Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 30 de septiembre de 2020 (R.O.300, 30 – septiembre -2020)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDO:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

SENESCYT-2020-050 Deróguese el artículo 1 del Acuerdo N° 2020-049 del 29 de mayo de 2020

RSOLUCIONES:

MINISTERIO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA:

CONSEJO TÉCNICO DE USO

Y GESTIÓN DEL SUELO:

004-CTUGS-2020 Expídese la priorización de las regulaciones técnicas a ser emitidas por el CTUGS

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL:

020-DE-2020-ANT Las personas que tengan licencias y matrículas caducadas no serán sancionados; y, para los casos de multas, estas serán canceladas una vez que se declare superado el Estado de Emergencia Sanitaria, y se proceda con la recalendarización

021-DE-ANT-2020 Suspéndense varios procedimientos administrativos, desde el martes 17 de marzo de 2020, hasta que se decrete la terminación del estado de excepción

022-DE-ANT-2020 Expídense los lineamientos operativos para la ubicación del salvoconducto a nivel nacional en estado de emergencia COVID-19

023-DT-2020 Reapertúrese el Sistema Informático AXIS 4.0.. 30

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Págs.

SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO:

SETEGISP-ST-2020-0017 Emítense las directrices a seguir para el uso o arrendamiento de bienes inmuebles, instalaciones, infraestructuras o establecimientos para centros de emprendimientos

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO:

SCPM-DS-2020-32 Levántese la suspensión del cómputo de los plazos y términos de los procedimientos administrativos sancionadores que se sustancian en la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales; Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas; Comisión de Resolución de Primera Instancia; y, los recursos administrativos que son sustanciados por la Intendencia Nacional Jurídica

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-…………… Cantón Mocache: Que regula y prohíbe la instalación de chancheras, granjas porcinas, avícolas, vacunos, centro de faenamiento de aves o cualquier otro tipo de instalaciones para criar o albergar especies similares en la cabecera cantonal, zonas de prospección urbanas y centros poblados

-…………… Cantón Mocache: De prevención, atención y protección de derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas

-…………… Cantón Mocache: Que regula, norma y controla la circulación de motocicletas en la jurisdicción

-…………… Cantón Santiago de Quero: Que reforma a la Ordenanza municipal sustitutiva para la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, conservación y regulación del recurso hídrico, manejo del agua potable y alcantarillado

-…………… Cantón Santiago de Quero: Para el uso obligatorio de mascarilla para circular en el espacio público

ACUERDO No. SENESCYT-2020-050

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;

Que el artículo 226 de la Norma Suprema señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la citada norma prescribe: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo»;

Que el artículo 351 de la Norma Suprema, determina que «El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento,

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en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.»;

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298 del 12 de octubre de 2010, dispone que: » La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior […]»;

Que los literales a) y j) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior señalan como funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: establecer los mecanismos de coordinación entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la ley;

Que la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No. 297 del 02 de agosto de 2018, dispone: «Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Reformatoria Sexta de la presente Ley, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad de promotora de la UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, AMAWTAY WASI como institución de educación superior pública, de carácter comunitario, autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, será la encargada de ejecutar las acciones legales, administrativas y de finanzas públicas, ante los entidades y organismos competentes para asegurar la transición y reinicio de actividades de la Universidad. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso anterior y garantizar el desarrollo y fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe previsto en numeral 14 del artículo 57 de la Constitución de la República, se declara la extinción de todos los actos administrativos emanados de los órganos públicos rectores del Sistema de Educación Superior que hubieren conducido a ordenar la suspensión de la institución particular autofinanciada denominada Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. El establecimiento de la sede matriz, su modelo de gestión y demás aspectos académicos de la Universidad, se determinarán en su Ley de Creación, tomando en consideración criterios demográficos y territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas»;

Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad Amawtay Wasi, publicada en el Registro Oficial No. 393 del 05 de agosto de 2004, reformada mediante la Ley Orgánica Reformatoria

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 5

a la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que: «De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, una vez promulgada la presente ley, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación designará a los miembros de la Comisión Gestora, que estará conformada por representantes del Promotor y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE. Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas. La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi por un periodo improrrogable de 3 años contados a partir de la vigencia de esta Ley y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi mientras dure el período de transición. Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción»;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 818 del 03 de julio de 2019, el Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, designó al señor Agustín Guillermo Albán Maldonado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Resolución No. RPC-SO-12-No.056-2012 del 11 de abril de 2012, el Pleno del Consejo de Educación Superior resolvió expedir el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas;

Que mediante Resolución No. RPC-SO-02-No.012-2018 del 10 de enero de 2018, el Pleno del Consejo de Educación Superior reformó el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, en lo que respecta a la composición y funcionamiento de las comisiones gestoras;

Que el cuarto inciso de la Disposición Transitoria Cuarta de la codificación del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, determina que la: «[…] Comisión estará integrada por gestores internos a la institución de educación superior que desempeñarán las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria,

6 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la institución; gestores externos a la institución de educación superior, que cumplirán funciones de articulación y vinculación con sectores académico, público, privado y otros de la sociedad. Las Comisiones Gestoras podrán conformarse con un número mínimo de cuatro y máximo de siete integrantes con derecho a voto. La mayoría de integrantes deberán ser gestores internos quienes desarrollaran sus funciones en la institución de educación superior a tiempo completo […]»;

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2019-012 del 11 de febrero de 2019, se designó a los miembros internos y externos de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de los Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi; y

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2020-049 del 29 de mayo de 2020, se modificó la integración de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de los Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, y la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi:

ACUERDA:

Artículo 1.- Derogar el artículo 1 del Acuerdo No. 2020-049 del 29 de mayo de 2020, mediante el cual se cesó en funciones como Miembro Interno de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de los Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, a la señora Rosa María de Lourdes Endara Tomaselli.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la designación realizada a favor del señor Raúl Llasag Fernández, en calidad de Miembro Interno de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de los Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

Primera.- En virtud de las designaciones previamente realizadas, refórmese el Acuerdo No. SENESCYT-2019-012 del 11 de febrero de 2019, según se indica a continuación:

1. Sustitúyase el numeral 4 en el primer inciso «En calidad de miembros internos» del artículo 1, por el siguiente texto:

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 7

«[…]4. Rosa María de Lourdes Endara Tomaselli;».

DISPOSICIONES FINALES

Primera. De la ejecución del presente Acuerdo encárguese a la Subsecretaría General de Educación Superior y a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Segunda. Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y a las Subsecretarías Generales de esta Cartera de Estado, para los fines pertinentes.

Tercera. Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado la notificación del presente Acuerdo.

Cuarta. El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2020.

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Notifíquese y publíquese.-

R…

8 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

…ZON: Con fundamento en el Artículo 10; numeral 1.3.2.1.1; literal m), del Estatuto Orgánico de Gestión Organización al por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, expedido mediante Acuerdo Nro. SENESCYT-2020-064, de fecha 12 de agosto de 2020; CERTIFICO que las 3 fojas que anteceden son fiel copia del original y corresponden al ACUERDO No. SENESCYT-2020-050, de 31 de mayo de 2020 suscrito en Quito por el señor Agustín Guillermo Albán Maldonado – Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, La presente certificación ha sido requerida por parte de la señora Flavia Pandora Rachas Carrasco – Analista de Asesoría Jurídica de la SENESCYT, mediante correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020 conforme se detalla en el Formulario de Copias Certificadas de la Unidad de Gestión Documental y Archivo. Cabe señalar que dicha documentación se encuentra bajo custodia y administración de la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado al cual me remito de ser necesario. La presente certificación se emite en observancia a lo señalado en la normativa legal vigente, LO CERTIFICO.- Quito, a 27 de agosto de 2020.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 9

RESOLUCIÓN Nro. 004-CTUGS-2020

EL CONSEJO TÉCNICO DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO

CONSIDERANDO:

Que, en el literal 1 del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, se determina que «Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 92 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, indica que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo ‘Y…) tendrá la facultad para emitir las regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo». Siendo sus atribuciones:

1. Emisión de regulaciones nacionales de carácter obligatorio que serán aplicados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos en el ejercicio de sus competencias de uso y gestión de suelo (…)
2. Emitir la normativa necesaria para su funcionamiento.
3. Asesorar, a través de su Secretaría Técnica, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos sobre la aplicación de esta Ley y la normativa técnica que expida.
4. Las demás que la establezca el ordenamiento jurídico vigente»*:

Que, el artículo 93 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en concordancia con el artículo 58 de su Reglamento General de aplicación, dispone que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo será conformado por la máxima autoridad del órgano rector de hábitat y vivienda, o su delegado que no podrán tener rango menor a subsecretaría o subsecretario, quien la presidirá, la máxima autoridad del órgano rector de la planificación nacional o su delegado permanente, y un representante de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos o su delegado que será un alcalde elegido por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas; y, que la Secretaría Técnica del Consejo será ejercida por el ministerio rector de hábitat y vivienda;

10 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

Que, el artículo 94 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo indica que la Secretaría Técnica «(…) prestará apoyo y soporte administrativo al Consejo y elaborará las propuestas que vayan a ser sometidas a su consideración, salvo que dichas propuestas sean encomendadas por el Consejo a otro organismo.”;

Que, el artículo 59 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, indica que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo establece: «Las regulaciones emitidas por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo son de carácter nacional y de cumplimiento obligatorio de los gobiernos autónomos descentralizados.

La normativa local para el uso y la gestión del suelo emitida por los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos deberá guardar concordancia con las regulaciones nacionales expedidas por el Consejo Técnico de Uso, Gestión del Suelo y de ser el caso ser más específicas éstas últimas.”;

Que, el artículo 62 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, indica que: «El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo adoptará las regulaciones nacionales mediante procesos participativos de discusión y análisis y serán emitidas mediante resolución y publicadas en el Registro Oficial Para dicho efecto deberá desarrollar los estudios técnicos y económicos que se requieran; y, de considerarlo necesario realizar consultas a instituciones que en razón de la materia de la regulación se consideren pertinentes.

Cualquier reforma a las regulaciones nacionales, deberá estar fundamentada en criterios técnicos y económicos,”;

Que, el artículo 63 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, estipula que «La secretaría del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo realizará el estudio técnico de las propuestas de regulaciones nacionales y presentará los respectivos informes al Consejo Técnico previo a la toma de decisiones para la aprobación de las regulaciones nacionales,”;

Que, el artículo 64 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, establece que «Las regulaciones emitidas por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo surtirán efecto de conformidad a lo establecido en el manual de procedimiento para la vigencia de las regulaciones técnicas emitidas por el Consejo. En situaciones excepcionales o en casos de urgencia debidamente justificada, se podrá disponer que surtan efecto desde la fecha de su expedición.”;

Que, la Disposición Transitoria Primera del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, define que El Consejo Técnico elaborará en un

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 11

plazo de sesenta días a partir de la vigencia del presente reglamento, un manual de procedimientos para la emisión de la normativa técnica prevista.

En dicho manual establecerá la priorización de las regulaciones, la progresividad de la vigencia de las mismas, considerando diferenciadamente las capacidades administrativas y técnicas de los gobiernos autónomos descentralizados, la forma y tiempos en los cuales dichos gobiernos deberán aplicar las regulaciones.”;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece en su artículo 82 que “Los actos normativos surtirán efectos desde el día en que su texto aparece publicado íntegramente en el Registro Oficial. En situaciones excepcionales y siempre que se trate de actos normativos referidos exclusivamente a potestades de los poderes públicos o en casos de urgencia debidamente justificada, se podrá disponer que surtan efecto desde la fecha de su expedición.”; y,

Que, el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, en relación a la Convocatoria No. 001- 2019 del 24 de septiembre de 2019, resuelve aprobar y expedir la Resolución Nro, 002-CTUGS-2019 publicada en el Registro Oficial No. 87 de fecha 25 de noviembre de 2019, que contiene el «Manual de Procedimiento para la Elaboración, Aprobación, Expedición y Vigencia de las Regulaciones Técnicas emitidas por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo”;

Que, la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, mediante Memorando Nro. MIDUVI-SUGSC-2020-0155-M de 13 de febrero de 2020, remite a los miembros del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo conjuntamente con la CONVOCATORIA No. 002-2020 a la Segunda Sesión Ordinaria, la propuesta final consensuada a ser puesta en consideración de este Cuerpo Colegiado, para la aprobación y expedición de la Resolución de la “PRIORIZACIÓN DE LAS REGULACIONES TÉCNICAS A SER EMITIDAS POR EL CONSEJO TÉCNICO DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO», conjuntamente con el Informe de Pertinencia Técnico-Jurídico y su expediente técnico respectivo.

En ejercicio de sus facultades legales constantes en el numeral 2 del artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y el artículo 64 y Disposición Transitoria Primera del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo;

RESUELVE:

Expedir la «PRIORIZACIÓN DE LAS REGULACIONES TÉCNICAS A SER EMITIDAS POR EL CONSEJO TÉCNICO DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO»

Artículo 1.- Objeto.- La presente resolución tiene por objeto establecer la priorización

12 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

para la emisión de las regulaciones técnicas por parte del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo; así como la forma y tiempos en los cuales gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos deberán aplicar dichas regulaciones.

Artículo 2.- Alcance.- El presente procedimiento se aplicará a las regulaciones técnicas que se generen y expidan a través del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo (CTUGS).

Artículo 3,- De la Priorización de las Regulaciones Técnicas: El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo en consenso con sus miembros, deberá conocer y aprobar la priorización de las regulaciones técnicas propuesta por parte de la Secretaría Técnica del Consejo, considerando diferenciadamente las capacidades administrativas y técnicas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, la forma y tiempos en los cuales dichos gobiernos deberán aplicar las regulaciones.

Artículo 4.- De la Propuesta Anual de Regulaciones Técnicas.- La Secretaría Técnica del Consejo deberá presentar a los miembros del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, la Propuesta Anual de Regulaciones Técnicas, en relación a la priorización definida en la presente resolución y conforme lo establecido en el artículo 3 de la Resolución del CTUGS, Nro. 002-CTUGS-2019: Manual de Procedimiento para la Elaboración, Aprobación, Expedición y Vigencia de las Regulaciones Técnicas emitidas por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo.

Artículo 5.- De la Forma y Tiempos de la aplicación de las regulaciones técnicas del

CTUGS.-Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos cumplirán los tiempos definidos en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y su Reglamento General de Aplicación, así como la normativa nacional vigente aplicable al ejercicio de sus competencias de uso y gestión del suelo, y considerarán lo estipulado en el Título V de la de la Resolución del CTUGS, Nro. 002-CTUGS-2019: Manual de Procedimiento para la Elaboración, Aprobación, Expedición y Vigencia de las Regulaciones Técnicas emitidas por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo.

