Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 22 de julio de 2020 (R.O. 251, 22– julio -2020)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

0036…. Apruébese la Liquidación de Ingresos y Egresos Devengados del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Fiscal 2019

0041…. Deléguese a la señora Eva García Fabre, Embajadora de la República del Ecuador ante la República del Perú, suscriba con la CAF, el contrato de préstamo por USD 50.000.000,00

0044…. Deléguese a la señora Eva García Fabre, Embajadora de la República del Ecuador ante la República del Perú, suscriba con la CAF, el contrato de préstamo por USD 350.000.000,00. 16

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

00031-2020 Expídese el Reglamento para establecer el contenido y requisitos de la receta médica y control de la prescripción, dispensación y expendio para medicamentos de uso y consumo humano

RESOLUCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN

EDUCATIVA – INEVAL:

INEVAL-INEVAL-2020-0012-R Dispónese la actualización e implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

Califíquense como peritos valuadores a las siguientes personas y compañía:

SB-DTL-2020-0442 Ingeniero Forestal Germán Rigoberto Espinoza Jumbo

2 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

Págs.

SB-DTL-2020-0453 Arquitecto Hugo Roberto Espinoza Revelo

SB-DTL-2020-0454 Compañía M&R Consultores Valoradores Cía. Ltda

SB-DTL-2020-0470 Ingeniero José Luis Porras Porras

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS:

SCVS-INPAI-2020-00003532 Modifíquese la Resolución Nº SCVS-INPAI-2020-00003186, de 15 de mayo de 20Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 3

No. 0036

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 122 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Liquidación del Presupuesto General del Estado, se expedirá por Acuerdo del Ente Rector de las Finanzas Públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente;

Que, la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019, se fundamenta en la Información presupuestarla y contable registrada en el Sistema de Administración Financiera vigente a partir del año 2008, y se sustenta en la aplicación del principio del devengado y la desconcentración de la gestión financiera del Presupuesto General del Estado;

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan la Constitución y la Ley;

ACUERDA:

Artículo Primero.- Aprobar la siguiente Liquidación de Ingresos y Egresos Devengados del Presupuesto General del Estado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

1.- INGRESOS DEVENGADOS

4 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 5

6 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 7

8 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 9

10 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 11

12 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 13

Artículo Cuarto.- La administración de los recursos fiscales realizada durante el periodo materia de la presente liquidación presupuestaria, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que tuvieron a su cargo la ejecución institucional del Presupuesto General del Estado del ejercicio económico del 2019.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 31 de marzo de 2020

14 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

No. 0041

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CONSIDERANDO:

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154, numeral 1, dispone que, a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

QUE, el artículo 226 ibídem, dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

QUE, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75 dispone que, el o la Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo;

QUE, el Ministro de Economía y Finanzas, mediante Resolución No. 0025, de 10 de abril de 2020, resolvió: «Autorizar la contratación y aprobar los términos y condiciones financieras de la operación de endeudamiento público a suscribirse entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por un monto de hasta USD 50.000.000,00 (cincuenta millones de Dólares de los Estados Unidos de América), destinados a financiar parcialmente la «Emergencia Sanitaria -COVID-19 en Ecuador», en el marco de la Línea de Crédito Contingente Regional para Eventos Extremos del Clima, Sismos, Accidentes Contaminantes y Epidemias, con sustento en el informe técnico presentado por la Subsecretaría de Financiamiento Público a través de memorando No. MEF-SFP-2020- 0051 de 9 de abril de 2020, y las condiciones financieras, económicas y técnicas allí señaladas.”;

QUE, a través de oficio No. MREMH-MREMH-2020-0264-OF, de 14 de abril de 2020, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informó al Ministro de Economía y Finanzas que no existe impedimento alguno para que la señora Eva García Fabre, Embajadora de la República del Ecuador ante la República del Perú, sea delegada por esta Cartera de Estado para la fuma del referido contrato de préstamo; y,

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 15

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, y 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

ACUERDA:

Artículo único.- Delegar a la señora Eva García Fabre, para que en su calidad de Embajadora de la República del Ecuador ante la República del Perú, a nombre y en representación del Gobierno de la República del Ecuador, suscriba con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Contrato de Préstamo por un monto de hasta USD 50.000.000,00 (cincuenta millones de Dólares de los Estados Unidos de América), destinado a financiar parcialmente la «Emergencia Sanitaria -COVID-19 en Ecuador», en el marco de la Línea de Crédito Contingente Regional para Eventos Extremos del Clima, Sismos, Accidentes Contaminantes y Epidemias.

Disposición única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de San Francisco de Quito, a 15 de abril de 2020

16 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

No. 0044

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CONSIDERANDO:

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154, numeral 1, dispone que, a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir’ los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

QUE, el artículo 226 ibídem, dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

QUE, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75 dispone que, el o la Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo;

QUE, el Comité de Deuda y Financiamiento, mediante Acta Resolutiva No. 008-2020, de 4 de mayo de 2020, resolvió: «Autorizar la contratación de endeudamiento público mediante el préstamo que otorgaría la Corporación Andina de Fomento (CAF) a la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por hasta USD 350.000.000,00, bajo la Línea de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico para la Emergencia generada por el COVID-19.”;

QUE, a través de oficio No. MREMH-MREMH-2020-0325-OF, de 2 de mayo de 2020, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informó al Ministro de Economía y Finanzas que «(…) No obstante una copia de la presente comunicación se dirige a la embajadora García, adicionalmente remitiré a ella un memorando dándole cuenta de la delegación que usted le conferirá a efectos de la firma del citado contrato.»; y,

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 17

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, y 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

ACUERDA:

Artículo único.- Delegar a la señora Eva García Fabre, para que en su calidad de Embajadora de la República del Ecuador ante la República del Perú, a nombre y en representación del Gobierno de la República del Ecuador, suscriba con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Contrato de Préstamo por un monto de hasta USD 350.000.000,00 (trescientos cincuenta millones de Dólares de los Estados Unidos de América), destinado a contribuir con el financiamiento de apropiaciones presupuéstales prioritarias del Gobierno Nacional en el marco del Programa a ejecutarse en el País, bajo la Línea de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico para la Emergencia generada por el COVID-19.

Disposición única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de San Francisco de Quito, a 4 de mayo de 2020.

