 2018, referente a la modificación del numeral 12 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador;

Que mediante Informe Técnico No. BCE-SGPRO-154/ DNPRMF-062-2018 de 27 de noviembre de 2018, suscrito por la Subgerente de Programación y Regulación Monetaria y Financiera y la Dirección Nacional de Programación y Regulación Monetaria y Financiera del Banco Central del Ecuador, recomendaron que: «Sobre la base de lo expuesto se recomienda que para efectos de exención del Impuesto a la Salida de Divisas señalado en el numeral 12 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, se aplicará la tasa de interés máxima referencial que será la correspondiente a la tasa activa referencial más 0,25 puntos porcentuales «;

Que mediante Informe Jurídico No. BCE-CGJ-073-2018 de 27 de noviembre 2018, el Coordinador General Jurídico del Banco Central del Ecuador, concluye: «De lo expuesto, se establece que en apego a las atribuciones y responsabilidades del Banco Central del Ecuador, así como, en concordancia a lo establecido y analizado en el presente Informe Legal, se observa y constata que la propuesta de Resolución enviada, cuya procedencia legal ha sido analizada en el presente informe y que se encuentra como anexo a este documento, es necesario para poder proponer a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera un proyecto de resolución que permita contar con una tasa de interés referencial para la exoneración del cobro del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) respecto de las operaciones crediticias en el exterior destinadas al financiamiento de microcrédito o inversiones productivas «;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos, convocada el 13 de diciembre de 2018, en esta fecha, conoció y aprobó el texto de la presente resolución;

En ejercicio de sus funciones,

Resuelve:

ARTÍCULO ÚNICO.- En la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Libro I «Sistema Monetario y Financiero», Capítulo XI «Sistema de Tasas de Interés y Tarifas del Banco Central del Ecuador», Sección II «De las tasas de interés», Subsección IV «Tasas de interés para operaciones especiales», incorpórese posterior al artículo 27 el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 28.- Para efectos de exención del Impuesto a la Salida de Divisas señalado en el numeral 12 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, se aplicará la tasa de interés máxima referencial que será la correspondiente a la tasa activa referencial más 0,25 puntos porcentuales.»

DISPOSICIÓN GENERAL.- Codifíquese la presente resolución y reenumérese los artículos que correspondan.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de diciembre de 2018.

EL PRESIDENTE,

f.) Econ. Fabián Carrillo Jaramillo.

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Fabián Aníbal Carrillo, Ministro de Economía y Finanzas, Subrogante – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de diciembre de 2018.- LO CERTIFICO.

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 35

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO.

Ab. Ricardo Mateus Vásquez.

No. 481-2018-S

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN

MONETARIA Y FINANCIERA

Considerando:

Que el inciso primero del artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores;

El artículo 14 numeral 53 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece, entre las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, determinar el valor de la cobertura que se pague con cargo al Fondo de Seguros Privados;

Que el artículo 344 del Código ibídem, establece que estarán protegidos por la cobertura del seguro de seguros privados, los asegurados del sector público y privado que tengan pólizas vigentes, con la totalidad de la prima cancelada, en las empresas del sistema de seguro privado; y, que el Fondo de Seguros Privados cubrirá, dentro del monto establecido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el valor de los siniestros pendientes de pago a la fecha de la liquidación forzosa;

Que el artículo 85 numeral 11 del cuerpo legal antes invocado, determina que es función del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados proponer a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el monto de la cobertura del Seguro de Seguros Privados;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la Resolución No. 174-2015-S de 21 de diciembre de 2015, contentiva de las Normas Generales del Fondo de Seguros Privados, en cuyo artículo 6 establece que la COSEDE pagará el Seguro de Seguros Privados en función de la capacidad del Fondo de Seguros Privados, hasta el monto protegido total de USD 1.500,00 por asegurado o beneficiario, el mismo que deberá ser revisado al menos anualmente por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de conformidad con los niveles de

desempeño del Fondo de Seguros Privados, la siniestralidad del sistema de seguro privado y el nivel de riesgo de las empresas de seguros;

Que con Resolución No. 374-2017-S de 18 de mayo de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dispuso mantener durante el año 2017 el monto protegido total de USD 1.500,00 por asegurado como cobertura del Seguro de Seguros Privados;

Que las Resoluciones Nos. 174-2015-S de 21 de diciembre de 2015 y 374-2017-S de 18 de mayo de 2017 se encuentran codificadas en el Libro III «Sistema de Seguros Privados», Título V «Del Fondo de Seguros Privados», Capítulo I «Normas Generales del Fondo de Seguros Privados», de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados en sesión ordinaria por medios tecnológicos de 30 de noviembre de 2018, resolvió remitir, para conocimiento y aprobación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el informe técnico de la Coordinación Técnica de Riesgos y Estudios No. CTRE-FSP-2018-002 de 21 de noviembre de 2018; y, el informe jurídico de la Coordinación Técnica de Protección de Seguros y Fondos, contenido en el memorando No. COSEDE-CPSF-2018-0210-M de 27 de noviembre de 2018, relacionados a la revisión del valor de cobertura del Fondo de Seguros Privados;

Que mediante oficio No. COSEDE-DIR-2018-0070-O de 05 de diciembre de 2018, la Presidenta del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados remitió a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el informe técnico No. CTRE-FSP-2018-002 de 21 de noviembre de 2018, de la Coordinación Técnica de Riesgos y Estudios; e, informe jurídico contenido en el memorando No. COSEDE-CPSF-2018-0210-M de 27 de noviembre de 2018, de la Coordinación Técnica de Protección de Seguros y Fondos que sustentan la propuesta sobre la revisión de la cobertura del seguro de seguros privados para las empresas del sistema de seguros privados;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por medios tecnológicos, convocada el 13 de diciembre de 2018, en esta fecha, conoció y resolvió agregar la Disposición Transitoria Sexta en el Libro III «Sistema de Seguros Privados», Título V «Del Fondo de Seguros Privados», Capítulo I «Normas Generales del Fondo de Seguros Privados», de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y,