Artículo 6.- La Priorización de las Regulaciones Técnicas a ser emitidas por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, se definirá conforme la matriz adjunta en el Anexo 1 de la presente Resolución.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- La Secretaría Técnica del Consejo Técnico de uso y Gestión del Suelo en un plazo de 60 días a partir de la aprobación de la presente Resolución, presentará ante los miembros de este Cuerpo Colegiado la Propuesta Anual de Regulaciones Técnicas conforme lo definido en el artículo 4 de la presente.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 13

SEGUNDA.- En caso de duda o alcance respecto al contenido de lo dispuesto en el presente, será el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, que a petición de parte se pronuncie conforme lo previsto en las disposiciones contenidas en las normas legales, estatutarias o reglamentarias afines.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la aprobación del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 2020 FEB

14 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

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16 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 17

RESOLUCIÓN No.020-DE-2020-ANT

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No 00126-2020, emitido el 11 de marzo de 2020, por la Ministra de Salud, se declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud;

Que, con boletín oficial 1353, de 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional instaló el Comité de Operaciones de Emergencia ante el COVID-19, que en su parte pertinente señala: «El jefe de Estado manifiesto que el Gobierno Nacional está dando seguimiento a los efectos ocasionados por el virus. «Se esta realizando, mediante un trabajo armónico, un moni toreo permanente en todo el país «, señaló. Asimismo, delegó la responsabilidad de la coordinación permanente del COE al Segundo Mandatario, quien informó que esta entidad se convierte en la única con capacidad para tomar decisiones e informarlas. Los comités seccionales y provinciales se reunirán particularmente para monitorear el cumplimiento de metas”;

Que, el punto 3.1 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE contenido en la Resolución No. SGR-142-2017, define a la emergencia como «Un evento que pone en peligro a las personas, los bienes o a la continuidad de los servicios en una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales»:

Que, el punto 3.2 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE contenido en la Resolución No. SGR-142-2017 establece la calificación de eventos o situaciones peligrosas de conformidad con el índice de calificación del grado de afectación o de posible afectación en el territorio, la población, los sistemas y estructuras, así como la capacidad de las instituciones para la respuesta humanitaria a la población afectada;

18 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone «El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia. responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas social mente justas”;

Que, el Artículo 16 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial determina que; «la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (en adelante para los efectos de esta normativa «Agencia Nacional de Tránsito» y/o «ANT»), es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector»;

Que, el numeral 17 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 29 entre otras funciones o atribuciones del Director Ejecutivo dispone «(…) promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y. editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector;

Que, el Código Civil en su artículo 30, define a la fuerza mayor o caso fortuito como el imprevisto, que no es posible resistir;

Que, la Directora General de Rentas General de Internas, con fecha 16 de marzo de 2020, mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000022, resolvió suspender los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios y los plazos de prescripción de la acción de cobro, desde el 16 al 31 de marzo de 2020:

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

Artículo Único.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, es deber de las instituciones públicas coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer electivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, a los entes de control, mientras dure el estado de emergencia, las personas que tengan licencias y matriculas caducadas, no serán

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 19

sancionados; y, para los casos de multas, estas serán canceladas una vez que se declare

superado el Estado de emergencia Sanitaria, y se proceda con la recalendarización.

PRIMERA: Comunique y Coordínese con la Asociación de Municipalidades del Ecuador – AME. Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador, para su aplicación, control y cumplimiento con los GADs, a nivel nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA; Las siguientes disposiciones se mantendrán vigentes mientras el COE Nacional, no declare la derogatoria del Estado de Emergencia Sanitaria.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente resolución, notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General de la ANT, la presente Resolución a las Direcciones Nacional. Provinciales de la ANT. Asociación de Municipalidades Del Ecuador.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el procedimiento contenido en la presente Resolución.

TERCERA,- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 16 días del mes de marzo del 2020, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial.

20 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

RESOLUCIÓN NO. 021-DE-ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias ^facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación,»;

Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos»;

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República dispone que, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso que incluirá, entre otras, las siguientes garantías básicas: derecho de las personas a la defensa, a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, a contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa y corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes;

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece entre otras funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, las constantes en los numerales 2, 10; y, 26 respectivamente, donde constan la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito; supervisar la gestión operativa técnica y sancionar a las operadoras de transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de

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tránsito y seguridad vial, previo el trámite correspondiente y observando los principios del debido proceso, el derecho a la defensa, en el ámbito de su competencia; y, autorizar, regular y controlar el funcionamiento y apertura de cursos de las Escuelas de Formación de conductores profesionales y no profesionales; así como, autorizar la realización de los cursos de capacitación de los Institutos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales legalmente autorizados, conforme lo que determina el respectivo reglamento;

Que, los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; contemplan las infracciones de transporte, en las que incurren las operadoras de transporte terrestre, de conformidad a la tipicidad establecida en esta normativa;

Que, el artículo 83 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone que las sanciones por infracciones en contra de las operadoras que contempla el Capítulo II Del Régimen Administrativo ibídem, serán impuestas por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional dé Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o su delegado;

Que, el artículo 193 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; señala que el Director Ejecutivo, conocerá y sancionará con sujeción al procedimiento señalado en esta Ley y sus normas reglamentarias, las infracciones administrativas cometidas por las personas naturales o jurídicas, titulares de una autorización o permiso para el funcionamiento de una escuela de conducción y centro de capacitación de conductores profesionales y no profesionales;

Que, el artículo 194 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contempla las infracciones de transporte, en las que incurren las Escuelas de Conducción Profesionales y No Profesionales, de conformidad con la tipicidad establecida en esta normativa;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en el numeral 5 de su artículo 162, señala que los términos y plazos previstos en un procedimiento, se suspenden cuando medie caso fortuito o fuerza mayor; y, que el artículo 30 del Código Civil, defiee a la fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que no es posible resistir;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 102, establece a la retroactividad del acto administrativo favorable «La administración puede expedir, con efecto retroactivo, un acto administrativo solo cuando produzca efectos favorables a la persona y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otra (…)»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 160, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declaró, en su artículo 1, el Estado de Emergencia Sanitaria por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, a fin de prevenir un posible contagio masivo en la población; por lo que, en su artículo 13, dispone que la citada declaratoria de

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emergencia, tendrá una duración de sesenta (60) días, pudiendo extenderse en caso de ser necesario;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República, declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud;

Que, el citado Decreto Ejecutivo, en sus artículos 3, 5, 6 y 8, suspende el ejercicio del derecho a la libertad dé asociación y reunión; restringe la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional con determinadas excepciones; suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado; y, dispone que todas las funciones del Estado y otros organismos establecidos en la Constitución de la República, emitan las resoluciones que se consideren necesarias para que se proceda a la suspensión de términos y plazos a las que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos, a fin de precautelar la seguridad en el marco de las garantías del debido proceso, ante la presente calamidad pública;

Que, por el cumplimiento obligatorio de las medidas establecidas por el Presidente Constitucional de la República, en el marco del Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, se pueden ver limitados los procesos administrativos que ejecuta este ente de regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional y las garantías constitucionales al debido proceso y del derecho a la defensa de los administrados;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución No.029-DIR-2020, de 21 de febrero de 2020, nombró al Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo de la ANT;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo;

RESUELVO:

Artículo 1.- Suspender el cómputo de plazos y términos que estén corriendo dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios de operadoras de transporte terrestre, escuelas de conducción profesionales y no profesionales, recursos administrativos de apelación y recursos extraordinarios de revisión; así como también, los procedimientos de ejecución coactivos, procesos de habilitación vehicular y cualquier otro procedimiento administrativo ejercido por esta Autoridad y sus dependencias, que se encuentren en trámite en la Agencia Nacional de Tránsito, desde

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el martes 17 de marzo de 2020, hasta que se decrete la terminación del estado de excepción-

Artículo 2.- Publíquese la presente Resolucióna través de la página web oficial de este organismo www.ant.gob.ec.

DISPOSICIONES GENERAL

Primera: De la socialización de la presente Resolución, encárguese a la Dirección de Comunicación de esta institución.

Segunda: Póngase en conocimiento el contenido de la presente resolución a los Coordinadores Generales, Directores Técnicos de Área y Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Segundad Vial.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución surtirá efectos desde el 17 de marzo de 2020, sin perjuicio de la fecha de suscripción y publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.

Dado y firmado en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de marzo de 2020.

24 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

RESOLUCIÓN No. 022-DE-ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1, del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que es deber primordial del Estado: «Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la cedulación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”;

Que, el Artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”;

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID -19 como una pandemia, en razón de que los niveles de propagación mundial y gravedad son alarmantes;

Que, el Decreto Ejecutivo 1017, en su artículo 5 que faculta al «Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, establecer los términos de la restricción: la emisión del salvoconducto, aplica al sector de exportaciones y demás cadenas logísticas, provisión de alimentos, de abastecimiento a supermercados, tiendas, abarrotes, fruterías, carnicerías, panaderías, mercados, farmacias, empresas de producción de empaques de alimentos, insumos de limpieza e higiene, almacenes de suministros de cadenas agrícolas y camaroneras.

Se aplica también al sector financiero, mercado valores, alojamiento turístico (hoteles, hostales, hosterías y servicios complementarios) del

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país, exclusivamente para que brinden sus servicios a turistas que por la situación del Estado de Excepción, tuvieron que quedarse en el país.»»

Que, el COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) NACIONAL GRUPO DE TRABAJO NO. 2 emitió los «LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE USO DEL SALVOCONDUCTO», que en su acápite III. Indica «PERSONAS QUE SÍ NECESITAN SALVOCONDUCTO Se requerirá salvoconducto para la movilización en horarios de restricción vehicular por el último dígito de la placa yo en horario de toque de queda, en los siguientes casos:

1. CITAS MÉDICAS Personas que requieran concurrir a tratamientos o citas médicas por enfermedades crónicas no terminales. El salvoconducto puede ser obtenido ingresando a la página www.gob.ec. Documentos habilitantes: Salvoconducto y cédula de ciudadanía. En el caso de tratamiento por enfermedades terminales y emergencias de salud no se requerirá de salvoconducto.
2. PERSONAS QUE TRABAJEN EN LA CADENA CONEXA DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA Y ABASTECIMIENTO (AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA) Trabajadores de empresas proveedoras de materias primas, insumas: materiales de empaque, cartón, pallete, plásticos, entre otros y servicios para la cadena de producción alimenticia. Documentación adicional requerida: Credencial o carnet de identificación de la empresa donde labora o carta del empleador (en la que conste RUC y firma del empleador) y cédula de ciudadanía.

3. PERSONAS QUE TRABAJEN EN LA CADENA CONEXA A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS Trabajadores de empresas proveedoras de insumos, materias primas, empaques y servicios de la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos. Documentación adicional requerida: Credencial o carnet de identificación de la empresa donde labora o carta del empleador (en la que conste RUC y firma del empleador) y cédula de ciudadanía.
4. PERSONAS QUE TRABAJEN EN LA CADENA CONEXA A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE Los trabajadores de empresas proveedoras de insumos, materias primas, empaques y servicios de insumos de limpieza higiene. Documentación adicional requerida: Credencial o carnet de identificación de la empresa donde labora o carta del empleador (en la que conste RUC y firma del empleador) y cédula de ciudadanía.

En todo control se deberá presentar tanto el salvoconducto como la documentación adicional requerida”;

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Que, el acápite IV del COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) NACIONAL GRUPO DE TRABAJO NO. 2 determina que «VEHÍCULOS QUE SÍ NECESITAN PORTAR SALVOCONDUCTO i. Vehículos de transporte de materia prima, insumos, y servicios de la cadena de producción alimentaria) y personal de la empresa. Documentación adicional requerida: Guía de remisión

2. Para los vehículos de distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios para empresas productoras de insumos de limpieza e higiene y personal de la empresa. Documentación adicional requerida: Guía de remisión.
3. Para los vehículos de distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios para la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos y personal de la empresa. Documentación adicional requerida: Guía de remisión.

En todo control se deberá presentar tanto el salvoconducto como la documentación adicional requerida para cada caso «:

Que, el artículo 16 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina «la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (en adelante para los efectos de esta normativa «Agencia Nacional de Tránsito» y/o «ANT»), es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector»;

Que, el artículo 46 de la ley Ibídem señala: «El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano (…)»;

Que, el numeral 17 de la referida norma, en el artículo 29 entre otras funciones o atribuciones del Director Ejecutivo dispone «(…) promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector.”;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

Expedir lo siguiente:

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LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA LA UBICACIÓN DEL

SALVOCONDUCTO NIVEL NACIONAL EN ESTADO DE

EMERGENCIA COVID-19

Artículo 1.- Una vez impreso el salvoconducto, este debe ir adherido dentro del vehículo, en la parte superior de la ventana izquierda, con la parte legible del salvoconducto hacia el exterior, con la finalidad de no afectar la visibilidad al momento de la conducción.

Los agentes de controles operativos en vías, deberán verificar que el documento cuente con el código QR, lo cual evita el contacto físico, entre las personas.

Artículo 2.- Para los vehículos de carga pesada y con el fin de que su lectura sea clara, el salvoconducto debe ser colocado en la parte inferior izquierda de la ventana del conductor.

Artículo 3.- Si dentro del control operativo, las autoridades responsables del control, solicitan al conductor que baje el vidrio, este deberá hacerlo, de tal manera que al bajar el vidrio, no afecte el salvoconducto.

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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Comunique y Coordínese con la Policía Nacional. Comisión de Tránsito del Ecuador, Fuerzas Armadas y Asociación de Municipalidades del Ecuador – AME, para su aplicación, control y cumplimiento en las terminales terrestres.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: El protocolo, se mantendrá vigente, mientras el Ministerio de Salud Pública, emita nuevas disposiciones y el Gobierno Central, declare la derogatoria del Estado de Emergencia Sanitaria

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente resolución, notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la ANT, la presente Resolución, a las Direcciones Nacionales, Provinciales de la ANT, Asociación de Municipalidades Del Ecuador – AME y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el procedimiento contenido en la presente Resolución.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 29

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 23 días del mes de marzo de 2020.

30 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

RESOLUCIÓN No. 023-DE-ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, Artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como uno de los debeles y responsabilidades de los ecuatorianos el siguiente: «Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo can la ley.”;

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras a servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principian de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que, el artículo 389 de la norma suprema, prescribe: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…) «

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: «La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transarte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal troncales, nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito

Que, el numeral 1 y 31 del artículo 29 de la norma citada, entre las atribuciones y funciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito señala: «1. Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador, la Constitución, la Ley sus Reglamentas, en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así coma las resoluciones del Directorio: precautelando el interés general (…) 31. Las demás que

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le determinen la Ley y su Reglamento, y el Directorio efe la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial»:

Que, el Artículo 103 de la norma Ibídem determina; «La matricula será emitida en el ámbito de sus competencias por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, sus Unidades Administrativas o por los GADs, previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes y el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento. El documento que acredite el contrato de seguro obligatorio para accidentes de tránsito, será documento habilitante previo para la matriculación v circulación de un vehículo.

Que, el artículo 104 de la precitada Ley, establece; «La matricula tendrá una duración de cinco aftas; cada afta se cancelará las derechos y valores de tránsito asociados a cada vehículo, incluidas los valores en caso de haberlos que por concepto de multas hubieren sido sancionados por la autoridad competente.

El pago de los valores por concepto de matriculación y la revisión será obligatoria y exclusiva de acuerdo al último dígito de la placa de identificación vehicular en el mes que señale el reglamento, en caso de que no lo hubiere hecho, podrá matricular el vehículo con la mulla respectiva.

El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará su uso”;

Que, el artículo 160 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial, determina: «Ningún vehículo podrá circuito por el territorio ecuatoriano sin poseer la matricula vigente y el adhesivo de revisión correspondiente, fuera de las plazos estipulados para el efecto, los agentes de tránsito procederán a la aprehensión del automotor hasta que su propietario presente la cancelación de los valores pendientes de matricula.

La matricula registra el titulo de propiedad del automotor, cuyo derecho podrá certificar el Director Ejecutivo de la ANT, los Responsables de las Unidades Administrativas correspondientes, o los GADs, según el ámbito de sus competencias.

La matricula será emitida por las Unidades Administrativas Regionales o Provinciales o por los GADs, según corresponda, previo el pago de todas las tasas e impuestos vigentes y el cumplimiento de los procedimientos contemplados en el Manual respectivo emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.

El calendario para la matriculación vehicular, a nivel nacional, será definido por la ANT mediante resolución.