18 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

No. 00031-2020

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA CONSIDERANDO;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, numeral 1, ordena que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en dicha Norma Suprema y en los instrumentos internacionales, en particular la salud;

Que, la citada Constitución de la República, en el artículo 32, dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y, el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud;

Que, el artículo 361 de la Constitución de la República prevé que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien será la responsable de formular la política nacional de salud y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;

Que, la Norma Suprema, en el artículo 363, establece entre las responsabilidades del Estado: «(…) 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales (…)”;

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, dispone: «La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.”;

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud determina las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública siendo, entre otras, las siguientes: «(…) 20.- Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos; (…) 24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y servicios desalad, públicos y privados, con y sin fines de lucra, y de los demás sujetos a control sanitario (…).”;

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Que, la Ley Ibídem, en el artículo 154, establece que el Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso racional, priorizando les intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales;

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Salud determina: «Las farmacias deben atender al público mínimo doce horas diarias, ininterrumpidas y cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por la autoridad sanitaria nacional. Requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, quien brindará atención farmacéutica especializada.

Los botiquines estarán a cargo de personas calificadas y certificadas para el manejo de medicamentos. La autorización para su funcionamiento es transitoria y revocable.

La autoridad sanitaria nacional implementará farmacias y botiquines institucionales, debidamente equipados, en todas sus unidades operativas de acuerdo al nivel de complejidad.»;

Que, la recela emitido por los profesionales de la salud facultados por ley para hacerlo, debe contener obligatoriamente y cu primer lugar el nombre genérico del medicamento prescrito. Quien venda informará obligatoriamente al comprador sobre la existencia del medicamento genérico y su precio. No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en clave, conforme lo previsto en el artículo 167 de la Ley Orgánica de Salud;

Que, la Ley Ibídem, en el artículo 168, dispone: «Son profesionales de la salud humana facultadas para prescribir medicamentos, los médicos, odontólogos y obstetrices.»;

Que, el artículo 194 de la Ley Orgánica de Salud señala: «Para ejercer como profesional de salud, se requiere haber obtenido titulo universitario de tercer nivel, conferida por una de las universidades establecidas y reconocidas legalmente en el país, o por una del exterior, revalidado y refrendado. (…),». Dicho título deberá estar registrado por la SENESCYT y ame la Autoridad Sanitaria Nacional;

Que, la referida Ley Orgánica de Salud dispone: «Art. 198.- Los profesionales y técnicos de nivel superior que ejerzan actividades relacionadas con la salud, están obligados a limitar sus acciones ni área que el titulo les asigne.»;

Que, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 329, tipifica como delito la falsificación, forjamiento, mutilación o alteración de recetas médicas; o, que éstas sean utilizadas con fines comerciales o para procurarse de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan;

Que, el Código Orgánico Administrativo determina: «Art. 130.- Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia

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normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley»;

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 26, prevé que el Ministerio de Salud Pública emitirá las normas respecto a la receta médica que serán de observancia obligatoria para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud;

Que, el «Reglamento de Aplicación de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano», respecto a las farmacias determina: «Art. 29.- Las farmacias públicas y privadas, son los establecimientos autorizados para la comercialización y venia de medicamentos genéricos o de marca prescritos.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012, se creó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Doctor Leopoldo Inquieta Pérez como persona jurídica de derecho público, con independencia administrativa, económica y financiera, adscrita al Ministerio de Salud Pública; organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de productos como alimentos procesados, aditivos alimentarios, agua procesada, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, entre otros, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley Orgánica de Salud y demás normativa aplicable, exceptuando aquellos de servicios de salud públicos y privados, conforme lo determina el artículo 9 del referido Decreto;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 703 publicado en el Registro Oficial No. 534 de 1 de julio de 2015, se creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACESS, instrumento que en su artículo 2 dispone; «La Agencia de. Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACESS-, será la institución encargada de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria de la calidad de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1018 expedido el 21 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 195 de 4 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República designó al doctor Juan Carlos Zevallos López como Ministro de Salud Pública;

Que, la »Política Nacional de Medicamentos 2017-2021”, expedida con Acuerdo Ministerial No. 0008-2017 de 21 de febrero de 2017, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 969 de 22 de marzo de 2017, en el Lineamiento Estratégico 3, establece «Optimizar el uso adecuado de medicamentos por parte de los tomadores de decisión,

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profesionales de la salud y usuarios», a través de Líneas de acción, entre otras, la Línea de acción 3.8, que se refiere a la implementación de estrategias intersectoriales destinadas a la contención del consumo de antibióticos, con el fin de disminuir la resistencia bacteriana;

Que, el «Reglamento para el Manejo de la Historia Clínica Electrónica » expedido con Acuerdo Ministerial No. 0009-2017, publicado en el Registro Oficial No. 968 de 22 de marzo de 2017, en el artículo 3 define a la Historia Clínica Electrónica como un registro electrónico personal, resultado do una atención de salud, que se encuentra contenido en una base de datos, generada mediante programas informáticos y certificada con la firma electrónica del profesional de la salud; determinando, además, en el artículo 8 que los dalos que conforman la Historia Clínica Electrónica corresponderán a aquellos establecidos en la normativa que regula la historia clínica;

Que, con Acuerdo Ministerial No. 0289-2018 expedido el 07 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial No. 382 de 5 de diciembre de 2018, el Ministerio de Salud Pública estableció como prioridad nacional el control y vigilancia de la prescripción, dispensación y expendio de medicamentos antimicrobianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la «Política Nacional de Medicamentos 2017-2021», e fin de promover su uso racional, disminuir la resistencia bacteriana y fortalecer el análisis del perfil de consumo de los antimicrobianos en el país, que permita emprender acciones para mejorar su utilización;

Que, a través de Acuerdo Ministerial No. 00384-2019 expedido el 1 de julio de 2019, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 1002 de 8 de julio de 2019, se dispuso a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, realice el control y la vigilancia del funcionamiento de las farmacias y botiquines privados y de las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud; instrumento que fue derogado en la Disposición Derogatoria Única del Acuerdo Ministerial No. 00098 de 8 de enero de 2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 132 de 30 de enero de 2020;

Que, mediante Resolución ARCSA-DB-008-2017-JCGO emitida el 18 de abril de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 1002 de 11 de mayo de 2017, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA expidió la normativa técnica sanitaria para el control y funcionamiento de farmacias y botiquines privados, misma que en su artículo 19 determina: «Los botiquines podrán aperturarse únicamente en zonas rurales, y los misinos solo expenderán medicamentos de libre venta y medicamentos del primer nivel de atención de acuerdo al cuadro nacional de medicamentos básicos vigente exceptuando los medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.”;