En ejercicio de sus funciones,

Resuelve:

ARTICULO ÚNICO.- En el Libro III «Sistema de Seguros Privados», Título V «Del Fondo de Seguros

36 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Privados», Capítulo I «Normas Generales del Fondo de Seguros Privados», de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, agréguese la siguiente Disposición Transitoria:

«SEXTA.- Mantener, hasta el 31 de diciembre de 2019 el monto protegido total de USD 1,500.00 por asegurado o beneficiario como cobertura del Seguro de Seguros Privados»

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de diciembre de 2018.

EL PRESIDENTE,

f.) Econ. Fabián Carrillo Jaramillo.

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Fabián Carrillo Jaramillo, Ministro de Economía y Finanzas, Subrogante – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de diciembre de 2018.- LO CERTIFICO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

f.) Ab. Ricardo Mateus Vásquez.

No. 482-2018-S

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN

MONETARIA Y FINANCIERA

Considerando:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores;

Que los numerales 3 y 10 del artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que la

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados tiene como funciones, entre otras, administrar el Fondo de Seguros Privados y los recursos que lo constituyen; y, cubrir los riesgos de las empresas del seguro privado legalmente constituidas en el país que entren en liquidación forzosa;

Que la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 986 de 18 de abril de 2017, sustituyó el artículo 349 del Código Orgánico Monetario y Financiero, respecto de los recursos que constituyen el Fondo de Seguros Privados, estableciendo en el último inciso que dichos recursos se acumularán hasta el monto que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sobre la base del informe técnico que será elaborado y presentado por la Corporación;

Que mediante Resolución No. 383-2017-S de 22 de mayo de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la Norma para Fijar la Contribución al Fondo de Seguros Privados;

Que mediante Resolución No. 421-2017-S de 20 de diciembre de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió determinar el monto hasta el cual debe acumularse el Fondo de Seguros Privados; y, en su Disposición General, se estableció que la COSEDE presentará anualmente a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera un informe técnico en donde se revise dicho monto;

Que el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados en sesión ordinaria por medios tecnológicos de 30 de noviembre de 2018, resolvió remitir para conocimiento y aprobación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el informe técnico de la Coordinación Técnica de Riesgos y Estudios No. CTRE-FSP-2018-003 de 21 de noviembre de 2018; y, el informe jurídico de la Coordinación Técnica de Protección de Seguros y Fondos, contenido en el memorando No. COSEDE-CPSF-2018-0208-M de 27 de noviembre de 2018, relacionados a la revisión del monto hasta el cual debe acumularse el Fondo de Seguros Privados;

Que la Presidenta de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, mediante oficio No. COSEDE-DIR-2018-071-O de 5 de diciembre de 2018, dirigido al Ministro de Economía y Finanzas, remite el informe técnico No. CTRE-FSP-2018-003 de 21 de noviembre de 2018 de la Coordinación Técnica de Riesgos y Estudios; e, informe jurídico contenido en el memorando No. COSEDE-CPSF-2018-0208-M de 27 de noviembre de 2018, de la Coordinación Técnica de Protección de Seguros y Fondos, relativos a la revisión del monto hasta el cual debe acumularse el Fondo de Seguros Privados;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por medios tecnológicos, convocada el 13 de diciembre de 2018, en esta fecha, conoció y aprobó el texto de la presente resolución;

En ejercicio de sus funciones,

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 37

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- En el Libro III «Sistema de Seguros Privados», Título V «Del Fondo de Seguros Privados», Capítulo III «Norma para Determinar el Monto del Patrimonio del Fondo de Seguros Privados» de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Sustitúyase el artículo uno por el siguiente:

«ARTÍCULO UNO- Determinar en USD 64.000.000,00 (Sesenta y cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América 00/100) el monto hasta el cual se acumulará el patrimonio del Fondo de Seguros Privados. «

ARTÍCULO 2.- En el Libro III «Sistema de Seguros Privados», Título V «Del Fondo de Seguros Privados», Capítulo III «Norma para Determinar el Monto del Patrimonio del Fondo de Seguros Privados» de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Deróguese la Disposición Transitoria Primera.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de diciembre de 2018.

EL PRESIDENTE,

f.) Econ. Fabián Carrillo Jaramillo.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO.

f.) Ab. Ricardo Mateus Vásquez.

No. R.I.-SERCOP-2018-00000 0481-A

LA DIRECTORA GENERAL SERVICIO

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Las instituciones del Estado,

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento Oficia No. 100 de 14 de octubre de 2013, creó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 145, de 6 de septiembre de 2017, se designó a la economista Silvana Vallejo Páez, como máxima autoridad institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública;

Que, de conformidad con el numeral 9^a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública la delegación: «Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado.

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública.

La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que sea aplicable.