Que, el artículo 1 del Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación Vehicular, emitido mediante Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT, de fecha 16 de marzo de 2017, señala que el objetivo de la norma en mención es: establecer los procedimiento y requisitos que deben cumplirse para la emisión de matriculas de vehículos (…)»;

32 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

Que, el Artículo 12 de la norma en referencia, determina la calendarización para el pago de valores por concepto de matriculación y revisión técnica vehicular anual y señala que «Los propietarios de vehículos podrán realizar el pago de los valores por concepto de matriculación r realizar el proceso completa de matriculación antes del mes que les corresponda según el cuadro de calendarización por diversos motivos como: transferencias de dominio, duplicados de matricula, reposición de placas, cambios de servicio, o que requieran hacerlo de manera voluntaria: sin embargo, si se los realiza posterior a la fecha de calendarización, el propietario deberá asumir el recaigo correspondiente.”;

Que, el artículo 13 del Reglamento Ibídem, dispone: «En caso de no haber realizado el pago de tus valores por concepto de matriculación y por no haber aprobado la revisión técnica vehicular, según la calendarización establecida, el GAD o Mancomunidad competente deberá solicitar la cancelación de la multa correspondiente, previo a la matriculación.

En caso de no haber concluido el proceso completo de matriculación durante el ano que corresponda, las mullas generadas por este concepto serán recaudadas por la Agencia Nacional de Tránsito a través del sistema de matriculación administrado por el Servicio de Rentas Internas: adicionalmente el GAD que realiza el proceso de matriculación podrá solicitar al usuario la cancelación de la multa por concepto de calendarización mensual, del año no matriculada. «

Que, el Artículo 14 del Reglamento citado, prescribe: «Estos valores podrán ser exonerados excepcionalmente previa verificación por la entidad competente en los siguientes casos:(…)

5. Problemas presentados en la entidad competente para el proceso de matriculación.-En el caso de presentarse problemas en los GADS al momento de realizar el proceso de matriculación, y estos inconvenientes impiden brindar el servicio, la autoridad de tránsito o su delegado presentará un informe técnico que contenga el detalle de usuarios, afectados y la causa que justifique la exoneración del pago de la calendarización.

6. Casos fortuitos o de fuerza mayor.- Para estos casos la autoridad de tránsito o su delegado presentará un informe técnico que contenga el detalle de usuarios afectados y la causa que justifique la exoneración del pago de la calendarización. «

Que, el Artículo 15 de la norma referida, señala: “La recaudación yo exoneración de multas por incumplimiento en los pagos de los valores por concepto de matriculación y revisión técnica vehicular, según se trate de incumplimiento en la calendarización mensual o matriculación anual se lo realizará a través del área competente de cada institución, de acuerdo al siguiente detalle:

El cobro y/o exoneración de los valores generados por concepto de no cancelación de los rubros de matriculación vehicular anual, es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito, mismos que serán recaudados a través del sistema administrado par el Servicio de Mentas Internas y forman parte de la tasa de matriculación y sus multas asociadas.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 33

Con la vigencia de la Resolución No. 066-DIR-201 6-ANT, del 16 de Junio de 2016. de la «Reforma al Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de Vehículos Motor», se estableció que el cobro yo exoneración de los valores generados por el incumplimiento en el pago de los valores por concepto de matriculación y revisión técnica vehicular dentro de la calendarización mensual, será competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos. Municipales y Mancomunidades, en razón de que estos rubros no forman parte de la lasa de matriculación y sus multas asociadas que actualmente son recaudadas a través del Sistema de recaudación de Servicio de Rentas Internas por lo cual pura este proceso de multas se regirá a partir de esa fecha. «

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de II de marzo de 2020, publicado en el Registro Oficial No. 160 de 12 de mar/o de 2020, el Ministerio de Salud Pública, en el artículo I, declaró Estado de Emergencia Sanitaria por la inminente posibilidad del electo provocado por el coronavirus COVID-19, a fin de prevenir un posible contagio masivo en la población; así también, en su artículo 13, dispone que la citada declaratoria de emergencia tendrá una duración de sesenta (60) días, pudiendo extenderse en caso de ser necesario;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República, declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud;

Que, en los artículos 3, 5, 6 y 8 del Decreto señalado, se suspende el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión; restringe la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, mediante el lo que de queda, con determinadas excepciones: y, suspende la jornada presencial de trabajo a partir del 17 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados de los sectores público y privado, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional;

Que, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en virtud de sus facultades asignadas, ha dispuesto varias medidas preventivas como restricciones a la circulación vehicular, horarios de toque de queda y otros direccionados a minimizar el riesgo de contagio por la COVID-19;

Que, mediante comunicado oficial de 16 de marzo de 2020, la Agencia Nacional de Tránsito, informó a la ciudadanía que, a partir de dicha a fecha, se suspende la atención para todos los servicios a nivel nacional;

Que, con Oficio Nro. AEADE 2020-22, de 6 de abril de 2020, el señor Genaro Baldeón H., en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE, pone en conocimiento de este organismo que, alrededor de 2.500 vehículos nuevos que fueron vendidos en el mes de marzo de 2019, no pudieron ser matriculados por la suspensión de actividades decretada por el Presidente de la República, y; que dentro de estos vehículos, muchos de ellos se encuentran destinados al transporte de productos básicos o de personas, cuya movilidad está permitida para los sectores de la salud, estratégicos, seguridad, financiero, entro otros, así también, propone que se habilite el sistema de matriculación, así como los pagos, tasas e impuestos que Son recaudados por el Servicio de Rentas Internas y los Gobiernos Autónomos

34 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

Descentralizados de acuerdo a su competencia, con la finalidad de continuar con el proceso de matriculación de vehículos nuevos.

Que, por acatamiento obligatorio de las medidas establecidas por el Presidente Constitucional de la República en el marco del Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, los procesos administrativos que ejecuta la Agencia Nacional de Tránsito y los organismos que mantienen la competencia de regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, se han visto limitados:

Que, es necesario garantizar la seguridad de los usuarios y mitigar los riesgos de contagio por COVID-19, dotando de facilidades tecnológicas a la ciudadanía, a fin de dar continuidad a sus trámites a través de plataformas digitales:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 83, 226 y 227 de la Constitución de la República y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del Artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ame la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID-19;

RESUELVE:

Artículo 1.- Reaperturar el Sistema Informático AXIS 4.0, única y exclusivamente para el módulo de matriculación de vehículos nuevos.

Artículo 2,-Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, previo al inicio del proceso de la matriculación de los vehículos nuevos, deberán coordinar con el Servicio de Remas Internas, los mecanismos para la respectiva recaudación de valores por concepto de matriculación de vehículos nuevos y demás sobre la materia en referencia.

Artículo 3.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al ámbito de sus competencias, considerarán los protocolos y planes de contingencia dictadas por el COE, las ordenanzas municipales emitidas por la emergencia sanitaria y las que crean necesarias para la matriculación de vehículos nuevos que, por motivos de la citada emergencia, no pudieron ser matriculados.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Las disposiciones constantes en la presente Resolución, serán susceptibles de modificación, de acuerdo a lo establecido y resuelto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.

Segunda.- Se dispone a las Direcciones de Títulos Habilitantes, Trasferencia de Competencias y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, levantar un plan de contingencia de las acciones a ejecutarse, a fin de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, puedan realizar la matriculación de vehículos nuevos.

Tercera.-Encárguese a la Dirección de Secretaria General de la Agencia Nacional de Tránsito, la notificación de la Resolución a la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Asociación de Municipalidades del Ecuador y al

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 35

Servicio de Rentas Internas.

Cuarta.- Encárguese a la Dirección de Comunicación Social la socialización y publicación de la Resolución.-

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA: La presente Resolución estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria, a partir de lo cual, se observará el procedimiento regular, constante en la Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT, de fecha 16 de marzo de 2017.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

36 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

RESOLUCIÓN- SETEGISP-ST-2020-0017

SILVANA MARIUXI RAMÍREZ VERDEZOTO

SECRETARIA TÉCNICA

SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación establece lo siguiente: «La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor.

El ámbito de esta ley se circunscribe a todas las actividades de carácter público o privado, vinculadas con el desarrollo del emprendimiento y la innovación, en el marco de las diversas formas de economía pública, privada, mixta, popular y solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal.»

Que, que el Artículo 13 ibídem establece lo siguiente: «Con la finalidad de acompañar el desarrollo de emprendimientos, el ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público brindará apoyo y facilitará instalaciones, infraestructuras o establecimientos disponibles a su cargo, mediante la suscripción de convenios, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones del gobierno central, para ser utilizados como centros de incubación gratuita para emprendedores.

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De igual forma, el ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público podrá facilitar instalaciones, infraestructuras o establecimientos a su cargo, mediante el arrendamiento a precio preferencial para ser utilizados como centros de apoyo, desarrollo y/o aceleradoras de emprendimientos de carácter público y/o privado.

La sanción o clausura a un emprendimiento no podrá perjudicar a otros emprendimientos ubicados en el mismo establecimiento.».

Que, el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación establece que: «De la suscripción de convenios y contratos de arrendamiento para ocupación de establecimientos del ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público: El ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público, dependiendo de la disponibilidad de instalaciones, infraestructura o establecimientos, podrá suscribir convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones del Gobierno Central para la implementación de centros de incubación gratuita para emprendedores.

El precio preferencial de los arrendamientos, referido en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, será equitativo, no discriminatorio y razonable, precautelando que se pueda cubrir los costos de mantenimiento de los inmuebles por parte del ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público que deberá emitir la reglamentación correspondiente para el efecto.

El ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público, previo a facilitar instalaciones, infraestructuras o establecimientos a su cargo a organizaciones públicas o privadas para el desarrollo del emprendimiento, solicitará al Ministerio rector de la Producción el informe técnico de sustento que incluirá principalmente la trayectoria y experiencia del solicitante en temas relacionados.

En todos los casos, las partes cumplirán con lo establecido en la normativa vigente para el uso de bienes del sector público.»

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, el Presidente de la República derogó los siguientes Decretos Ejecutivos Nro. 798 de 22 de junio de 2011, así como sus reformas; Decreto Ejecutivo Nro. 50 de 22 de julio de 2013; Decreto Ejecutivo Nro. 641 de 25 de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo Nro. 837 de 25 de noviembre de 2015; Decreto Ejecutivo Nro. 1377 de 03 de mayo de 2017 y se dispuso lo siguiente: «Artículo 1.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión, administración y control de los bienes del sector público y de los bienes que

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disponga el ordenamiento jurídico, que incluye las potestades de disponerlos, distribuirlos, custodiarlos, usarlos, enajenarlos, así como disponer su egreso y baja (…)».

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1107 del 27 de julio del 2020, el Presidente de la República reforma el Decreto Ejecutivo Nro. 503, publicado en Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, de la siguiente manera; «a) Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente texto: «Art. 1.-Transfórmese el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR en Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, como entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República, dotada de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Responsable de coordinar, gestionar, administrar, dar seguimiento, controlar y evaluar los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico vigente, que incluye las potestades de disponer, distribuir, custodiar, usar, enajenar, así como disponer su egreso y baja, además de las competencias y responsabilidades específicas derivadas de otros instrumentos jurídicos.» b) Sustitúyase el artículo 5 por el siguiente texto: «Art. 5.- La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público será dirigida por un Secretario Técnico, designado por el titular de la Secretaría General de la Presidencia.»

Que, la Disposición General del Decreto Ejecutivo No. 1107 del 27 de julio del 2020, establece que: «En el Decreto Ejecutivo Nro. 503 publicado en Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018 y demás normativa vigente donde se haga referencia al «Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR» o a su «Director General» léase como «Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público» o «Secretario Técnico» respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto».

Que, el artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: «La Función Ejecutiva, además de los organismos definidos y desarrollados en los artículos posteriores, podrá contar de manera general con los siguientes tipos de entidades: «(…) g) Secretaría Técnica.- Organismo público con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas públicas, dependiente de una instancia de coordinación conformada por miembros de la Función Ejecutiva y adscrito a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, un ministerio sectorial o secretaría nacional.»

Que, mediante ACUERDO Nro. PR-SGPR-2020-0094 de 29 de julio de 2020, suscrito por el Mgs. Nicolás Issa Wagner, Secretario General de la Presidencia de la República, acordó, designar a la doctora Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto como Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 39

Que, mediante la RESOLUCIÓN- SETEGISP-ST-2020-0016, de 12 de agosto de 2020, la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, resolvió lo siguiente: «…Artículo 2.- Para garantizar la adecuada y oportuna gestión institucional de este Organismo Público se continuará con la aplicación de los Acuerdos y Resoluciones emitidos previo a la emisión del Decreto Ejecutivo No. 1107 del 27 de julio de 2020 hasta concluir la transformación a Secretaría Técnica, bajo la responsabilidad de los funcionarios que intervengan en la emisión de los actos administrativos correspondientes.»

Que, es necesario regular la entrega de bienes inmuebles, infraestructuras o establecimientos de propiedad o administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; y, su Reglamento General, sobre lo relacionado con el desarrollo del emprendimiento.

En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en los artículos 10-1 literal g) y 64, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

RESUELVE:

Emitir, «LAS DIRECTRICES A SEGUIR PARA EL USO O ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS O ESTABLECIMIENTOS PARA CENTROS DE EMPRENDIMIENTOS»

Artículo 1.- Objeto: Las disposiciones contempladas en este instrumento normativo, regulan los procesos para la entrega de bienes inmuebles, instalaciones, infraestructuras o establecimientos de propiedad o administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, para la implementación de Centros de Emprendimientos, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; y, su Reglamento General.

Artículo 2.- Ámbito: La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, entregará los bienes inmuebles, infraestructuras o establecimientos de su propiedad o bajo su administración, a organizaciones públicas o privadas para el desarrollo del emprendimiento, mediante la suscripción de convenios, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones del gobierno central, para ser utilizados como centros de incubación gratuita para emprendedores, y en arrendamiento podrá facilitar instalaciones, infraestructuras o establecimientos a su cargo, para ser utilizados como centros de apoyo, desarrollo y/o aceleradoras de emprendimientos de carácter público y/o privado,

Artículo 3.- Informe Técnico.- Previo a la entrega de bienes inmuebles, infraestructuras o establecimientos de propiedad o administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, en convenio de uso o arrendamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, en concordancia con el artículo 16 de su reglamento

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general, se requerirá de un informe técnico emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; que será el sustento técnico y jurídico que evidencie la idoneidad de las organizaciones públicas o privadas, para el desarrollo del emprendimiento.

Artículo 4.- Legalidad de ocupación.- En ningún caso se permitirá la ocupación sin el instrumento legal correspondiente (contrato de arrendamiento o convenio de uso), para la suscripción de dichos instrumentos deberán someterse a lo determinado en el artículo 5 y 6 de este instrumento normativo respectivamente.

Artículo.- 5.- Convenio de Uso.- Los Convenios de Uso se suscribirán conforme al Modelo de Gestión para Bienes Propios de Administración Transitoria y Permanentes, del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, (hoy Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público), en este caso los organismos públicos deberán obtener un informe técnico, conforme lo establece el artículo 3 del presente instrumento normativo, previo a la suscripción del respectivo convenio.

Artículo 6.- Contrato de arrendamiento.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles, infraestructuras o establecimientos de propiedad o administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, se deberá suscribir los respectivos contratos de arrendamiento con organizaciones públicas y/o privadas, para lo cual deberá someterse a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Modelo de Gestión para Bienes Propios de Administración Transitoria y Permanentes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, (hoy Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público); y las directrices que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública, respecto de condiciones contractuales para emprendimientos.

Artículo 7.- Bienes inmuebles, infraestructuras o establecimientos.- La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, entregará en convenio de uso o arrendamiento, los bienes inmuebles, infraestructuras o establecimientos, que técnicamente constituyan un espacio físico disponible y adecuado para el desarrollo del emprendimiento y la innovación.

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- Para los casos de actividades únicas y eventuales referentes a emprendimientos, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, podrá asignar temporalmente espacios bajo la modalidad de tarifario, de acuerdo a un cronograma y disponibilidad establecidos por ésta Secretaría.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de agosto de 2020.