Que, con Informe Técnico de 18 de mayo de 2020, elaborado por la Dirección Nacional de Control Sanitario y aprobado por la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, se justifica la emisión del presente Acuerdo Ministerial, informe que en su conclusión indica: «La propuesta del «Reglamento para establecer el contenido y requisitos de la receta módica y control de la prescripción, dispensación y expendio para

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medicamentos de uso y consumo humano», es trascendental para nuestro país, para garantizar el control de la prescripción de medicamentos, incluyendo a los medicamentos antimicrobianos a través de las Entidades Adscritas competentes del Ministerio de Salud Pública, como una da las estrategias para contener la resistencia antimicrobiana.”; y,

Que, con memorando No. MSP-SNPSI-2020-0599-M de 27 de mayo de 2020, el Subsecretario Nacional de promoción de la Salud e Igualdad, remite el antes citado Informe Técnico y solicita se realicen los trámites necesarios para expedir el presente Acuerdo Ministerial

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL l DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 130 DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

ACUERDA:

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA ESTABLECER EL CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA RECETA MÉDICA Y CONTROL DE LA PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN Y EXPENDIO PARA MEDICAMENTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO

CAPÍTULO I

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. I.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el contenido y requisitos de la receta para la prescripción de medicamentos de uso y consumo humano; normar el control de la prescripción por parte de los profesionales de la salud facultados para el efecto, así como la dispensación y expendio de estos medicamentos en farmacias y botiquines privados y en farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud.

La regulación y el control de la prescripción, dispensación y expendio de medicamentos sujetos a prescripción, especialmente en lo relacionado a los medicamentos antimicrobianos, tienen como propósito promover su uso racional y controlar el consumo de éstos en los distintos niveles de atención de salud.

Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional por parte de los profesionales de la salud facultados para prescribir; por las farmacias y botiquines privados y por las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO II

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 3.- Para fines de este Reglamento se entenderá como receta médica al documento asistencial y de control administrativo, a través del cual los profesionales de la salud facultados para prescribir, prescriben medicamentos, dentro del ámbito de sus competencias; receta que dispensan o expenden las farmacias y botiquines privados y las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del

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Sistema Nacional de Salud, La receta médica puede ser física o electrónica, la cual será validada con la firma física o con la firma electrónica del profesional de la salud, según corresponda,

Art. 4.- La receta médica para la prescripción de medicamentos de uso y consumo humano, será válida en todo el territorio nacional y se emitirá en idioma castellano, sin perjuicio de la utilización de estándares de terminología clínica que se requieran para los casos de emisión en formato electrónico.

La receta médica puede ser de dos tipos:

a. Receta médica para la prescripción de medicamentos de uso y consumo humano; y,

b. Receta especial, únicamente para medicamentos que contienen sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (estupefacientes y psicotrópicas), la cual se regirá a la normativa especifica para el efecto.

Art. 5.- Las Agencias adscritas al Ministerio de Salud Pública, en el ámbito de control de la prescripción, dispensación y expendio de medicamentos, tendrán las siguientes responsabilidades:

a.- La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACESS, será responsable de:

  1. El registro de títulos de los profesionales de la salud facultados para prescribir;
  2. El control de la prescripción de medicamentos por parte de los profesionales de la salud facultados para prescribir;
  3. El control de la emisión de la receta médica en los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud; y,
  4. Las demás competencias establecidas en la normativa vigente.

b.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA «Dr. Leopoldo Izquieta Pérez «, será responsable de:

1) El control de la dispensación y expendio de medicamentos en farmacias y botiquines privados y en farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud;

2) La elaboración de la lista de medicamentos antimicrobianos que cuentan con registro sanitario vigente en el país, misma que deberá ser actualizada periódicamente y publicada por dicha Agencia, conforme a la normativa técnica y a los instructivos que ésta emita para el efecto;

3) La emisión de la normativa técnica para el control de la dispensación y expendio de medicamentos en farmacias y botiquines privados y en farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud; y,

4) Las demás competencias establecidas en la normativa vigente,

CAPÍTULO III

24 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

DE LA RECETA MÉDICA PARA LA PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN Y EXPENDIO DE MEDICAMENTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO

Art. ó.- Para la prescripción, dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, la receta médica deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

(a) Dalos generales:

  1. Ciudad y fecha de prescripción conforme al siguiente fórmalo: DD/MM/AAAA.
  2. Establecimiento de salud, cuando aplique,

(b) Datos del usuario/paciente:

  1. Apellidos y nombres completos.
  2. Edad Para el caso de menores de cinco (5) años, la edad se especificará en años y meses.
  3. Diagnóstico del usuario/paciente según la Clasificación internacional de Enfermedades-CIE, vigente a la fecha de la prescripción.
  4. Anteceden les de alergias.

(c) Datos del medicamento:

  1. Denominación Común Internacional (DCI), sin siglas ni abreviaturas.
  2. Forma farmacéutica.
  3. Concentración del/los principio/s activo/s.
  4. Vía de administración.
  5. Cantidad del medicamento en números y letras.

ó. Dosis/posología, frecuencia de la administración y duración del tratamiento.

(d) Datos del prescriptor:

  1. Apellidos y nombres del prescriptor.
  2. Número de registro como profesional de la salud, emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la ACESS,
  3. Firma del prescriptor.

(e) Indicaciones:

Las indicaciones deben ser desprendibles y constarán los siguientes dalos:

  1. Apellidos y nombres completos del usuario/paciente.
  2. Fecha de prescripción conforme al siguiente formato: DD/MM/AAAA.
  3. indicaciones:

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 25

  1. El prescriptor describirá con letra clara, legible y sin abreviaturas, en primer lugar, la Denominación Común Internacional (DCI) del medicamento prescrito, dosis/posología, frecuencia de la administración, vía de administración y duración del tratamiento.
  2. Signos de alarma: manifestaciones ante las cuales el usuario/paciente debe llamar al profesional prescriptor o acudir al servicio de emergencia de los establecimientos de salud.
  3. Recomendaciones no farmacológicas.
  1. Firma del prescriptor.
  2. Número de registro como profesional de la salud, emitido por la Autoridad Sanitaria

Nacional, a través de la ACESS.

6. Número de contacto permanente del prescriptor.

Cuando las recetas sean emitidas en formato electrónico, las «indicaciones» deberán contener todos los datos indicados en el literal e) del presente artículo; y, además, se permitirá su lectura a través de un medio electrónico en un formato claramente entendible por el usuario/paciente, En caso de no poder cumplir con este requerimiento, las «indicaciones» se entregarán obligatoriamente en formato físico.

En caso de utilizarse un formulario físico, los datos del prescriptor, a excepción de la firma, pueden llenarse a través de un sello personal.

