Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 26 de febrero de 2020 (R. O.149, 26–de febrero -2020)

Año I – Nº 149

Quito, miércoles 26 de febrero de 2020

Servicio gratuito

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DEL AMBIENTE:

3. Apruébese el estatuto y otórguese personería jurídica a la Fundación de Conservación, Rescate y Manejo de Recursos Naturales Amazónicos “PUKUNA”, domiciliada en el cantón Puyo,

provincia de Pastaza

MAE-2020-004 Repórtese la autorización emitida por la

Presidencia de la República del Ecuador, para el

viaje al exterior del Abg. Raúl Clemente Ledesma

Huerta, Ministro del Ambiente

MINISTERIO DE GOBIERNO:

0198 Otórguese con carácter honorífico la conde-

coración “Al Valor” a varios servidores

policiales

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA:

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS:

MPCEIP-SRP-2020-0001-A Autorícese a la Sra. Rosa

Herminia Vélez Mero, el ejercicio de la acti-

vidad pesquera en la fase extractiva de peces

pelágicos grandes, con arte de pesca palangre y

a su comercialización en el mercado interno

MPCEIP-SRP-2020-0002-A Deróguese el Acuerdo

Ministerial Nro. MAGAP-DSG-2015-0019-A de

12 de enero de 2015

CONSEJO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL:

037/2019 Reasígnense provisionalmente a la compañía

LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. varias

rutas asignadas pero no operadas por la Empresa

Pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME

EP”

038/2019 Renuévese y modifíquese el permiso de

operación a la Compañía LATAM AIRLINES

ECUADOR S.A.

2 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

Págs.

DIRECCIÓN GENERAL

DE AVIACIÓN CIVIL:

01/2020 Modifíquese el Acuerdo Nº 11/2019 de

14 de junio del 2019

SERVICIO DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DEL SECTOR

PÚBLICO – INMOBILIAR:

COMITÉ-INMOBILIAR-2019-0001 Expídese

el Reglamento Sustitutivo para

el Funcionamiento del Comité de

INMOBILIAR.

COMITE-INMOBILIAR-2019-0003 Expídese el

Reglamento para la transferencia de

dominio a título gratuito de los bienes

inmuebles de todas las entidades,

instituciones, y órganos que forman la

Administración Pública Central a

favor de INMOBILIAR.

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA:

VICEMINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, INTEGRACIÓN

POLÍTICA Y COOPERACIÓN

INTERNACIONAL:

0000013 Dese por terminadas las actividades

en el Ecuador de la Organización No

Gubernamental Extranjera “Fundación

Ulla Brita Palm”

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACIONES Y DE LA

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

023-2019 Otórguese personería jurídica a la

Asociación Ecuatoriana de Auditores

Informáticos Forenses (ASEAIF),

domiciliada en el cantón Daule,

provincia del Guayas

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:

BCE-GG 005-2020 Refórmese la Resolución

Administrativa No. BCE-GG-111-2019

de 14 de noviembre de 2019, publicada

en el Registro Oficial No. 93 de 03 de

diciembre de 2019

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN

MONETARIA Y FINANCIERA:

555-2019-F Modifíquese la Codificación de

Resoluciones Monetarias, Financieras,

de Valores y Seguros

Págs.

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS

INTELECTUALES – SENADI:

005-2019-DNPI-SENADI Deléguense facultades

a la abogada Ana Carina Félix López

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

AVISOS JUDICIALES:

• Muerte presunta del señor Angel Rodolfo

Rubin Pilco (1ra. publicación)

• Juicio de rehabilitación de insolvencia

del señor John Armando Alarcon Pozo

• Juicio de rehabilitación de insolvencia del señor Gustavo Efren Albornoz

Espinoza

MINISTERIO DEL AMBIENTE

N° 003

Abg. Andrés Sebastián Oleas Uvidia

COORDINADOR GENERAL JURIDICO

Considerando:

Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala “las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán remitirla a las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación”;

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 3

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 193, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 109 del 27 de octubre de 2017, se emite el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, en el Art. 2 faculta a las instituciones competentes del Estado de acuerdo a sus competencias específicas para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro que voluntariamente lo requieran y se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, mediante documento de control N°. MAE-SG-2019-7817-E de fecha 26 de junio de 2019, ingresan la solicitud y documentación requerida para la aprobación de la personalidad jurídica de la Fundación de Conservación, Rescate y Manejo de Recursos Naturales Amazónicos “PUKUNA”, domiciliada en el cantón Puyo provincia de Pastaza.

Que, la Coordinación General Jurídica, solicitó a la Dirección Nacional de Biodiversidad mediante memorando N° MAE-CGJ-2019-1435-M, de fecha 9 de julio de 2019 con el fin de que emita el informe técnico respecto de los objetivos y fines de la organización; quien con memorando N° MAE-DNB-2019-1482-M, del 19 de julio de 2019, emite su informe con observaciones.

Que, mediante oficio N° MAE-CGJ-2019-0503-O de fecha 24 de julio de 2019, La Coordinación General Jurídica notifica a la Pre-Fundación de Conservación, Rescate y Manejo de Recursos Naturales Amazónicos “PUKUNA”, con las observaciones realizadas por esta Cartera de Estado para la respectiva corrección.

Que, mediante oficio N°. 007-FP, de fecha 06 de enero de 2019, ingresado a esta Cartera de Estado con hoja de control MAE-SG-2020-0093-E, el señor Flavio Santi Vargas, ingresa la documentación acogiendo las observaciones realizadas;

Que, mediante memorando N°. MAE-CGJ-2019-0078-M de fecha 23 de enero de 2020, contiene el informe motivado previsto en el numeral 3 del artículo 13 del Decreto 193, se señala que las observaciones han sido acogidas y el tramite reúne los requisitos reglamentarios y recomienda la expedición del respectivo Acuerdo Ministerial, lo cual fue aprobado mediante sumilla inserta en el Sistema de Gestión Documental – Quipux por parte del Coordinador General Jurídico;

Que, mediante acción de personal N-00135 de fecha 29 de agosto de 2019, se otorga el nombramiento de Libre

Remoción al Msc. Andrés Sebastián Oleas Uvidia, en el puesto de Coordinador General Jurídico del Ministerio del Ambiente.

Que, mediante Acuerdo Ministerial N°. 250 de fecha 30 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial N° 394 del 28 de febrero del 2011, el titular de la cartera de Ambiente delega al Coordinador General Jurídico varias atribuciones, entre las que consta en el artículo 1, literal d) “Aprobar los Estatutos de corporaciones, fundaciones y asociaciones vinculadas a los ámbitos de competencia de este Ministerio y sus respectivas reformas; al igual que disolver, de forma motivada, las corporaciones, fundaciones y asociaciones conforme a la causales previstas en el Estatuto Social de cada organización”; y,

En ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Acuerdo Ministerial N°. 250, del 30 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial N° 394 del 28 de febrero del 2011;

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto y otorgar personalidad jurídica Fundación de Conservación, Rescate y Manejo de Recursos Naturales Amazónicos “PUKUNA”, domiciliada en el cantón Puyo, provincia de Pastaza.

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las siguientes personas:

MIEMBROS FUNDADORES

Caiza Tenelema María Beatriz

C.C. 180360238-0

Caiza Tenelema Oscar Alberto

C.C. 160074335-3

Caiza Tenelema Ruth Angélica

C.C. 160058115-9

Caiza Tenelema Shirley Alexandra

C.C. 160080333-0

Florez Tamayo Kerlin Melania

C.C. 160073690-2

Santi Vargas Estorgio Byron

C.C. 160044767-4

Santi Vargas Flavio Enrique

C.C. 160024308-1

Santi Vargas Luciano Richar

C.C. 160025394-0

Tenelema Carlos Eduardo

C.C. 091382620-2

Trujillo López María Teresa

C.C. 180249901-0

Zúñiga Palacios Adrián Darwin

C.C. 160050702-2

Art. 3.- Disponer que Fundación de Conservación, Rescate y Manejo de Recursos Naturales Amazónicos

4 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

“PUKUNA”, remita al Ministerio del Ambiente, la documentación relacionada con la elección de la directiva, según lo establecido en el artículo 16 del Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 del 27 de octubre de 2017.

Art. 4.- Disponer su inscripción en el Registro General de Fundaciones y Corporaciones, que para el efecto lleva la Coordinación General Jurídica de este Ministerio y notificar con una copia del presente acuerdo a los interesados, conforme a lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Código Orgánico Administrativo.

Art. 5.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, 31 de enero de 2020.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.-

f.) Ab. Andrés Oleas U., Coordinador General Jurídico,Delegado del Ministro del Ambiente.

Nro. MAE-2020-004

Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta

MINISTRO DEL AMBIENTE

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que corresponde a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y las resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Norma Suprema establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo prescribe que la competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para probar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que, son servidoras o servidores públicos todas

las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público;

Que, el artículo 128 de la Ley Orgánica del Servicio Público menciona “Cuando por disposición de la Ley o por orden escrit de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular”;

Que, el artículo 208 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público señala “Cuando una servidora o servidor de libre nombramiento o remoción se desplace a cumplir tareas oficiales de capacitación y/o actualización de conocimientos en reuniones, conferencias o visitas de observación dentro o fuera del país, se le concederá comisión de servicios con remuneración, percibiendo viáticos, subsistencias, gastos de movilización y/o transporte por el tiempo que dure dicha comisión desde la fecha de salida hasta el retorno”;

Que, el artículo 270 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: “La subrogación procederá de conformidad al artículo 126 de la LOSEP, considerando que la o el servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución. A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado”;

Que, el artículo 15 de las Normas de Optimización y Austeridad al Gasto Público, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135, de 07 de septiembre de 2017, señala que los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 857 de 19 de agosto de 2019, el Presidente Constitucional de la República, señor Licenciado Lenin Moreno Garcés, designo al señor abogado Raúl Clemente Ledesma huerta, como Ministro del Ambiente;

Que, el artículo 7 del Reglamento de Viajes al Exterior y en el Exterior de los Servidores Públicos de las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva señala que, para efectos de la autorización de viaje al exterior y en el exterior, el servidor público solicitante deberá adjuntar algunos documentos habilitantes;

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 5

Que, el artículo 7 del Reglamento ibídem determina como documentos habilitantes: “Invitación al evento y/o requerimiento de viaje; 2. Itinerario o reserva de pasajes; 3. Informe de justificación del viaje con los resultados esperados, emitido y suscrito por el funcionario que va a realizar la comisión de servicios de acuerdo al formato que consta adjunto al Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior; 4. Certificación Presupuestaria en el caso de que el financiamiento sea con recursos del Estado, el documento que justifique que los gastos por pasajes o viáticos los va a asumir la organización anfitriona o el documento que señale que los gastos serán cubiertos con recursos del funcionario; y, 5. Detalle de la agenda a cumplir con el itinerario de viaje”;

Que, el numeral 8.3 del artículo 8 del prescrito Reglamento señala que: “(…) para que proceda la comisión de servicios al exterior, el servidor público deberá tener un tiempo de permanencia en la institución de al menos noventa días, caso contrario, el informe de justificación deberá especificar el porqué de esta expresión, previa la autorización respectiva. Se exceptúa de la presente disposición a los servidores de nivel jerárquico superior (…)”;

Que, mediante invitación Messe Berlín GmbH Messedamm D-14055 Berlin de fecha 17 de enero de 2020, enviado por parte de Messe Berlín GmbH a través de Senior Product Manager el señor Madlen Miserius, se invita a formar parte de la Feria FRUIT LOGISTICA, que se desarrollara en la ciudad de Berlín-Alemania del 04 al 07 de febrero de 2020.

Que, con acuerdo Nro. 33 de 31 de enero de 2020, el Secretario Particular de la Presidencia de la República el señor Juan Sebastián Roldán, emitió la autorización en la que se otorga el permiso para el viaje a la ciudad de Berlín

– Alemania para que asista a la Feria FRUIT LOGISTICA, a favor del Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Ambiente.

En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; y, el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público;

Acuerda:

Artículo 1.- Reportar la autorización emitida por la Presidencia de la República del Ecuador, para el viaje al exterior del Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, en calidad de Ministro del Ambiente, para que asista a la Feria FRUIT LOGISTICA., en la ciudad de Berlín-Alemania, el 04 de febrero de 2020.

Artículo 2.- El Doctor Walter Ramiro Montalvo Hidalgo, Viceministro del Ambiente, subrogará las atribuciones y responsabilidades de Ministro del Ambiente a partir del día 01 de febrero hasta el 09 de febrero de 2020; y mientras dure su ausencia.

Artículo 3.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, en lo que corresponda, encárguese a las Unidades Administrativas involucradas, dentro de sus respectivas competencias.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.-

Dado en San Francisco de Quito, en el Distrito Metropolitano, a 31 de enero de 2020.

f.) Abg. Raúl Clemente Ledesma, Ministro del Ambiente.

No. 0198

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: l. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que el inciso primero del artículo 163 de la norma suprema consagra que: “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional (…)”;

Que el numeral 4 del artículo 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señala que: “El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: (…) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (…)”;

Que el artículo 100 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público manifiesta que:

“Las o los servidores policiales, como estímulo a su labor policial, tendrán derecho a recibir condecoraciones, medallas y distintivos a través del respectivo acuerdo que emita el ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento respectivo (…)”;

6 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

Que el inciso segundo de la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público manifiesta que:

“(…) Hasta que se expidan los reglamentos se aplicará las disposiciones de este Código en el sentido más favorable a las y los servidores de las entidades de seguridad, sin afectar o suspender la calidad de sus servicios”;

Que el artículo 14 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional determina que: “La condecoración “Al Valor” se concederá a los miembros de la institución policial en servicio activo o post – mórtem que hubieren realizado actos de excepcional valor en el desempeño de sus funciones específicas para precautelar el orden público y el bienestar social”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 495 de 31 de agosto de 2018 publicada en el Registro Oficial 327 de 14 de septiembre de 2018, artículo segundo, el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombra a la señora María Paula Romo Rodríguez, como Ministra del Interior;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 718 de 11 de abril de 2019 el Presidente de la República del Ecuador en su artículo 5 decreta: “Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, transfórmese al Ministerio del Interior en “Ministerio de Gobierno”, como entidad de derecho público, con responsabilidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno”;

Visto el informe Nro. 2019-0089-SCP-DGO de 05 de septiembre de 2019, con que el Subdirector de Contingencia Penitenciaria – DGO hace conocer al Director General de Operaciones de la Policía Nacional, el citado informe quien en su acápite IV Conclusiones señala lo siguiente:

“(…) 2. Que, en el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias, se considere la posibilidad se otorgue una CONDECORACIÓN A 34 Servidores Policiales que resultaron heridos, tomados como rehenes y posterior liberados en los amotinamientos suscitados en los CRS Zona 8, Turi y Cotopaxi. (…)”;

Visto el informe jurídico Nro. 2019-1024-DNAJ-PN de 08 de septiembre de 2019, mediante el cual el Director Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional remite al Presidente del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional el citado informe quien en su acápite 3.-Conclusiones señala lo siguiente: “(…) a.- Es procedente para calificar el otorgamiento de la Condecoración Al Valor, en favor de los servidores policiales que se detallan en el numeral 3.6, del presente informe, por la realización de actos de excepcional valor en el desempeño de sus funciones específicas para precautelar el orden público y el bienestar social, durante los diferentes motines protagonizados al interior de los diferentes Centros de Rehabilitación, Social del país, detallados en el numeral 1.4, del presente informe, por la acertada labor y trabajo

profesional, prestigio y beneficio para la institución de conformidad a la DIRECTIVA No. 2019/001/DGP/ PN, PARA REGULAR DE MANERA PROVISIONAL EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO COMPETENTE DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA POLICIA NACIONAL, ACTUAL DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, HASTA LA EXPEDICION DE LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES de conformidad con lo dispuesto en el Art. 97, numeral 10 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y Matriz de las Tablas de Incentivos (…)”;

Que mediante Resolución Nro. 2019-0390-CsG-PN de 09 de septiembre de 2019, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional en la parte pertinente Resolvió: “1.-APROBAR el otorgamiento con carácter honorífico, de la Condecoración “Al Valor”, a favor de los siguientes servidores policiales, que han participado en el control del orden al interior de los Centros de Rehabilitación Social: Zona 8, Turi y Cotopaxi, resultando heridos y tomados como rehenes; labores relevantes de trascendental prestigio y valentía, que enaltecen a la Institución Policial, en procura del cumplimiento de la misión Constitucional de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público; de conformidad al artículo 100 del COESCOP y su Disposición Transitoria Primera, concordantes con lo que prescribe el artículo 14 del Reglamento de Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional (…) SERVIDORES POLICIALES DEL C.R.S. ZONA 8: ORD 1.- GRADO TNTE. NOMBRES Y APELLIDOS MOSQUERA PANIMBOSA ALEX WILLIAM (…) 2.- SOLICITAR, al señor Comandante General de la Policía Nacional, de conformidad a lo establecido en el último inciso de la Disposición Transitoria Primera del COESCOP, concordante con el Art. 4 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se confiera la indicada condecoración con carácter honorífico, a favor de los servidores policiales enunciados en el numeral precedente (…)”;

Visto el oficio Nro. 2019-2902-CsG-PN de 23 de septiembre de 2019, mediante el cual el Comandante General de la Policía Nacional Subrogante, remite la Resolución Nro. 2019-0390-CsG-PN de 09 de septiembre de 2019, del H. Consejo de Generales la Policía Nacional y solicita a la Ministra de Gobierno emitirá el correspondiente Acuerdo Ministerial mediante el cual se confiera con carácter honorifico la Condecoración “Al Valor” a favor de varios servidores policiales quienes han participado en el control del orden al interior de los Centros de Rehabilitación Social; Zona 8, Turi y Cotopaxi, resultando heridos y tomados como rehenes, labores relevantes de trascendental prestigio y valentía que enaltecen a la Institución Policial; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 7

Acuerda:

Artículo 1.- Otorgar con carácter honorífico la condecoración “AL VALOR” a favor de los servidores policiales, que han participado en el control del orden al interior de los Centros de Rehabilitación Social: Zona 8, Turi y Cotopaxi, como justo reconocimiento por la labor relevante de trascendental prestigio y valentía, que enaltecen a la Institución Policial, en procura del cumplimiento de la misión Constitucional de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público; de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en concordancia con lo dispuesto el artículo 14 del Reglamento de Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional, conforme el siguiente detalle:

SERVIDORES POLICIALES DEL C.R.S. ZONA 8

ORD

GRADO

NOMBRES Y APELLIDOS

1

TNTE

MOSQUERA PANIMBOSA ALEX WILLIAM

2

SBOS.