DRA. SILVANA MARIUXI RAMÍREZ VERDEZOTO

SECRETARIA TÉCNICA

SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO

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RESOLUCIÓN No. SCPM-DS-2020-32

DANILO SYLVA PAZMIÑO

SUPERINTENDENTE DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue creada mediante la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555 de 13 octubre de 2011, como un órgano técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa;

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018, de 23 de octubre de 2018, según fe de erratas de 05 de noviembre de 2018, posesionó al doctor Danilo Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado;

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra como uno de los principios que rige el ejercicio de los derechos: «9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”;

Que el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el derecho de las personas a un hábitat seguro y saludable;

Que el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la salud de las personas, el cual se debe desarrollar en ambientes sanos que sustenten el buen vivir;

Que el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el trabajo es un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, siendo el Estado el que garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado;

Que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las personas el derecho al debido proceso, a la defensa e igualdad de condiciones;

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce de los derechos reconocidos en la Constitución»;

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Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;

Que el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, determina como uno de los objetivos de la política económica: «8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes.”;

Que el artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador, determina como uno de los objetivos de la política comercial: «6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.”;

Que el artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, establece la obligación del Estado de regular, controlar e intervenir, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; sancionar la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos; así como, definir una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecer mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal;

Que el artículo 336 de la de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.”;

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.”;

Que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Salud Pública, señala: «Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional; (…) c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; (…)»;

Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud Pública, define a la emergencia sanitaria de la siguiente manera: «Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres

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naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables”;

Que la letra 1) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina como derecho de las y los servidores públicos: «Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;»;

Que el artículo 37 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, determina como facultad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado: «Corresponde a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia; la prevención, investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en esta Ley; y el control, la autorización, y de ser el caso la sanción de la concentración económica. (…)»;

Que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, señala: «Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los determinados en esta Ley: (…) 11. Dirigir y supervisar la gestión administrativa, de recursos humanos, presupuestarios y financiera de la Superintendencia. (…) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento (…)»;

Que la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, establece para lo no previsto en la Ley la supletoriedad de las demás normas del ordenamiento jurídico;

Que el artículo 162 del Código Orgánico Administrativo señala que el cómputo de los plazos y términos dentro de los procedimientos administrativos se suspende, entre otros supuestos, cuando:

«5. Medie caso fortuito o fuerza mayor.”;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo expidió las directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria;

Que mediante Resolución No. SCPM-DS-2020-13 de 13 de marzo de 2020, el Superintendente de Control del Poder de Mercado resolvió: «Adoptar y autorizar la implementación del teletrabajo emergente en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020, emitido por el

Ministerio del Trabajo, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional.”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1074 de 16 de junio de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado Ecuatoriano, el cual rige durante sesenta días a partir de su suscripción;

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 45

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 00024-2020 de 16 de junio de 2020, el Ministro de Salud Pública acordó en su artículo 1: «Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, ante la transmisión comunitaria del COVID-19 en las veinticuatro (24) provincias del país y la posible necesidad de hospitalización o atención en cuidados intensivos de la población.”; señalando en el artículo 12 del referido acuerdo, que: «La presente Declaratoria de Emergencia Sanitaria, tendrá como duración el plazo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1074 (…), pudiendo extenderse en caso de ser necesario.”;

Que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en sesión permanente del viernes 19 de junio de 2020, por unanimidad de los miembros, resolvió: «(…) Mantener suspendida la jornada laboral presencial de los funcionarios públicos relacionadas con actividades no esenciales, hasta el 26 de junio de 2020, en el Distrito Metropolitano de Quito. A partir del 29 de junio de 2020, el reinicio de actividades presenciales para este sector será progresivo y dando cumplimiento a la «Guía y Plan General para el retorno progresivo a las actividades laborales.”;

Que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en sesión permanente del lunes 29 de junio de 2020, por unanimidad de los miembros, resolvió: «1. Aprobar la propuesta realizada por las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo que integran la plenaria del COE – Nacional, con respecto a la semaforización que regirá en el país durante el mes de JULIO de 2020»; estableciendo para el semáforo amarillo en la ciudad de Quito, que: «(…) se reanudan las actividades laborales presenciales al 25%, en el sector público”;

Que mediante Informe No. 054 de 29 de julio de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional describe la situación de la enfermedad COVID 19 en el Ecuador, en el que se identifica a Guayas y Pichincha como las provincias con más casos confirmados de COVID 19 en el país, y en el caso de Pichincha, se mantiene para el mes de agosto las características de la semaforización amarilla modificada;

Que mediante memorando No. SCPM-IGT-INICPD-2020-0055 de 05 de agosto de 2020, el Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales, en lo principal, manifestó al Intendente General Técnico: «(…) De los antecedentes señalados podrá evidenciar que, actualmente una servidora institucional ha sido contagiada de COVID-19, siendo que además tuvo contacto con otros servidores institucionales. (…) el contagio (…) constituye una situación que ha puesto en riesgo el funcionamiento del área, lo indicado en consideración de que un posible contagio puede afectar gravemente la salud de los servidores institucionales, así como de operadores económicos. (…) en consecuencia se ha comprometido gravemente el correcto funcionamiento de la Dirección e Intendencia, ya que los servidores que llevan adelante los expedientes deben realizarse los exámenes correspondientes y monitorear su estado de salud hasta descartar deforma adecuada un posible contagio.”;

Que mediante Informe No. SCPM-IGG-2020-011 de 09 de agosto de 2020, la Intendente General de Gestión realizó el «Reporte de casos positivos de contagio de COVID-19 en funcionarios de la SCPM; y las acciones a tomarse para la mitigación del potencial riesgo de contagio», en el cual, de manera principal, concluyó y recomendó: «(…) Durante el mes de julio en virtud de la habilitación de plazos y términos, la SCPM reorganizó la presencia de los servidores y trabajadores priorizando la jornada presencial a los funcionarios del área técnica, debido a las

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actividades propias de dichas unidades; situación que en ningún caso supero el 25% de aforo. . A pesar de la implementación de medidas, protocolo, políticas de seguridad para garantizar la salud, integridad y bienestar de los funcionarios y la ciudadanía en general han existido contagios que ponen en riesgo la salud del resto de funcionarios. . La institución ha cumplido con las medidas de aislamiento del personal que cuenta con la confirmación del cuadro positivo; sin embargo existe la alta probabilidad de contagios externos. (…) En virtud de la confirmación de servidores con casos positivos y de familiares que genera riesgos y peligro de contagios a los servidores públicos y la ciudadanía en general, se recomienda mantener el cerco epidemiológico de los funcionarios detectados, hasta la confirmación de las resultados de las pruebas y alta médica correspondiente; además, se sugiere evaluar la posibilidad de actividades en modalidad teletrabajo principalmente en aquellas unidades que mantienen el cerco epidemiológico. Se recomienda poner en conocimiento de la Intendencia General Técnica, el presente informe para su respectiva evaluación y acciones pertinentes, enfocadas en precautelar la salud de los funcionarios. (…)»;

Que mediante memorando SCPM-IGT-2020-049 de 10 de agosto de 2020, el Intendente General Técnico, en relación al Informe SCPM-IGG-2020-011 de 09 de agosto de 2020, en lo principal, señaló lo siguiente: «(…) la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales; Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas; la Intendencia Regional y la Comisión de Resolución de Primera Instancia retomaron las actividades inherentes a sus atribuciones y responsabilidades estatutarias en estricta observancia de las directrices emitidas por los Ministerios del Ramo, así como de los protocolos expedidos por la Intendencia General de Gestión, no obstante, se han confirmado contagios de servidores que se encontraban laborando de forma presencial en la Institución y que pertenecen a dichos órganos de sustanciación, por lo que el riesgo potencial de que existan más servidores contagiados, es alto. Es necesario indicar que, tanto las Intendencias de Investigación, como la Comisión de Resolución de Primera Instancia han priorizado sus actividades procedimentales a través de teletrabajo y vía telemática, sin embargo, la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores requiere que los servidores responsables de la investigación y resolución de casos relacionados con el cometimiento de prácticas anticompetitivas deban asistir presencialmente a las oficinas de la Institución (al menos tres veces por semana en jornada completa), con la finalidad de ordenar los expedientes, elaborar extractos, informes, providencias y resoluciones, evacuar diligencias y pruebas que no puedan realizarse a través de medios telemáticos, como: verificación de validez de documentos físicos, exhibición de documentos, careos, allanamientos, inspecciones administrativas, etc. Del mismo modo, a pesar que la Institución ha implementado mecanismos virtuales para la recepción de los documentos de operadores económicos e instituciones públicas, no puede restringir el ingreso de la documentación a través de mecanismos físicos, lo que eleva exponencialmente el riesgo de contagios, ya no solo a los servidores públicos de la Institución, sino a la ciudadanía en general. De manera complementaria, se debe considerar que la Constitución de la República del Ecuador obliga a la administración pública a que en los procedimientos administrativos que esta tramite, se deben garantizar a los administrados el debido proceso, la seguridad jurídica de sus actuaciones y la tutela efectiva, derechos que podrían verse afectados en función de la grave calamidad Institucional, incurriendo incluso en la deficiente justiciabilidad de los derechos inherentes a la competencia económica, así como al incumplimiento de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En virtud de lo expuesto, considerando la gravedad de que existan servidores que se encuentran contagiados y una alta posibilidad de que los servidores que estuvieron en contacto con casos positivos de COVID-19, también se encuentren

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contagiados, solicito que se resuelva la suspensión de términos y plazos en los procedimientos administrativos sancionadores por fuerza mayor, con la finalidad de salvaguardar la salud de los servidores y los diferentes actores externos relacionados al actuar institucional; así como garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela efectiva de los derechos de los operadores económicos que se encuentren inmersos en dichos procedimientos. (…)»;

Que mediante Criterio Jurídico No. SCPM-DS-INJ-2020-011 de 11 de agosto de 2020, la Intendencia Nacional Jurídica, manifestó que: «(…) En el caso concreto, se observa que el área encargada de la Seguridad y Salud Ocupacional de la SCPM, ha identificado un alto riesgo de contagios de COVID-19 enfundan de cuadros positivos de dicha enfermedad tanto en servidores públicos como el familiares del entorno de servidores; en este sentido, corresponde al Estado a través de quienes ejercen la potestad estatal y el ejercicio de sus funciones el salvaguardar la salud e integridad de los ciudadanos a través de la implementación de acciones y medidas tendientes a reducir y mitigar los riesgos potenciales, como efectivamente se ha realizado al establecer cercos epidemiológicos e identificar la necesidad de priorizar la modalidad de teletrabajo, principalmente, en las unidades que mantienen el cerco. (…) la Constitución de la República del Ecuador es determinante al establecer que en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos de los cuales se puedan generar derechos y obligaciones para los administrados, el Estado será responsable de garantizar, el derecho al acceso a la tutela efectiva de los derechos, el debido proceso, la seguridad jurídica y a la defensa, teniendo presente que este engloba contar con el tiempo y medios adecuados, ser escuchado en el momento y en igualdad de condiciones, presentar pruebas y de forma verbal o escrita las razones o argumentos de su defensa, y contradecir las pruebas y argumentos que se presenten en su contra.{…) Por las circunstancias propias y particulares expuestas por las áreas responsables, y al tratarse de un tema de relevancia institucional, que involucra a varias áreas y no a un procedimiento en particular, resulta procedente la solicitud realizada por el Intendente General Técnico, que sea el Superintendente de Control del Poder de Mercado, quien: «(…) resuelva la suspensión de términos y plazos en los procedimientos administrativos sancionadores por fuerza mayor, con la finalidad de salvaguardar la salud de los servidores y los diferentes actores externos relacionados al actuar institucional; así como garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela efectiva de los derechos de los operadores económicos que se encuentren inmersos en dichos procedimientos.».»;

Que en razón de las circunstancias planteadas en el memorando No. SCPM-IGT-INICPD-2020-0055 de 05 de agosto de 2020, el Informe No. SCPM-IGG-2020-011 de 09 de agosto de 2020, el memorando SCPM-IGT-2020-049 de 10 de agosto de 2020, y el Criterio Jurídico No. SCPM-DS-INJ-2020-011 de 11 de agosto de 2020, el Superintendente de Control del Poder de Mercado mediante Resolución No. SCPM-DS-2020-31 de 12 de agosto de 2020, resolvió: «Suspender el cómputo de los plazos y términos de los procedimientos administrativos sancionadores que son sustanciados en la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales; Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas; Comisión de Resolución de Primera Instancia; y, los recursos administrativos que son sustanciados por la Intendencia Nacional Jurídica, desde el jueves 13 de agosto de 2020, inclusive, hasta que se superen las circunstancias que motivan esta suspensión y se resuelva la derogatoria de la presente Resolución.”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1126 de 14 de agosto de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador renovó el estado de excepción por calamidad pública en todo el

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territorio nacional por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado Ecuatoriano, el cual rige durante treinta días a partir de su suscripción;

Que mediante Informe SCPM-IGG-2020-13 de 21 de agosto de 2020, denominado: «Informe de cumplimiento a la resolución No. SCPM-DS-2020-31, semana del 17 al 21 de agosto de 2020», la Intendente General de Gestión, puso en conocimiento del Superintendente de Control del Poder de Mercado, el reporte de las inspecciones realizadas por la unidad de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de verificar el cumplimiento del «Protocolo para retorno a las actividades, manejo y prevención de transmisión de COVID -19 de la SCPM», correspondiente a la semana del 17 al 21 de agosto de 2020;

Que mediante Informe SCPM-IGG-2020-14 de 25 de agosto de 2020, denominado: «Cumplimiento Resolución No. SCPM-DS-2020-31, alcance informe No. SCPM-IGG2020-013 de 21 de agosto de 2020», la Intendente General de Gestión informó al Superintendente de Control del Poder de Mercado, la situación de los servidores de la Institución, tanto los reportados como casos positivos, como quienes fueron identificados en el cerco epidemiológico en la semana comprendida entre el 17 y 21 de agosto de 2020; concluyendo en lo principal, lo siguiente: «Dado que se ha realizado el monitoreo pertinente a cada uno de los casos de contagio o sospecha y de conformidad con lo recomendado por los entes de control, la SCPM a la fecha no amerita mantener activo un cerco epidemiológico”; por lo que recomendó: «(…) poner en conocimiento de la Intendencia General Técnica el presente informe a fin de que se tomen las medidas necesarias en la planificación del trabajo del personal que pertenece a las unidades a cargo de la referida área técnica.»;

Que mediante memorando SCPM-IGT-2020-050 de 25 de agosto de 2020, el Intendente General Técnico, refiriéndose al Informe SCPM-IGG-2020-014 de 25 de agosto de 2020 suscrito por la Intendente General Gestión, manifestó al Superintendente de Control del Poder de Mercado, en lo principal, lo siguiente: «Tras una evaluación del área de Seguridad y Salud Ocupacional de la SCPM en la cual se identificó un alto riesgo de contagios del virus COVID-19 en función de cuadros positivos, tanto de servidores públicos como en familiares de su entorno y con el objetivo institucional de salvaguardar la salud e integridad de los servidores públicos y los diferentes actores externos relacionados al actuar institucional, así como garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela efectiva de los derechos de los operadores económicos, se emitió la Resolución No. SCPM-DS-2020-31. (…) Mediante Informe SCPM-IGG-2020-014 de 25 de agosto de 2020, la Intendencia General de Gestión recomienda «… poner en conocimiento de la Intendencia General Técnica el presente informe a fin de que se tomen las medidas necesarias en la planificación del trabajo del personal que pertenece a las unidades a cargo de la referida área técnica «y entre sus conclusiones señala que: «Dado que se ha realizado el monitoreo pertinente a cada uno de los casos de contagio o sospecha y de conformidad con lo recomendado por los entes de control, la SCPM a la fecha no amerita mantener activo un cerco epidemiológico. » En virtud de lo expuesto y considerando los certificados médicos existentes de los diferentes servidores institucionales, solicito de la manera más comedida se resuelva el levantamiento de la suspensión de los términos y plazos establecida en la Resolución No. SCPM-DS-2020-31, desde el jueves 27 de agosto de 2020.”; y,

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 49

Que habiendo sido monitoreadas y controladas las circunstancias que motivaron la expedición de la Resolución No. SCPM-DS-2020-31 de 12 de agosto de 2020, es procedente el levantamiento de la suspensión del cómputo de los plazos y términos ahí previstos.