En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia «;

Que, el artículo 4 del Reglamento General Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – RGLOSNCP-dispone que en aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en dicho Reglamento General;

Que, el numeral 3 y 4 del artículo 7 del RGLOSNCP establecen que el Director General es la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública, y tiene la atribución de la administración del SERCOP, además de emitir la normativa que se requiera para el funcionamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública- SNCP y del SERCOP, que no sean competencia del Directorio;

38 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Que, el artículo 78 del Reglamento antes mencionado establece que el SERCOP conjuntamente con las Entidades Contratantes, conformarán una Comisión Técnica responsable de las fases de aclaraciones y calificación de los proveedores y sus ofertas, que estará integrada por un delegado del Director Ejecutivo del SERCOP, quien la presidirá y tendrá voto dirimente;

Que, mediante Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 el SERCOP expidió la: «Codificación Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública»;

Que, el artículo 384 de la referida Codificación, establece que: «Para efectos de llevar a cabo el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos se conformará una Comisión Técnica de conformidad con el artículo 78 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Actuará como secretario o secretaria la Coordinadora o Coordinador General de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado. «;

Que, con fecha 22 de octubre de 2018, se contrata al señor abogado Iván Alberto Tobar Torres, en calidad de Asesor 3, Grado 4 en la Dirección General de la institución, para que preste sus servicios lícitos y personales bajo relación de dependencia con la mencionada Unidad;

Que, mediante Resolución No. R.I.- SERCOP-2018-00000464, de 23 de noviembre de 2018, se designó al abogado Iván Alberto Tobar Torres, en su calidad de Coordinador Técnico de Control, Subrogante, como Presidente de la Comisión Técnica de la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,

Resuelve:

Art. 1.- Designar al señor abogado Iván Alberto Tobar Torres, Asesor 3, Grado 4 de la Dirección General, como Presidente de la Comisión Técnica de la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos Primera y Segunda Fase, con las funciones y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normativa aplicable.

Art. 2.- Encargar al Director de Gestión Documental y Archivo del SERCOP la publicidad de la presente Resolución en el Portal Institucional.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deja sin efecto la Resolución Nro. R.I.- SERCOP-2018-00000464, de 23 de noviembre de 2018.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su otorgamiento y publicación en el Portal Institucional; sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, 03 de diciembre de 2018.

Comuníquese y publíquese.

f.) Econ. Silvana Vallejo Páez, Directora General, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Certifico que la presente Resolución fue aprobada y firmada el día de hoy 03 de diciembre de 2018.

f.) Ab. Mauricio Ibarra Robalino, Director de Gestión Documental y Archivo, Servicio Nacional de Contratación Pública.

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.- Esta fotocopia es igual al documento que reposa en el Archivo de esta institución y al cual me remito en caso necesario.- Lo certifico.- 27 de diciembre de 2018.-f.) Ilegible, Dirección de Gestión Documental y Archivo.-SERCOP.

No. ENFARMA EP-LIQUIDACIÓN-2018-033

Abg. María Cecilia Vargas Costales

LIQUIDADORA EMPRESA PÚBLICA

DE FÁRMACOS – ENFARMA EP –

EN LIQUIDACIÓN

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone: «Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el artículo 292 de la Constitución de la República dispone: “Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. «;

Que, el primer inciso del artículo 315 de la Constitución de la República dispone: ‘Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. (…) «;

Que, el primer inciso del artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone: «Art. 4.- DEFINICIONES. -Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 39

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado (…) «;

Que, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone: «Art. 59.- ATRIBUCIONES DEL LIQUIDADOR.- Incumbe al liquidador de una empresa pública: (…) 3. Realizar las operaciones empresariales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la empresa;»;

Que, el inciso segundo del artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: ‘Art. 100.- Formulación de proformas institucionales.- (…) Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes. «;

Que, el artículo 101 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: «Art. 101.- Normas y directrices.- En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. «;

Que, el inciso quinto del artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: «Art. 118.- Modificación del Presupuesto.- (…) Únicamente en caso de modificaciones en el Presupuesto General del Estado que impliquen incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad ejecutora o la inclusión de nuevos programas y/o proyectos de inversión, se requerirá dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En los demás casos, las modificaciones serán realizadas directamente por cada entidad ejecutora. (…).»;

Que, el numeral 2.4.3.4 de la Normativa del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial No. 447, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 259 de 24 de enero de 2008 dispone: ‘DOCUMENTO DE APROBACIÓN- Toda modificación presupuestaria será elaborada a través de la herramienta informática creada para el efecto y será aprobada mediante el documento denominado Resolución Presupuestaria por la autoridad competente de acuerdo al tipo de modificación»;

Que, el numeral 2.4.3.5 de la Normativa del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial No. 447, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 259 de 24 de enero de 2008 dispone: «COMPETENCIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE MODIFICACIONES.- Las resoluciones presupuestarias que competan al MEF serán suscritas por su Titular o, por delegación, el Subsecretario General de Finanzas. Las

que competan a la Subsecretaría de Presupuestos, por el funcionario designado para ese cargo. Las resoluciones que competan a las instituciones serán suscritas por su máxima autoridad o quien cumpla esa delegación (…).»;

Que, el numeral 2.4.3.6.6 de la Normativa del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial No. 447, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 259 de 24 de enero de 2008 dispone: «Reformas presupuestarias de empresas públicas y gobiernos Seccionales.- Las modificaciones a este tipo de presupuestos se harán de conformidad a lo establecido en sus leyes de creación o en las disposiciones que para el efecto establezca la máxima instancia institucional.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 181 de 21 de diciembre 2009, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador decretó: «Articulo 1.- Crear la empresa pública de Fármacos denominada ENFARMA EP, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1103 de 30 de junio de 2016, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador decretó: «Artículo 1.- Disponer la extinción de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP, previo el correspondiente proceso de liquidación, que deberá efectuarse en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas «;

Que, mediante Acta No. SE-2017-001 de 28 de marzo de 2017, el Directorio Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP – en Liquidación procedió a nombrar a la Abg. Cecilia Vargas como Liquidadora de la empresa pública antes mencionada;