ACEBO MANZANO JULIO CESAR

3

SBOS

FERNANDEZ SALVADOR NORBERTO LUIS

4

SGOP

CEDENO ALAY JOSE ROBERTO

5

SGOS

ANDRADE GOYES JUAN MIGUEL

6

CBOP

SILVA SILVA MARCELO HERNAN

7

CBOP

NOBOA FLORES MARCELO RODRIGO

8

CBOP

VELASCO GAIBOR JORGE DANILO

9

CBOP

PINTADO MATOS EDWIN OSWALDO

10

CBOS

MORETA HIDALGO NEICER VLADIMIR

11

CBOS

ARTEAGA GUAMAN EDUARDO SEBASTIÁN

12

CBOS

MEDINA GUERRERO LUIS HENRY

13

CBOS

GUIZADO CHÁVEZ CRISTHIAN LENIN

14

CBOS

LEMA CARRASCO STALIN LEOPOLDO

15

CBOS

QUITEÑO BERMEO DIEGO FERNANDO

16

CBOS

QUIROZ JAPÓN RODRIGO LUCIANO

17

CBOS

PINTADO ERAS HUGO GUILLERMO

18

POLI

CASTRO TORRES RUBÉN DARÍO

19

POLI

VASQUEZ COTALLAT MANUEL BENJAMÍN

20

POLI

CEVALLOS VILLARROEL ÁNGEL ROLANDO

21

POLI

GARCÍA GARCÍA ORLEY STALIN

8 – Miércoles 26 de febrero de 2020

Registro Oficial Nº 149

SERVIDORES POLICIALES DEL C.R.S. COTOPAXI

ORD.

GRADO

NOMBRES COMPLETOS

1

SBOS.

CONSTANTE PEREZ LUCIO ANTONIO

2

SGOP.

MEJÍA MEJÍA JORGE TELMO

3

SGOS.

QUINTUÑA QHISHPE JAIME DAVID

4

SGOS.

CASTILLO SALAS DIEGO VINICIO

5

CBOP.

BENAVIDES ARIAS FRANKLIN LEONARDO

6

CBOP.

TAPIA CAGUANA EDISON OCTAVIO

7

POLI.

CHICAIZA RODRÍGUEZ PATRICIO GEOVANNY

8

POLI.

NÚÑEZ NÚÑEZ JUAN CARLOS

9

POLI.

MANZANO BASTIDAS CHRISTIAN IVÁN

10

POLI.

CURIPALLO TINTIN BRYAN ALEXANDER

11

POLI.

SAILEMA CHIPANTIZA RICHARD EDUARDO

12

POLI.

MUÑOZ VILLAMARÍN JONATHAN JAVIER

SERVIDORES POLICIALES HERIDOS EN EL C.R.S TURI

ORD.

GRADO

NOMBRES COMPLETOS

1

POLI.

ACARO BUSTAMANTE WILLIAM LEONARDO

Artículo. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en la Orden General de la Policía Nacional y en el Registro Oficial. De su ejecución encárguese al Comandante General de la Policía Nacional.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito, D.M., a 28 de noviembre de 2019.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de Unidad de Gestión Documental y A. de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito, a 02 de enero de 2020.- f.) Ilegible, Secretaría General.

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 9

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Nro. MPCEIP-SRP-2020-0001-A

Sr. Abg. Alejandro Jose Moya Delgado

SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, El artículo 1 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero señala “Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses”;

Que, El artículo 18 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero señala “Para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases se requiere estar expresamente autorizado por el Ministerio del ramo y sujetarse a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y de las demás leyes, en cuanto fueren aplicables”;

Que, El artículo 21 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero señala “La pesca puede ser: a) Artesanal, cuando la realizan pescadores independientes u organizados en cooperativas o asociaciones, que hacen de la pesca su medio habitual de vida o la destinan a su consumo doméstico, utilizando artes manuales menores y pequeñas embarcaciones”.

Que, El artículo 1.2 del Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero señala “Pesca artesanal es aquella actividad que se realiza de manera personal, directa, habitual, manual o con uso de un recolector manual y con un arte de pesca selectiva, con o sin el empleo de una embarcación. Los pescadores artesanales se clasifican en recolectores, costeros y oceánicos”.

Que, El Acuerdo Ministerial No. 407 del 12 de octubre del 2011señala en el artículo 1 “Definir como embarcación pesquera Palangrera nodriza (balandras y barcos), a la unidad de pesca que remolca hasta 10 embarcaciones artesanales palangreras (fibra de vidrio) a zonas de pesca lejanas, y que su propósito es pescar, abastecer de agua, combustible, víveres, carnada y otros insumos de pesca y a su vez almacenar la pesca capturada de las embarcaciones pesqueras artesanales en sus bodegas”. Y el artículo 4 del citado acuerdo señala “Para realizar la actividad pesquera, las embarcaciones Nodrizas Palangreras, deben contar con el Acuerdo Ministerial que faculta su actividad, otorgado por la Subsecretaría

de Recursos Pesqueros. Así mismo, obtener/renovar anualmente los permisos de pesca correspondientes otorgados por la Autoridad Pesquera”.

Que, el Código Orgánico Administrativo en su Artículo 98 establece «Acto Administrativo. – Acto Administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo«.

Que, el Código Orgánico Administrativo en su Artículo 99 establece «Requisitos de validez del acto administrativo. – Son Requisitos de validez: 1.-Competencia 2.-Objeto 3.-Voluntad 4.-Procedimiento 5.-Motivación«.

Que, el Código Orgánico Administrativo COA señala en su artículo 103.- Causas de extinción del acto administrativo. – El acto administrativo se extingue por: «1.-Razones de legitimidad, cuando se declara su nulidad; 2.-Revocatoria, en los casos previstos en este Código»;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 559 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387, dispone: “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”;

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 559, señala que: “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 074, publicado en el Registro Oficial No. 84 del 15 de mayo del 2007, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, delegó al Subsecretario de Recursos Pesqueros, entre otras atribuciones la de expedir las normas, acuerdos, y resoluciones relacionados con la dirección y control de la actividad pesquera en el país;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2019-0034, suscrito el 21 de abril de 2019, el Sr. Mgs. Pablo José Campana Sáenz MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA, delega al Subsecretario de Recursos Pesqueros del Viceministerio de Acuacultura y Pesca el ejercicio de las competencias, funciones, atribuciones y responsabilidades establecidas legalmente a la máxima autoridad, para continuar suscribiendo los actos administrativos normativos y autorizaciones para la ejecución de la actividad pesquera en sus diversas fases; para lo cual, se contará con el apoyo de las áreas técnicas

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orgánicamente dependientes de dicha Subsecretaría, contando además con la asesoría y aprobación jurídica de la Dirección Jurídica de Acuacultura y Pesca; sin perjuicio de las atribuciones y competencias otorgadas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y el Acuerdo Ministerial No. 074 de 3 de abril de 2007 publicado en el Registro Oficial No. 84 del 15 de mayo del 2007.

Que, en atención al oficio s/n ingresado a esta Cartera de Estado con documento Nro. MPCEIP-DSG-2019-20606-E, de fecha 20 de noviembre 2019 por la Sra. Rosa Herminia Vélez Mero, mediante la cual solicita se conceda el acuerdo ministerial para el barco pesquero SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009.

Que, se presenta copia del permiso de pesca DCRP-2014-1373 de la embarcación ANDY C de matrícula naval P-04-01009, emitido el 25 de abril de 2014 con fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2018.

Que, se presenta la Escritura de Compraventa del B/P ANDY C de matrícula naval P-04-01009, que otorgan los cónyuges Mero Rosado Jorge Luis y Mero Mero Blanca Margarita a favor de la Sra. Vélez Mero Rosa Herminia, e la cláusula tercera se indica que se cede también el cupo de pesca de la nave. Acto protocolizado el 2 de agosto de 2019 en la Notaría Primera del cantón Jaramijó.

Que, se presenta la Autorización de cambio de nombre de la nave ANDY C por el de SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, documento emitido el 12 de noviembre de 2019, por la Capitanía del Puerto de Manta.

Que, se adjunta el Certificado de Registro de Propiedad de la embarcación SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009 a favor de la Sra. Rosa Herminia Vélez Mero, documento emitido el 12 de noviembre de 2019, por la Capitanía del Puerto de Manta.

Que, se anexa copia matrícula de la embarcación SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, documento emitido el 12 de noviembre de 2019, por la Capitanía del Puerto de Manta.

Que, se anexa copia del Certificado Nacional de Arqueo de la embarcación SIEMPRE LUQUITAS CV, documento emitido el 15 de noviembre de 2019, por la Subsecretaria de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial.

Que, se anexa copia del Certificado de Seguridad y Prevención de la embarcación SIEMPRE LUQUITAS CV, documento emitido el 25 de julio de 2019, por la Capitanía del Puerto de Manta.

Que, mediante el memorando Nro. MPCEIP-SRP-2019-23305-M de fecha 5 de diciembre de 2019, la Dirección de Control de Recursos Pesqueros emite el informe en el que indica “ La embarcación “SIEMPRE LUQUITAS CV” con matrícula naval P-04-01009, cumple con las características técnicas del arte de pesca, y estado físico de las bodegas para realizar la actividad pesquera en la

fase extractiva de Peces Pelágicos Grandes con el arte de pesca palangre. Por lo tanto, esta Dirección de Control de Recursos Pesqueros, manifiesta el CUMPLIMIENTO, para que la Sra. Vélez Mero Rosa Herminia, continúe con el trámite solicitado”.

Que, mediante el memorando Nro. MPCEIP-SRP-2019-23675-M de fecha 12 de diciembre de 2019, la Dirección de Pesca Artesanal emite el “Informe Técnico de Inspección de la embarcación Pesquera «SIEMPRE LUQUITAS CV» con matrícula naval P -04-01009, con trámite previo a la obtención de Acuerdo Ministerial”, en el que concluye “ que la embarcación palangrera nodriza SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, cumple con la condición técnica que le permite ejercer la actividad pesquera ARTESANAL en su fase extractiva para la captura de peces pelágicos grandes con arte de pesca PALANGRE y a su comercialización interna, cuenta con bodega de almacenamiento de pesca la cual se encuentran recubiertas de fibra, aislado al casco de madera, y adecuada para la conservación del producto pesquero con hielo triturado o en marquetas, arte de pesca autorizado y presenta el dispositivo de Rastreo Satelital (DMS), Instalado de conformidad con la normativa vigente”, recomendando “Que se le otorgue a la Sra. VELEZ MERO ROSA HERMINIA el Acuerdo Ministerial de la embarcación y, se le autorice a ejercer la actividad pesquera y a su comercialización en el mercado interno, mediante la operación de la embarcación pesquera palangrera artesanal nodriza SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, de conformidad con lo que establece la Codificación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y la normativa vigente. Que se faculte a la embarcación palangrera artesanal SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, mediante la emisión del permiso de pesca la actividad pesquera extractiva de peces pelágicos grandes con arte de pesca palangre”.

Que, mediante el memorando Nro. MPCEIP-DJAP-2019-2776-M de fecha 20 de diciembre de 2019, la Dirección Jurídica de Acuacultura y Pesca presenta al Subsecretario de Recursos Pesqueros el “INFORME JURÍDICO RELATIVO AL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA EMBARCACION SIEMPRE LUQUITAS CV”, por el cual se pronuncia favorablemente para: Que se autorice a la Sra. Rosa Herminia Vélez Mero, al ejercicio de la actividad pesquera en la fase extractiva de Peces Pelágicos Grandes, con arte de pesca Palangre y a su comercialización en el mercado interno, mediante la operación de la embarcación pesquera nodriza artesanal SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, de conformidad con lo que establece la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero Codificada y la normativa vigente. Se recomienda que se tome en consideración los condicionamientos indicados en el memorando de la Dirección de Pesca Artesanal Nro. MPCEIP-SRP-2019-23675-M de fecha 12 de diciembre de 2019.

Que, mediante Acción de Personal No.1054 de fecha 05 de noviembre de 2019, se me designó el cargo de Subsecretario de Recursos Pesqueros;

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 11

En uso de las atribuciones concedidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Reglamento; y en concordancia con la normativa secundaria antes mencionada.

Acuerda:

Art. 1.- Autorizar a la Sra. Rosa Herminia Vélez Mero, al ejercicio de la actividad pesquera en la fase extractiva de peces pelágicos grandes, con arte de pesca palangre y a su comercialización en el mercado interno, mediante la operación de la embarcación pesquera nodriza artesanal SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, de conformidad con lo que establece la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero Codificada y la normativa vigente.

Art. 2.- La propietaria ejercerá la actividad pesquera en la fase extractiva de peces pelágicos grandes con arte de pesca palangre mediante la operación de la embarcación pesquera nodriza artesanal SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, cuyas características técnicas son las siguientes:

Nombre: SIEMPRE

Máquina principal:

LUQUITAS CV

HINO 250 HP

Matrícula: P-04-01009

Material del casco:

Madera /Fibra

Eslora Total/convenio:

Arte de Pesca: Palangre

13.15 mts

Manga: 4.15 mts

Sistema de Conservación:

Hielo

Puntal: 1.65 mts

Capacidad de

combustible: 950 galones

TRB: 20.87 TM

Lugar y Año de

Construcción: MANTA

2011

TRN: 6.16 TM

Fecha de registro: 17-06-

2011

Especie a Capturar:

Bandera: Ecuador

Peces Pelágicos Grandes

Art. 3.- La propietaria cumplirá con los siguientes condicionamientos y recomendaciones, caso contrario se declara extinguido el presente acto administrativo de conformidad con los Artículos 89 y 90 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) y se procederá de acuerdo al Art. 74 de la Codificación de la Ley de Pesca Desarrollo Pesquero, en concordancia a los artículos 98, 99 y 103 del Código Orgánico Administrativo (COA):

1. Deberá mantener en propiedad la embarcación pesquera SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009, empleándolo única y exclusivamente para la actividad autorizada en el presente Acuerdo Ministerial.

2. Renovar puntualmente el permiso de pesca de la embarcación SIEMPRE LUQUITAS CV de matrícula naval P-04-01009.

3. Deberá cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como acuerdos relacionados con la actividad pesquera autorizada.