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley,

RESUELVE:

Artículo 1.- Levantar desde el jueves 27 de agosto de 2020, la suspensión del cómputo de los plazos y términos de los procedimientos administrativos sancionadores que se sustancian en la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales; Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas; Comisión de Resolución de Primera Instancia; y, los recursos administrativos que son sustanciados por la Intendencia Nacional Jurídica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Se continuará priorizando la modalidad de teletrabajo de los servidores de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

SEGUNDA.- Para notificaciones, se priorizará el uso de los correos electrónicos señalados por los operadores económicos o los ciudadanos en general.

Los órganos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, instarán a los operadores económicos y a los ciudadanos en general, a señalar correos electrónicos para notificaciones.

TERCERA.- Las reuniones, audiencias o diligencias se realizarán, en la medida de lo posible, por medios telemáticos, en cuyo caso el secretario de sustanciación o el responsable del expediente sentarán una razón en la que se identifique a los comparecientes. Dichas diligencias serán grabadas en audio y video.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Se deroga la Resolución No. SCPM-DS-2020-31 de 12 de agosto de 2020.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Se encarga la ejecución de esta Resolución a la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales; Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas; Comisión de Resolución de Primera Instancia; Intendencia Nacional Jurídica; Intendencia General Técnica; y, a la Intendencia General de Gestión.

SEGUNDA.- Publíquese la presente Resolución en la intranet y en la página WEB de la Institución.

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TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la difusión de esta Resolución y la realización de las gestiones correspondientes para su publicación en el Registro Oficial.

CUARTA.- Esta Resolución rige a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.-

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de agosto de 2020.

Danilo Sylva Pazmiño

SUPERINTENDENTE DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 51

CERTIFICACIÓN DE COPIAS

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- SECRETARÍA GENERAL.- De conformidad a lo establecido en el numeral 12.5, literal f) de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado mediante Resolución No. SCPM-DS-2019-62 de 25 de noviembre de 2019; en calidad de Secretaria General, de conformidad la Acción de Personal Nro. SCPM-INAF-DNATH-0283-2019-A de 06 de agosto de 2019, con fundamento a lo preceptuado en el numeral 4.4 SUBPROCESO: CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL, del Manual de Gestión Documental y Archivo Procesal, aprobado mediante Resolución SCPM-DS-2020-05 de fecha 23 de enero de 2020; por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; Certifico que las NUEVE (09) páginas de Resolución No. SCPM-DS-2020-32 de 26 de agosto de 2020, conforme el siguiente detalle; Páginas 1 a 9 son fieles copias del documento original.

Del detalle que antecede son iguales a los documentos que reposan en la carpeta compartida de archivo de la Secretaría General los mismos que corresponden a la Resolución No. SCPM-DS-2020-32 de 26 de agosto de 2020; que previo al proceso se constató y verifico con el documento electrónico, en el estado que fue presentado y al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, D.M., 27 de agosto del dos mil veinte.

Ab. Tatiana Dávila Zúñiga

SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

ELABORADO POR: GABRIELA LOAIZA

OBSERVACIONES:

1. Este documento está firmado electrónicamente, en consecuencia, tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
2. El documento que antecede, tiene la validez y eficacia de un documento físico original, en armonía a lo prescrito en los artículos 202 del Código Orgánico General de Procesos; 147 del Código Orgánico de la Función Judicial; 2,51 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
3. La Secretaría General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; no se responsabiliza por la veracidad y estado de los documentos presentados para la Certificación por parte de las unidades administrativas y que puedan inducir al error o equivocación, así como tampoco el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

52 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCACHE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De manera amplia se puede decir que los Gobiernos Descentralizados Municipales de una u otra forma inciden en la vida diaria de miles de personas por cuanto se encuentran ligadas por tradición a la solución de problemas ciudadanos cotidianos en materia de servicios básicos, infraestructura física, ordenamiento urbano y rural entre otros. Siendo este nivel de gobierno el más cercano a la población, en aras de fortalecer el nuevo rol del Estado que propone al gobierno nacional, es imperioso que los gobiernos municipales se consoliden marcando políticas publicas férreas cuyo único fin sea el progreso y crecimiento de las poblaciones.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache encargado de la definición y ejecución de políticas públicas debe adoptar la medidas de prevención del saneamiento ambiental para así garantizar la salud de sus habitantes con la aprobación de la ORDENANZA QUE REGULA Y PROHÍBE LA INSTALACIÓN DE CHANCHERAS, GRANJAS PORCINAS, AVÍCOLAS, VACUNOS, CENTRO DE FAENAMIENTO DE AVES O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSTALACIONES PARA CRIAR O ALBERGAR ESPECIES SIMILARES EN LA CABECERA CANTONAL, PARROQUIAL Y CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN MOCACHE, con esto el apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, incorporando a todos los sectores y otros actores

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EL ILUSTRE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MOCACHE

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la población el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay, además declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República señala que el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto;

Que, el artículo 66, numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el artículo 276, numeral 4 de la Constitución de la República, señala que el régimen de desarrollo tendrá entre otros los siguientes objetivos, recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 54 letra a) establece que son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal, promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 54 letra k) establece que son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal, regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

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Descentralización, en su Art. 55 letra d), establece que son competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo dé desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, está en la obligación de adoptar las medidas preventivas para el saneamiento ambiental, de tal forma garantizar la salud de sus habitantes.

Que, es necesario actualizar las nuevas normas legales, por cuanto el ordenamiento jurídico actualmente ha cambiado.

Que, En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA Y PROHÍBE LA INSTALACIÓN DE CHANCHERAS» GRANJAS PORCINAS, AVÍCOLAS, VACUNOS, CENTRO DE FAENAMIENTO DE AVES O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSTALACIONES PARA CRIAR O ALBERGAR ESPECIES SIMULARES EN LA CABECERA CANTONAL, ZONAS DE PROSPECCIÓN URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN MOCACHE.

Art. 1.- Ámbito,- Esta ordenanza regirá dentro de la cabecera cantonal, áreas de prospección urbana y centros poblados del cantón Mocache,

Art. 2.- Competencia.- La aplicación y control del cumplimiento de la presente ordenanza le corresponde a la Comisaria Municipal, y la Dirección de Ambiente Higiene y Salubridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocache o quien haga sus veces.

Art. 3.- Normas sanitarias.- Para la ubicación de una chanchera, granja porcina, avícola, vacunos, centros de faenamiento de aves o cualquier otro tipo de instalación para criar o albergar especies similares, el propietario deberá sujetarse a las siguientes normas sanitarias;

a) La ubicación o instalación de chancheras, granjas porcinas, avícolas, vacunos, centros de faenamiento de aves o cualquier otro tipo de instalación para criar o albergar especies similares deberán establecerse a 1000 metros de distancia a la redonda del perímetro urbano aprobado por el Concejo Cantonal; a 500 metros de

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las carreteras o vías principales del cantón; y que no afecte al sistema de agua potable e hídrico del cantón Mocache.

2. Para efecto de esta Ordenanza, se entiende por chanchera la cría y engorde de porcinos de un número máximo de dos (2); si sobrepasa la cantidad detallada, se entenderá como granja.
3. Se entiende por granja porcina, granja avícola, a las instalaciones para reproducción, crecimiento y engorde de cerdos, aves de corral, vacunos y otros similares, que deberán estar ubicadas conforme se indica en el litera a) de este artículo;
4. Se entiende por centro de faenamiento de aves a las instalaciones destinadas para el desposte de aves de corral y otros similares, que deberán estar ubicadas conforme se indica en el litera a) de este artículo;
5. Se entiende por instalaciones para criar o albergar a sitios donde se disponga de especie porcina, avícola, vacuna» aves, etc.
6. La alimentación deberá ser en base a materia prima vegetal y animal elaborada higiénicamente;
7. Las chancheras o granjas porcinas deberán mantener piso de hormigón armado, paredes de hormigón, área promedio de un cerdo adulto por metro cuadrado y una pendiente del 3 al 4 % hacia el desagüe; y,

h) Los desechos deberán desembocar en pozo séptico, cuyas medidas mínimas serán de 2 metros cuadrados. Esto dependiendo del Plan de Manejo aprobado por el organismo competente y sobre la cantidad de animales en cría o engorde, establecidos.

i) Se entiende por zona poblada a un número mayor de 10 viviendas.

El pozo séptico será de paredes de hormigón armado o material impermeable cuando se encuentre dentro de 100 metros de una vertiente de agua, y podrá ser sin impermeabilización fuera de dicha distancia, con una ubicación de diez metros mínimos de las construcciones (instalaciones de chancheras, granjas porcinas, avícolas, vacunos, centro de faenamiento de aves o cualquier otro tipo de instalaciones para criar o albergar especies similares); además se deberá construir una fosa u horno crematorio para botar o incinerar animales no aptos para el consumo humano.

Quien no cumpla con las normas sanitarias antes referidas, no podrá construir e instalar ningún tipo de chancheras, granjas porcinas, avícolas, vacunos, centros de faenamiento de aves o cualquier otro tipo de instalación para criar o albergar especies similares.

Art. 4.- Autorización.- Las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras,

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previa a la obtención de la autorización del uso de suelo para la instalación de chanchera, granja porcina, avícola, vacunos, centros de faenamiento de aves o cualquier otro tipo de instalación para criar o albergar especies similares, deberán presentar el proyecto a aplicar, con las certificaciones, o licencias de factibilidad sobre los estudios de impacto ambiental y las medidas de control, extendidas por los Ministerios de Salud, Ambiente, Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, según corresponda.

Proyecto que deberá ser presentado a la Dirección dé Ambiente Higiene y Salubridad, para el procedimiento de autorización.

Art. 5.- Sanciones.- Quien contravenga las disposiciones legales contenidas en esta Ordenanza, tendrá las siguientes sanciones:

1. Si Luego de realizada una inspección y verificada la existencia y funcionamiento de chanchera, granja porcina, avícola, vacunos, centros de faenamiento de aves o cualquier otro tipo de instalación para criar o albergar especies similares en el perímetro urbano de la cabecera cantonal, zonas de prospección urbana y centros poblados del cantón Mocache, el Comisario Municipal, notificará por escrito a sus propietarios, concediéndoles un plazo de treinta días para la respectiva desocupación;
2. En caso de que los propietarios no cumplan con el plazo concedido en el literal anterior, el Comisario Municipal, impondrá una multa del 10 % de un Salario Básico Unificado vigente (SBU), y concederá un plazo definitivo de quince días para la desocupación inmediata; y,
3. En caso de no cumplir con lo establecido en el literal b, se impondrá una multa del 20 % de un Salario Básico Unificado vigente (SBU), y a través de la Comisaría Municipal se notificará al propietario que se procederá a la demolición de la infraestructura existente, a costas del infractor.

Art. 6.- Del ejercicio de la acción popular.- Se concede a toda persona natural o jurídica, pública o privada, la acción de denunciar cualquier hecho o acto que provoque daños, perjuicios o molestias producidos por chancheras, granjas porcinas, avícolas, vacunos u otros ilegalmente establecidas que no estén sujetas a normas de sanidad, establecida por la Ley, sin perjuicio de la acción de oficio.

Art. 7.- Del procedimiento para la acción popular.- Para proceder a resolver y sancionar las infracciones, la denuncia estará dirigida a la Alcalde o Alcaldesa del Cantón Mocache; las que deberá ser presentada por escrito y contendrá lo siguiente: designación de la Autoridad competente; generales de ley del denunciante; datos generales del o los denunciados, como nombres completos,

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dirección; los fundamentos de hecho; la cosa o hecho que exige; fotografía referencial del lugar, y las demás determinadas por ley. Una vez presentada será objeto de estudio técnico legal por parte de la Comisaría Municipal, respetando el debido proceso, con informe y sugerencia de la o el Director de Ambiente Higiene y Salubridad, de la cual se realizarán las diligencias correspondientes y se expedirá la respectiva resolución.

Art. 8.- Autoridad sancionadora.- Corresponde a la Comisaría Municipal el juzgamiento de las infracciones a que se refiere esta ordenanza y a las que legalmente le atribuyan las leyes ecuatorianas, sobre los actos que provoquen contaminación ambiental y malestar en la ciudadanía; quien a su vez, podrá solicitar la intervención de las autoridades de salud y ambiente, como de la Comisaria de Policía Nacional, para el uso efectivo de sus atribuciones. Para el efecto del cumplimiento de las sanciones que imponga el Comisario Municipal, podrá solicitar la colaboración de la Policía Nacional. En todo caso, se evitará la duplicación de Sanciones por una misma infracción, para lo cual se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Deróguese Ordenanzas, Reglamentos, o cualquier otra normativa de igual o inferior jerarquía expedida por el Ilustre Concejo Cantonal, sobre la misma materia, y que se contraponga a la aplicación de la presente Ordenanza

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- Se exceptúa al Gobierno Municipal en lo concerniente a las distancias del Matadero Municipal en esta Ordenanza.

SEGUNDA.- Se prohíbe la circulación de ganado vacuno, bovino, porcino y similar por las calles de la cabecera cantonal y centros poblados del cantón Mocache, lo cual será causal de multa de uno a tres salarios básicos unificados del trabajador en general que será impuesta por la Comisaría Municipal,

Esta prohibición se hace extensiva a la deambulación del ganado equino.

TERCERA.- Se prohíbe la construcción de viviendas alrededor del Matadero Municipal en un radio de 200 metros a la redonda.

CUARTA.- Las resoluciones que se dictaren con motivo de la aplicación de esta ordenanza, se concederán los recursos previstos en las Leyes sobre la materia

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA,- Se prohíbe dentro del perímetro urbano, zonas de prospección urbana y centros poblados, instalar establos, granjas o cualquier otro tipo de instalación y/o construcción para criar o albergar ganado vacuno, equino, bovino, caprino, porcino, así como aves de corral y otras especies.

SEGUNDA.- Las chancheras ya existentes dentro del perímetro urbano, zonas de prospección urbana y centros poblados del cantón Mocache, tendrán un plazo de seis meses para su reubicación, contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.

TERCERA.- Para las granjas porcinas, avícolas, vacunos, centros de faenamiento de aves o cualquier otro tipo de instalación para criar o albergar especies similares, ya existentes dentro del perímetro urbano, zonas de prospección urbana y centros poblados del cantón Mocache, tendrán un plazo de seis meses para su reubicación, contado a partir de la promulgación de la presente Ordenanza,

CUARTA.- En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ordenanza, la dirección del área correspondiente procederá a la paralización inmediata de las actividades desarrolladas para el efecto; pudiendo reiniciar las mismas una vez que se dé cumplimiento a todo lo establecido.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su promulgación, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial, y página web de la Institución y Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, a los veinte días del mes de diciembre del dos mil diecinueve.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 59

CERTIFICO: Que la «ORDENANZA QUE REGULA Y PROHÍBE LA INSTALACIÓN DE CHANCHERAS, GRANJAS PORCINAS, AVÍCOLAS, VACUNOS, CENTRO DE FAENAMIENTO DE AVES O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSTALACIONES PARA CRIAR O ALBERGAR ESPECIES SIMILARES EN LA CABECERA CANTONAL, ZONAS DE PROSPECCIÓN URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN MOCACHE», que antecede, fié discutida y aprobada por el I. Concejo de Mocache en primer y segundo/debate en las Sesiones Ordinarias del 23 de agosto y el 20 de diciembre del 2019;’% la remito a la señora Alcaldesa de conformidad con lo que establece el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Mocache, diciembre 23 del 2019.