Art. 7.- La receta que prescriba medicamentos antimicrobianos tendrá una vigencia máxima de tres (3) días, contados a partir de la fecha de su prescripción. Una vez vencido el tiempo de vigencia de la receta médica, DO se podré dispensar o expender los medicamentos antimicrobianos prescritos en ella.

Si el profesional de la salud facultado requiere prescribir distintos medicamentos antimicrobianos a ser utilizados por el usuario/paciente en momentos diferentes, deberá hacer constar en la receta las fechas de inicio de loma de cada medicamento.

En caso de que el usuario/paciente no adquiera en su totalidad los medicamentos, la vigencia de la receta respecto de los antimicrobianos, será de tres (3) días para cada medicamento de este tipo, contados a partir de la lecha de inicio de toma de cada medicamento. En este caso, las farmacias y botiquines privados y las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud que expendan o dispensen dichos medicamentos, deberán proceder conforme a lo previsto en el artículo 14 de este Reglamento.

Art. 8.- Ninguna farmacia o botiquín privado, así como ninguna farmacia o botiquín de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, podrá dispensar sin receta medica medicamentos sujetos a prescripción, misma que deberá ser otorgada por un profesional de la salud facultado para el efecto, Tampoco podrá dispensarse una receta vencida o post fechada.

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CAPÍTULO IV

DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO

Art. 9.- Los medicamentos de uso y consumo humano serán prescritos únicamente por los profesionales de la salud facultados para prescribir, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Art. 10.- El prescriptor hará constar en la receta, lodos los datos descritos en el presente Reglamento.

Para las recetas físicas (impresas y/o manuscritas), los datos deben describirse con letra legible, con tinta indeleble, a un solo color, sin tachones o correcciones.

La información detallada en el artículo 6 del presente Reglamento deberé constar en la receta médica física o electrónica, en formato de libre elección. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo impedirá la dispensación y expendio por parte de las farmacias y botiquines privados y de las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, de los medicamentos prescritos en la receta.

Art. 11.- La prescripción de medicamentos deberá ser concordante con la información contenida en la historia clínica del usuario/paciente, conforme a las Guías de Práctica Clínica y Protocolos de tratamiento; y, estará sujeta a control posterior que será realizada en cualquier momento por parte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACESS.

Art. 12.- En caso de falsificación, forjamiento, mutilación o alteración de las recetas para medicamentos de uso y consumo humano, o que las utilicen con lunes comerciales, o con el fin de procurarse sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, quien conozca del hecho deberá notificar obligatoriamente de forma verbal o por escrito a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACESS, o a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, según corresponda, de acuerdo al ámbito de sus competencias, instancias que, de ser el caso, presentarán la respectiva denuncia ante la autoridad competente.

CAPÍTULO V

DE LA DISPENSACIÓN Y EXPENDIO DE MEDICAMENTOS

ANTIMICROBIANOS DE USO Y CONSUMO HUMANO

Art. 13.- Las farmacias y botiquines privados y las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, previo a la dispensación y expendio de medicamentos

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antimicrobianos, verificarán que la recela medica física o electrónica, cuente con la información y datos establecidos en el presente Reglamento, sin enmendaduras ni tachones.

Art. 14.- Las farmacias y botiquines privados y las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, que dispensen o expendan medicamentos antimicrobianos a través de recetas físicas (impresas y/o manuscritas), deberán hacer constar con sello en la receta médica la frase «DISPENSADA COMPLETAMENTE» o «DISPENSADA PARCIALMENTE»; para el caso de recetas electrónicas, el sistema utilizado deberá contemplar el registro de la frase «DISPENSADA COMPLETAMENTE» o «DISPENSADA PARCIALMENTE», según los criterios indicados anteriormente, con el detalle de la cantidad entregada y la fecha respectiva, tanto en las recetas físicas como electrónicas.

Podrá dispensarse y expenderse medicamentos antimicrobianos de manera parcial, siempre que la recela se encuentre vigente; en este caso, se hará constar en la recela la frase «DISPENSADA PARCIALMENTE». En caso de dispensación y expendio de recetas previamente entregadas de forma parcial, se dispensará y expenderá medicamentos únicamente por la cantidad faltante.

Cuando la farmacia o botiquín privado y la farmacia o botiquín de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, complete la dispensación y expendio de medicamentos antimicrobianos de una misma recela, deberá hacer constar la frase «DISPENSADA COMPLETAMENTE».

Art. 15.- Ninguna farmacia o botiquín privado ni farmacia o botiquín de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, podrá dispensar o expender los medicamentos antimicrobianos de una receta en la que conste la frase «DISPENSADA COMPLETAMENTE».

Art. 16.- El archivo y custodia de las recetas físicas, así como el procedimiento para el archivo de las recetas electrónicas dispensadas o expendidas por los farmacias y botiquines privados y por las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, se sujetará a lo dispuesto por la ARCSA a través de su normativa técnica sanitaria específica.

Art. 17.- Las farmacias y botiquines privados y las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, deberán reportar mensualmente a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA en la herramienta que se defina para el efecto, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente, la información de medicamentos antimicrobianos que la Autoridad Sanitaria Nacional determine.

Art. 18.- La información a ser reportada por las farmacias y botiquines privados y por las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, respecto de los medicamentos antimicrobianos, será determinada por la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de su Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud; y, actualizado en la herramienta que se defina para el reporte por parte de dichas farmacias y botiquines.

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La información a que se refiere esta disposición podrá ser requerida conforme a la necesidad de la Autoridad Sanitaria Nacional por medio de la herramienta que se definida para el efecto.

Art. 19.- Es obligación de las farmacias y botiquines a que se refiere este Reglamento, llevar un registro completo, fidedigno, actualizado y demás documentos que respalden la gestión de los medicamentos antimicrobianos, de conformidad con la normativa específica que para el efecto emita la ARCSA.

CAPÍTULO VI

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN Y EXPENDIO DE MEDICAMENTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO

Art. 20.- La vigilancia y control de la prescripción por parte de los profesionales de la salud y de la dispensación y expendio de medicamentos en las farmacias y botiquines privados y en las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud de] Sistema Nacional de Salud, la realizará la ACESS y la ARCSA, según sus competencias, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las profesionales de la salud que prescriban, los representantes legales de cualquier establecimiento de salud del Sistema Nacional de Salud y los propietarios o representantes legales de las farmacias y botiquines privados que dispensen o expendan medicamentos, permitirán el acceso a funcionarios de la ACESS o de la ARCSA, con el fin de que verifiquen el cumplimiento de la normativa legal vigente; así como, estarán obligados también ti presentar lo documentación que les sea requerida sobre la gestión de los medicamentos.