4. Deberá reportar trimestralmente a la Dirección de Políticas y Ordenamiento Pesquero, el detalle de las capturas y ventas para fines estadísticos

5. En caso de incumplimiento a los condicionamientos anteriormente citados se procederá a la suspensión temporal o definitiva de la actividad autorizada de conformidad con lo establecido en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y en concordancia con lo establecido en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE).

Artículo 4.- Notifíquese con el presente Acuerdo Ministerial al administrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo

COMUNÍQUESE.– Dado en Guayaquil, a los 03 día(s) del mes de Enero de.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Abg. Alejandro Jose Moya Delgado, Subsecretario de Recursos Pesqueros.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- CERTIFICA.-Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.-Fecha: 13 de enero de 2020.- Firma: Ilegible.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Nro. MPCEIP-SRP-2020-0002-A

Sr. Abg. Alejandro Jose Moya Delgado

SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina que: “Las instituciones del Estado, sus

12 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero manifiesta: “Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses”;

Que, el artículo 18 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, dispone: “Para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases se requiere estar expresamente autorizado por el Ministerio del ramo y sujetarse a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y demás leyes en cuanto fueren aplicables”;

Que, literal b) del artículo 21 de la Ley Ibídem dispone que: “La pesca puede ser: (…) b) Industrial, cuando se efectúa con embarcaciones provistas de artes mayores y persigue fines comerciales o de procesamiento (…)”;

Que, en su artículo 24 la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, dispone que: “Para ejercer la pesca industrial se requiere autorización mediante acuerdo, del Ministro del Ramo”;

Que, el artículo 25 del mismo cuerpo legal manifiesta que: “Quienes se dediquen a la pesca industrial deberán disponer en propiedad, arrendamiento o asociación, de los buques necesarios técnicamente equipados de conformidad con el respectivo reglamento”;

Que, el artículo 1.4. del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero señala que: “Por pesca industrial se entiende a la actividad extractiva realizada por embarcaciones con sistemas de pesca hidráulicos, mecanizados y tecnificados que permitan la captura de recursos pesqueros”;

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo señala que: “Acto Administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo”;

Que, artículo 99 del Código Orgánico Administrativo establece que los requisitos para la validez del acto administrativo son los siguientes: “1.-Competencia;

2.-Objeto; 3.-Voluntad; 4.-Procedimiento; 5.-Motiva-ción”;

Que, el artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, prevé que: “Los

actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad”;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 559 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387, dispone: “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”;

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 559, señala que: “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 074, publicado en el Registro Oficial No. 84 del 15 de mayo del 2007, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, delegó al Subsecretario de Recursos Pesqueros, entre otras atribuciones la de expedir las normas, acuerdos, y resoluciones relacionados con la dirección y control de la actividad pesquera en el país;

Que, el Acuerdo Ministerial 018 del 09 de marzo de 2010 publicado en el Registro Oficial No. 156 del 23 de marzo de 2010, y sus reformas, manifiesta en su artículo 1.- “La Dirección General de Pesca otorgará permisos para ejercer la actividad pesquera industrial en la fase extractiva, sobre los siguientes tipos de especies y con las correspondientes artes de pesca que se señalan: (…) 1.3. La pesca de pelágicos grandes con palangre, espinel y/o caña (anzuelo) (…)”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2019-0059 de 22 de julio de 2019, se delega en su Artículo 2, al Subsecretario de Recursos Pesquero del Viceministerio de Acuacultura y Pesca la competencia para que, dentro del marco constitucional y legal, a nombre y representación del titular del Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, continuar suscribiendo los actos administrativos normativos y autorizaciones para la ejecución de la actividad pesquera en sus diversas fases; para lo cual, se contara con el apoyo de las áreas técnicas orgánicamente dependiente de dicha Subsecretaría, contado además con la asesoría y aprobación jurídica de la Dirección Jurídica de Acuacultura y Pesca; sin perjuicio de las atribuciones y competencias otorgadas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y el Acuerdo Ministerial Nro. 074 de 3 de abril de 2007 publicado en el Registro Oficial Nro. 84 del 15 de mayo de 2007;

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 13

Que, mediante oficio s/n, ingresado a esta Cartera de Estado mediante documento Nro. MPCEIP-DSG-2019-18600-E de fecha 22 de octubre de 2019, el señor Byron Arias Palacios, solicita se modifique el Acuerdo Ministerial para el ejercicio de la actividad pesquera en la fase extractiva de peces pelágicos grandes por cambio de nombre y propietario de la embarcación DON BYRON (EX GAVIOTA) de matrícula P-04-00108;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MAGAP-DSG-2015-0019-A de fecha 12 de enero de 2015, el Subsecretario de Recursos Pesqueros, autoriza al señor Manuel Maximiliano Cedeño Moreira al ejercicio de la actividad pesquera en la fase extractiva de peces pelágicos grandes mediante la operación de la embarcación pesquera denominada GAVIOTA de matrícula naval Nro. P-04-00108, y a su comercialización en el mercado interno;

Que, la Dirección de Pesca Industrial emite Permiso de Pesca Nro. DPI-076-PPG de fecha 29 de enero de 2015, capacitando a la embarcación pesquera GAVIOTA para la pesca de peces pelágicos grandes en aguas jurisdiccionales de Ecuador hasta diciembre de 2015;

Que, mediante Escritura Pública de Compraventa celebrada 07 de febrero de 2019 en la Notaria Quinta del Cantón Manta, el señor Manuel Maximiliano Cedeño Moreira da en venta real y perpetua enajenación una embarcación pesquera denominada GAVIOTA a favor del señor Byron Xavier Arias Palacios, dejando expresa constancia en el mismo instrumento público la cesión total de los derechos del cupo de pesca de la referida embarcación;

Que, mediante documento Nro. CAPMAN-AUT_AUT-164237-2019 de fecha 05 de septiembre de 2019, el Asesor Jurídico de la Capitanía del Puerto de Manta, emitió Autorización de Cambio de Nombre para la embarcación pesquera denominada GAVIOTA por el nuevo nombre de DON BYRON;

Que, mediante documento Nro. CAPMAN-CER_PRO-164238-2019 de fecha 05 de septiembre de 2019, el Asesor Jurídico de la Capitanía del Puerto emite Certificación de Registro de Propiedad a favor del señor Byron Xavier Arias Palacios en su calidad de nuevo propietario y armador de la embarcación pesquera denominada DON BYRON;

Que, mediante documento Nro. CAPMAN-MANA-8559-2019 de fecha 16 de septiembre de 2019, el Capitán del Puerto de Manta, emite Matricula de Nave Nro. P-04-00108 para la embarcación pesquera denominada DON BYRON, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019;

Que, mediante documento Nro. DIRNEA-CSPC-28990-2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, el Capitán del Puerto de Manta emite Certificado de Seguridad y Prevención de la Contaminación para la embarcación pesquera denominada DON BYRON, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2020;

Que, mediante memorando Nro. MTOP-CNAR-14118-2019 de fecha 18 de octubre de 2019, el Delegado por el Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial emite Certificado Nacional de Arqueo para la embarcación pesquera denominada DON BYRON con las siguientes características técnicas: eslora: 24.46 mts; manga: 6.65 mts; puntal: 3mts; TRB:125.4 TM; TRN:33.66 TM;

Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-SRP-2019-2015-O de fecha 22 de octubre de 2019, el Subsecretario de Recursos Pesqueros, comunica al señor Byron Xavier Arias Palacios ante su solicitud de certificación de cupo del B/P DON BYRON, que no es posible atender adecuadamente su requerimiento, en virtud de no estar autorizado para ejercer la actividad pesquera extractiva mediante acuerdo correspondiente, siendo el nuevo propietario y/o armador de la embarcación DON BYRON.

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-SRP-2019-21453-M de fecha 31 de octubre de 2019, el Director de Control de Recursos Pesqueros, desde el punto de vista de la inspección emite informe favorable en base a lo siguiente: “La embarcación pesquera B/P DON BYRON, con matricula P-04-00108, se encuentra apta y cumple con las características técnicas establecidas dentro de las normativas pesqueras vigentes con respecto al arte de pesca, bodegas y DMS, para realizar la actividad pesquera industrial en la fase extractiva de Peces Pelágicos Grandes. Por lo tanto, esta Dirección de Control de Recursos Pesqueros, desde el punto de vista técnico a la inspección, emite informe FAVORABLE, para que el Sr. ARIAS PALACIOS BYRON XAVIER, continúe con el tramite solicitado”;

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-SRP-2019-21911-M de fecha 12 de noviembre de 2019, el Director de Pesca Industrial, desde el punto de vista técnico, emite informe favorable para lo siguiente: “El Sr. Arias Palacios Byron Xavier, es el actual propietario de la embarcación pesquera DON BYRON (EX GAVIOTA) de matrícula P-04-00108, en virtud de la escritura de compraventa de la embarcación que otorga el Sr. Manuel Maximiliano Cedeño Moreira a favor del Sr. Byron Xavier Arias Palacios que incluye la cesión de total de los derechos del cupo de pesca (TRN 33.66 TM), razón por la cual ha solicitado a esta Dependencia Ministerial la modificación del Acuerdo Ministerial que le faculte al ejercicio de la actividad pesquera debido al cambio de propietario y nombre de la embarcación. La embarcación pesquera DON BYRON, de matrícula naval P-04-00108, cumple con las características técnicas establecidas dentro de la normativa pesquera vigente con respecto al arte de pesca, bodegas y DMS, para realizar la actividad pesquera industrial en la fase extractiva de peces pelágicos grandes”;

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-SRP-2019-22942-M de fecha 29 de noviembre de 2019, el Director

4 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

de Pesca Industrial, emite un alcance al memorando Nro. MPCEIP-SRP-2019-21911-M de fecha 12 de noviembre de 2019, en el cual expone los condicionamientos que se deberán incluir en el Acuerdo Ministerial a otorgar;

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-DJAP-2019-2669-M de fecha 11 de diciembre de 2019, el Director Jurídico de Acuacultura y Pesca, desde el punto de vista Jurídico emite informe favorable para lo siguiente: “1.-

Que se derogue el Acuerdo Ministerial Nro. MAGAP-DSG-2015-0019-A de fecha 12 de enero de 2015; 2.-Que se autorice al señor Byron Arias Palacios al ejercicio de la actividad pesquera industrial en la fase extractiva de Peces Pelágicos Grandes con arte de pesca Palangre, y a su comercialización en el mercado interno, mediante la operación de la embarcación DON BYRON con matrícula de nave Nro. P-04-00108, de conformidad con lo que establece la Codificación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y la normativa vigente”;

Que, mediante acción de personal No. 1054 de fecha 05 de noviembre de 2019, se me designó el cargo de Subsecretario de Recursos Pesqueros;

En uso de las atribuciones concedidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Reglamento: y en concordancia con la normativa conexa;

Acuerda:

Articulo 1.- Derogar el Acuerdo Ministerial Nro. MAGAP-DSG-2015-0019-A de fecha 12 de enero de 2015.

Articulo2.- Autorizar al señor Byron Xavier Arias Palacios al ejercicio de la actividad pesquera industrial en la fase extractiva de Peces Pelágicos Grandes, y a su comercialización en el mercado interno, mediante la operación de la embarcación pesquera denominada DON BYRON con matrícula de nave Nro. P-04-00108, de conformidad con lo que establece la Codificación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y la normativa vigente.

Articulo 3.- El señor Byron Xavier Arias Palacios cumplirá en su calidad de armador, la actividad pesquera industrial en la fase extractiva de Peces Pelágicos Grandes mediante la operación de la embarcación pesquera DON BYRON con matrícula de nave Nro. P-04-00108, cuyas características técnicas son:

NOMBRE DEL BP DON

BYRON

ESLORA 24.46 m

MANGA 6.65 m

PUNTAL 3.00 m

ESPECIE QUE CAPTURA Peces

pelágicos

grandes

T.R.B.

125.4 TM

T.R.N.

33.66 TM

MATERIAL DEL CASCO

Madera

MAQUINA PRINCIPAL

Caterpillar

240 HP

ARTE DE PESCA

Palangre

LUGAR Y AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Perú/1990

MATRÍCULA

P-04-00108

VOLUMEN DE PESCA

95.25 m3

Articulo 4.- El señor Byron Xavier Arias Palacios en su calidad de armador, cumplirá con los siguientes condicionamientos y recomendaciones, caso contrario se procederá a la suspensión temporal o definitiva de las actividades autorizadas mediante este Acuerdo Ministerial, de conformidad con el Art. 74 de la Codificación de la Ley de Pesca Desarrollo Pesquero, en concordancia a los artículos 98,99 y 103 del Código Orgánico Administrativo (COA):

1.- Mantener en su propiedad la embarcación pesquera embarcación DON BYRON (EX GAVIOTA), con matrícula P-04-00108.

2.- Renovar anualmente y de manera puntual el Permiso de Pesca.

3.- Deberá cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas así como acuerdos relacionadas con la actividad autorizada.

4.- Deberá remitir trimestralmente a la Autoridad competente de Pesca, el detalle de las capturas y ventas para fines estadísticos.

5.- Deberá cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas así como acuerdos relacionados con la actividad autorizada.

En caso de incumplimiento a los condicionamientos anteriormente citados que se proceda a la suspensión temporal o definitiva de la actividad autorizada.

Artículo 5.- Notifíquese con el presente Acuerdo Ministerial al administrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo. Dado en Guayaquil, a los 04 día(s) del mes de Enero de.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Abg. Alejandro Jose Moya Delgado, Subsecretario de Recursos Pesqueros.

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 15

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- CERTIFICA.-Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.-Fecha: 13 de enero de 2020.- Firma: Ilegible.

No. 037/2019

EL CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL

Considerando:

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias”;

Que, el artículo 258 de la Carta Magna establece: “La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine.

Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representante de las juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley”;

Que, el artículo 122 del Código Aeronáutico establece que:

“El Consejo Nacional de Aviación Civil o la Dirección General de Aviación Civil, en su caso, a solicitud de parte interesada o por iniciativa propia, podrán modificar, suspender, revocar o cancelar cualquier concesión o permiso de operación para la explotación de servicios aéreos, si la necesidad o conveniencia pública así lo requieren”;

Que, el artículo 4 de la Ley de Aviación Civil establece las atribuciones del Consejo Nacional de Aviación Civil entre otras la siguiente:

“c) Otorgar las concesiones y los permisos de operación a las compañías nacionales y extranjeras de transporte aéreo público y revocarlos, suspenderlos, modificarlos o cancelarlos”.

Que, mediante Resolución No. 018/2017 de 11 de diciembre de 2017 y Resolución No. 003/2018 de 16 de febrero de

2018, el Consejo Nacional de Aviación Civil expidió y modificó el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial a fin de adecuarlo a las necesidades actuales del sector aeronáutico;

Que, la Disposición General NOVENA del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial establece que:

“El Consejo Nacional de Aviación Civil, en guarda del Interés Público del Servicio, a petición de parte, podrá reasignar frecuencias de vuelo no utilizadas en el servicio de transporte aéreo doméstico de pasajeros.

Para el efecto comprobará que:

1. El operador no cumpla el 70% de las frecuencias otorgadas por el lapso de 18 meses conforme señala la Resolución 108/2010 de 22 de diciembre de 2010, en una o varias rutas asignadas en la respectiva Concesión de Operación;

2. El operador interesado cumpla el 100% de las frecuencias autorizadas y, además, su coeficiente de ocupación en la respectiva ruta supere el 70%; y,

3. Los respectivos operadores ostenten derechos comunes.

La reasignación concedida por el Consejo Nacional de Aviación Civil tendrá el carácter de provisional cuya duración será establecida por los Miembros del Consejo posterior al análisis de la solicitud presentada y a otros factores que considere pertinente.

Terminado el plazo de la reasignación el operador originalmente adjudicado tendrá derecho a solicitar se las restituyan, siempre que demuestre la capacidad de operar las frecuencias reasignadas. Caso contrario, el Consejo Nacional de Aviación Civil se reserva el derecho de renovar al operador reasignado o revertirlas al Estado.

Si el Consejo Nacional de Aviación Civil retira los derechos no operados, convocará a Audiencia Previa de Interesados de conformidad con el Código Aeronáutico y este Reglamento.”