VISTOS: En uso de la facultad que me concede el Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), declaro sancionada la «ORDENANZA QUE REGULA Y PROHÍBE LA INSTALACIÓN DE CHANCHERAS, GRANJAS PORCINAS, AVÍCOLAS, VACUNOS, CENTRO DE FAENAMIENTO DE AVES O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSTALACIONES PARA CRIAR O ALBERGAR ESPECIES SIMILARES EN LA CABECERA CANTONAL, ZONAS DE PROSPECCIÓN URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN MOCACHE», por estar de acuerdo con las normas vigentes; y, ordeno su promulgación conforme lo indica el artículo 324 de la ley invocada.

Mocache, 26 de diciembre del 2019.

Mocache,, 26 de diciembre del 2019.

60 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

SECRETARIA DEL L CONCEJO.- Mocache, 26 de diciembre del 201?.-Sancionó, firmó y ordenó la promulgación de la «ORDENANZA QUE REGULA Y PROHÍBE LA INSTALACIÓN DE CHANCHERAS, GRANJAS PORCINAS, AVÍCOLAS, VACUNOS, CENTRO DE FAENAMIENTO DE AVES O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSTALACIONES PARA CRIAR O ALBERGAR ESPECIES SIMILARES EN LA CABECERA CANTONAL, ZONAS DE PROSPECCIÓN URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN MOCACHE», la señora María Cristina Holguín de Andrade, Alcaldesa del Gobierno Municipal de Mocache, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.- Lo Certifico:

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 61

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCACHE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El incremento del uso y consumos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los espacios públicos y vías públicas se han convertido en un problema de salud pública.

Según el artículo 3 numeral i de la Constitución de la República del Ecuador es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, entre otros la salud.

Uno de los medios para hacer realidad el goce de los derecho de la salud en la concientización sobre los problemas que produce en los individuos de la sociedad y en la familia, el consumo de droga, así como la ventaja de llevar una vida libre del uso y consumo de drogas que es un fenómeno que acarrea graves consecuencias de carácter sanitario, económico, social, y seguridad ciudadana

Es procedente que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mocache, apoye el combate al consumo del uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de esta manera respalda al derecho a la salud.

Esta ordenanza es una herramienta que pretende solucionar el conflicto de consumo de sustancias en espacios públicos y vías públicas a través de medidas de control y sanción. Trabajar en la prevención integrar del consumo de droga implica para los GAD desarrollar acciones de regulaciones de control de las áreas pertinentes, preventivas, y que permitan la salud de la población y una vida digna.

62 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

EL L CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MOCACHE

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador dispone son deberes primordiales del Estado en los numerales 1, 5 y 6 que determinan la responsabilidad del Estado en garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, mediante la planificación del desarrollo nacional para erradicar la pobreza y promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.

Que» la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Súmale Kawsay.

Que, el artículo 31 la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de las personas para disfrutar de la ciudad y sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural.

Que, el artículo 32 la Constitución de la República del Ecuador de la Norma Suprema, proclama que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 44 dispone que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos se atenderán al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Que, en el numeral 5 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado adoptará medidas de prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 63

Que, el numeral 2 del artículo 264 de la Constitución.- Establece que los gobiernos municipales ejercerán el control sobre el uso y ocupación de los suelos en el cantón.

Que, el artículo 277 de la Constitución de la República señala como deber del Estado, para la consecución del buen vivir, entre otros, el siguiente: «3, Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento».

Que, de conformidad con el artículo 364 de la Constitución de la República, establece que: «Las adicciones son un problema de salud pública, Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales».

Que, la Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización tiene como objeto la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el establecimiento de un marco jurídico e institucional suficiente y eficaz.

Que, el artículo 5 de la Ley antes nombrada indica que el Estado garantizará, entre otros, el ejercicio del siguiente derecho: «a.- Derechos humanos.- el ser humano como eje central de la intervención del Estado, instituciones y personas involucradas, respecto del fenómeno socioeconómico de las drogas, respetando su dignidad, autonomía e integridad, cuidando que dicha intervención no interfiera, limite o viole el ejercicio de sus derechos».

Que, el inciso segundo del artículo 7 de la indicada Ley establece que los gobiernos autónomos descentralizados, implementarán planes y programas destinados a la prevención integral, con especial atención a los Grupos de Atención Prioritaria.

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), determina como funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las siguientes:

1. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del Buen Vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
2. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en sus territorios, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
3. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial,

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de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente en el seguimiento y rendición de cuentos sobre el cumplimiento de las metas establecidas.

Que, en el literal j) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), señala que son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución, y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria.

Que, el artículo 54, literal m, del Código Orgánico de Organización Territorial, Índica que una de las funciones que tiene el gobierno autónomo descentralizado, Regular y controlar el uso del espacio público cantonal»; y, que de acuerdo al artículo 55 del mismo cuerpo legal es su competencia exclusiva entre otros, «b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón».

Que, El art. 148 del Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), dispone que «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ejercerán las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución.

Que, en el artículo 598 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que cada Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano o Municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Los Consejos Cantonales para la Protección de los Derechos tendrán como atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales de protección de derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad.

Que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 78 garantizan el derecho de la salud de los niños, niñas y adolescentes y su protección frente al consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Que de conformidad con el artículo 13, inciso segundo del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en coordinación con la Secretaría Técnica de Drogas podrán desarrollar

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programas y actividades orientadas a la prevención del uso y consumo de drogas, reducción de riesgos y daños e inclusión social.

Que, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, expidió la Resolución 001 CONSEP-CD-2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 19 de 20 de junio de 2013 y que trata sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, así como la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal.

Que, El Plan Nacional del Buen Vivir señala como política de Estado el brindar atención integral a las mujeres y Grupos de Atención Prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural.

Y, en ejercicio de la atribución legal del Código Orgánico de Organización Territorial; Autonomía y Descentralización,

EXPIDE:

LA ORDENANZA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, FRENTE AL CONSUMO Y USO INDEBIDO DE ALCOHOL, TABACO, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN EL CANTÓN MOCACHE.

TÍTULO I

CREACIÓN, OBJETIVOS, FINES, ÁMBITO Y ATRIBUCIONES

Art. 1.- CREACIÓN.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache crea la presente Ordenanza, que permite prevenir, atender, proteger y asegurar la garantía de derechos frente al consumo y uso de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el cantón.

Art. 2.- OBJETIVO.- Esta Ordenanza tiene por objetivo, regular, prevenir, atender, proteger y asegurar la garantía de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en especial de los Grupos de Atención Prioritaria, frente al uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el cantón, y disponer las acciones necesarias para asegurar la implementación de esta política pública.

Art.3.-DE LOS FINES.-

a) Desarrollar mecanismos que garanticen la prevención, atención, protección y asegurar la garantía de derechos de los y las ciudadanos y ciudadanas, en especial de los Grupos de Atención Prioritaria, a través del cumplimiento de la política pública a nivel cantonal.

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2. Regular el uso del espacio público en el cantón Mocache, frente al consumo y uso de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
3. Orientar a través de la Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos las propuestas metodológicas, técnicas y económicas de los actores públicos y privados responsables de la protección integral de derechos de los y las ciudadanos y ciudadanas, a través de su fortalecimiento y articulación efectiva que impulse la prevención, atención y protección, que garanticen derechos, fiente al consumo y uso de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el cantón.
4. Establecer los mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia por parte del Estado, la sociedad civil y la familia, en el ejercicio de las atribuciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.
5. Las entidades públicas y privadas que trabaja en el ámbito la temática que observa esta ordenanza deberán tener estadísticas cantonales clasificadas para dar seguimiento oportuno y pertinente a los casos del consumo y uso de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en Grupos de Atención Prioritaria identificados en el cantón para contribuir al cumplimiento de la política pública nacional en la materia.

Art. 4,- PRINCIPIOS,- La presente Ordenanza se rige por los principios y disposiciones contenidos en la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el COOTAD, Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y demás normas referentes a la prevención, atención y protección frente al consumo y uso de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

1. Interés superior del año.-EI interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas,, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
2. Prioridad absoluta,-En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años,
3. Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y las Familias.- Es deber del Estado, la sociedad y las familias, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas

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políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado y la Sociedad formularán y aplicarán políticas públicas, sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna para tal fin.

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de las demás personas,

Art. 5,- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de la presente Ordenanza tendrán vigencia en el territorio del Cantón Mocache y su aplicación es obligatoria para todas las instituciones públicas y privadas, ciudadanos y ciudadanas, residentes y/o transeúntes, con el propósito de prevenir el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Art. 6,- DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, VÍA PÚBLICA.- Para efectos de la presente ordenanza se consideran como espacios públicos y privados:

1. Las calles, avenidas, puentes, pasajes, alcantarillas y demás vías de comunicación y circulación;
2. Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística;
3. Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación;
4. Casas comunales, canchas, mercados, conchas acústicas y escenarios deportivos, culturales y sociales; y,
5. Márgenes del río y quebradas.
6. Y los demás construidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache.

Art. 7.- DE LOS RECURSOS.- Esta Ordenanza dispone al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache y a las entidades públicas y privadas la movilización de los recursos técnicos, tecnológicos, políticos y financieros para la protección de los y las ciudadanos y ciudadanas, en especial a los Grupos de Atención Prioritaria para prevenir el consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el cantón Mocache. Para el efecto orientarán de manera preferente sus planes, programas, proyectos, actividades y acciones, para la inclusión social de los y las ciudadanos, ciudadanas que se encuentren inmersos en esta problemática, garantizando sus derechos y mejorando las condiciones de vida de las familias.

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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal gestionará ante las Instituciones competentes del Gobierno Central destinen los recursos necesario para la Implementación de la política pública cantonal.

Art. 8.- ATRIBUCIONES.- Para el cumplimiento de esta Ordenanza, son atribuciones y deberes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache.

á) Decretar la prohibición del uso y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los espacios públicos determinados en la presente ordenanza, esta prohibición se incluye en los vehículos motorizados y no motorizados que se encuentren en el espacio público y vías.

2. Controlar a través del Departamento de Medio Ambiente, Comisaría Municipal y los demás departamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocache, responsables del control y uso de los espacios públicos, y vía pública considerados en la presente ordenanza, para cuyos efectos se realizará monitoreo de forma permanente con el acompañamiento de los Ministerios y entidades públicas que de acuerdo a la Constitución de la República y las leyes tienen atribuciones y competencia en la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El monitoreo será apoyado de manera directa por Jefatura Política, de Policía Nacional, Dirección de Ambiente Higiene y salubridad, Consejo de Seguridad Ciudadana y Unidad Municipal de Transito, Policía Nacional y/o Municipal, a fui de prevenir y controlar la presencia en estos espacios de la problemática que aborda la presente ordenanza.
3. Sensibilizar y capacitar sobre los riesgos que representan para la salud física, social, mental y psicológica de los y las ciudadanos y ciudadanas, y en especial de los Grupos de Atención Prioritaria, que están inmersos en el uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
4. Ejecutar campañas y demás procesos comunicacionales a través de la Unidad de Participación Ciudadana en coordinación con la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, para informar a todas las familias y ciudadanía en general sobre la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas y estupefacientes en espacios y vías públicos señalados en la presente ordenanza.
5. Controlar por medio del Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad y Comisaría Municipal, los espacios y vías públicas y privados de competencia municipal e impedir la presencia de ciudadanos y ciudadanas que estén en situación de uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas; el control será de forma permanente.

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1) Ejecutar planes, programas y proyectos de prevención, capacitación, formación humanista, de Rehabilitación que prioricen el Buen Vivir, considerando el desarrollo educativo, cultural, deportivo, social, económico, artístico, la salud mental y psicológica; fortaleciendo el adecuado uso del tiempo libre de los y las ciudadanos y ciudadanas en situación de uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

g) Coordinar y articular a través de la Unidad de Participación Ciudadana con las entidades públicas y privadas relacionadas con Salud Mental y Psicológicas, la implementación de las Políticas Públicas, planes, programas, proyectos, servicios y medidas de protección tendientes a prevenir y erradicar el uso y consumos de alcohol, tabaco, sustancias sicotrópicas y estupefacientes.

TITULO II

DE LAS RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y PRIVADAS

Art. 9.- RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Para el cumplimiento de ésta Ordenanza, son responsabilidades y deberes de las entidades públicas con competencias en la prevención, atención y protección de derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el cantón Mocache.

a. Cumplir en el territorio del cantón la ejecución e implementación de las Políticas Públicas que por mandato constitucional y legal son de su competencia con la finalidad de prevenir, atender y garantizar los derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas,

b. Coordinar y articular las actividades y acciones que se consideren necesarias ejecutar para el cumplimiento de las Políticas Públicas en el cantón Mocache a través de la Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos.

c. Participar permanentemente en los monitoreos que se establezcan desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la Policía Nacional y/o el Ministerio del Interior en el cantón, con el objetivo de prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias sicotrópicas y estupefacientes en espacios públicos.

d. Ejecutar planes, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de la política pública nacional en lo local de prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias sicotrópicas y estupefacientes en el cantón.

e. Cumplir con las atribuciones y competencias que establece la Constitución, las Leyes, Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales y demás entes competentes

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jurídicos y administrativos, para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias sicotrópicas y estupefacientes en el cantón.

f. Consultar a los Consejos Consultivos Cantonales de los Grupos de Atención Prioritaria y ciudadanía sobre los planes, programas y proyectos que se vayan a ejecutar para la protección y garantía de derechos, en el ámbito de la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias sicotrópicas y estupefacientes en el cantón.

g. La Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos podrá cuando considere pertinente, solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado, Policía Nacional o Ministerio del Interior se realice en el territorio cantonal, seguimientos y monitoreo con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la política pública.

h. El Consejo de Seguridad Ciudadana elaborará el Informe Anual en el ámbito de cumplimiento de la políticas pública cantonal de prevención, atención y protección del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas y estupefacientes en espacios públicos,

i. Todas las Entidades Publicas rendirán cuentas del cumplimiento de las políticas públicas de prevención, atención y protección de derechos, frente al consumo y uso de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el cantan Mocache.

Art. 10.- RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LAS ENTIDADES PRIVABAS.- Para el cumplimiento de ésta Ordenanza, son responsabilidades y deberes de las entidades privadas en la prevención y erradicación del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas y estupefacientes en espacios públicos en el cantón Mocache:

a. Cumplir con la responsabilidad social y económica.

b. Implementar, alinear y adaptar sus planes, programas, proyectos y acciones a la ejecución y cumplimiento de las Políticas Públicas para la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas y estupefacientes en espacios públicos.

c. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales que prohíben el uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas y estupefacientes y su promoción.

d. Incentivar y promover la participación e inclusión de los y las ciudadanos y ciudadanas en procesos de capacitación y formación humanística, en el ámbito social, educativa, cultural, deportivo, entre otros, que los alejen del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas y estupefacientes en espacios públicos.

TITULO III

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REGULACIÓN DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS

Art. 11.- PROHIBICIÓN.- La prohibición establecida en el literal a) del artículo 8 de esta Ordenanza se refiere también a aquellas sustancias que de acuerdo a la normativa correspondiente hayan sido consideradas para uso o consumo personal.

El uso de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas hace referencia a la relación experimental u ocasional, habitual e incluso, dependiente de las mismas.

Art. 12.- INTOXICACIÓN.- La persona que sea encontrada en estado de intoxicación por alcohol y sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los espacios y vías de competencia municipal deberá ser derivada a los servicios de asistencia médica o emergencias que correspondan.