Que, el numeral 4 del artículo 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación dispone: «Artículo 9.- Estructura Orgánica Descriptiva (…) 2.2.1. GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (…) Atribuciones y Responsabilidades: (…) «4. Autorizar al Jefe Financiero las modificaciones planteadas al presupuesto aprobado por el Directorio para solventar las necesidades operativas de liquidación; (…) » «JEFATURA FINANCIERA (…) Atribuciones y Responsabilidades: (…) 5. Elaborar técnicamente en coordinación con la Gerencia de Planificación y las demás unidades administrativas, el proyecto de Proforma Presupuestaria para conocimiento del Gerente Administrativo Financiero y posterior aprobación del o la Liquidadora; 6. Disponer al subproceso de presupuesto realizar las modificaciones pertinentes del presupuesto aprobado por la Gerencia Administrativa Financiera, para apoyar al buen desenvolvimiento de las operaciones de la empresa «;

Que, mediante Resolución No. ENFARMA EP -LIQUIDACIÓN – 2017-081, de 28 de diciembre de 2017, la Liquidadora de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP – en Liquidación resolvió textualmente lo siguiente: «Artículo 1.- Aprobar el presupuesto anual de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP – en Liquidación, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 (…) «;

40 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Que, mediante memorando No. ENFARMA EP-GAF-2018-1060-M, de 30 de noviembre de 2018, el Gerente Administrativo Financiero pone en conocimiento de la Liquidadora de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación el informe técnico No. IT-PRESUP – 011, de 30 de noviembre de 2018, mediante el cual se manifiesta: «Se sugiere a la máxima autoridad -Liquidadora, resuelva realizar la reforma presupuestaria para incluir las partidas presupuestarias conforme las necesidades actuales de la Empresa Pública «;

Que, mediante sumilla de 30 de noviembre de 2018 inserta en el memorando No. ENFARMA EP-GAF-2018-1060-M, de 30 de noviembre de 2018, la Liquidadora de la Empresa

Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación, dispuso: «GAF: proceder conforme recomendación. GAJ: preparar resolución.»;

En uso de las atribuciones establecidas en las disposiciones legales citadas en los considerandos del presente instrumento:

Resuelve:

Art. 1.- Aprobar la reforma del presupuesto anual de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP – en Liquidación, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, de conformidad al detalle que se establece a continuación:

Ingresos

Detalle

Partida Presupuestaria

Valor

Re facturación de medicamentos entregados en años anteriores

140205.000.002

Facturación Insumos Médicos Entregados Años Anteriores 30jun2016

24.414.487,03

Cobro de intereses a proveedores y ex servidores

190499.000.002

Otros No Especificados

5.952,04

Gastos

Detalle

Partida Presupuestaria

Valor

Remuneración mes de diciembre

510105.000.002

Remuneraciones Unificadas

34.563,37

Servicio de digitalización de documentos

530230.000.002

Digitalización de Información y Datos Públicos

2.821,15

Asignación a Distribuir

590101.000.002

Asignación a Distribuir

24.381.517,98

Asistencia al curso de «Práctica Procesal y manejo de documentación» UCE en años anteriores

990102.000.002

Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios

1.536,57

Art. 2.- Disponer a la Gerencia Administrativa Financiera, ejecute las acciones pertinentes, para la aplicación de la reforma al presupuesto general 2018 de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP – en Liquidación, de conformidad con lo detallado en el artículo precedente.

Art. 3.- Encargar a la Coordinación de Despacho la notificación y difusión del presente instrumento.

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Art. 5.- Disponer a la Jefatura Administrativa, realice las acciones pertinentes, a fin de proceder con la publicación del presente instrumento en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de noviembre 2018.

f.) Abg. María Cecilia Vargas Costales, Liquidadora, Empresa Pública de Fármacos – ENFARMA EP – en Liquidación.

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 41

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-0211

Diego Aldaz Caiza

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (E)

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el artículo 309 ibídem manifiesta: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. «;

Que, el numeral 4 del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone: «El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogada por un (1) año, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente «;

Que, el penúltimo inciso del artículo 312 de la norma citada, indica: «El plazo para la liquidación establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero se aplicará también a las entidades cuya liquidación se hubiere resuelto a partir de la vigencia de este cuerpo legal. «;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLSF-2016-079 de 05 de abril de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió la liquidación conforme lo dispone el artículo 304 del Código Orgánico Monetario y Financiero de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA., con Registro Único de Contribuyentes No. 0992164727001, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, por estar incursa en causales de liquidación forzosa dispuesta en el numeral 11) del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, designó como liquidador al señor Christian Sergio Merizalde Medranda, servidor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;

Que, el 05 de abril de 2018 concluyó el plazo para la liquidación forzosa de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN, otorgado mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLSF-2016-079 de 05 de abril de 2016;

Que, mediante oficio No. COAC.EG-GYE-2018-003 de 05 de marzo de 2018 ingresado a esta Superintendencia mediante trámite No. SEPS-IZ5-2018-001-22392 de la

misma fecha, el liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN, presenta el informe de la situación actual de la Cooperativa e indica que existen varias actividades relevantes por realizar y justifica la necesidad de ampliar el plazo de 12 meses para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-0684 de 25 de abril de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución indica a la Intendente General Técnico, que sobre la base del memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSF-2018-0617 y el Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSF-2018-116 emitidos por la Dirección Nacional de Liquidación del Sector Financiero, recomienda proponer a la señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria, autorizar la ampliación de plazo de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN, hasta el 05 de abril de 2019;