Que, la Resolución No. 108/2010 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Consejo Nacional de Aviación Civil, establece los parámetros para el cumplimiento de rutas y frecuencias otorgadas enuna concesión o permiso de operación con el prefijo “hasta”;

Que, la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. es poseedora de un permiso de operación para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, doméstico, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, renovado y modificado mediante Acuerdo No. 039/2018 de 13 de diciembre de 2018 por el Consejo Nacional de Aviación Civil, nuevamente modificado por el Organismo con Acuerdo No. 009/2019 de 07 de junio de 2019; y,con Acuerdo No. 22/2019 de 12 de septiembre de 2019 por el

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Director General de Aviación Civilen uso de las facultades delegadas por el Consejo Nacional de Aviación Civil,para operar las siguientes rutas y frecuencias:

1. “Quito – Guayaquil – Quito, hasta ochenta y cuatro (84) frecuencias semanales;

2. Quito – Cuenca – Quito, hasta veinte y cuatro (24) frecuencias semanales;

3. Quito y/o Guayaquil – Baltra – Guayaquil – Quito, hasta con catorce (14) frecuencias semanales;

4. Quito y/o Guayaquil – San Cristóbal – Guayaquil – Quito, hasta cuatro (4) frecuencias semanales;

5. Quito y/o Guayaquil – San Cristóbal – Guayaquil, hasta tres (3) frecuencias semanales;

6. Quito – Manta – Quito, hasta siete (7) frecuencias semanales;

7. Quito – Coca- Quito, hasta siete (7) frecuencias semanales; y

8. Quito – Santa Rosa – Quito, hasta cinco (5) frecuencias semanales.”

“La ruta signada con el número 5, fue concedida originalmente a la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP”, la misma que corresponde a una reasignación provisional a favor de la compañía AEROLANE, Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. (LATAM AIRLINES ECUADOR) actualmente LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., por un período de 12 meses, contados a partir de la notificación del Acuerdo No. 013/2018 de 07 de junio de 2018, además deberá dar cumplimiento a lo establecido en el informe ejecutivo sobre el MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA SOCIO-ECOLOGICO DE LAS ISLAS GALÁPAGOS – ANALISIS DE ESCENARIOS DE SOSTENIBILIDAD remitido a través del oficio Nro. CGREG-P-2018-0230-OF de 16 de abril del 2018, por la Ministra Presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, que en lo pertinente establece que las frecuencias otorgadas a las islas Galápagos deberán ser dirigidas a San Cristóbal con el fin de evitar saturar el destino y distribuir amigablemente el número de llegadas a las islas.

Se establece un procedimiento de verificación de la implantación y cumplimiento del 70% de las rutas y frecuencias autorizadas, si no se observa el nivel exigido se llamará a Audiencia Previa de Interesados conforme lo establecido en el Art. 122 del Código Aeronáutico, de conformidad con la Resolución No. 108/2010, de 22 de diciembre de 2010”;

Que, la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP”, es titular de un permiso de

operación para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, doméstico, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, renovado parcialmente y modificado mediante Acuerdo No. 017/2018 de 15 de junio de 2018 por el Consejo Nacional de Aviación Civil; y,posteriormente modificado con Acuerdo No. 09/2019 de 03 de junio de 2019 por la Dirección General de Aviación Civil, para operar las siguientes rutas y frecuencias:

“

• “Quito – Guayaquil – Quito, hasta 69 frecuencias semanales;

• Quito – Guayaquil -Baltra – Guayaquil – Quito, hasta 14 frecuencias semanales; Quito – Guayaquil – San Cristóbal – Guayaquil – Quito, hasta 5 frecuencias semanales;

• Quito – Baltra – Quito, hasta 3 frecuencias semanales;

• Quito – Cuenca – Quito, hasta 22 frecuencias semanales;

• Quito – Loja – Quito, hasta 22 frecuencias semanales;

• Quito – Manta – Quito, hasta 21 frecuencias semanales;

• Quito – Lago Agrio – Quito, hasta 15 frecuencias semanales;

• Quito – Coca – Quito, hasta 20 frecuencias semanales;

• Quito – Esmeraldas – Quito, hasta 14 frecuencias semanales;

• Quito – Santa Rosa – Quito, hasta 21 frecuencias semanales;

• Quito – Salinas – Quito, hasta 3 frecuencias semanales;

• Guayaquil – Baltra – Guayaquil, hasta 3 frecuencias semanales; y,

• Guayaquil – Loja – Guayaquil, hasta 11 frecuencias semanales.”

Se hace notar que la ruta Guayaquil – Baltra – Guayaquil, hasta tres (3) frecuencias semanales, se renovó la reasignación provisional hasta el 31 de diciembre de 2019 a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., emitida mediante Resolución No. 009/2019 de 06 de junio de 2019 por el Consejo Nacional de Aviación Civil, basado en el interés público y evitar una afectación al usuario;

Que, la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., por medio de su Apoderada Especial,con oficio s/n de 09

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de septiembre de 2019 ingresado a la Dirección General de Aviación Civil, con documento No. DGAC-AB-2019-8416-E del mismo día, solicitó la reasignación de rutas no operadas por la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP” de su operación desde/hacia las Islas Galápagos en apego de la Disposición General Novena del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial y demás argumentación contenida en dicha solicitud, en las siguientes rutas:

“1. Quito- Baltra – Quito, una frecuencia

2. Quito – Guayaquil – Baltra – Guayaquil – Quito, cuatro frecuencias

3. Quito – Guayaquil – San Cristóbal – Guayaquil – Quito, una frecuencia”;

Que, a través del memorando Nro. DGAC-SGC-2019-0192-M de 12 de septiembre de 2019, el Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil requirió a las Direcciones de Asesoría Jurídica y de Inspección y Certificación Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil que emitan sus informes acerca de la solicitud de reasignación de derechos de tráfico no utilizados por TAME EP presentado por la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y con memorando Nro. DGAC-SGC-2019-0198-M de 20 de septiembre de 2019, la Prosecretaria del Consejo Nacional de Aviación Civil,emitió un recordatorio a fin de que las áreas competentes de la Dirección General de Aviación Civil presenten los mismos;

Que, mediante memorando Nro. DGAC-OX-2019-2213-M de 24 de septiembre de 2019, el Director de Inspección y Certificación Aeronáutica, Subrogante, remitió el informe técnico-económico y con memorando Nro. DGAC-AE-2019-1396-M de 25 de septiembre de 2019, el Director de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aviación Civil presentó el informe legal respecto de la solicitud de LATAM AIRLINES ECUADOR S.A;

Que, según memorando Nro. DGAC-SGC-2019-0214-M de 10 de octubre de 2019 el Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil, requirió ampliación a los informes emitidos por las áreas competentes de la Dirección General de Aviación Civil mencionadas en el considerando anterior a fin de que las recomendaciones sean más claras y puntuales, de modo que el Consejo Nacional de Aviación Civil pueda adoptar una decisión exacta sobre el pedido de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A;

Que, a través del memorando Nro. DGAC-OX-2019-2349-M de 15 de octubre de 2019, el Director de Inspección y Certificación Aeronáutica, remitió el informe ampliatorio técnico-económico con el análisis y conclusiones del caso en el que menciona que existe una contradicción entre lo previsto en el subnumeral (i) de la disposición General

NOVENA del Reglamento de la materia y la Resolución No. 108/2010 de 22 de diciembre de 2010, en el tiempo de evaluación del cumplimiento de los derechos autorizados y no operadospor TAME EP, situación que debe ser absuelta por el Consejo Nacional, de Aviación Civil, con base a lo establecido en la Disposición General OCTAVA del mismo Reglamento y además se indica que,estadísticamente se ha verificado que LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. durante los años 2018 y 2019 (enero-agosto) ha cumplido con el 100% de las frecuencias otorgadas en su Permiso de Operación hacia las islas Galápagos,con coeficientes de ocupación que superan el 70%, y en virtud de ello recomendó que, el Consejo Nacional de Aviación Civil, en el ámbito de su competencia, tome la decisión que más convenga en función de la conectividad del país y del interés público;

Que, con memorando Nro. DGAC-AE-2019-1396-M de 16 de octubre de 2019, el Director de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aviación Civil presentó el informe legal concluyendo respecto de la comprobación del apartado (i) de la Disposición General (Novena) que la autoridad deberá precisar previamente el lapso que tendría que aplicarse para evidenciar que “TAME EP” como operadora originalmente adjudicada no cumple el 70% de las frecuencias otorgadas, en razón de existir una posible antinomia con el literal “c” del artículo 1 de la Resolución Nro. 108/2010 expedida el 22 de diciembre de 2010, y recomendando lo siguiente: “De evidenciarse que “TAME EP” no cumple el 70% de las frecuencias otorgadas hacia Galápagos por el CNAC y que LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. cumple el 100% de sus frecuencias autorizadas, y que el coeficiente de ocupación en tales rutas supere el 70%; en dicho supuesto, la resolución que adopte el CNAC, debe basarse en razones de “interés público”, toda vez que las rutas y frecuencias aéreas tienen relación directa con el patrimonio del Estado y con la capacidad de satisfacer las necesidades de la comunidad en general; y, que resulta afectado cuando quedan asignados sin el pleno ejercicio de los mismos, y a partir de lo anterior, que se afecta también la continuidad y calidad del servicio…”;

Que, mediante oficio Nro. DGAC-SGC-2019-0139-O de 16 de octubre de 2019, el Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil convocó a la compañía LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. a una Comisión General a fin de que exponga de manera más amplia la solicitud de reasignación de las rutas y frecuencias hacia Baltra y San Cristóbal no operadas por la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME EP” dentro del Plan de Conectividad presentado en la Vicepresidencia de la República, en forma previa a adoptar una resolución sobre este tema,diligencia que tuvo lugar en la Sesión Extraordinaria No. 009/2019 realizada el 18 de octubre de 2019 como punto No. 1 del Orden del Día, en lo principal los representantes de la compañía LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. en sus exposiciones ratificaron los términos contenidos en la solicitud presentada haciendo énfasis en el Plan de Conectividad, generación de empleo,

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fundamentos de derecho, política aeronáutica del país, facilitación del turismo, la conectividad y el comercio, la solvencia técnica, económica y legal de la aerolínea, y el interés público;

Que, mediante oficio Nro. DGAC-SGC-2019-0138-O de 16 de octubre de 2019, el Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil convocó a la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP”, a una Audiencia de Interesados a fin de que exponga los argumentos o razones de los que se crea asistida, replique los argumentos de LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y presente pruebas en su favor, sobre el pedido de reasignación derechos de tráfico, concesionados y no operados por TAME EP en las rutas:1. Quito – Baltra

– Quito, una frecuencia; 2. Quito – Guayaquil – Baltra

– Guayaquil – Quito, cuatro frecuencias; y, 3. Quito – Guayaquil – San Cristóbal – Guayaquil – Quito, una frecuencia, en forma previa a adoptar una resolución sobre este tema; tal diligencia se desarrolló en la misma Sesión Extraordinaria No. 009/2019 realizada el 18 de octubre de 2019 como punto No. 2 del Orden del Día, en lo principal, los representantes de la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP” basaron sus intervenciones en los siguientes aspectos: normativa legal que enmarca a la aerolínea; derechos de tráfico de la Empresa; la operación nacional de competencia cubriendo con 48 vuelos diarios, de los 11 destinos domésticos que cubre operación TAME EP, la competencia participará en 8 destinos, el incremento de nuevos actores en el mercado ecuatoriano permitirá que TAME EP pueda mejorar su red de rutas con enfoque en los mercados que mayor rendimiento genera la empresa sin dejar desatendida la conectividad nacional; siendo los primeros en conectar al Ecuador con las Islas Galápagos como operación relevante, en el año 2018 y primer semestre del 2019, en las rutas con destino Galápagos significaron 17% de los asientos ofertados y 25% de ingresos, las rutas Galápagos representan +50% del margen operacional (sin costos

indirectos) doméstico; finalmente concluyendo que las rutas con destino final las Islas Galápagos permite equilibrar el desbalance operacional por rutas deficitarias, forma parte del valor de la empresa, al reducir se vería afectado el valor y marca un antes y un después para potenciales asociaciones comerciales, empresas mixtas o compra de la aerolínea; y adicionalmente solicitó que se le permita mantener las 14 frecuencias Quito-Guayaquil-Baltra ya que con el Plan de flota de 5 aeronaves tiene contemplado cumplir con todo el permiso de operación para el año 2020;

Que, en la misma sesión extraordinaria No. 009/2019 realizada el 18 de octubre de 2019, como punto No. 3 del Orden del Día, se trató el conocimiento y resolución de la solicitud presentada por la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., a fin de que se le reasignen tres rutas y frecuencias hacia y desde las Islas Galápagos (Baltra/ San Cristóbal), no operadas por la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME EP”; dentro del

análisis efectuado, el Consejo Nacional de AVIACION Civil tomó en consideración: a) los argumentos expuestos en la Comisión General y la Audiencia de Interesados; b) los informes técnico-económico y legal levantados por las áreas competentes de la Dirección General de Aviación Civil; c) la verificación de los requisitos establecidos en los literales(i), (ii), y (iii) de la Disposición General Novena del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial en concordancia con la Resolución No. 108 de 22 de diciembre de 2010 que atañe a la verificación y cumplimiento de rutas y frecuencias de empresas que tienen derechos autorizados y no los están operando; d) la aplicación de la Disposición General Octava que otorga al CNAC la facultad de absolver dudas en la aplicación o interpretación del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial; e) el nivel de cumplimiento global por destino Galápagos por los 18 meses que establece el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial ha obtenido el 67% y en función de la Resolución 108/2010 ha obtenido el 51% en ninguno de los dos casos cumple con el porcentaje requerido para mantener los derechos otorgados; f) TAME EP en la Audiencia de Interesados no presentó un una propuesta de operación inmediata de las rutas objeto de esta reasignación; g) que la reasignación deberá estar atada al cumplimiento de las rutas y frecuencia que fueron aprobadas por la DGAC a loa puntos Snata Rosa, Manta y EL Coca; y, con la información y asesoramiento expuesto durante la sesión por servidores de la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la DGAC, en atención al interés público que reviste la prestación de estos servicios el Pleno del CNAC resolvió:

1. Reasignar provisionalmente a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. las siguientes rutas: Quito – Baltra – Quito, 1 frecuencia semanal; Quito – Guayaquil

– Baltra – Guayaquil – Quito, 4 frecuencias semanales; y, Quito – Guayaquil – San Cristóbal – Guayaquil – Quito: 1 frecuencia semanal, asignadas y no operadas por la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP” de su permiso de operación para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, doméstico, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, renovado parcialmente y modificado por el Consejo Nacional de Aviación Civil mediante Acuerdo No. 017/2018 de 15 de junio de 2018; y, nuevamente modificado con Acuerdo No. 09/2019 de 03 de junio de 2019 por el Director General de Aviación Civil,

2. La presente reasignación estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2023, fecha en la cual fenece el permiso de operación de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A.;

3. La compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. deberá solicitar la modificaciónde su permiso de operación

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 19

ante la Dirección General de Aviación Civil a fin de que incorpore de manera provisional las rutas reasignadas;

4. La presente reasignación se mantendrá vigente por el plazo solicitado por LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., sin embargo el Consejo Nacional de Aviación Civil se reserva el derecho a darla por terminada antes de su vencimiento, por cualquiera de las siguientes causas: 4.1) De comprobarse que la aerolínea no ha cumplido con al menos el 70% de las rutas y frecuencias a los puntos Santa Rosa, Manta y el Coca, otorgadas mediante Acuerdo No. 22/2019 de 12 de septiembre de 2019, conforme el plazo establecido en el artículo 1, literal b), sub literal b.2) de la Resolución No. 108/2010 de 22 de diciembre de 2010, que será contado a partir del inicio efectivo de operaciones en cada punto; 4.2) De evidenciarse que la aerolínea no inició operaciones en las rutas continentales antes indicadas y en las reasignadas en esta oportunidad, hasta el mes de mayo de 2020; 4.3) En caso de que la aerolínea suspenda servicios a las rutas Santa Rosa, Manta y el Coca sin autorización previa de la autoridad aeronáutica; y, 4.4) Que la compañía no dé cumplimiento a los compromisos constantes en su solicitud, para lo que la Secretaría incluirá en el correspondiente Acuerdo el detalle de los mismos;

5. La compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. deberá abstenerse de comercializar boletos aéreos más allá del 23 de diciembre de 2023. De no acatar esta disposición se entenderá que se halla incursa en una contravención de segunda clase establecida en el Art. 69 literal f) de la Ley de Aviación Civil por incumplir cualquier otra obligación, incluida en su permiso de operación doméstico, regular;

6. La compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. podrá solicitar una nueva renovación ante el Consejo Nacional de Aviación Civil con por lo menos 60 días calendario de anticipación a la vigencia de la presente reasignación atendiendo lo señalado en la Disposición General NOVENA del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial;

7. Se deja a salvo el derecho de la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP” a solicitar la restitución de las rutas y frecuencias objeto de la presente reasignación con por lo menos seis meses de anticipación a la fecha de culminación de la misma, siempre que demuestre la capacidad de operar las frecuencias asignadas; y,

8) Emitir el correspondiente Acuerdo en tal sentido, y notificar tanto a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. como a la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP”, para los fines de Ley, sin necesidad de que se apruebe el acta de esa sesión;

Que, la solicitud de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., fue tramitada de conformidad con

expresas disposiciones constitucionales en las que se ha privilegiado el derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica, así como respetando normas legales y reglamentarias que rigen la Aviación Civil y a la Administración Pública Central; y,

En uso de la atribución establecida en el literal c) artículo 4 de la Ley de Aviación Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 435 de 11 de enero del 2007; Decreto Ejecutivo No. 156 de 20 de noviembre de 2013; el Acuerdo Ministerial No. 043/2017 de 06 de julio de 2017 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;y, en el inciso segundo del artículo 22 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Aviación Civil,

Acuerda:

ARTÍCULO 1.- REASIGNAR provisionalmente a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. las siguientes rutas asignadas pero no operadas por la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME EP”:

Quito – Baltra – Quito: 1 frecuencia semanal;

Quito – Guayaquil – Baltra – Guayaquil- Quito: 4 frecuencias semanales; y,

Quito – Guayaquil – San Cristóbal – Guayaquil – Quito: 1 frecuencia semanal.