Art. 21.- En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, procederán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salud y demás normativa aplicable.

CAPÍTULO VII DEFINICIONES

Art. 22.- Pura la aplicación del presente Reglamento, su considerarán las siguientes definiciones:

CÍE: es la Clasificación Internacional de Enfermedades y se utiliza para convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información.

Botiquines: son establecimientos farmacéuticos autorizados para expender al público, únicamente la lista de medicamentos y otros productos que determine la Autoridad Sanitaria Nacional; funcionarán en zonas rurales en las que no existan farmacias y deben cumplir en todo tiempo con prácticas adecuadas de almacenamiento.

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Dispensación: es el acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un usuario/paciente, generalmente como respuesta a la presentación de una recela elaborada por un profesional de la salud autorizado, mediante el cual el farmacéutico interpreta y valida la receta e informa y orienta al usuario/paciente sobre el uso adecuado del medicamento prescrito, enfatizando en el cumplimiento del régimen de dosificación, te influencia de los alimentos, la interacción con otros medicamentos y/o alimentos, la detección de reacciones adversas potenciales y las condiciones de conservación del producto,

Farmacias: son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, productos naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumas y dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, así como para la preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con buenas prácticas de farmacia, Requieren para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico.

Medicamento antimicrobiano: es una sustancia o molécula capaz de matar o inhibir el crecimiento de uno o más microorganismos toles como bacterias, hongos, parásitos o virus.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las disposiciones de este Reglamento no serán aplicadas para la prescripción, dispensación, ingresos, egresos y saldos de medicamentos que contienen sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (estupefacientes y psicotrópicas), así como tampoco para las recetas especiales a través de las cuales se prescriben este tipo de medicamentos.

SEGUNDA.- La vigencia de las recetas especiales para la prescripción de medicamentos que contienen sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (estupefacientes y psicotrópicas) y el uso de las recelas especiales para la prescripción de este tipo de medicamentos, deberán remitirse a la normativa específica emitida para el efecto,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el término máximo de noventa (90) días, contado a partir de la publicación del presente Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACESS y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, elaborarán la Normativa Técnica y los Instructivos necesarios para la aplicación de este Reglamento.

SEGUNDA.- En el plazo máximo ele tres (3) meses contados a partir de la publicación de este Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA-, emitirá la reforma al «Reglamento para clasificar los medicamentos en general, productos naturales procesados de uso medicinal y medicamentos homeopáticos como de vertía libre», expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 4917, publicado en el Registro Oficial No. 303 de 4 de agosto de 2014, en los términos que se consideren necesarios para la aplicación del presente instrumento.

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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguense todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Acuerdo Ministerial, ratificándose expresamente la derogatoria del Acuerdo Ministerial No. 00384 expedido el 1 de julio de 2019, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 1002 de 8 de julio de 2019, a través del cual se dispuso a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA el control y la vigilancia del funcionamiento de las farmacias y botiquines privados y de las farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud.

DISPOSICIÓN FINAL

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACESS y a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 07 JUL. 2020

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Nro. INEVAL INEVAL-2020-0012 R

Quito, 25 de junio de 2020

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que. el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el artículo 346 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación (…)»;

Que, el artículo 67 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, manda: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación.- Es competencia del mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por su propios estatutos y reglamentos»;

Que, el artículo 68 ibídem, dispone: «El instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes (…)»;

Que. el artículo 71 de la citada Ley Orgánica de Educación Intercultural, dispone: «(…) la máxima instancia de decisión del Instituto será la Junta Directiva (…)»;

Que, el artículo 74 de la Ley ibídem, señala que el Director/a Ejecutivo de Ineval es «(…) el o la representante legal, judicial y extrajudicial del Instituto (…)”;

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, otorga atribuciones a los Ministros de Estado y a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, entre ellas la señalada en su literal e), misma que faculta: «Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de las instituciones (…)»;

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Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo establece: «Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa ¿le carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de [as actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley,

Que, el artículo 140 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece: «(…) El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley».

Que, mediante Resolución No. 012-INEVAL-2014 de 25 de febrero de 2014, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa conformó el Comité de Seguridad de la Información;

Que, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial Nro. 023-2019, publicado en el Registro Oficial No. 228 del viernes 10 de enero de 2020, establece que el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información -EGSI- es de implementación obligatoria en las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva.

Que, en Acta de Sesión Extraordinaria del 12 de febrero de 2020, la Junta Directiva del Ineval nombró al magíster Eduardo Salgado Enríquez, como Director Ejecutivo del instituto Nacional de Evaluación Educativa Ineval;

Que, mediante memorando No. INEVAL-INEVAL-2020-0083-ME de 03 de abril de 2020, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa designó a los miembros del Comité de Seguridad de la Información y dispuso que a la brevedad posible se realice la primera reunión de] CSI con el fin de definir agenda y reglamento interno y nombrar el Oficial de Seguridad déla información (OSI);

Que, en la primera sesión de Comité de Seguridad de la Información (CSI), realizada el 08 de abril de 2020, los miembros del Comité definieron los aspectos generales para la elaboración del reglamento de funcionamiento del Comité; y,

En ejercicio de sus facultades legales,

RESUELVE:

Art. 1.» Disponer la actualización e implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa -Ineval-.

Art. 2.- Conformar el Comité de Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual estará integrado por:

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  • Representante de la Dirección de Análisis Geoestadístico e Informes;
  • Representante de la Dirección de Modelos y Estructuras de Evaluación;
  • Representante de la Dirección de Elaboración y Resguardo de ítems;
  • Representante de la Dirección de Gestión de Instrumentos;
  • Representante de la Dirección de Análisis y Cobertura Territorial;
  • Representante de la Dirección de Análisis Psicométrico;
  • Representante de la Dirección de Investigación Educativa;
  • Representante de la Dirección de Planificación;
  • Representante de la Dirección de Comunicación Social;
  • Representante de la Dirección Administrativa Financiera;
  • Representante de la Dirección de Talento Humano;
  • Representante de la Dirección de Asesoría Jurídica, quien actuará como asesor; y,
  • Responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información.