Que, mediante comentario incluido en el memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-0684 de 25 de abril de 2018 en el Sistema de Gestión Documental, con fecha 25 de abril de 2018, la Intendencia General Técnica da su proceder a la solicitud de ampliación de plazo de la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN.; y, solicita el respectivo criterio jurídico;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-0718 de 02 de mayo de 2018 la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, solicita a la Intendencia General Jurídica el análisis jurídico correspondiente para la ampliación del plazo de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-0775 de 08 de mayo de 2018, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la ampliación del plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN;

Que, mediante instrucción inserta en el memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-0775 de 08 de mayo de 2018, a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con fecha 15 de mayo de 2018, la Intendencia General Técnica autoriza la ampliación del plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN y solicita la elaboración de la Resolución respectiva;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-1180 de 12 de julio de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución (S), sobre la base del memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-0775 de 08

42 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

de mayo de 2018, remite el borrador de la resolución de ampliación del plazo de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN, con RUC No. 0992164727001;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGJ-2018-010 de 20 de marzo de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, para suscribir las resoluciones de ampliación de plazo de liquidación de las entidades del sector financiero popular y solidario, controladas por la Superintendencia; y,

Que, mediante acción de personal No.0000780 de 02 de julio de 2018, la Directora Nacional de Talento Humano, delegada del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de la Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombro como Intendente General Técnico (S) al señor Diego Aldáz Caiza.

En ejercicio de sus atribuciones legales.

Resuelve:

ARTÍCULO ÚNICO.- Ampliar el plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN con Registro Único de Contribuyentes No. 0992164727001, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, hasta el 05 de abril de 2019 de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Intendencia de Talento Humano, Administrativa y Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Social e Imagen Institucional de esta Superintendencia, la publicación de la presente Resolución, en un periódico de amplia circulación en el domicilio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL GUAYAS LTDA EN LIQUIDACIÓN.

SEGUNDA.- Disponer a la Secretaría General de esta Superintendencia, la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución regirá a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su ejecución y cumplimiento, encárguese la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 06 de agosto de 2018.

f.) Diego Aldáz Caiza, Intendente General Técnico, (S).

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- Certifico que la fotocopia que antecede es fiel y exacta del original que reposa en los archivos de la SEPS.- 07 de noviembre de 2018.- f.) Ilegible.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-0212

Diego Aldáz Caiza

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

Considerando:

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-073 de 29 de marzo de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1792387825001, con domicilio en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, por estar incursa en causales de liquidación forzosa dispuesta en los numerales 5 y 12 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, designó como liquidador la señora Tatiana Fuertes Oñate, servidora de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IFMR-2017-0236 de 29 de noviembre de 2017, la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, resolvió remover del cargo de liquidador la señora Tatiana Fuertes Oñate y nombrar al señor Antonio Alejandro Asitimbay Carrera, con cédula de ciudadanía No. 1721358024 como liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO EN LIQUIDACIÓN;

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 43

Que, el 29 de marzo de 2018 concluyó el plazo para la liquidación forzosa de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO EN LIQUIDACIÓN, otorgado mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR- DNLQSF-2016-073 de 29 de marzo de 2016;

Que, mediante oficio No. CAYCT-LIQ-2018-009 de 28 de marzo de 2018, ingresado a esta Superintendencia mediante trámite No. SEPS-UIO-2018-001-31068 de 28 de marzo de 2018, el liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO EN LIQUIDACIÓN, presenta el informe de la situación actual de la Cooperativa e indica que existen varias actividades relevantes por realizar y presenta un cronograma en el que detalla las actividades que faltan por ejecutar, por ello solicita a este organismo de control la ampliación de plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO EN LIQUIDACIÓN, hasta el 29 de marzo de 2019;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-0792 de 15 de mayo de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución (S) indica a la Intendente General Técnica, que sobre la base del memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSF-2018-0728 y el Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSF-2018-101 emitidos por la Dirección Nacional de Liquidación del Sector Financiero, recomienda proponer a la señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria, autorizar la ampliación de plazo de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO EN LIQUIDACIÓN, hasta el 29 de marzo de 2019;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-0906 de 7 de junio de 2018, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la ampliación del plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO EN LIQUIDACIÓN;

Que, mediante instrucción inserta en el memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-0906 de 7 de jumo de 2018, a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con fecha 12 de junio de 2018, la Intendencia General Técnica autoriza la ampliación de plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO EN LIQUIDACIÓN; ;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-1150 de 09 de julio de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución (S), sobre la base del memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-0906 de 07 de junio de 2018, remite el borrador de la resolución de inicio de proceso de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO «EN LIQUIDACIÓN», con RUC No. 1792387825001;

Que, mediante acción de personal No. 780 de 02 de julio 2018, la Intendente General de Gestión, delegada del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de las Resoluciones Nos. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016 y SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, nombró como Intendente General Técnico al señor Diego Aldáz Caiza; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales.

Resuelve:

ARTÍCULO ÚNICO.- Ampliar el plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAMBILLO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1792387825001, hasta el 29 de marzo de 2019 de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

DISPOSICIONES GENERALES

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 06 de agosto de 2018.

f.) Diego Aldáz Caiza, Intendente General Técnico, (S).

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-0246

Diego Aldáz Caiza

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «Las instituciones del Estado, sus

44 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el numeral 4 del artículo 307 ibídem, determina: «El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogada por un (1) año, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente «;

Que, el octavo inciso del artículo 312 de la norma citada, indica: «£7 plazo para la liquidación establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero se aplicará también a las entidades cuya liquidación se hubiere resuelto a partir de la vigencia de este cuerpo legal (…) «;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-220 de 26 de octubre de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió liquidar en el plazo de hasta dos años, contados a partir de la suscripción de dicha Resolución, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY, con Registro Único de Contribuyentes No. 0190075958001, con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, por estar incursa en la causal de liquidación forzosa dispuesta en el numeral 5) del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, designó como liquidador al señor Diego Arturo Calderón Atariguana, portador de la cédula de identidad No. 0103774972, servidor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la referida Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-220 de 26 de octubre de 2016, se desprende que el plazo establecido para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY «EN LIQUIDACIÓN», fenecerá el 26 de octubre de 2018.