ARTÍCULO 2.- PLAZO-. la reasignación estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2023 fecha en la cual fenece el permiso de operación, doméstico, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A.

ARTÍCULO 3.- La presente reasignación se mantendrá vigente por el plazo otorgado en el Artículo 2 del presente Acuerdo, sin embargo, el Consejo Nacional de Aviación Civil se reserva el derecho a darla por terminada antes de su vencimiento, por cualquiera de las siguientes causas:

1. De comprobarse que la aerolínea no ha cumplido con al menos el 70% de las rutas y frecuencias a los puntos Santa Rosa, Manta y El Coca, otorgadas mediante Acuerdo No. 22/2019 de 12 de septiembre de 2019, conforme el plazo establecido en el artículo 1, literal b), sub literal b.2) de la Resolución No. 108/2010 de 22 de diciembre de 2010, que será contado a partir del inicio efectivo de operaciones en cada punto.

2. De evidenciarse que la aerolínea no inició operaciones en las rutas continentales antes indicadas; y, en las reasignadas en esta oportunidad, hasta el mes de mayo de 2020.

3. En caso de que la aerolínea suspenda servicios a las rutas Santa Rosa, Manta y El Coca sin autorización previa de la autoridad aeronáutica.

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4. Que la compañía no dé cumplimiento a los siguientes compromisos constantes en su solicitud:

• “Generar disponibilidad de un espacio por definir en las bodegas de carga de nuestras aeronaves para trasladar hacia el continente, plásticos y otros desechos, siempre que se realice un proyecto conjunto con las autoridades y la comunidad que permita desarrollarlo técnicamente.

• Desarrollo de capacidades técnicas y regulatorias que permitan a LATAM apoyar al Gobierno de Galápagos con el traslado al continente de pasajeros heridos o enfermos de gravedad, para casos que sean permitidos por regulaciones internacionales y en condiciones que deben ser aun determinadas, sujeto a los procedimientos de la empresa.

• Generar disponibilidad en las bodegas de carga de nuestras aeronaves para trasladar muestras científicas, artesanías y otros productos propios de Galápagos, que sean susceptibles de ser transportados por vía aérea, sujeto a los procedimientos de la empresa.

• Realizar una adecuada promoción turística del destino Ecuador, ofreciendo paquetes turísticos a nuestros pasajeros en mercados target (Europa, Asiay Norteamérica) que consideren noches de hospedaje en Quito o Guayaquil, en línea de los planes de desarrollo turístico del país”.

ARTÍCULO 4.- La compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. deberá solicitar una modificación a su permiso de operación doméstico, regular ante la Dirección General de Aviación Civil a fin de que incorpore de manera provisional las rutas reasignadas, detalladas en el artículo 1 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5.- La compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. deberá abstenerse de comercializar boletos aéreos más allá del 23 de diciembre de 2023.

De no acatar esta disposición se entenderá que se halla incursa en una contravención de segunda clase establecida en el Art. 69 literal f) de la Ley de Aviación Civil por incumplir cualquier otra obligación, incluida en el permiso de operación renovado y modificado por el Consejo Nacional de Aviación Civil mediante Acuerdo No. 039/2018 de 13 de diciembre de 2018, nuevamente modificado por el Organismo con Acuerdo No. 009/2019 de 07 de junio de 2019; y, con Acuerdo No. 22/2019 de 12 de septiembre de 2019, emitido por el Director General de Aviación Civil en uso de las facultades delegadas por el CNAC.

ARTÍCULO 6.- LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. podrá solicitar la renovación de la presente reasignación al Consejo Nacional de Aviación Civil con por lo menos 60

días calendario de anticipación a la fecha de terminación de la vigencia de la presente reasignación, atendiendo lo señalado en la Disposición General Novena del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial

ARTÍCULO 7- Se deja a salvo el derecho de la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP” a solicitar la restitución de las rutas y frecuencias objeto de la presente reasignación con por lo menos seis meses de anticipación a la fecha de culminación de la misma, siempre que demuestre la capacidad de operar las frecuencias asignadas, tal como lo establece la Disposición General NOVENA del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial.

ARTÍCULO 8.- En contra del presente Acuerdo las compañías LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. y a la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP” pueden interponer los recursos en vía jurisdiccional que estimen pertinentes en defensa de sus intereses.

ARTÍCULO 9.- Del cumplimiento del presente Acuerdo, encárguese al Consejo Nacional de Aviación Civil y a la Dirección General de Aviación Civil a través de las respectivas dependencias.

Comuníquese a las aerolíneas LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. y a la Empresa Pública TAME LÍNEA

AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP” y publíquese.

–Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 31 de octubre de 2019.

f.) Ingeniero Pablo Edison Galindo Moreno, Delegado del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Presidente del Consejo Nacional de Aviación Civil.

f.) Piloto Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil.

En Quito, a 31 de octubre de 2019. NOTIFIQUÉ con el contenido del Acuerdo 037/2019 a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A, por boleta depositada en la Casilla Judicial No. 4135,y a la Empresa Pública TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR “TAME EP” por boleta depositada en la Casilla Judicial No. 3629 del Palacio de Justicia de esta ciudad y al correo electrónico mariela. [email protected] CERTIFICO:

f.) Piloto Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil.

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Secretaría del H. Consejo Nacional de Aviación Civil.-CERTIFICO.- f.) Secretario (A) CNAC.- 20 de enero de 2020.

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 21

No. 038/2019

EL CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL

Considerando:

Que, mediante Acuerdo No. 035/2014 de 22 de octubre de 2014, el Consejo Nacional de Aviación Civil, renovó y modificó a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. el permiso de operación para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, modificado con Acuerdos Nos. 003/2017 de 18 de enero de 2017; 04/2017 de 09 de marzo de 2017; 013/2017 de 28 de julio de 2017; 09/2018 de 24 de abril de 2018; y, 030/2019 de 05 de septiembre de 2019, en los términos allí establecidos;

Que, con oficio s/n de 22 de agosto de 2019, ingresado en la misma fecha a la Dirección General de Aviación Civil, con registro de documento Nro. DGAC-AB-2019-7916-E y entregado físicamente en la Secretaría del Consejo Nacional de Aviación Civil el 26 de agosto de 2019, la Apoderada Especial de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. presentó al Consejo Nacional de Aviación Civil una solicitud encaminada a obtener la renovación y modificación del permiso de operación, mencionado en el párrafo anterior; la modificación consiste en omitir la ruta Quito y/o Guayaquil – Miami y viceversa, hasta diez (10) frecuencias semanales; e, incluir la aeronave Boeing 777;

Que, el Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil, Subrogante, mediante Extracto de 02 de septiembre de 2019, aceptó a trámite la solicitud presentada por la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A.; y, mediante memorando Nro. DGAC-SGC-2019-0186-M de 03 de septiembre de 2019, la Prosecretaria del CNAC solicitó a la Directora de Comunicación Social Institucional la publicación del extracto en la página web de la Dirección General de Aviación Civil;

Que, el Director de de Comunicación Social Institucional, Subrogante, de la DGAC, mediante memorando Nro. DGAC-AX-2019-0326-M de 06 de septiembre de 2019, informó que el extracto de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. se encuentra publicado en la página web de la Dirección General de Aviación Civil;

Que, el Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil en cumplimiento del procedimiento establecido en el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial, mediante memorando Nro. DGAC-SGC-2019-0187-M de 10 de septiembre de 2019, requirió a las Direcciones de Asesoría Jurídica y de Inspección y Certificación Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil que emitan los informes respectivos acerca de la solicitud de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A.; y, con oficio Nro. DGAC-SGC-2019-0118-O de 10 de septiembre de 2019, dispuso a la Apoderada Especial de la compañía LATAM

AIRLINES ECUADOR S.A. efectuar la respectiva publicación del extracto en uno de los periódicos de amplia circulación nacional, de conformidad al formato establecido por el CNAC;

Que, con oficio s/n de 23 de septiembre de 2019, ingresado en la misma fecha a la Dirección General de Aviación Civil con registro de documento Nro. DGAC-AB-2019-8847-E, la Apoderada Especial de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. entregó en original, la publicación del Extracto de la solicitud realizado en el diario “El Telégrafo” el día viernes 13 de septiembre de 2019;

Que, mediante memorando Nro. DGAC-OX-2019-2207-M de 23 de septiembre de 2019, el Director de Inspección y Certificación Aeronáutica, Subrogante, entregó el informe técnico – económico; y, con memorando Nro. DGAC-AE-2019-1419-M de 30 de septiembre de 2019, el Director de Asesoría Jurídica presentó el informe legal, respecto de la solicitud de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A.;

Que, los informes legal y técnico-económico de las áreas de la DGAC sirvieron de base para la elaboración del informe unificado No. CNAC-SC-2019-034-I de 17 de octubre de 2019, de la Secretaría del Consejo Nacional de Aviación Civil, en el cual, luego del análisis pertinente, se recomienda atender favorablemente la solicitud presentada por la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. teniendo presente las consideraciones allí enunciadas;

Que, el informe unificado mencionado en el considerando anterior, fue conocido por el Consejo Nacional de Aviación Civil como punto 3 del Orden del Día de la Sesión Ordinaria No. 8/2019 realizada el miércoles 30 de octubre de 2019, y luego del análisis respectivo, el Organismo resolvió; 1) Acoger el informe unificado No. CNAC-SC-2019-034-I de 17 de octubre de 2019 de la Secretaría del CNAC; 2) Renovar y modificar el permiso de operación para el servicio de transporte aéreo, público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo en forma combinada, a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. en los términos solicitados; y, 3) Emitir el Acuerdo respectivo en el sentido indicado y notificarlo a la compañía;

Que, el literal c), del artículo 4 de la Ley de Aviación Civil, establece que el Consejo Nacional de Aviación Civil, es competente para otorgar, modificar, suspender, revocar o cancelar las concesiones y permisos de operación;

Que, la solicitud de la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. fue tramitada de conformidad con expresas disposiciones legales y reglamentarias de la aeronáutica civil, que se encuentran vigentes a la fecha de presentación de su solicitud; y,

22 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

En uso de la atribución establecida en el literal c) artículo 4 de la Ley de Aviación Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 435 de 11 de enero del 2007; Decreto Ejecutivo No. 156 de 20 de noviembre de 2013; el Acuerdo Ministerial No. 043/2017 de 06 de julio de 2017 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, el inciso segundo del artículo 22 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Aviación Civil.

Acuerda:

ARTÍCULO 1.- RENOVAR Y MODIFICAR a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. a la que en adelante se le denominará únicamente “la aerolínea” el permiso de operación, de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Clase de Servicio: Servicio de transporte aéreo, público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo en forma combinada.

SEGUNDA: Rutas, frecuencias y derechos: “La aerolínea” operará las siguientes rutas, frecuencias y derechos:

• Quito y/o Guayaquil – Nueva York y viceversa, hasta nueve (9) frecuencias semanales;

• Quito y/o Guayaquil – Madrid y viceversa, hasta cuatro (4) frecuencias semanales, pudiendo servir, además a los puntos: Barcelona, Bilbao, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Valencia y Pamplona en España, así como desde y hacia España; París, Lyon, Toulouse, Marsella, Génova, Frankfurt, Múnich, Dusseldorf; Berlín; Milán; Roma, Venecia; Londres, Ámsterdam, Zúrich y Bruselas, con plenos derechos y/o a través de acuerdos de códigos compartidos como operador efectivo o como comercializador de vuelos;

• Quito y/o Guayaquil – Lima o Santiago de Chile – Buenos Aires y viceversa; hasta siete (7) frecuencias semanales; con derechos de tráfico de tercera, cuarta y quinta libertades del aire.

• Quito y/o Guayaquil – Lima y viceversa, hasta veintiún (21) frecuencias semanales, con derechos de tercera y cuarta libertades del aire; y,

• Quito y/o Guayaquil – Santiago de Chile y viceversa, hasta nueve (9) frecuencias semanales; con derechos de tercera y cuarta libertades del aire.

TERCERA: Aeronaves a utilizar: “La aerolínea” utilizará en su servicio, equipo de vuelo consistente en aeronaves: BOEING 747, 767, 777, 787; y, AIRBUS A-319, A-320, A-321, A-330, A-340.

Este equipo de vuelo se utilizará bajo las modalidades establecidas en la legislación nacional e internacional. La modalidad wet lease será utilizada por la aerolínea previa autorización e inscripción de los respectivos contratos.

Se autoriza aplicar el mecanismo de “ruptura de carga (capacidad)” en materia de utilización de las aeronaves, bajo las siguientes condiciones:

1. Que el equipo de vuelo con el que se realiza la ruptura de capacidad se encuentre debidamente contemplado y autorizado en el permiso de operación; y,

2. Que los usuarios de los servicios se encuentren debida y oportunamente informados del equipo de vuelo que utilizará la aerolínea en la ruta o tramos de ruta.

El intercambio de aeronaves “interchange” será utilizado por la aerolínea en su operación “dry lease”, de conformidad con lo establecido en la normativa aeronáutica nacional e internacional, previa inscripción de los respectivos contratos en el Registro Aeronáutico y siempre que tales aeronaves consten listadas en las Especificaciones Operacionales de LATAM AIRLINES ECUADOR S.A.

La operación de las aeronaves que se autorizan por medio del presente instrumento estará sujeta a las limitaciones técnicas y operacionales fijadas por la Dirección General de Aviación Civil.

Cualquier cambio, sustitución o reemplazo del equipo de vuelo, se podrá realizar previa autorización expresa de la autoridad aeronáutica.

CUARTA: Plazo de Duración: El presente permiso de operación tendrá un plazo de duración de CINCO (5) AÑOS, contado a partir del 08 de noviembre de 2019.

QUINTA: Centro principal de operaciones y mantenimiento: El centro principal de operaciones y mantenimiento de “la aerolínea”, se encuentra ubicado el Aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito.

SEXTA: Domicilio principal: El domicilio legal y principal de “la aerolínea” se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, Parroquia Tababela, calle Conector Alpachaca s/n, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Edificio Quito Airport Center, tercer piso.

SÉPTIMA: Tarifas: Las tarifas que anuncie y aplique “la aerolínea” en el servicio de transporte aéreo público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, cuya explotación se faculta, deberán ser registradas en la Dirección General de Aviación Civil, de conformidad con lo previsto en las Resoluciones No. 224/2013 y 284/2013, expedidas por la Dirección General de Aviación Civil.

Las tarifas que registren las aerolíneas, se someterán al cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente en materia de competencia.