Art. 3.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Gestionar la aprobación de la política y normas institucionales en materia de seguridad de la información, por parte de la máxima autoridad de la Institución.
  2. Realizar el seguimiento de los cambios significativos de los riesgos que afectan a los recursos de información frente a las amenazas más importantes,
  3. Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes relativos a la seguridad de la información, con nivel de impacto alto.
  4. Coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios, en base al Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).
  5. Promover la difusión de la seguridad de la información dentro de la institución.
  6. Coordinar el proceso de gestión de la continuidad de la operación de los servicios y sistemas de información de la institución frente a incidentes de seguridad imprevistos,
  7. Informar a la máxima autoridad los avances de la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).

h) Reportar a la máxima autoridad las alertas que impidan la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).

i) Recomendar a la máxima autoridad mecanismos que viabilicen la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI);

j) Designar al Oficial de Seguridad de la Información (OSI), servidor que no pertenecerá a la Unidad de Tecnologías de la Información; y,

k) Las demás que establezca la normativa aplicable.

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Art. 4.- El Oficial de Seguridad de la Información tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Identificar todas las personas o instituciones públicas o privadas, que de alguna forma influyen o impactan en la implementación del EGSl.

b) Generar propuestas para la elaboración de la documentación esencial, del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).

c) Asesorar a los funcionarios en la ejecución del Estudio de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información en las diferentes áreas,

  1. Elaborar el Plan de concienciación en Seguridad de la Información basado en el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).
  2. Elaborar un plan de seguimiento y control de la implementación de las medidas de mejora o acciones correctivas,

f) Coordinar la elaboración del Plan de Continuidad de Seguridad de la Información.

g) Orientar y generar un procedimiento adecuado para el manejo de los incidentes de seguridad de la información presentados al interior del Instituto.

h) Coordinar la gestión de incidentes de seguridad con nivel de impacto alto a través de otras instituciones gubernamentales.

i) Mantener la documentación de la implementación del EGSI debidamente organizada.

j) Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y controles de seguridad institucionales establecidos.

k) Informar al Comité de Seguridad de la Información, el avance de la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), así como las alertas que impidan su implementación.

1) Previa la terminación de sus funciones el Oficial de Seguridad realizará la transferencia de la documentación e información de la que fue responsable al nuevo Oficial de Seguridad, en caso de ausencia, al Comité de Seguridad de la Información.

m) Las demás determinadas en la normativa aplicable.

El Oficia] de Seguridad de la Información no pertenecerá a la Unidad de Tecnologías de la Información, reportará a través del Sistema Gobierno por Resultados (GPR) y actuará como contraparte del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en la actualización e implementación del EGSI.

Art. 5.- La Presidencia del Comité estará a cargo del representante de la Dirección Administrativa Financiera. El representante de la Dirección Análisis Psicométrico actuará como Vicepresidente,

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quien reemplazará al Presidente en caso de ausencia y, el representante de la Dirección de Análisis y Cobertura territorial actuará como Secretario del Comité.

Art. 6.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Presidir el Comité y dirimir las votaciones en caso de empate;
  2. Proponer el orden del día de las sesiones;
  3. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias;
  4. Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones;
  5. Dirigir las intervenciones de los miembros del Comité;
  6. Suscribir las actas de las sesiones, conjuntamente con el Secretario;
  7. Designar al Secretario Ad hoc, de ser necesario; y,
  8. Las demás atribuciones determinadas en el presente instrumento y las que le asigne el Comité.

Art. 7.- El Secretario del Comité tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Redactar las convocatorias de las sesiones del Comité;
  2. Verificar la asistencia de los miembros;
  3. Elaborar las actas de las sesiones;
  4. Suscribir conjuntamente con el Presidente las actas de las sesiones;
  5. Notificar a los miembros del Comité con las decisiones alcanzadas;
  6. Cumplir con las actividades inherentes a su función;
  7. Remitir copias certificadas de los documentos, cuando le sea solicitado;
  8. Conservar y resguardar la documentación del Comité; y,
  9. Las demás atribuciones determinadas en el presente instrumento y las que le asigne el Comité.

Art. 8.- Las sesiones del Comité serán ordinarias de manera trimestral o extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten, previa convocatoria del Presidente. La convocatoria se efectuará por lo menos un (I) día hábil previo a su realización.

Art. 9- Las convocatorias a las sesiones deberán realizarse por escrito y contendrán la siguiente información:

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  1. Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión;
  2. Asuntos a tratarse en las sesiones (orden del día); y,
  3. Documentación de los asuntos a tratarse, de ser el caso.

Las convocatorias de las sesiones serán notificadas en físico o a través de los medios tecnológicos como correo electrónico, Sistema de Gestión Documental u otros similares.

Art. 10.- El quórum para instalar la sesión del Comité se constituirá con la presencia física y/o virtual de al menos la mitad de sus miembros.

De no contar con el quórum reglamentario a la hora señalada, por disposición del Presidente se esperará hasta un periodo máximo de quince (15) minutos, luego del cual se instalará con los miembros presentes, dejando constancia de dicho particular en el acta respectiva.

No podrá instalarse la sesión sin la presencia de quien ejerza la Presidencia. Asimismo, no podrá instalarse la sesión si están presentes menos de la mitad de los miembros.

Art. 11.- El Presidente del Comité dirigirá las sesiones, estableciendo un tiempo razonable para la duración de las intervenciones de los miembros.

Art. 12.- A petición de parte, el orden del día de las sesiones del Comité podrá ser modificado, para lo cual se requerirá de la aprobación de la mitad más uno de sus miembros presentes, siempre y cuando los temas a incluirse no requieran de la presentación o conocimiento de documentación o información previa.

Art. 13.- Las decisiones se adoptarán por la mayoría simple de votos afirmativos de los miembros asistentes a la sesión.

Art. 14.- Las actas de las sesiones contendrán los siguientes datos:

  1. Lugar, fecha, hora de inicio y finalización de la sesión;
  2. Nombres y apellidos de los asistentes;
  3. Orden del día;
  4. Decisiones adoptadas; y,
  5. Firma del Presidente y Secretario del Comité.

Las actas de las sesiones llevarán una numeración en orden cronológico y se mantendrán en el archivo de la Secretaría del Comité.

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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Lo no previsto en esta Resolución se sujetará a lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Acuerdo Ministerial No. 025-2019 de 20 de septiembre de 2019, y demás normativa aplicable.

SEGUNDA.- Los miembros del Comité tienen la obligación de asistir a las sesiones del Comité, cualquier inasistencia deberá justificarse previamente, por escrito, ante el Secretario del Comité.