Art. 13.- INFRACCIONES.- Se considera como infracción administrativa el uso indebido del espacio público en el siguiente caso:

a) El uso y consumo de tabaco, alcohol y sustancias estupefacientes y psicotrópicas en cualquiera de los espacios públicos descritos en el Artículo 3 de la presente ordenanza.

TITULO IV

DE LAS SANCIONES

Art. 14.- SANCIÓN PARA EL USO O CONSUMO DE ALCOHOL» TABACO Y SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS.- El consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas en espacios públicos, sea este inhalado, esnifado, oral o por vía intravenosa, será sancionado con multa del 30% del salario básico unificado del trabajador en general y la obligación de realizar una o más de las siguientes medidas administrativas de resarcimiento;

1. Obligación de prestar servicio comunitario relacionado con limpieza de espacios públicos, recolección de basura, mantenimiento de parques, jardines u otros espacios definidos en el art. 6 de esta ordenanza, por un total de 45 horas.
2. Obligación de asistir a capacitación, formación, programa o curso educativo sobre temas relacionados a la prevención del uso y consumo de drogas, por un total de 200 horas.

En caso de reincidencia en la conducta, la multa se duplicará así como las horas de servicio comunitario.

Para efectos de seguimiento y ejecución de las medidas administrativas de resarcimiento, la Municipalidad coordinará con la Dirección de Ambiente y Salubridad así como con las

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instituciones acreditadas para brindar capacitaciones en materia de prevención del uso y consumo de drogas.

Para garantizar el cumplimiento de las sanciones, las mismas deberán ir acompañada de un informe técnico social del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Salud Pública.

Art. 15.- ADOLESCENTE EN INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA,- Cuando la infracción sea cometida por una persona que no ha cumplido dieciocho años, la multa que le sea impuesta será responsabilidad de sus padres, tutores, curadores u otra figura de representación legal que tenga. No obstante, las medidas de resarcimiento mantendrán el carácter de personalísimo.

Art. 16.- MULTAS.- Las multas que por concepto de la sanción señalada en el artículo 14 deberá ser cancelada en la Tesorería Municipal en el plazo de 30 días contados a partir de su notificación, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache podrá exigir el pago de las multas a los infractores que tengan relación de dependencia en instituciones públicas o privadas por medios legales que permitan el descuento en los roles de pago, en caso de no realizarse la cancelación de los valores estos serán cobrados vía coactiva.

Ante la imposibilidad probada de pago de la multa, ésta será transformada a horas de servicio comunitario que corresponderán al doble del tiempo contemplado en la sanción contenida en el artículo 14.

TÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Art. 17.- DE LA COMPETENCIA,- el control y juzgamiento de las infracciones previstas en esta sección, corresponde en forma privativa y exclusiva a las Comisaría Municipal o Metropolitanas y las acciones serán coordinadas con la intendencia de Policía. En casos relacionados con niños, niñas y adolescentes el control y juzgamiento será de competencia de la Junta Cantonal de Protección de Derechos.

TÍTULO VI

DEL CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Art. 18,- DE SUS ATRIBUCIONES.- Para el cumplimiento de esta Ordenanza, son atribuciones y deberes del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Mocache.

a) Elaborar del Plan de Acción Anual para la prevención, atención y protección de derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y

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sustancias psicotrópicas en el cantón Mocache, con el asesoramiento y acompañamiento técnico de la Mesa Cantonal de Protección de Derechos.

2. Presentar la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción Anual para la prevención, atención y protección de derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el cantón Mocache al Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y a la comunidad en general, el 26 de junio de cada año como parte de las actividades de Conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso indebido y el tráfico Ilícito de Drogas.
3. Elaborar el presupuesto correspondiente a la ejecución del Plan de Acción Anual para la prevención, atención y protección de derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, haciendo la sumatoria de todos los presupuestos destinados por las entidades publicas y privadas que ejecutan planes, programas y proyectos para la prevención, atención y protección, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el cantón Mocache.

TÍTULO VII

DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Art. 19.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de acuerdo a la Constitución y las Leyes ejercerá su competencia de: Formulación, Transversalización, Observancia, Seguimiento y Evaluación de las políticas publicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas publicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad, así como la promoción de la participación de los Grupos de Atención Prioritaria y la generación de espacios participativos.

TITULO VIII

DE LA MESA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL

CANTÓN MOCACHE.

Art. 20.- DE LAS FUNCIONES.- La Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos, es un espacio de coordinación, vinculación, seguimiento, articulación, evaluación, colaboración y difusión de todos los procesos y mecanismos que desarrollen y elaboren las instituciones públicas y privadas del cantón Mocache para el ejercicio y cumplimiento de las políticas públicas en favor de los Grupos de Atención Prioritaria. Su carácter es técnico-operativo y apoyará al Consejo Cantonal de Protección de Derechos en el cumplimiento de sus atribuciones y funciones.

Art. 21.- DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Mocache para el ejercicio y

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cumplimiento de sus atribuciones y competencia será el responsable del funcionamiento y operatividad de la Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos a través de procesos y mecanismos de coordinación, vinculación, articulación, seguimiento, colaboración, difusión y evaluación.

Art. 22.- CONFORMACIÓN.- La Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos estará conformada por los organismos del Sistema de Protección Integral:

1. Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Mocache, Secretario Ejecutivo (a) o su delegado.
2. Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Mocache. Miembros o su delegado.
3. Directora de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes o su delegado.
4. Director del Distrito de Educación o su delegado.
5. Defesaría del Pueblo o su Delegado.
6. Unidad Judicial Multicompetente del cantón Mocache, o su delegado.
7. Organización de la Sociedad Civil, representantes, o su delegado.

Art. 23.- Son responsabilidades de la Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos:

1. Colaborar con el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Mocache en la elaboración del Plan de Acción Anual para la prevención, atención y protección de derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el cantón Mocache, con el asesoramiento y acompañamiento técnico Secretaria Técnica de Drogas, del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
2. Solicitar la realización de consultas cantonales a los Grupos de Atención Prioritaria para conocer su percepción sobre la problemática del uso y consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
3. Dar a conocer al Consejo Cantonal de Protección de Derechos sobre el incumplimiento de las políticas públicas y el irrespeto a los derechos de los Grupos de Atención Prioritaria.
4. Exigir al Consejo Cantonal de Protección de Derechos ejerza su atribución de observancia con la finalidad de garantizar que el GAD en conjunto con la Secretaria Técnica de Drogas realicen una campaña comunicacional que permita sensibilizar a las familias sobre el tema de drogas
5. Apoyar al Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal en la elaboración del informe anual sobre la situación de cumplimiento de las políticas públicas nacionales y locales

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de prevención, atención y protección, urente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el territorio del cantón Mocache.

6. Gestionar en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana el apoyo técnico, financiero, formativo y de capacitación que se requiera en el cantón por parte de organismos públicos y privados nacionales y de cooperación internacional, para la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
7. Impulsar y promover la creación de espacios inclusivos de recreación y diversión para los Grupos de Atención Prioritaria.

h) Apoyar en la elaboración del informe de evaluación del cumplimiento del Plan de Acción Anual de garantía y protección de derechos al Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, que será presentado a la comunidad en general el 10 de diciembre de cada año, como parte de las actividades de Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

TITULO IX

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, FRENTE

AL CONSUMO Y USO INDEBIDO DE ALCOHOL, TABACO,

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

Art. 24.- PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, FRENTE AL CONSUMO Y USO INDEBIDO DE ALCOHOL, TABACO, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.- El Consejo Cantonal de Seguridad ciudadana en el marco de sus competencias coordinara con la Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos la elaboración del Plan de Acción Anual para la prevención, atención y protección, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Este Plan de Acción Anual priorizará las áreas, ámbitos y la distribución presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las acciones tendientes a la prevención, atención y protección, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, además deberá contemplar la capacitación permanente de los operadores de justicia, servidores públicos, funcionarios privados y de los organismos de protección y exigibilidad de derechos.

El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos evaluarán cada año el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Anual, para ello deberán considerar las metas e indicadores de la política

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pública para la prevención, atención y protección de derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Art. 25.- DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS.- Con el fin de contribuir a la transformación de los patrones sociales que contribuyan al origen del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que ocasionan el deterioro de la salud mental y física que provocarían actos de violencia y delictivas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, en su calidad de gobierno local en coordinación y articulación con las Entidades Públicas y Privadas, Secretaria Técnica de Drogas y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, demandara de los entes públicos competentes la ejecución de políticas públicas preventivas y de atención a ciudadanos y ciudadanas a fin de asegurar la prevención, atención y protección, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas que permitan:

1. Desarrollar y emprender planes, programas y proyectos de prevención sobre el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes y psicotrópicas, enfocados en los ciudadanos y ciudadanas conforme a las disposiciones que constan en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
2. Desarrollar y emprender actividades con la ciudadanía sobre respeto y recuperación de espacios públicos.
3. El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana fomentará veedurías ciudadanas en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que den fe del cumplimiento de las políticas públicas al uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el espacio público.

Art. 26.- La Unidad de Promoción Social y Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, en el marco de la Política Pública, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, coordinará con el Ministerio de Salud, Secretaria de Drogas y otras instituciones públicas para impulsar el fortalecimiento de programas interinstitucionales,’ para la prevención y atención de la salud mental, consumo de drogas, alcohol y cigarrillos con énfasis en los Grupos de Atención Prioritaria.

Art. 27.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache a través del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana hará la asignación presupuestaria para la ejecución de los planes, programas y proyectos de ámbito social, incorporados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que contribuirán a la prevención, atención y protección, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el cantón.

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Art. 28.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache través del Consejo de Seguridad Ciudadana, financiará.

1. La ejecución de la campaña comunicacional anual para la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
2. Implementación planes, programas, proyectos y actividades culturales, sociales, recreativas* deportivas, turísticas, entre otras tendientes a promover un nuevo patrón cultural de la ciudadanía, en el marco del Plan de Acción Anual para la Prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Art. 29.- DE LA PREVENCIÓN,- La prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tiene como propósito impedir que los Grupos de Atención Prioritaria se involucren en la temática que aborda esta ordenanza.

El Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Mocache en coordinación con los Ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, Turismo, Cultura y Deporte y todas las Direcciones del GAD Municipal del cantón Mocache, establecerá los planes, programas y proyectos para la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El Consejo de Seguridad Ciudadana brindará asistencia técnica al sector público, privado y comunitario; a fin de que se incorporen en sus actividades y normativas institucionales disposiciones relacionadas con la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Art. 30.- INCUMPLIMIENTO.- En caso de incumplimiento de la presente Ordenanza se pondrá en conocimiento de los Órganos competentes, Juzgados y de la Junta Cantonal dé Protección de Derechos a fin de que adopten las medidas pertinentes para la protección integral de los Grupos de Atención Prioritaria y ciudadanía en general.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Las entidades públicas y privadas están obligadas de asistir a las asambleas, y reuniones de la Mesa Cantonal de Protección Integral de Derechos de forma regular y permanente,

SEGUNDA: Las recaudaciones generadas por el incumplimientos a la política pública de prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, serán destinadas para planes, programas, proyectos y actividades sociales,

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culturales, deportivas, recreativas y formativas de prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

TERCERA.- La presente Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, derogándose cualquier norma, regulación o disposición, de igual o menor jerarquía, que se le oponga

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, a los v£JB&Í£te días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.

CERTIFICO: Que la «ORDENANZA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, FRENTE AL CONSUMO Y USO INDEBIDO DE ALCOHOL, TABACO, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN EL CANTÓN MOCACHE que antecede, fue discutida y aprobada por el I. Concejo de Mocache en primer y segundo debate en las Sesiones Ordinarias del 13 y el 27 de septiembre del 2019; y, la remito a la señora Alcaldesa de conformidad con lo que establece el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Mocache, octubre 02 del 2019.

VISTOS: En uso de la facultad que me concede el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), declaro sancionada

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 79

la «ORDENANZA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, FRENTE AL CONSUMO Y USO INDEBIDO DE ALCOHOL, TABACO, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN EL CANTÓN MOCACHE», por estar de acuerdo con las normas vigentes; y, ordeno su promulgación conforme lo índica el Art. 324 de la ley invocada.

Mocache, octubre 08 del 2019.

SECRETARIA DEL L CONCEJO»- Mocache, 08 de octubre del 2019.- Sancionó, firmó y ordenó la promulgación de la «ORDENANZA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, FRENTE AL CONSUMO Y USO INDEBIDO DE ALCOHOL, TABACO, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN EL CANTÓN MOCACHE», la señora María Cristina Holguín de Andrade, Alcaldesa del Gobierno Municipal de Mocache, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.-^/Lo Certifico:

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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCACHE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Que, ante la serie de accidentes de tránsito que se suscitan en esta ciudad a causa de varios factores, como exceso de velocidad, negligencia o impericia o cualquier otro factor no determinado; y,

Que, ante la series de delitos cometidos por personas que utilizan este medio de transporte como motocicletas, que hace que últimamente en este Cantón de Mocache se vive en un clima de inseguridad; y, a fin de tratar de proteger la vida y la integridad de cada uno de nuestros conciudadanos; nace la imperiosa necesidad de crear esta ORDENANZA QUE REGULA, NORMA Y CONTROLA LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN MOCACHE;

Que, el artículo 57 del COOTAD señala que al Concejo Municipal le corresponde; y el literal a) de la misma norma indica «el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 81

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTÓN MOCACHE.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 numeral 8 de la Constitución del Ecuador establece «garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral.»

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República, en sus numerales 1,4, 5 y 7 respecto de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas establece:

1) «Acatar y cumplir la constitución, la ley y las decisiones legitimas de autoridad competente»;

4. «Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad”;
5. «Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento; y,

7) «Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir».

Que, el artículo 240 de la Constitución del Ecuador señala «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones, tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización señala: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley» en los literales b) y f) entre otros.

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; y,

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal.

Que el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización señala que al Concejo Municipal le corresponde; y el literal a) de la misma norma indica: «El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; por lo

Que en uso de las facultades legales constitucionales y legales:

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EXPIDE:

“LA ORDENANZA QUE REGULA, NORMA Y CONTROLA LA

CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS EN LA JURISDICCIÓN DEL

CANTÓN MOCACHE»

CAPITULO I.

ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y COMPETENCIA.

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La presente ordenanza tiene su ámbito de aplicación en toda la jurisdicción cantonal de Mocache.

Art. 2.- OBJETIVO.- Esta ordenanza tiene como objetivo principal prever la comisión de los delitos como asalto, robo y asesinato que se cometen utilizando este tipo de transporte; así como evitar accidentes de tránsito, que en determinada forma enlutan a familias mocacheñas, en un caso; y en otro causan alarma social. Para lo cual es necesario REGULAR, NORMAR y CONTROLAR el uso de estas motocicletas estableciendo para el efecto las normas, procedimientos y requisitos de seguridad.

Art. 3.- COMPETENCIA.- La competencia, control, sanciones y aplicación de la presente ordenanza, estarán a cargo de la Policía Nacional de Tránsito, hasta que el GAD Municipal del cantón Mocache asuma la competencia de regulación del tránsito,

CAPITULO II.

SOBRE EL REGISTRO, LA CIRCULACIÓN, USO DEL CASCO,

EXCEPCIÓN; Y, LÍMITES DE VELOCIDAD

Art. 4.- SOBRE EL REGISTRO.- Para una mejor aplicación de esta ordenanza y hasta que el Municipio del cantón Mocache asuma la competencia de planificación, regulación y control del tránsito dentro de este territorio cantonal; se conformará un Consejo Cantonal de Control de Motocicletas que estará integrado por el/la Director/a del Departamento de Planificación, Ordenamiento Territorial Urbana y Rural del GAD Municipal del cantón Mocache, el Concejal Presidente de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo, el Delegado Cantonal de la Agencia Nacional de Tránsito de Mocache, el Jefe o Delegado del Departamento de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre y, el Jefe o un Delegado de la Policía Nacional de Tránsito.