“La aerolínea” deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 081/2007 de 03 de diciembre del 2007 y Acuerdo No. 005/2008 de 09 de abril 2008, mediante el cual el Consejo Nacional de Aviación Civil dispone a todas las compañías nacionales

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 23

e internacionales, que al publicar sus tarifas deben incluir todos los impuestos y otros recargos especiales, con la finalidad de que el usuario conozca el valor final del ticket y así evitar confusiones, haciendo constar adicionalmente que, el valor final debe estar claramente visible, tomando en cuenta el tamaño y color de la fuente, para que el público pueda observar y a la vez elegir lo que él crea conveniente

De igual manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. 006/2008 de 09 de abril de 2008, el descuento del cincuenta por ciento para las personas de la tercera edad y los discapacitados, se aplicará por parte de “la aerolínea”, para todas las tarifas ofrecidas en el mercado, sean estas regulares y/o promocionales, sin excepción, de modo que el pasajero pueda optar libremente por cualquiera de ellas.

OCTAVA: Seguros: “La aerolínea” tiene la obligación de mantener vigentes, por todo el tiempo que dure el presente permiso de operación, los contratos de seguros que garanticen el pago de las indemnizaciones en los montos establecidos en la ley y en los convenios internacionales aplicables, por daños que llegare a causar en el ejercicio de su actividad a las tripulaciones, pasajeros, carga, correo, equipaje y a las personas o bienes de terceros en la superficie.

NOVENA: Garantía: Para garantizar el cumplimiento de las operaciones, así como de las condiciones técnicas, económicas y de servicios que se establecen en el presente permiso de operación, “la aerolínea” entregará una garantía a favor de la Dirección General de Aviación Civil, de conformidad a lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial; garantía que deberá mantenerse vigente por el tiempo que dure el permiso de operación y que será ejecutada en caso de incumplimiento por parte de “la aerolínea”, de las condiciones técnicas y económicas de los servicios establecidos.

Igualmente será obligación de “la aerolínea” mantener vigentes todos los documentos señalados en el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial, por todo el tiempo que dure el presente permiso de operación.

DÉCIMA: Facilidades: “La aerolínea” prestará toda clase de facilidades a los funcionarios y empleados de la Dirección General de Aviación Civil que, en cumplimiento de sus funciones, realicen inspecciones en tierra o en vuelo para verificar que las operaciones autorizadas, se efectúen con seguridad, eficiencia y de conformidad con lo establecido en el presente permiso de operación.

ARTÍCULO 2.- “La aerolínea” en el ejercicio de los servicios de transporte aéreo autorizados por el presente instrumento, queda obligada al estricto cumplimiento de todas y cada una de las leyes y reglamentos de aeronáutica civil que rigen en el país, así como de las resoluciones y disposiciones del Consejo Nacional de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil, particularmente

lo determinado en el artículo 36 de la Ley de Aviación Civil y artículo 99 del Código Aeronáutico. Así mismo, la compañía deberá cumplir con lo que estipula la Resolución No. 032 de 23 de enero del 2015, emitida por la Dirección General de Aviación Civil, que atañe a la obligación en la entrega de información estadística. Está información aerocomercial deberá ingresar “la aerolínea” en el sistema SEADACWEB.

“La aerolínea”, deberá cumplir con la obligación de entregar los valores recaudados cuando actúe como Agente de Retención de los Derechos de uso de la terminal Doméstica y Seguridad Aeroportuaria.

Su inobservancia se tendrá, en lo que corresponda, como violación al presente permiso de operación para todos los efectos legales, lo cual acarreará el levantamiento de las respectivas infracciones aeronáuticas, sin perjuicio de ejecutar la garantía a favor de la Dirección General de Aviación Civil, referida en la cláusula novena del artículo 1 de este Acuerdo.

Lo dispuesto en este artículo, se aplica sin perjuicio a la atribución establecida en el Artículo 122 del Código Aeronáutico mediante el cual el Consejo Nacional de Aviación Civil, a solicitud de parte interesada o por propia iniciativa, podrán modificar, suspender, revocar o cancelar el presente permiso de operación, si la necesidad o conveniencia pública así lo requieren, cumpliendo la realización de la respectiva Audiencia Previa de Interesados.

ARTÍCULO 3.- Los itinerarios de “la aerolínea” deberán sujetarse a las rutas y frecuencias establecidas en este permiso de operación y serán presentados a la Dirección General de Aviación Civil para su aprobación, con por lo menos treinta (30) días de anticipación a la fecha en la que entrarán en vigencia.

Los itinerarios pueden presentarse con menos de treinta (30) días de anticipación si se trata de modificaciones menores, tales como cambio en las horas de operación.

ARTÍCULO 4.- El presente permiso de operación se mantendrá vigente por el plazo fijado, a menos que la autoridad aeronáutica lo dé por terminado antes de su vencimiento por cualquiera de las siguientes causas:

1. En aplicación y sujeción a los términos de cualquier tratado o convenio aplicable, o enmienda de ellos, que limiten o alteren sustancialmente la ruta autorizada;

2. De comprobarse que “la aerolínea” no está constituida legalmente en la República del Ecuador;

3. En general, por violación o incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias de aeronáutica civil ecuatoriana, a las resoluciones y disposiciones del Consejo Nacional de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil, así como por las causales constantes en el presente permiso de operación; y,

24 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

d) Si la necesidad o conveniencia pública así lo requieran.

ARTÍCULO 5.- De no existir expresa autorización de la autoridad aeronáutica, el presente permiso de operación caducará una vez concluido el plazo señalado en la cláusula cuarta del artículo 1 de este documento, y la Dirección General de Aviación Civil procederá a suspender las operaciones aéreas de “la aerolínea” de inmediato. Por lo tanto, la renovación o modificación de este permiso será materia de expresa autorización de la autoridad aeronáutica, previo el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, debiendo presentarse la correspondiente solicitud de renovación con por lo menos sesenta (60) días calendario de anticipación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial.

ARTÍCULO 6.- “La aerolínea” entregará a la Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador, DOCE (12) pasajes RT anuales en primera clase, dentro los primeros diez (10) días de cada año, pudiendo acumularse y usarse los mismos hasta por dos años, para ser utilizados en las rutas especificadas en el presente permiso de operación. “La aerolínea” comunicará cada año a la Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador, la disponibilidad de los pasajes anteriormente señalados, lo cual dará a conocer al Consejo Nacional de Aviación Civil, hasta el 15 de enero de cada año.

ARTÍCULO 7.- “La aerolínea” se obliga a transportar la valija diplomática ecuatoriana sin costo alguno, hacia y desde los puntos constantes en el cuadro de rutas autorizadas en este permiso de operación, obligación que constará a su vez en el documento que para el efecto suscriba con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; documento del cual remitirá una copia al Consejo Nacional de Aviación Civil.

La valija diplomática tendrá prioridad de embarque sobre cualquier otro tipo de carga o expreso que transporte “la aerolínea” y no podrá exceder de 70 Kilogramos de peso por frecuencia de vuelo.

ARTÍCULO 8.- “La aerolínea tiene la obligación de publicitar al Ecuador, para lo cual deberá coordinar con el Ministerio de Turismo la entrega del correspondiente material publicitario.

Igualmente “la aerolínea” implementará los sistemas más apropiados para difundir entre sus pasajeros la “Guía para el Usuario del Transporte Aéreo”, de conformidad con lo previsto en la Resolución 024/2013, publicada en el Registro Oficial No. 65 de 23 de agosto de 2013.

ARTÍCULO 9.- En el caso de que “la aerolínea” no cumpla con lo prescrito en los artículos 5, 6, 7 y 8 de este permiso de operación, se entenderá que está incursa en la infracción determinada en el literal f) del Art. 69 de la Ley de Aviación Civil.

ARTÍCULO 10.- “La aerolínea” deberá someterse a lo dispuesto en las Regulaciones Técnicas de Aviación Civil, Parte 121, que norma la operación de las compañías extranjeras y a lo que dispone el artículo 110 del Código Aeronáutico.

ARTÍCULO 11.- “La aerolínea” debe iniciar los trámites para obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC), bajo la RDAC 121, ante la Dirección General de Aviación Civil, en un plazo no mayor a 60 días, contados desde la fecha de notificación del presente Acuerdo según lo previsto en el Artículo 48 del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial. En caso de incumplimiento se procederá conforme lo determina la Ley.

ARTÍCULO 12.- El presente permiso de operación sustituye al renovado y modificado mediante Acuerdo No. No. 035/2014 de 22 de octubre de 2014, modificado con Acuerdos Nos. 003/2017 de 18 de enero de 2017; 04/2017 de 09 de marzo de 2017; 013/2017 de 28 de julio de 2017; 09/2018 de 24 de abril de 2018; y, 030/2019 de 05 de septiembre de 2019, los mismos que quedarán sin efecto desde el 07 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 13.- “La aerolínea” puede interponer en contra del presente Acuerdo los recursos jurisdiccionales que estime pertinente.

ARTÍCULO 14.- Del cumplimiento del presente permiso de operación, encárguese a Dirección General de Aviación Civil a través de las respectivas dependencias.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a 31 de octubre de 2019.

f.) Ingeniero Pablo Edison Galindo Moreno, Delegado del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Presidente del Consejo Nacional de Aviación Civil.

f.) Piloto Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil.

En Quito, D.M., a 31 de octubre de 2019. NOTIFIQUE el contenido del Acuerdo No. 038/2019 a la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. mediante boleta depositada en el Casillero Judicial No. 4135, del Palacio de Justicia de esta ciudad de Quito; y, al correo electrónico: [email protected] .- CERTIFICO:

f.) Piloto Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Secretario del Consejo Nacional de Aviación Civil.

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Secretaría del H. Consejo Nacional de Aviación Civil.-CERTIFICO.- f.) Secretario (A) CNAC.- 20 de enero de 2020.

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 25

No. 01/2020

EL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Considerando:

Que, el señor Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 156 de 20 de noviembre del 2013, reorganizó al Consejo Nacional de Aviación Civil y a la Dirección General de Aviación Civil;

Que, mediante Resolución No. 001/2013 de 24 de diciembre del 2013, el pleno del Consejo, delegó ciertas atribuciones al Director General de Aviación Civil, entre ellas, la prevista en el ARTÍCULO 1.- “Delegar al Director General de Aviación Civil, la facultad de resolver las solicitudes para modificar o suspender temporal y parcialmente las Concesiones y Permisos de operación otorgados por el Consejo Nacional de Aviación Civil, cumpliendo con los requisitos establecidos en la reglamentación de la materia”;

Que, en virtud del Decreto No. 728 de 29 de abril de 2019, se designa al señor Anyelo Patricio Acosta Arroyo como Director General de Aviación Civil;

Que, mediante Acuerdo No. 011/2018 de 05 de abril de 2018 y modificado con Acuerdo No. 11/2019 de 14 de junio de 2019, el Consejo Nacional de Aviación Civil, renovó el permiso de operación a la compañía AEROREPÚBLICA S.A., para la prestación del servicio de transporte aéreo público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada;

Que, con Oficio 2019 – 4160 de 25 de noviembre del 2019, la compañía AEROREPÚBLICA S.A., solicita la modificación de su Permiso de Operación, a fin de: “…

sustituir la ruta Cartagena – Ciudad de Panamá – Guayaquil por operación en la ruta Bogotá – Ciudad de Panamá – Guayaquil, y además aumentar una frecuencia adicional por semana a la ruta Bogotá – Guayaquil-– Bogotá, con el fin de cubrir una mayor demanda de pasajeros que se origina en la ciudad de Bogotá, Colombia. Así la operación de Aerorepública quedaría de la siguiente manera:

• BOGOTÁ – QUITO – BOGOTÁ, hasta siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.

• BOGOTÁ – CIUDAD DE PANAMÁ – GUAYAQUIL y viceversa, hasta siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera, cuarta y quinta libertades del aire.

• BOGOTÁ – GUAYAQUIL – BOGOTÁ, hasta tres (3) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire…”;

Que, con Memorando Nro. DGAC-AB-2019-1038-M de 11 de diciembre de 2019, se elevó a conocimiento del señor Director General de Aviación Civil, la solicitud presentada por la compañía AEROREPÚBLICA S.A., adjuntando el Extracto para su legalización y posterior publicación en

uno de los periódicos de amplia circulación nacional y en la Página Web Institucional, extracto legalizado el 18 de diciembre del 2019;

Que, mediante Oficio Nro. DGAC-AB-2019-0120-O de 18 de diciembre de 2019, se entrega a la compañía AEROREPÚBLICA S.A., el extracto de la solicitud de modificación del Permiso de Operación, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, a fin de que proceda con la publicación del mismo de conformidad con el Art. 45 del Reglamento de la materia y entregue el ejemplar de dicho periódico;

Que, con Oficio S/N de 20 de diciembre de 2019, la compañía AEROREPÚBLICA S.A., entrega la publicación del extracto realizada en el diario “El Comercio”, el viernes 20 de mayo de 2019;

Que, con Memorando Nro. DGAC-AX-2019-0423-M de 20 de diciembre de 2019, la Directora de Comunicación Social Institucional, informa que el extracto de la solicitud de modificación del Permiso de Operación, de la compañía AEROREPÚBLICA S.A., ya se encuentra en el portal electrónico de la DGAC en la sección: Biblioteca/ Consejo Nacional de Aviación Civil/Extractos/2019;

Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, con Memorandos Nos. DGAC-OX-2020-0024-M y DGAC-OX-2020-0083-M de 05 y 09 de enero de 2020, presenta su informe técnico económico unificado y su alcance, en los que recomienda que la compañía AEROREPÚBLICA S.A., continúe con su trámite respectivo de modificación;

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica con Memorando Nro. DGAC-AE-2020-0072-M de 14 de enero de 2020, presenta su informe en el que concluye y recomienda, que se atienda favorablemente la solicitud de modificación del Permiso de Operación de la compañía AEROREPÚBLICA S.A.;

Que, la Dirección de Secretaría General, presenta el informe unificado con Memorando Nro. DGAC-AB-2020-0056-M de 15 de enero de 2020, en el que concluye que con base a los informes Técnico Económico Unificado y su alcance y Jurídico favorables, con la delegación otorgada, la documentación habilitante y el análisis realizado, y habiéndose agotado todo el trámite administrativo previsto en el Reglamento de la materia, recomienda se otorgue la modificación solicitada por la compañía AEROREPÚBLICA S.A., para sustituir la ruta -CARTAGENA – CIUDAD DE PANAMÁ – GUAYAQUIL y viceversa, hasta siete (7) frecuencias semanales.- por -BOGOTÁ – CIUDAD DE PANAMÁ – GUAYAQUIL y viceversa, hasta siete (7) frecuencias semanales.-, e incrementar de dos (2) a tres (3) frecuencias semanales en la ruta: «BOGOTÁ – GUAYAQUIL – BOGOTÁ”; y,

Con base a la delegación realizada en la RESOLUCIÓN No. 001/2013, de 24 de diciembre de 2013, el Director General de Aviación Civil,

26 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

Acuerda:

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR la cláusula SEGUNDA del ARTÍCULO 1 del Acuerdo No. 011/2018 de 05 de abril del 2018, modificado con Acuerdo No. 11/2019 de 14 de junio del 2019, mediante el cual el Consejo Nacional de Aviación Civil, renueva el Permiso de Operación a la compañía AEROREPÚBLICA S.A., para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, por la siguiente:

SEGUNDA: Rutas, frecuencias y derechos: “La aerolínea” operará las siguientes rutas, frecuencias y derechos:

• BOGOTÁ – QUITO – BOGOTÁ, hasta siete (7) frecuencias semanales. Con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.

• BOGOTÁ – CIUDAD DE PANAMÁ – GUAYAQUIL y viceversa, hasta siete (7) frecuencias semanales. Con derechos de tráfico de tercera, cuarta y quinta libertades del aire.

• BOGOTÁ – GUAYAQUIL – BOGOTÁ, hasta tres

(3) frecuencias semanales. Con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.

La compañía AEROREPÚBLICA S.A., deberá cumplir con la Resolución DAC No.32/2015, mediante la cual se expide el procedimiento para el ingreso de información estadística en el sistema Seadacweb; y el Artículo 36 de la Codificación de la Ley de Aviación Civil, que se refiere a la entrega de Balances.

ARTÍCULO 2.- El presente documento deja sin efecto al Acuerdo No. 11/2019 de 14 de junio del 2019.

ARTÍCULO 3.- Salvo lo dispuesto en los artículos precedentes, los demás términos y condiciones del Acuerdo No. 011/2018 de 05 de abril del 2018, se mantienen vigentes y sin ninguna modificación.