Que, según consta del Oficio No. COAC ARTESANAL DEL AZUAY 2018 -03-010 de 23 de marzo de 2018, ingresado a esta Superintendencia mediante trámite No. SEPS-IZ6-2018-001-30185 del mismo mes y año, el liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY «EN LIQUIDACIÓN», presenta el informe de la situación actual de la Cooperativa e indica que existen varias actividades relevantes por realizar y presenta un cronograma en el que detalla las actividades que faltan por ejecutar, por ello solicita a este organismo de control la ampliación de plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE

AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY «EN LIQUIDACIÓN», por un plazo adicional de 18 meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2020;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-1454 de 15 de agosto de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución (S) indica al Intendente General Técnico (S), que sobre la base del memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSF-2018-1347 de 02 de agosto de 2018 y el Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSF-2018-166 suscrito el 02 de agosto de 2018, emitidos por la Dirección Nacional de Liquidación del Sector Financiero, recomienda proponer a la señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria, autorice la ampliación de plazo de la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY «EN LIQUIDACIÓN», hasta el 30 de abril de 2020;

Que, mediante instrucción inserta en el memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-1454 de 15 de agosto de 2018, a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con fecha 16 de agosto de 2018, el Intendente General Técnico (S), acoge la recomendación y autoriza continuar con el proceso para la ampliación de plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY «EN LIQUIDACIÓN»;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-1318 de 16 de agosto de 2018, la Intendencia General Jurídica (S), emite informe favorable para la ampliación del plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY «EN LIQUIDACIÓN»;

Que, mediante acción de personal No. 0000780 de 02 de julio 2018, la Directora Nacional de Talento Humano, delegada del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de la Resolución No.SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico (S) al señor Diego Aldáz Caiza.

En ejercicio de sus atribuciones legales.

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Reformar el artículo primero de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-220 de 26 de octubre de 2016, mediante el cual se resolvió la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY «EN LIQUIDACIÓN» con Registro Único de Contribuyentes No. 0190075958001, con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, modificando el plazo de la liquidación, por hasta tres años contados a partir del 26 de octubre de 2016, de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 45

ARTICULO SEGUNDO.- Ampliar el plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANAL DEL AZUAY «EN LIQUIDACIÓN», hasta el 30 de abril de 2020 de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

DISPOSICIONES GENERALES

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 de agosto de 2018.

f.) Diego Aldáz Caiza, Intendente General Técnico, (S).

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0259

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, mediante ResoluciónNo. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-021 de 13 de julio de 2018, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expidió la «Norma de control respecto de la seguridad física y electrónica»;

Que, el inciso segundo del artículo 73 en concordancia con el inciso tercero del artículo 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina que los actos normativos pueden ser reformados o derogados en cualquier tiempo, por parte del órgano que lo expidió;

Que, conforme consta en el literal b) del artículo 1 de la Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 2 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria delegó al Intendente General Técnico: «Dictar las normas de control en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 151 déla Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con el subnumeral 2), literal b), numeral 10.1 del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;»;

Que, mediante acción de personal No. 733 de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión Encargado, delegado por el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, «según lo dispuesto en la letra a) del numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, en concordancia con lo dispuesto en la letra d) del artículo 2 de la Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 2 de enero de 2018», nombró como Intendente General Técnico a Catalina Pazos Chimbo;

Que, es necesario aclarar la Resolución No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-021 de 13 de julio de 2018, respecto de su implementación de acuerdo a la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario; y,

En ejercicio de sus atribuciones, resuelve expedir la siguiente:

NORMA REFORMATORIA A LA «NORMA DE CONTROL RESPECTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA»

ARTÍCULO ÚNICO.- Inclúyase en la Resolución No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-021 de 13 de julio de 2018, que contiene la «Norma de control respecto de la seguridad física y electrónica», las siguientes disposiciones transitorias:

«TERCERA.- Las entidades que en razón de la actualización de los segmentos efectuada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el año 2018, se ubicaren en un segmento superior, deberán implementar la presente norma, cumpliendo los requerimientos y observando los plazos previstos para el segmento del cual provengan.

CUARTA.- Las entidades que en razón de la actualización de los segmentos efectuada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el año 2018, se ubicaren en un segmento inferior, deberán implementar la presente norma, cumpliendo los requerimientos y observando los plazos previstos para el segmento en el cual se ubicaren.»

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese en la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

46 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a 10 de octubre de 2018.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

No. SEPS-IGT-IGJ-ISF-IFMR-2018- 266

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que las entidades de control del sistema financiero nacional, se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez;

Que, el artículo 311 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que «El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria «;

Que, el artículo 62, numerales 3) y 25) del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el artículo 74 del mismo cuerpo legal, señala entre otras, como funciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, autorizar la liquidación de las entidades que conforman el Sector Financiero Popular y Solidario y designar liquidadores;

Que, el artículo 299 del mismo Código, establece: «Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan voluntariamente o de manera forzosa, de conformidad con las disposiciones de este Código «;

Que, el artículo 303 ibídem dispone: «Causales de liquidación forzosa. Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan de manera forzosa, por las siguientes causas: (…) 5. Por pérdidas del 50% o más del capital social o el capital suscrito y pagado, que no pudieran ser cubiertas con las reservas de la entidad (…) «;