TERCERA.- El Presidente del Comité informará trimestralmente a la Dirección Ejecutiva sobre los avances y cumplimiento del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. 012-INEVAL-2014 de 25 de febrero de 2014, así como cualquier disposición que se contraponga a la presente Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la suscripción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gustavo Eduardo Salgado Enríquez DIRECTOR EJECUTIVO

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No. SB-DTL-2020-0442

MARCELO GUSTAVO BLANCO DÁVILA DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE mediante resolución No. SBS-INJ-DNJ-2013-529 de 16 de julio del 2013. se calificó al Ingeniero Forestal Germán Rigoberto Espinoza Jumbo, para que se pueda desempeñar como perito avaluador en todo lo relacionado en el campo forestal en la Corporación Financiera Nacional que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros;

QUE en comunicación s/n de 20 de febrero del 2020, el Ingeniero Forestal Germán Rigoberto Espinoza Jumbo da a conocer que dejó de laborar en la Corporación Financiera Nacional B.P., por lo que solicita a este organismo de control la calificación que le permita prestar sus servicios como perito valuador en todo lo relacionado en el campo forestal en las instituciones de los sectores financieros público y privado;

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

QUE la segunda disposición transitoria, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece que todas las calificaciones extendidas por la Superintendencia de Bancos a los peritos valuadores y que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de esta norma, continuarán en tal condición hasta el 30 de junio de 2020;

QUE con memorando No. SB-DTL-2020-0221-M de 27 de febrero del 2020, se índica que el Ingeniero Forestal Germán Rigoberto Espinoza Jumbo mantiene el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma citada en el considerando precedente; y a la fecha, no registra hechos negativos en la base de datos de operaciones activas y contingentes, cartera castigada y estado de titulares de cuenta; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019,

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 39

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR Ingeniero Forestal Germán Rigoberto Espinoza Jumbo, portador de la cédula de ciudadanía No, 110233322-4, para que pueda desempeñarse como perito valuador en todo lo relacionado en el campo forestal en las entidades financieras públicas y privadas, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 2– Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le mantenga el número de registro No. PAQ-2013-1598 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el veintisiete de febrero del dos mil veinte.

40 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

No, SB-DTL-2020-0453

MARCELO GUSTAVO BLANCO DÁVILA DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE el Arquitecto Hugo Roberto Espinoza Revelo solicitó a la Superintendencia de Bancos la calificación como perito valuador;

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos. la calificación de los peritos valuadores;

QUE los artículos 4 y 5 del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece las requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

QUE el inciso séptimo del artículo 7 del citado capítulo IV, establece que la resolución de la calificación tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su notificación a la persona interesada;

QUE mediante memorando No. SB-DTL-2020-0238-M de 04 de marzo del 2020, se informa que el Arquitecto Hugo Roberto Espinoza Revelo cumple con los requisitos establecidos en la norma citada; y a la fecha, no registra hechos negativos en la base de datos de operaciones activas y contingentes, cartera castigada y estado de titulares de cuenta; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019, los

COS

EL ORIGINAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al Arquitecto Hugo Roberto Espinoza Revelo, portador de la cédula de ciudadanía No. 170856201-0, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades financieras públicas y privadas, sujetas al control de la Superintendencia de

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Bancos, la presente resolución de calificación tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVQ-2020-2076 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el cuatro de marzo del dos mil veinte.

42 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

No. SB-DTL-2020-0454

MARCELO GUSTAVO BLANCO DÁVILA DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE la ingeniera Fátima Elizabeth Zambrano Coveña. Gerente General de la compañía M&R CONSULTORES VALORADORES CÍA. LTDA., con comunicación de 31 de enero del 2020, solicitó la calificación de la compañía como perito valuador y con comunicación de 02 de marzo del 2020, completó la documentación requerida para la calificación;

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

QUE los artículos 4 y 6, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos’, del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

QUE mediante memorando No. SB-DTL-2020-0236-M de 04 de marzo del 2020 se señala que la compañía M&R CONSULTORES VALORADORES CÍA. LTDA., cumple con los requisitos establecidos en la norma citada en el considerando precedente; y a la fecha, no registra hechos negativos en la base de datos de operaciones activas y contingentes, cartera castigada y estado de titulares de cuenta; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a la compañía M&R CONSULTORES VALORADORES CÍA. LTDA., con registro único de contribuyente No. 1793027784001, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles, en las entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 43

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVQ-2020-2077 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el cuatro de marzo del dos mil veinte.

44 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

No SB-DTL-2020-0470

MARCELO GUSTAVO BLANCO DÁVILA DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE mediante comunicaciones s/n de 13 y 28 febrero de 2020, el ingeniero José Luis Porras Porras, solicita la calificación como auditor interno para las entidades financieras públicas y privadas controladas por la Superintendencia de Bancos;

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que entre las funciones de la Superintendencia de Bancos, está la calificación de los auditores internos:

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los impedimentos para los auditores internos;

QUE en el capítulo II «Normas para la calificación de los auditores internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas generales para las entidades del sector financiero público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, se establecen los requisitos que deben cumplir para obtener la calificación como auditor interno;

QUE el inciso séptimo del artículo 5, del citado capitulo II, establece que la resolución de la calificación tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su notificación a la persona interesada;

QUE el ingeniero José Luis Porras Porras, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708209968, reúne los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes; y, no registra hechos negativos en la base de datos de operaciones activas y contingentes y estado de titulares de cuenta;

QUE mediante memorando No. SB-DTL-2020-260-M de 10 de marzo de 2020, se ha emitido informe favorable para la calificación solicitada; y,

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 45

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019,

RESUELVE;

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero José Luis Porras Porras, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708209968, para que pueda desempeñarse como auditor interno en las entidades financieras públicas y privadas, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la presente resolución de calificación tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el registro de auditores internos y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito. Distrito Metropolitano, el diez de marzo del dos mil veinte.

46 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

No. SCVS-INPAI-2020-00003532

Ab. Víctor Anchundia Places

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

QUE el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador indica: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentas o superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades»;

QUE el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.- Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integral»;

QUE el artículo 389 ibídem señala que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o an trópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientalistas, con el objetivo de minimizar las condiciones de vulnerabilidad;

QUE el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: «Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»

QUE mediante Decreto Ejecutivo 1017, emitido el 16 de marzo de 2020, por el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, se declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; así mismo se declaró toque de queda, y la prohibición de circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de marzo de 2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional;

QUE el artículo 8 del recientemente mencionado Decreto Ejecutivo señala que todas las funciones del Estado, deberán emitir las resoluciones que consideren necesarias para que se proceda a la suspensión de términos y plazos a los que haya lugar, en procesos

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 47

judiciales y administrativos; y, de igual forma, en procesos alternativos de solución de conflictos; a fin de precautelar la salud pública, el orden y la seguridad, en el marco de las garantías del debido proceso, ante la presente calamidad pública;