Quienes tienen como atribuciones lo siguiente:

a) Registrar todos los almacenes o casas comerciales que se dedicaren a la venta de motocicletas, las cuales se les exigirá un registro quincenal de toda venta de

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 83

motos que hicieran dentro de ese periodo, en él que deberá constar nombres y apellidos de vendedor y comprador y las características de dicha motocicleta.

2. Los talleres artesanales y mecánicas en general que se dediquen a la reparación de motocicletas llevaran un registro el mismo que debe ser enviado mensualmente al Consejo Cantonal de Control de Motocicletas.
3. Toda motocicleta deberá registrarse ante el Consejo de Control de Tránsito, en dicho registró constaran los nombres, apellidos y dirección domiciliaria del dueño o propietario de la motocicleta y las características de la misma.
4. Cumplido el requisito anterior y como constancia de dicho registro el Consejo Cantonal de Control de Motocicletas pegará un adhesivo en las partes laterales de la motocicleta, adhesivo que contendrá, el número de registro. Dejando en claro que el adhesivo en ningún momento lo exime al conductor de portar las placas respectivas tanto en la parte delantera y posterior de dicha motocicleta.

Art. 5«- SOBRE LA CIRCULACIÓN.- En la jurisdicción del cantón Mocache las motocicletas serán consideradas como vehículos UNIPERSONALES, es decir que se prohíbe que toda motocicleta circule con uno o más pasajeros, dentro del perímetro urbano, excepto dentro de los siguientes horarios;

a) Se permite que una motocicleta circule con un pasajero dentro del horario escolar que va desde las 06h00 hasta las 07h30, así como desde las 12h00 hasta las 13h30 y de 17h30 hasta las 18h30.

Art. 6.- EXCEPCIÓN.- Quedan exentos de lo dispuesto en el artículo anterior las motocicletas que pertenezcan a instituciones estatales que se encuentren cumpliendo actividades oficiales.

Art. 7.- DEL USO DEL CASCO.- Todo motociclista para poder circular por toda esta jurisdicción cantonal deberá utilizar el casco de seguridad homologado que llevará impreso en la parte posterior externa el mismo número de placas que se ha asignado a la motocicleta de acuerdo a lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito. En ningún caso y bajo ningún concepto se dejara circular una motocicleta que no guarde uniformidad del número de placas con la impresa de manera visible en el casco de seguridad.

Art. 8.- DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD.- La circulación de las motocicletas dentro del perímetro urbano y vías perimetrales se regirá.-

ZONAS ESCOLARES Y CENTRO URBANO DE LA CIUDAD: 30 Km/hora

ZONAS DEL PERÍMETRO URBANO: 50 Km/hora

CAPITULO III

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DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS.-

Art. 9.- En caso de incumplimiento de cualquiera de los artículos de la presente ordenanza se PROCEDERÁ a retener el vehículo por un lapso de 48 horas si es por primera vez, más una multa pecuniaria de $60.00 (sesenta dólares). En caso de reincidencia se retendrá el vehículo por 72 horas, más el pago de la multa pecuniaria de $120.00 (ciento veinte dólares), siendo el procedimiento de esta retención que la motocicleta será llevada a los patios de la Policía Nacional de Tránsito, una vez cumplido el plazo de retención el Consejo Cantonal de Control de Motocicletas emitirá la orden respectiva que será el único requisito para que sea devuelta dicha motocicleta,

Art. 10.- En cuanto a los almacenes o casas comerciales que se dedican a la venta así cómo a los talleres artesanaíes y mecánicas en general que se dedican a la reparación de motocicletas que no cumplieren con esta ordenanza será clausurados por el lapso de 48 horas y en caso de reincidencia con la clausura del negocio o establecimiento por 96 horas y al pago de la multa de un salario básico unificado.

Art. 11,- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial de conformidad a la Ley.

Art. 12.~ DEROGATORIA.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones normativas o resoluciones que estén en contradicción con las establecidas en la presente ordenanza.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA,- El Consejo cantonal de Control de Motocicletas, será el encargado de emprender o iniciar campañas de cultura y capacitación en temas de tránsito y seguridad vial.

SEGUNDA.- La Policía Nacional de Tránsito será la encargada de la aplicación de la presente ordenanza.

TERCERA.- Si los informes de la Policía Nacional determinan que ha decrecido el índice de los delitos cometidos a través de este medio de transporte (motocicleta) se dejara sin efecto lo dispuesto en el artículo 5 de esta ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Una vez aprobada la presente ordenanza hágase conocer para los efectos legales pertinentes a la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

SEGUNDA.- El Consejo Cantonal de Control de Motocicletas funcionara hasta que el GAD Municipal del cantón Mocache, asuma la competencia de planificación,

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regulación y control del tránsito en la ciudad.

TERCERA.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los literales c y d del artículo 4 de la presente Ordenanza, concédase un plazo de ciento veinte (120) días,, vencido el mismo se dará cumplimiento a las sanciones previstas en esta normativa cantonal.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, a los quince días del mes de noviembre del dos mil diecinueve.

CERTIFICO: Que la «ORDENANZA QUE REGULA NORMA Y CONTROLA LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS y EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN MOCACHE» que antecede, filé discutida y aprobada por el I, Concejo de Mocache en primer y segundo debatan las Sesiones Ordinarias del 06 de septiembre y el 15 de noviembre del 2019; y, la remito a la señora Alcaldesa de conformidad con lo que establece el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

VISTOS: En uso de la facultad que me concede el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), declaro sancionada la «ORDENANZA QUE REGULA NORMA Y CONTROLA LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS EN LA JURISDICCIÓN DEL

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Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 87

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

CONSIDERANDO:

QUE, el COE nacional, en sesión permanente realizada el día lunes 6 de marzo del 2020, por unanimidad de los miembros en pleno resuelven: hacen indispensable la adopción de medidas que incrementen las garantías de seguridad sanitaria; en este sentido recomienda al señor Presidente de la República, declarar el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional.

QUE, el día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su Director General ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud y salvar vidas.

QUE, mediante «INFORME TÉCNICO PARA DECLARATORIA DE EMERGENCIA COVID – 19», de fecha 11 de marzo de 2020, aprobado por los Viceministros de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública y Atención Integral en Salud, remitieron a la máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública el estado actual del coronavirus COVID-19 en el Ecuador, sugiriendo «la declaratoria de emergencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (….)».

QUE, mediante Acuerdo Ministerial N° 00126 de techa 11 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud Pública Declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población.

QUE, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de fecha 16 de marzo del 2020, publicado en el Suplemento 1 del Registro Oficial N° 163 del 17 de marzo del 2020, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, declara el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud.

QUE, el Comité de Operaciones Emergentes del Cantón Santiago de Quero, en Sesión de Trabajo realizada el 24 de marzo del 2020, conoció los informes técnicos presentados por las mesas de trabajo del COE Cantonal y luego se emitieron las siguientes resoluciones:

«1. Hacer conocer al COE Provincial la decisión de los vecinos del cantón Quero, para apoyar con el control de ejercer la fuerza pública, específicamente en movilidad y tránsito, vigilando el cumplimiento de las disposiciones del COE nacional respecto a la circulación y tránsito de las vías de ingreso hacia el cantón

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de personas y automotores estrictamente relacionadas con actividades de salud, alimentación, seguridad, telecomunicaciones y bienestar social.

2. Solicitar al COE provincial que interceda ante el COE nacional para la declaratoria de toque de queda las 24 horas del día a nivel nacional y de manera particular en la provincia de Tungurahua mientras dure la emergencia sanitaria.
3. Sugerir al I. Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero DECLARE EN EMERGENCIA SANITARIA AL CANTÓN QUERO, por la pandemia del COVID-19″.

QUE, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del coronavirus como pandemia mundial y reconoce: «Con esta declaración (…) que el coronavirus no es una cuestión que concierne solo a los países que tienen la difusión epidémica de la enfermedad, sino que concierne al conjunto de países de la OMS».

QUE, el Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero en sesión ordinaria realizada el día martes 31 de marzo de 2020 mediante resolución No. 0039-2020 resuelve: «1.- Acoger todas las resoluciones adoptadas por el Comité de Operaciones Emergentes del Cantón Quero el día martes 24 de marzo del 2020. 2.- Declarar en estado de emergencia sanitaria al cantón Santiago de Quero por la Pandemia del COVID-19; y, 3.-Autorizar al señor Procurador Síndico Municipal proceda a elaborar la correspondiente resolución de declaratoria de emergencia sanitaria al cantón Santiago de Quero».

QUE, el señor Li. José Ricardo Morales Jaya, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA NO. 001-2020, de fecha 06 de abril del 2020, resolvió en el Art. 1.- DECLARAR LA EMERGENCIA SANITARIA en el cantón Santiago de Quero, por el lapso de 30 días, a fin de poder realizar la contratación de obras, bienes y servicios necesarios para mitigar y subsanar los efectos nocivos de la pandemia CORONAVIRUS COVID-19, CON LA FINALIDAD DE PRECAUTELAR, PREVENIR, Y CONTROLAR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LA INMINENTE PRESENCIA DEL VIRUS COVID-19. El plazo de vigencia podrá ampliarse en caso de que el señor Presidente de la República prorrogue o amplíe el estado de excepción.

QUE, en sesiones ordinarias realizadas los días jueves 13 de noviembre de 2014; y, los días miércoles 14 y martes 20 de enero de 2015, el I. Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santiago de Quero aprobó la Ordenanza Municipal Sustitutiva para la Provisión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Conservación y Regulación del Recurso Hídrico, Manejo del Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Quero, Provincia de Tungurahua, que fue publicada en el Registro Oficial N° 464 de 23 de marzo de 2015.

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 89

En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 de los artículos 240 y 264 de la Constitución de la República del Ecuador y en los literales a) y x) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización:

EXPIDE:

LA REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL SUSTITUTIVA PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, MANEJO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Artículo 1.- Añádase a continuación del art. 52 el siguiente inciso que dirá: «En caso de emergencia Nacional o Cantonal debidamente comprobada, los pagos correspondientes al consumo de agua potable y alcantarillado desde la declaratoria de emergencia Nacional y/o Cantonal, se podrán realizar hasta el 31 de diciembre de 2020, sin pagar el recargo equivalente al interés legal por mora y multa vigente a la fecha de pago y tampoco se suspenderá el servicio».

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del í. Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, a los treinta días del mes de abril del 2020.

CERTIFICO.- Que «LA REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL SUSTITUTIVA PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, MANEJO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA» que antecede fue discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, en sesión ordinaria efectuada el día martes 28 de abril y sesión extraordinaria realizada el día jueves 30 de abril del 2020. Según consta en el libro de Actas de las Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, al que me remitiré en caso de ser necesario, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

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SECRETARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO.-

Quero, 05 de mayo del 2020.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, elévese a conocimiento del Señor Alcalde Cantonal del Gobierno Municipal del Cantón Santiago de Quero, para su sanción tres ejemplares originales de la «LA REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL SUSTITUTIVA PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN

Y REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, MANEJO DEL AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA».

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO.- Quero, 06 de mayo del año 2020.- a las 09H00.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización vigente; y, una vez que se ha cumplido con las disposiciones legales, sancionó favorablemente la «LA REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL SUSTITUTIVA PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, MANEJO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA», por tanto precédase de conformidad con la Ley, ordenando que sea publicada en la forma y lugares acostumbrados

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 91

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

CONSIDERANDO:

QUE, el Artículo t de la Constitución de la República, determina que el Ecuador en un Estado constitucional de Derechos y Justicia Social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

QUE, el numeral 1, del artículo 3 de la Constitución establece que son deberes primordiales del Estado «1 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (…)”;

QUE, de conformidad con el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución, es deber primordial del Estado, entre otros, el garantizar el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral;

QUE, el artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y

el buen vivir;

QUE, de conformidad con el Artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir en un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso primero artículo 32 ibídem, que dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el agua y aquellos que sustentan el buen vivir;

QUE, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución, son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;

QUE, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución prescribe que el sector público comprende, entre otros a: «2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. (…)4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos»;

QUE, el artículo 226 de la Constitución dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las contenidas y facultades que les sean atribuidas en las Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

92 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

QUE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de la Constitución, es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales regular y controlar el uso y ocupación del suelo urbano y rural en su jurisdicción;

QUE, el artículo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización – COOTAD, determina como fin de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos;

QUE, de conformidad con el artículo 415 del COOTAD, los GAD municipales ejercen dominio sobre los bienes de uso público como calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; así como en plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística. De igual forma los GAD municipales ejercen dominio sobre las aceras que formen parte integrante de las calles, plazas y demás elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos así también en casas comunales, canchas, mercados escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función; y, en los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen con una función semejantes a los citados y demás de dominios de los GAD municipales;

QUE, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID 19 como una pandemia,

QUE, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 163 de fecha 17 de marzo de 2020 se publicó el Decreto 1017 mediante el cual el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en el Artículo 1, dispone: «Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador»;

QUE, medíante Resolución No. 001 de 06 de abril de 2020, el Lic. José Morales J._s Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, declaró el estado de emergencia grave en todo el territorio del cantón, en consecuencia de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y la consecuente declaratoria de estado de excepción en todo el territorio nacional;

En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 de los artículos 240 y 264 de la Constitución de la República del Ecuador y en los literales a) y x) del Artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización:

EXPIDE:

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 93

LA ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA

CIRCULAR EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL CANTÓN SANTIAGO DE

QUERO

Artículo 1.- DISPONER, el uso obligatorio de mascarilla para todos los habitantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, para circular en el espacio público del cantón.

Artículo 2.- SANCIONAR, con una multa equivalente al 10 % de un Salario Básico Unificado (SBU) a quien incumpla la medida de uso obligatorio de mascarilla para circular en el espacio público del cantón. La reincidencia se sancionará con el incremento en la multa de 5 puntos porcentuales acumulables cada vez que se incumpla con la medida dispuesta en el artículo 1 de la presente Ordenanza.

Artículo 3.- ENCARGAR, la ejecución de la presente resolución a la entidad responsable del control del uso del espacio público en el cantón, la cual podrá disponer las medidas de instrucción que considere necesarias para la implementación de la presente ordenanza; la cual actuará en forma articulada con los Agentes de Control Municipal del Cantón Quero.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Las disposiciones de la presente Ordenanza se expiden sin perjuicio de las medidas de emergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en relación con la pandemia del COVID-19.

Segunda.- La medida de uso obligatorio de mascarilla aplica a quienes por necesidad deban abandonar su residencia bajo los términos del Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020 y no constituye bajo ninguna circunstancia libertad de circulación.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación y se mantendrá vigente hasta su expresa derogatoria.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I. Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, a los trece días del mes de abril del 2020.

94 – Miércoles 30 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 300

CERTIFICO.- Que «LA ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO’* que antecede fue discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, en SESIONES ORDINARIAS efectuadas los días miércoles 08 de abril y lunes 13 de abril del 2020. Según consta en el libro de Actas de las Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, al que me remitiré en caso de ser necesario, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorio Autonomía y Descentralización.

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO.- Quero, 16 de abril del 2020.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, elévese a conocimiento del Señor Alcalde Cantonal del Gobierno Municipal del Cantón Santiago de Quero, para su sanción tres ejemplares originales de la «LA ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO»

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO.- Quero, 17 de abril del año 2020.- a las 09H00.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización vigente; y, una vez que se ha cumplido con las disposiciones legales, SANCIONÓ FAVORABLEMENTE la «LA ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO», por tanto precédase de conformidad con la Ley, ordenando que sea publicada en la forma y lugares acostumbrados

Registro Oficial N° 300 Miércoles 30 de septiembre de 2020 – 95

CERTIFICO.- Que el Decreto que antecede fue firmado por el señor Lic. José Ricardo Morales Jaya.- en la fecha señalada.