ARTÍCULO 4.- Del cumplimiento del presente Acuerdo, encárguese a la Dirección General de Aviación Civil, a través de los respectivos procesos institucionales.

Comuníquese, notifíquese y publíquese.- Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 16 de enero de 2020.

f.) Sr. Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Director General de Aviación Civil.

CERTIFICO: Que expidió y firmó el Acuerdo que antecede, el señor Piloto Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Director General de Aviación Civil, en Quito, Distrito Metropolitano, 16 de enero de 2020.

Lo certifico.-

f.) Dr. Gustavo Mora Guerrero, Director de Secretaría General de la DGAC.

RAZÓN: En Quito a, 16 de enero de 2020. Notifiqué el contenido del Acuerdo No. 01/2020 a la compañía AEROREPÚBLICA S.A., por boleta depositada en el Casillero Judicial 857 del Palacio de Justicia.-CERTIFICO:

f.) Dr. Gustavo Mora Guerrero, Director de Secretaría General de la DGAC

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SECRETARÍA GENERAL

CERTIFICACIÓN

Yo: Doctor Gustavo Mora Guerrero, en mi calidad de Director de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil, siendo una de mis atribuciones como responsable del proceso, el “Otorgar certificaciones a petición de parte o por disposición de Autoridad Competente”, como lo determina el “Artículo 4.-” de la Resolución No. 238/2010 de 30 de agosto del 2010, mediante la cual se Reforma el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección General de Aviación Civil, y, en razón que se requiere copia Certificada del Acuerdo No. 01/2020 de 16 de enero del 2020, otorgado a favor de la compañía AEROREPÚBLICA S.A., para su publicación en el Registro Oficial, CERTIFICO: que el Acuerdo No. 01/2020 de 16 de enero del 2020, emitido por el Director General de Aviación Civil, como delegado del Consejo Nacional de Aviación Civil, que antecede contenido en tres fojas útiles, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en el Archivo Activo de la Dirección de Secretaría General.

Quito, D.M., a 17 de enero del 2020.

f.) Dr. Gustavo Mora Guerrero, Director de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil.

No. COMITÉ-INMOBILIAR-2019-0001

COMITÉ DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO

Considerando:

Que, el Artículo 225 de la Constitución de la República señala que: «El sector público comprende:

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la

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prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.».

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República señala que: « Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. […]».

Que, el Artículo 314 inciso segundo de la Constitución de la República dispone que: «El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.[…]»;

Que, el Artículo 10 primer inciso del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que:

«La planificación nacional es responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, la Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la forma en que la función ejecutiva se organiza institucional y territorialmente.»;

Que, el Artículo 15 primer inciso del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto a la política pública, señala que: «La definición de la política pública nacional le corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.»;

Que, el Artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, señala que: «El Presidente de la República es responsable de la administración pública central que comprende:

1. La Presidencia y Vicepresidencia de la República

2. Los ministerios de Estado

3. Las entidades adscritas o dependientes

4. Las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados, en la mitad o más, por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entidades que integran la administración pública central.

En ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República puede crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central, cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción o dependencia.»;

Que, el Artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, respecto a las competencias de los órganos colegiados, señala que: «Para la atribución de competencias a los órganos colegiados se tomará en cuenta al menos:

1. Las políticas públicas a cargo de las administraciones públicas.

2. Reglamentación interna.

3. Aprobación de los planes estratégicos y presupuestos.

4. Supervisión de la ejecución a cargo de los órganos administrativos bajo su dirección.

5. Nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los órganos bajo su dirección.

Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración.

En ningún caso serán competentes para conocer y resolver recursos de impugnación, en vía administrativa.».

Que, el Artículo 10-1 literal c) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva respecto al Comité, define: «Cuerpo colegiado interinstitucional, cuyas funciones son de coordinación estatal y gubernamental, sobre temas específicos.»;

Que, el Artículo 10-1 literal h) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva respecto al Servicio, define: «Organismo público encargado de la administración y provisión de bienes y/o servicios destinados a la ciudadanía y a la Administración Pública Central e Institucional, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera. Contará con una instancia colegiada como máximo nivel gobernante desde el cual se ejercerá la rectoría en el ámbito de sus competencias.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado en Registro Oficial Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, en su artículo 1 establece: «El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional (…) Artículo 2.- El ámbito de acción del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de: los bienes inmuebles y muebles que le sean transferidos aquellos que la entidad reciba en cumplimiento de disposiciones normativas u órdenes judiciales, y; de los bienes muebles e inmuebles urbanos

(…) Artículo 3.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, tendrá un Comité encargado de coordinar la política intersectorial de gestión de muebles e inmuebles, y estará integrado por:

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1.El Secretario General de la Presidencia o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente, y; 3. El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente.(…) Artículo 4.- Son funciones del Comité de INMOBILIAR las siguientes: 1. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para lo cual contará con facultad normativa; 2. Emitir la política nacional en materia de bienes muebles e inmuebles de propiedad o en administración, custodia o control de entidades del sector público; 3. Dictar las normas, regulaciones o políticas de gestión de muebles e inmuebles que deben aplicar las entidades del sector público, y; 4. Normas la organización y funcionamiento del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR. »;

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 732, de 13 de mayo de 2019, en su artículo 3 señala: «Todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones y delegaciones establecidas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento y demás normativa vigente, que ejercía la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo serán asumidas por la Secretaría Técnica de Planificación, salvo lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de este Decreto.»;

Que, mediante Resolución INMOBILIAR Nro. 001-2013, de 12 de septiembre de 2013, publicada en el Registro Oficial Nro. 103 de 17 de octubre de 2013, se expidió el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público;

Que, es fundamental la formulación de una política nacional en materia de bienes muebles e inmuebles del sector público, a fin de lograr una administración eficiente y la optimización en la gestión de dichos bienes.

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo; así como, lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 503, de 12 de septiembre de 2018,

Acuerda:

Expedir el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR.

TÍTULO I

DEL OBJETO DEL REGLAMENTO, INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ.

CAPÍTULO I

DEL COMITÉ

Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Comité

del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, creado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018.

Art. 2.- Aplicación del Reglamento.- Es responsabilidad del Comité de INMOBILIAR, y del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR la aplicación del presente Reglamento.

Art. 3.- Integración.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, tendrá un Comité, que será el encargado de coordinar la política intersectorial de gestión de muebles e inmuebles y estará integrado por:

1. El Secretario General de la Presidencia o su delegado permanente, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

2. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente, y;

3. El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente.

Actuará como Secretario/a del Comité el/la Director/a General de INMOBILIAR, quien intervendrá con voz pero sin voto.

Art. 4. Atribuciones del Comité.- De conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Administrativo, y en el Decreto Ejecutivo Nro. 503, son atribuciones del Comité, las siguientes:

1. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para lo cual contará con facultad normativa;

2. Emitir la política nacional en materia de bienes muebles e inmuebles de propiedad o en administración, custodia o control de entidades del sector público;

3. Dictar las normas, regulaciones o políticas de gestión de muebles e inmuebles que deben aplicar las entidades del sector público;

4. Normar la organización y funcionamiento del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR; y,

5. Conocer el avance y cumplimiento de las políticas públicas definidas por el propio Comité, así como los informes periódicos de actividades que deberán ser presentados por el/la Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

Art. 5.- Solicitudes o propuestas formuladas al Comité.-

Toda solicitud, propuesta o asunto, presentado por el/la Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria

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del Sector Público, INMOBILIAR, al Comité para su resolución, deberá constar por escrito, tener su firma de responsabilidad y estar acompañado de:

1. Los estudios e informes técnicos, financieros y legales de ser el caso, todos debidamente numerados, fechados y suscritos por los titulares de las áreas responsables que lo elaboraron y revisaron, aprobados por el/la Director/a General de INMOBILIAR.

2. El informe consolidado del Director/a General de INMOBILIAR, sobre el alcance e implicaciones del o los asuntos sometidos a decisión del Comité, que deberá incluir su recomendación para la respectiva resolución.

El Comité adoptará sus decisiones sobre la base de los informes presentados por el/la Director/a General de INMOBILIAR.

El/La Director/a General de INMOBILIAR, será el responsable de verificar que la documentación e informes que se sometan a consideración del Comité estén debidamente actualizados y suscritos, adjuntando la documentación completa, oportuna y pertinente para la adopción de la decisión correspondiente. De considerarlo necesario, el Comité podrá requerir aclaraciones, ampliaciones o nuevos estudios e informes.

CAPÍTULO II

DEL PRESIDENTE/A DEL COMITÉ

Art. 6.- Atribuciones del Presidente/a del Comité.-

El/La Presidente/a del Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será el Secretario/a General de la Presidencia de la República o su delegado/a permanente, quien tendrá las siguientes atribuciones:

1. Representar al Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y/o acuerdos emitidos por el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

3. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;

4. Aprobar el orden del día de las sesiones del Comité;

5. Dirigir las sesiones de debates, suspenderlas y clausurarlas cuando hubiere razones para ello;

6. Concertar y coordinar las políticas, decisiones y acciones que adopte el Comité en las sesiones;

7. Concertar y viabilizar en el Comité los temas asignados por el Presidente de la República;

8. Someter a debate y votación los temas tratados en el orden del día;

1. Suscribir las actas de sesiones del Comité, resoluciones y acuerdos que emita el Comité;

10. Las demás determinadas por el Presidente de la República, el Comité, este Reglamento y demás normativa vigente.

CAPÍTULO III

DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

Art. 7.- Atribuciones y obligaciones de los miembros del Comité.- A más de las obligaciones previstas en el Decreto Ejecutivo Nro. 503, les corresponde a los miembros del Comité, las siguientes:

1. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité;

2. Participar con voz y voto en las exposiciones y deliberaciones que se traten en el Comité;

3. Presentar al Presidente/a del Comité, cuando fuere el caso, propuestas para incluir o modificar el orden del día de las sesiones;

4. Requerir al Secretario/a que la entrega del borrador de la convocatoria, documentos, estudios e informes a ser tratados por el Comité, y que deben contar con la revisión previa de los miembros de dicho cuerpo colegiado, se efectúe con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la emisión de la convocatoria para el caso de sesiones ordinarias y con tres (3) días de anticipación para las sesiones extraordinarias;

5. Requerir al Secretario/a que la emisión de la convocatoria se realice una vez que se cuente con los documentos oficiales de sustento y respaldo de los asuntos a tratarse en la sesión del Comité;

6. Suscribir las actas del Comité conjuntamente con todos los miembros y el Secretario/a;

7. Solicitar, por intermedio del Presidente/a o del Secretario/a, toda información que considere necesaria para el seguimiento de la gestión y la toma de decisiones del Comité.

CAPÍTULO IV

DEL SECRETARIO/A DEL COMITÉ

Art. 8.- Del Secretario/a.- El/La Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actuará como Secretario/a del Comité y participará en las sesiones del mismo con voz informativa pero sin voto y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Elaborar las actas de las sesiones del Comité de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,

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INMOBILIAR, y suscribirlas conjuntamente con los miembros del Comité;

2. Asistir a las sesiones del Comité con voz informativa, pero sin voto y dar fe de lo actuado;

3. Proponer el orden del día de las sesiones para aprobación del Presidente/a;

4. Ejecutar las órdenes del Presidente/a, incluidas las convocatorias y citaciones a los miembros del Comité;

5. Recibir, dar fe, registrar y dar trámite de la presentación de comunicaciones, peticiones, escritos, solicitudes y documentos enviados al Comité o al Presidente/a del mismo;

6. Custodiar y mantener los libros de actas, resoluciones, acuerdos y la documentación del Comité en forma organizada y bajo su responsabilidad;

7. Conferir copias certificadas, que le fueren peticionadas, de las actas y documentación del Comité de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, previa autorización del Presidente/a;

8. Cumplir y hacer cumplir los plazos previstos en el presente Reglamento para efectuar la convocatoria, entregar los documentos, estudios e informes que deban ser revisados por los miembros del Comité, con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la emisión de la convocatoria para las sesiones ordinarias y tres (3) días de anticipación para las sesiones extraordinarias;

1. Emitir con autorización del Presidente/a, y de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, la convocatoria con el orden del día, acompañando de manera física y digital los documentos oficiales de sustento y respaldo de los asuntos a tratarse;

10. Redactar los textos conforme a las resoluciones adoptadas por el Comité, suscribirlas conjuntamente con los miembros del Comité, notificarlas a quien corresponda, realizar el seguimiento de las mismas e informar al Comité sobre su cumplimiento;

11. Comunicar a quien corresponda, previa autorización del Presidente/a, de las resoluciones adoptadas por el Comité;

• Dar seguimiento de las resoluciones y acuerdos adoptados por el Comité;

13. Proclamar los resultados de las votaciones generadas en las sesiones del Comité;

• Las demás que determine el/la Presidente/a del Comité, sus miembros, este Reglamento y la normativa vigente.

Art. 9– Participación de los miembros del Comité.- La participación de los miembros titulares o delegados/as

permanentes en las sesiones del Comité de INMOBILIAR es directa y obligatoria. Las decisiones adoptadas por los delegados/as permanentes tendrán el mismo valor como si las hubiere tomado su titular.

Para el cumplimiento de sus atribuciones el Comité podrá solicitar a las entidades públicas que correspondan, la información y asesoría técnica necesaria, las mismas que deben ser canalizadas por el/la Presidente/a del Comité.

Art. 10.- Invitados.- Podrán asistir a las sesiones del Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como invitados, con voz pero sin voto:

1. Los funcionarios, servidores públicos y/o trabajadores de INMOBILIAR o personas particulares que el/la Presidente/a del Comité así lo determine;

2. Los funcionarios, servidores públicos, trabajadores y/o representantes de instituciones públicas no pertenecientes al Comité que sean invitados por propia iniciativa del Presidente/a, o de sus miembros previa solicitud y aprobación del Presidente/a.

Para el cumplimiento de sus atribuciones el Comité podrá solicitar a las entidades públicas que corresponda, la información y asesoría técnica necesaria.

TÍTULO II

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

CAPÍTULO I

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ

Art. 11.- Sede. – El Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, tendrá su sede principal en la ciudad de Quito, pudiendo sesionar en cualquier lugar dentro o fuera del territorio ecuatoriano, de forma presencial o virtual, cuando lo disponga el/la Presidente/a.

Art. 12.- Sesiones.- Las sesiones del Comité podrán ser: ordinarias, y extraordinarias.

Art. 13.- Sesiones ordinarias.- El Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, sesionará en forma ordinaria cada semestre fiscal, previa convocatoria del Presidente/a del Comité.

En cada sesión ordinaria del Comité se incluirá un punto de información sobre el cumplimiento de las resoluciones tomadas en la sesión anterior. Este tipo de sesiones deberán ser convocadas con una antelación de al menos cinco (5) días a su realización y siempre que se cumpla con lo establecido en el segundo inciso del artículo 16 y en el artículo 17 del presente Reglamento.

Art. 14.- Sesiones extraordinarias. – Este tipo de sesiones deberán ser convocadas con una antelación de al menos

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dos (2) días a su realización y siempre que se cumpla con lo establecido en el segundo inciso del artículo 16 y en el artículo 17 del presente Reglamento.

Art. 15.- Modalidades. – Las sesiones del Comité, podrán realizarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades a excepción de la sesión ordinaria la cual solo podrá realizarse de manera presencial y virtual.

1. Presencial: Esta modalidad de reunión se realizará con la asistencia personal de cada uno de los miembros del Comité, en la fecha, en la hora y en el lugar determinado en la convocatoria.

2. Virtual: Esta modalidad de reunión puede emplearse utilizando sistemas de videoconferencia que tengan niveles apropiados de seguridad, que permitan a todos los miembros del Comité, situados en distintos lugares, participar de forma efectiva en la sesión,

adoptar decisiones de forma inequívoca y votar con claridad. Si por problemas técnicos la capacidad de participación y comunicación se viera reducida, cualquiera de los miembros del Comité podrá solicitar la suspensión de la sesión, conforme lo determinado en el artículo 23 del presente Reglamento.

3. Electrónica: La modalidad electrónica solo podrá realizarse a través de direcciones de correo electrónico previamente registradas en la Secretaría del Comité, cuando los puntos a tratarse en el orden del día hayan sido previamente acordados entre todos los miembros del Comité.