QUE el Presidente Constitucional de la Republica, Licenciado Lenin Moreno Garcés, extendió por 30 días adicionales el Estado de Excepción mencionado en el considerando anterior, a partir del 16 de mayo de 2020;

QUE mediante Decreto Ejecutivo 1074, emitido el 15 de junio de 2020, por el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, se declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado Ecuatoriano, durante sesenta días a partir de la suscripción de este Decreto;

QUE la Ley de Compañías en su artículo 433 señala: «El Superintendente de Compañías y Valores expedirá las regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías mencionadas en el Art. 431 de esta Ley y resolverá los casos de duda que se suscitaren en la práctica.”;

QUE el Reglamento para la impugnación de las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en su artículo 1 indica; «Están sujetas al presente reglamento las resoluciones expedidas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o el funcionario delegado por éste, en ejercicio de la facultad de vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con respecto a las compañías mencionadas en el artículo 431 de la Ley de Compañías. Este reglamento también se aplicará para las impugnaciones de las resoluciones expedidas por el Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dentro del procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las sociedades determinadas en el artículo 431 de la Ley de Compañías, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Fin andamiento de Delitos. Además, se sujetarán al presente reglamento los recursos de apelación y extraordinario de revisión de las resoluciones expedidas al amparo de la Ley General de Seguros y de la Ley Orgánica que regida a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica. Los recursos sobre las contribuciones a favor de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se sujetarán al Código Tributario y al Reglamento que para el efecto haya expedido esta Superintendencia.”;

QUE el artículo 19 del Reglamento para la Determinación y Recaudación de las Contribuciones Societarias, dispone: «Las resoluciones se expedirán en el plazo previsto en el artículo 132 del Código Tributario”;

QUE el artículo innumerado a continuación del artículo 86 del Código Tributario indica; «Los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios, así como los plazos de prescripción de la acción de cobro, que se encuentren decurriendo al momento

48 – Miércoles 22 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 251

de producirse un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, que impida su despacho, se suspenderán hasta que se superen las causas que lo provocaron, momento desde el cual se continuará su cómputo. Para el efecto, la autoridad tributaria publicará los plazos de suspensión a través de los medios previstos en este Código”;

QUE el Reglamento para la Determinación, Liquidación y Recaudación de las

Contribuciones que deben pagar a las personas y entes que intervengan en el Mercado de Valores; v, los derechos que por su inscripción en el Registro del Mercado de Valores deben pagar a los emisores, en su artículo Vigésimo señala: «Las resoluciones se expedirán en el plazo de treinta días contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo o de. la aclaración o ampliación que disponga el Director de Procuraduría de la oficina de Quito, o de Guayaquil o del Intendente en las demás intendencias”;

QUE mediante Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002712, de 16 de marzo de 2020, el abogado Víctor Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, señaló; «Articulo uno.- Se dispone la suspensión de los plazos y términos de todos los procesos administrativos, coactivos, tributarios y de prescripción de la acción de cobro, y en general de todo proceso cuya sustanciación sea inherente a las competencias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que se encuentren discurriendo en este ente de control, durante el lapso de un mes contado a partir del día 16 de marzo de 2020 al día 16 de abril de 2020, inclusive (…) Artículo dos.- Sin perjuicio délo anterior, esta suspensión podrá revocarse o prorrogarse conforme a las disposiciones y recomendaciones de las Autoridades Nacionales y Seccionales competentes, respecto de la Emergencia Sanitaria”;

QUE mediante Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002946, de 16 de abril de 2020, el abogado Víctor Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, señaló: «Artículo uno.- Prorrogar la suspensión de los plazos y términos prevista en el artículo uno de la resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002712 de 16 de marzo de 2020, por el lapso de un mes contado a partir del 17 de abril de 2020, hasta el 17 de mayo de 2020, inclusive, a fin de precautelar las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa; y, al amparo de la normativa señalada en la presente resolución»,,

QUE mediante Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00003186, de 15 de mayo de 2020, el abogado Víctor Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, señaló: «Artículo uno.- Ampliar la suspensión de los plazos y términos prevista en el artículo uno de la resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002946 de 16 de abril de 2020, por el lapso de un mes contado a partir del 18 de mayo de 2020, hasta el 1S de junio de 2020, inclusive, a fin de precautelar las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa; y, al amparo de la normativa señalada en la presente resolución»;

Registro Oficial Nº 251 Miércoles 22 de julio de 2020 – 49

En ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, y en virtud de la nueva declaratoria de estado de excepción en el país, por 60 días adicionales contados a partir del 15 de junio de 2020;

RESUELVE:

ARTÍCULO UNO.- AMPLIAR la suspensión de los plazos y términos prevista en el artículo uno de la resolución No. SCVS-INPAI-2020-00003186 de 15 de mayo de 2020, referente a todos los procesos administrativos, coactivos, tributarios y de prescripción de la acción de cobro, y en general de todo proceso cuya sustanciación sea inherente a las competencias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que se encuentren discurriendo en este ente de control, contada a partir del 19 de junio de 2020 hasta el 01 de julio de 2020, inclusive, a fin de precautelar las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa; y, al amparo de la normativa señalada en la presente resolución.

ARTÍCULO DOS.- Esta suspensión podrá revocarse conforme a las disposiciones y recomendaciones de las Autoridades Nacionales y Seccionales competentes, respecto de la Emergencia Sanitaria.

ARTÍCULO TRES.- Sin perjuicio de la presente suspensión de plazos y términos administrativos, los usuarios que decidieren presentar nuevas reclamaciones o impugnaciones de actos administrativos emitidos por esta Superintendencia, lo podrán realizar ya sea a través de los canales virtuales habilitados por esta Superintendencia para tales efectos, o de manera presencial en las Intendencias Regionales que se encontraren atendiendo a los usuarios en sus respectivas ventanillas. Los cuales, en caso de cumplirse con las formalidades legales y reglamentarias, serán admitidos con la correspondiente disposición de suspensión de plazos y términos según lo especificado en el Artículo Uno de esta resolución.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a parta de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a los 17 días del mes de junio de 2020.

RAZÓN: SIENTO COMO TAL QUE LA RESOLUCIÓN No. SCVS-INPAI-2020-00003532 DE 17 DE JUNIO DE 2020, GUARDA EXACTITUD, VERACIDAD, CONFORMIDAD Y CORRELACIÓN CON LA QUE CONSTA EN LOS ARCHIVOS DIGITALES DE LA ENTIDAD. TODO LO CUAL CERTIFICO.- GUAYAQUIL, 17 DE JUNIO DE 2020.-