Que, el artículo 304 ibídem dispone: «Resolución de liquidación forzosa. Cuando el organismo de control llegase a determinar que la entidad financiera está incursa

en una o varias causales de liquidación forzosa, y no fuera posible o factible implementar un proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, procederá a emitir la resolución de liquidación forzosa de la entidad»;

Que, el artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero, manifiesta: «Contenido de la resolución de liquidación. En la resolución de liquidación voluntaria o forzosa se dispondrá, al menos, lo siguiente: (…) 4. El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogado por dos (2) años, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente; 5. Designación del liquidador; (…) La resolución de liquidación de una entidad financiera será motivada, suscrita por el titular del correspondiente organismo de control, gozará de la presunción de legitimidad y debe cumplirse desde la fecha de su expedición.- La resolución de liquidación deberá inscribirse en los registros correspondientes. El organismo de control supervisará la gestión integral del liquidador»;

Que, el artículo 308 ibídem dispone que: «La resolución de liquidación regirá a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial»;

Que, el último inciso del artículo 446 ibídem señala que: «La liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito se regirá por las disposiciones de este Código y, supletoriamente, por las de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria «;

Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, establece que «Salvo en los casos de fusión y escisión, una vez disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación, la cual consiste en la extinción de las obligaciones de la organización y demás actividades relacionadas con el cierre; para cuyo efecto, la cooperativa conservará su personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras ‘en liquidación'»;

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, dispone: «Designación del Liquidador.- El liquidador será designado por la Asamblea General cuando se trate de disolución voluntaria y por la Superintendencia cuando sea ésta la que resuelva la disolución.-El liquidador ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, pudiendo realizar únicamente aquellas actividades necesarias para la liquidación.- Cuando el liquidador sea designado por la Superintendencia, ésta fijará sus honorarios, que serán pagados por la cooperativa y cuando sea designado por la Asamblea General de la cooperativa, será ésta quien fije sus honorarios.- Los honorarios fijados por la Superintendencia, se sujetarán a los criterios que constarán en el Reglamento de la presente Ley.- El liquidador podrá o no ser servidor de la Superintendencia; de no serlo, no tendrá relación de dependencia laboral alguna con la cooperativa ni con la Superintendencia, y será de libre remoción, sin derecho a indemnización alguna.- El liquidador en ningún caso será responsable solidario de las obligaciones de la entidad en proceso de liquidación «;

Que, la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en su Libro I: «Sistema Monetario y Financiero», Título II: «Sistema Financiero

Registro Oficial N° 407 Miércoles 16 de enero de 2019 – 47

Nacional», Capítulo XXXVI: «Sector Financiero Popular y Solidario», Sección XIII: «Norma que Regula las Liquidaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria», Subsección II: «Causales de Liquidación Forzosa», en los artículos 249 numeral 6) y 255, dispone: «Art. 249.- Causas de liquidación forzosa: Las entidades del sistema financiero popular y solidario se liquidarán de manera forzosa por las siguientes causas: (…) 6. Por pérdida del 50% o más del capital social, y que este no pueda ser cubierto con las reservas de la entidad (…)»‘, y, «Art. 255.- Pérdida del 50% o más del capital social, que no puedan ser cubiertas con las reservas de la entidad: Se configura esta causal si una entidad del sector financiero popular y solidario, en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la notificación que reciba de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no incrementare su capital social con aportaciones de los socios, para cubrir las pérdidas iguales o mayores al 50% de dicho capital y que no hayan podido ser compensadas por sus reservas.- El organismo de control verificará la pérdida del 50% o más del capital social de la entidad financiera con: 1. El balance general reportado por la entidad al cierre del ejercicio económico anual, a través de los canales definidos por la Superintendencia para la entrega de información financiera. Para efectos de cuantificar el porcentaje de pérdida equivalente al capital social, se considerará el valor resultante de la suma del saldo de la cuenta de pérdidas acumuladas más el saldo de la cuenta de resultados del ejercicio económico.- 2. El balance general a cualquier fecha de corte, si, luego de un proceso de supervisión in-situ, se determina que las pérdidas acumuladas más la diferencia entre ingresos y gastos a la fecha de corte, son iguales o mayores al 50% del capital social- En ambos casos, para el cálculo del porcentaje de pérdida se deberá compensar primero las pérdidas con el saldo de la cuenta de reservas, y el valor resultante se comparará contra el saldo registrado en la cuenta de capital social»;

Que, el artículo 8 de la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070 de 28 de marzo de 2016, determina: ‘Artículo 8.- ACTIVIDADES INICIALES.- Sin perjuicio de las demás funciones y obligaciones determinadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), el administrador temporal y el liquidador según el caso, una vez posesionados deberán: 1. Suscribir con el último gerente o representante legal o con el presidente del consejo de administración, el acta de entrega-recepción de bienes y estados financieros de la entidad. En caso de ausencia de éstos, la suscribirán los funcionarios/ empleados de la entidad financiera que se encuentren presentes al momento en que se notifique la resolución de suspensión de operaciones o liquidación correspondiente. En caso de imposibilidad de suscripción, se elaborará un acta entrega-recepción presunta, suscrita conjuntamente con el jefe del equipo de supervisión de la Superintendencia que realizó el proceso de auditoría in situ en la entidad;-2. Organizar la información de la entidad, para lo cual, deberá recabarla información contable, financiera y legal, sustentada en medios físicos y magnéticos;- 3. Rendir o entregar la caución fijada por la Superintendencia y mantenerla vigente mientras duren sus funciones, salvo que el liquidador fuese funcionario de la Superintendencia o se tratase de una liquidación voluntaria; y;- 4. Presentar en

el plazo máximo de 30 días, desde la fecha de su posesión, el plan de trabajo sobre el cual desarrollará el proceso de liquidación, para cumplirlo en el plazo establecido en la resolución correspondiente «;

Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-000592 de 03 de mayo de 2013, este organismo de control aprobó el estatuto social, debidamente adecuado a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA., con domicilio en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos;

Que, con memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SF-2018-0957 de 28 de septiembre de 2018, dirigido al Intendente Zonal 5, la Dirección Zonal 5 del Sector Financiero, presenta los resultados de la supervisión in-situ a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA., efectuada desde el 15 de enero al 9 de febrero de 2018, contenidos en el Informe de Auditoria No. SEPS-IZ5-DZ5SF-IS-2018-012 suscrito el 05 de septiembre de 2018, dando a conocer que «(…) la Cooperativa de Ahorroy Crédito Quevedo Ltda., no cumplió con la disposición establecida por la Superintendencia mediante Oficio No. SEPS-SGD-IZ5-2017-21118 del 23 de agosto de 2017, relacionada con el incremento del capital social de la Cooperativa para cubrir las pérdidas acumuladas de US$ 645.258,33 registradas al 31 de marzo de 2017, es así que, al 29 de noviembre de 2017, solo se encuentra justificado, en apego al marco legal vigente, un incremento de US$8.861,60, y al 31 de diciembre de 2017 un incremento de US$10.997,60, esto es, el 2% del monto mínimo requerido de US$676.378,45 (…)».- Por lo expuesto en el memorando e informe la Dirección Zonal 5 del Sector Financiero recomienda iniciar el proceso de liquidación forzosa respectivo;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2018-0958 de 28 de septiembre de 2018, la Intendente Zonal 5, pone en consideración del Intendente del Sector Financiero (E), el Informe SEPS-IZ5-DZ5SF-IS-2018-012 suscrito el 05 de septiembre de 2018, realizado por la Dirección Zonal 5 del Sector Financiero, con relación a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA.; exponiendo su acuerdo con el contenido del informe presentado por el equipo de supervisión;

Que, de la resolución No. SEPS-ISF-2018-0162 de 01 de octubre de 2018, se desprende que la Intendencia del Sector Financiero, da por terminado de forma anticipada el Programa de Supervisión Intensiva al que se sometió a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA., por haber incumplido con el programa de supervisión intensiva y enmarcarse en lo establecido en el artículo 286 de Código Orgánico Monetario y Financiero;

Que, por medio del Memorando No. SEPS-SGD-ISF-2018-1102 de 02 de octubre de 2018, el Intendente del Sector Financiero (E), pone en conocimiento de la Intendencia General Técnica, el Informe No. SEPS-IZ5-DZ5SF-IS-2018-012 suscrito el 05 de septiembre de 2018, realizado por la Dirección Zonal 5 del Sector Financiero, con relación a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA.; recomendando iniciar el proceso de liquidación forzosa de la cooperativa y solicitando a la Intendencia General Jurídica realizar el análisis jurídico respectivo para continuar con el proceso;

48 – Miércoles 16 de enero de 2019 Registro Oficial N° 407

Que, según consta en el Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-2001 de 10 de octubre de 2018, el Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, recomienda la designación del señor Christian Sergio Merizalde Medranda, titular de la cédula de identidad No. 0923402069, servidor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA.;

Que, conforme al contenido del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-1637 de 12 de octubre de 2018, la Intendencia General Jurídica emite el informe jurídico favorable para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA;

Que mediante instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta Superintendencia el 14 de octubre de 2018, en los comentarios del memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-1637, la Intendencia General Técnica, acoge las recomendaciones indicadas y autoriza continuar con el proceso de liquidación forzosa de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA.;

Que, con Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, para suscribir las resoluciones de liquidación forzosa de las entidades controladas; y,

Que, a través de la acción de personal No. 0733 de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Liquidar la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA, con Registro Único de Contribuyentes No. 1290025202001 y domicilio en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, por encontrarse incursa en la causal de liquidación prevista en el artículo 303, numeral 5) del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con los artículos 249 numeral 6) y 255 Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXVI, Título II, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.

El plazo para la liquidación será de hasta tres años, contados a partir de la suscripción de la presente Resolución. Durante este tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la Cooperativa conservará su personalidad jurídica, añadiendo a su razón social las palabras «en liquidación».

ARTÍCULO SEGUNDO.- Revocar a partir de la presente fecha, todas las autorizaciones que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA, tuviere

para realizar actividades financieras, así como retirar los permisos de funcionamiento que le hubieren sido otorgados.

ARTÍCULO TERCERO.- Designar al señor Christian Sergio Merizalde Medranda, titular de la cédula de identidad No. 0923402069, servidor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA, quien no percibirá remuneración adicional por el ejercicio de tales funciones, debiendo posesionarse en el término de diez días hábiles contados a partir de la expedición de la presente Resolución.

El liquidador se posesionará ante la Intendente Zonal 5 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deberá suscribir el acta de entrega-recepción de los bienes, el estado financiero y demás documentos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA, conforme lo previsto en el numeral 1) del artículo 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y artículo 8 de la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070 de 28 de marzo de 2016; y, actuará, en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO CUARTO.- Solicitar a la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, pague el respectivo seguro a los depositantes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Intendencia de Talento Humano, Administrativa y Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Social e Imagen Institucional de esta Superintendencia, la publicación de la presente resolución, en un periódico de amplia circulación en la provincia de Los Ríos, domicilio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUEVEDO LTDA.

SEGUNDA.- Disponer a Secretaría General de esta Superintendencia, la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial; así como su inscripción en los registros correspondientes.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 de octubre de 2018.

f) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.