Art. 16.- Convocatoria a sesiones de Comité y puntos del orden del día.- Las convocatorias serán realizadas por el/la Presidente/a del Comité o el/la Secretario/a por disposición del Presidente/a, las mismas se cursarán mediante documento escrito o por correo electrónico, enviados a la dirección que hubiera registrado cada miembro del Comité con el/la Secretario/a de este cuerpo colegiado y contendrán: el señalamiento del lugar, fecha, hora, modalidad de la sesión y los puntos del orden del día a tratarse.

El/La Secretario/a acompañará a las convocatorias de manera oficial y obligatoria, los informes, estudios y demás documentación que contenga integralmente la información de respaldo pertinente a cada punto del orden del día, así como una presentación de los mismos que permita a los miembros contar con suficientes elementos de juicio para adoptar las resoluciones que el caso requiera.

Previo a la convocatoria, el/la Secretario/a deberá coordinar con los miembros del Comité la determinación del lugar, fecha, hora y modalidad en la que se llevará a cabo la sesión.

Art. 17.- Reuniones Previas de Trabajo.– Antes de cada sesión ordinaria y extraordinaria el/la Secretario/a coordinará con los miembros del Comité, la participación en reuniones previas de trabajo de los equipos técnicos y de asesoría de las instituciones a las que ellos representan,

con el objeto de realizar el debido análisis de la documentación que respalde los puntos del orden del día a tratarse en la sesión de Comité.

Estas Reuniones Previas de Trabajo se efectuarán con una anticipación de al menos diez días a la convocatoria de la sesión correspondiente;

Las sugerencias, observaciones o recomendaciones que se llegaren a generar como resultado de estas Reuniones Previas de Trabajo tendrán como objetivo exclusivamente facilitar el tratamiento de los puntos del orden del día a los miembros del Comité.

Art. 18.- Orden del Día.– El orden del día de las sesiones será establecido por el/la Presidente/a del Comité, considerando la propuesta planteada por el/la Secretario/a del Comité.

Como primer punto del orden del día de las sesiones de Comité, deberá constar siempre la lectura del acta de la sesión inmediata anterior.

El orden del día a tratarse será aprobado por el Comité al inicio de cada sesión. Podrá ser reformado antes de su aprobación, a solicitud de cualquiera de sus miembros, con el voto favorable de la mayoría simple.

Art. 19.- Expediente de la sesión.– El/La Secretario/a organizará un expediente de cada sesión, el mismo que contendrá la documentación de sustento de los aspectos técnicos, económicos y legales, de cada punto del orden del día a ponerse en consideración del Comité. A dicho expediente deberá agregarse obligatoriamente la convocatoria y la documentación citada en los numerales 1 y 2 del artículo 5 y en el segundo inciso del artículo 16 del presente Reglamento.

Para la elaboración del expediente referido en el inciso anterior, la documentación deberá ser remitida por las instancias correspondientes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, con la debida antelación y organización.

Art. 20.- Quórum de instalación.– El Comité se entenderá constituido con la asistencia de al menos dos de sus miembros titulares o sus delegados permanentes acreditados, al que no puede faltar su Presidente/a.

Art. 21.- Votación.– Para iniciar la votación, se requerirá la presencia de todos los miembros asistentes del Comité. Una vez dispuesta la misma, ningún miembro podrá abandonar la sesión.

La votación se realizará a favor o en contra a la propuesta de voto o su abstención con los motivos que justifiquen la misma y el voto del Presidente/a tendrá el carácter de dirimente.

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Las decisiones se adoptarán por la mayoría simple de votos afirmativos de los miembros asistentes a la sesión.

El voto por medios electrónicos podrá consignarse únicamente cuando el Comité hubiese sesionado a través de la modalidad electrónica referida en el numeral 3 del artículo 15.

Art. 22.- Suspensión de la sesión.– De considerarlo necesario, el/la Presidente/a del Comité podrá suspender o diferir el desarrollo de cualquier sesión, con la aprobación de la mayoría de los miembros asistentes. En estos casos, en la misma sesión se establecerá el lugar, fecha, hora y modalidad en que se reanudará la sesión suspendida o diferida.

Art. 23.- Cancelación de la sesión.– De considerarlo necesario, el/la Presidente/a del Comité podrá cancelar el desarrollo de cualquier sesión por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, con la aprobación de la mayoría de los miembros asistentes.

Art. 24.- Principios y Delegación.– Las actuaciones de los miembros del Comité y, las decisiones adoptadas por el mismo, se regirán por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, iniciativa, coordinación, transparencia y evaluación. Todas las actuaciones del Comité se presumen legítimas, legales, y válidas.

La normativa que emita el Comité de INMOBILIAR, tendrá jerarquía normativa de Acuerdo.

Corresponderá al Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, emitir e implementar la normativa propia para el cumplimiento eficiente y eficaz de las competencias, atribuciones, misión y visión del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, de ser necesario el Comité podrá normar respecto a esta temática.

CAPÍTULO II

DEL DESARROLLO DE

LAS SESIONES DE COMITÉ

Art. 25.- Desarrollo de la sesión.- El desarrollo de las sesiones de Comité seguirá la siguiente secuencia:

1. Por disposición del Presidente/a, el/la Secretario/a constatará el quórum reglamentario con el fin de instalar la sesión;

2. Consideración del orden del día para su aprobación. Cualquiera de los miembros del Comité podrá proponer la modificación de los puntos a ser tratados, su reordenamiento, o la declaración del carácter confidencial o reservado de uno de sus puntos;

3. Conocimiento y tratamiento de los puntos del orden del día aprobado. El/La Presidente del Comité dará paso al análisis y debate respecto de los diferentes temas considerados en el orden del día;

4. Tratado el respectivo punto del orden del día y de considerarlo suficientemente estudiado o examinado, el/la Presidente/a someterá a consideración de los miembros del Comité la o las mociones presentadas, mismas que serán sometidas a votación. Hecho esto, se pasará al siguiente punto del orden del día; y,

5. Concluido el tratamiento de los puntos del orden del día, el/la Presidente/a dará por terminada la sesión.

Tanto los miembros del Comité, como los demás asistentes a la sesión, previo a hacer uso de la palabra, deberán solicitar al Presidente/a la respectiva autorización.

Art. 26.- Registro de las sesiones.- Toda sesión será grabada en medios de audio, digitales o similares, y de ella se levantará el acta correspondiente. Las grabaciones, transcripciones, resúmenes y actas, permanecerán bajo custodia y responsabilidad del Secretario/a, con el fin de que estén al alcance de sus miembros.

CAPÍTULO III

DE LAS ACTAS Y RESOLUCIONES

Art. 27.- Actas.– El acta de la sesión, contendrá:

1. Número, lugar, fecha y hora de inicio y cierre de la sesión;

2. Indicación de la modalidad y tipo de sesión;

3. Nombres completos de los asistentes y de ser el caso sus cargos;

4. Los puntos tratados, las intervenciones, las recomendaciones u observaciones realizadas en cada uno y los compromisos asumidos;

5. La votación adoptada por los miembros; y,

6. Las resoluciones aprobadas en la sesión por los miembros del Comité,

El borrador del acta correspondiente, con las resoluciones aprobadas previamente en sesión, deberán ser remitidos simultáneamente a los miembros del Comité para su revisión, dentro de los siguientes cinco (5) días término desde la fecha en la que se hubiera llevado a cabo la sesión. Los miembros del Comité tendrán tres días término para remitir sus observaciones al Secretario/a.

Una vez que en el acta se haya incluido las observaciones formuladas por los miembros, ésta será suscrita por los mismos, debiendo encargarse el/la Secretario/a del Comité de la recolección de las firmas correspondientes, en un término no mayor a diez (10) días. Las actas legalizadas deberán remitirse por el/la Secretario/a, anexas al respectivo oficio, en copia certificada, a todos los miembros del Comité en un término no mayor a cinco

(5) días contados a partir de la suscripción de todos sus miembros.

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Las actas suscritas y legalizadas al igual que las grabaciones de audio o cualquier otro medio técnico idóneo, serán archivadas de forma física y digital, según corresponda.

Cualquier miembro de Comité tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el/la Presidente/a del Comité, el texto que corresponda fielmente con su intervención, cuyo texto constará en el acta o se agregará copia a la misma.

Art. 28.- Resoluciones.– Las resoluciones del Comité son de ejecución inmediata y serán suscritas por los miembros del Comité.

La parte considerativa de las resoluciones deberá remitirse única y exclusivamente a los asuntos tratados por los miembros del Comité en los puntos del orden del día, con la referencia del fundamento normativo correspondiente, y serán revisadas y coordinadas por los miembros del citado cuerpo colegiado previo a la sesión de Comité.

El Comité podrá adoptar resoluciones mediante las cuales deje sin efecto resoluciones anteriores que no hubieran llegado a ejecutarse o que no estuvieran acordes a las necesidades actuales de INMOBILIAR.

TÍTULO III

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMOBILIAR

CAPÍTULO I

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTIÓN DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Art. 29.- Políticas Públicas de Gestión de bienes muebles e inmuebles.- Las políticas públicas de gestión de muebles e inmuebles, deberán estar articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP).

CAPÍTULO II

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMOBILIAR

Art. 30.- Inmobiliar.– El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público cuyo ámbito de acción está ceñido en forma imperante u obligatoria a las entidades, organismos y/o instituciones descritas en el artículo 2 numerales 1 y 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018; y, de forma facultativa a las entidades, organismos y/o instituciones citadas en el numeral 3 y en el inciso segundo del artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 503 citado.

Art. 31.- Seguimiento.- El/La Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,

de ser el caso, presentará semestralmente al Comité de INMOBILIAR el avance y cumplimiento de las políticas públicas definidas, de acuerdo a sus metas y cronograma establecido.

Art. 32.- Informe.- El/La Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR presentará cada semestre un informe de ejecución de actividades al Comité.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En lo que respecta a los integrantes del Comité de INMOBILIAR, en tanto no se reforme expresamente la norma vigente que rige el cuerpo colegiado, se observará lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 732 de 13 de mayo de 2019, en particular lo constante en la Disposición General Primera la cual indica que donde se haga referencia a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) o al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo se leerá Secretaría Técnica de Planificación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese la Resolución INMOBILIAR Nro. 001-2013, de 12 de septiembre de 2013, publicada en el Registro Oficial Nro. 103 de 17 de octubre de 2013.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 22 de noviembre de 2019.

f.) Esp. Guayaquil Rodríguez Carlos Ramiro, Delegado Permanente del Secretario General de la Presidencia de la República, Presidente del Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.

f.) Ing. David Francisco Navarrete Shunta, Delegado Permanente del Secretario Técnico de Planificación, Miembro del Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.

f.) Dr. Milton Rodolfo Rojas Arias, Delegado Permanente del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miembro del Comité del Servicio de GestiÇ¿n Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO.- Dirección de Gestión Documental y Archivo.- 30 de enero de 2020.- Fiel copia del original.-f.) Directora de Gestión Documental y Archivo.- En 8 fojas.

34 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

No.COMITE-INMOBILIAR-2019-0003

COMITÉ DE DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO INMOBILIAR

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que, el artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: «Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. […]»;

Que, la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 en su artículo 5 respecto a la exención de tributos y otros pagos, señala: “La terminación y liquidación de los contratos de fideicomisos estarán exentas del pago de todo tipo de tributos y del pago de honorarios por concepto de restitución de los inmuebles. También estarán exentas del pago de aranceles y tributos la transferencia de los activos al MAGAP, INMOBILIAR y a otras entidades del Sector Público. Los tributos y expensas causados que se adeuden por los activos a los que se refiere esta Ley, serán calculados sin intereses y serán registrados en el déficit patrimonial a cargo de las instituciones financieras extintas. El Banco Central del Ecuador, INMOBILIAR y el MAGAP quedarán exentos del pago de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y expensas causados que se adeudaren al momento de la transferencia de los activos a los que se refiere esta Ley.”;

Que, La Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, señala: “Cuando exista conflicto entre la normativa emitida por la Contraloría General del Estado y la normativa interna expedida por las instituciones para el ejercicio de sus competencias o para la gestión de sus procesos internos, prevalecerá esta última.”;

Que, el Código Civil Ecuatoriano señala en su Art. 1402: “La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta.”;

Que, el artículo 8 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que: “Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las otras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines”;

Que, el artículo 61 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

«[…] para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades»;

Que, el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo Nro. 67 de 30 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 388 de 14 de diciembre de 2018, en su artículo 77 señala: “Actos de transferencia de dominio de los bienes. – Entre las entidades u organismos señalados en el artículo 1 del presente Reglamento o éstas con Instituciones del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines de lucro se podrá efectuar, principalmente, los siguientes actos de transferencia de dominio de bienes: remate, compraventa, trasferencia gratuita, donación, permuta y chatarrización.”;

Que, el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo Nro. 67 de 30 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 388 de 14 de diciembre de 2018, señala lo siguiente: “Art. 4.- Reglamentación interna.- Corresponderá a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento, implementar su propia normativa para la recepción, registro, identificación, almacenamiento, distribución, custodia, uso, control, egreso o baja de los bienes del Estado, sin contravenir las disposiciones de este instrumento.”;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 135 emitido el 1 de septiembre de 2017 en su artículo 30 señala: “Enajenación o transferencia de activos inmuebles improductivos.- Para el caso de la Función Ejecutiva, se dispone la enajenación o transferencia a título gratuito de los activos inmuebles productivos de las entidades a la Secretaría (sic) de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; incluyendo, aquellos bienes inmuebles localizados fuera del territorio nacional”;

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro.

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 35

335 de 26 de septiembre de 2018, dispuso en su artículo 3 lo siguiente: “El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, tendrá un Comité encargado de coordinar la política intersectorial de gestión de muebles e inmuebles, y estará integrado por: 1. El Secretario General de la Presidencia o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente, y; 3. El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente. Actuará como Secretario del Comité el/la Director/a General/a de INMOBILIAR, quien intervendrá con voz pero sin voto.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018 el Presidente de la República, dispuso en su artículo 4 lo siguiente: “Son funciones del Comité de INMOBILIAR las siguientes: 3. Dictar las normas, regulaciones o políticas de gestión de muebles e inmuebles que deben aplicar las entidades del sector público (…)”;

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, en el numeral 8 del artículo 6 establece que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, entre sus atribuciones tiene la de:

“Gestionar los requerimientos de inmuebles, así como recibir la transferencia de dominio a título gratuito de las entidades detalladas en el artículo 2 de este decreto.”;

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, en el numeral 18 del artículo 6 establece que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, entre sus atribuciones tiene la de: “Autorizar, suscribir y/o celebrar los actos, convenios, contratos y demás instrumentos, jurídicos y administrativos que fueren necesarios, incluyendo la gestión de transferencia de dominio de bienes inmuebles, de forma directa mediante resolución administrativa de la máxima autoridad de INMOBILIAR a favor de terceros, o del propio Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, relacionados con los bienes inmuebles que estando contabilizados y en uso de diversas instituciones de la Administración Pública Central y dependencias de la Función Ejecutiva, se encuentren registrados a nombre del Gobierno Nacional en los Registros de la Propiedad respectivos”;

Que, la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018 dispone: “SEGUNDA.- Todos los órganos que forman la Administración Pública Central de conformidad con el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, traspasarán a título gratuito al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, el dominio de todos los bienes inmuebles que sean de su propiedad, incluyendo aquellos localizados fuera del territorio nacional y que no estén siendo utilizados en sus actividades principales, en un plazo no mayor de noventa días desde la expedición del presente decreto, con excepción de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado, los bienes

que integran el patrimonio cultural y natural y áreas protegidas; y, las instalaciones e infraestructura deportiva y recreacional con que cuentan los diversos órganos de la Administración Pública Central. Para la transferencia de dominio se estará a lo señalado en el Reglamento que dicte para el efecto el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.”;

Que, es necesario emitir un Reglamento que permita viabilizar la transferencia de dominio a título gratuito por parte de todas las entidades, instituciones, y órganos que forman la Administración Pública Central a favor de INMOBILIAR;

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo; así como, lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 503, de 12 de septiembre de 2018,

Acuerda:

Expedir el REGLAMENTO PARA LA

TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES DE TODAS LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES, Y ÓRGANOS QUE FORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL A FAVOR DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR.

TÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1. Objeto.- El presente Reglamento tiene como objeto establecer las disposiciones para efectuar los actos necesarios para que todas los entidades, instituciones, y órganos que forman la Administración Pública Central efectúen la transferencia a título gratuito del dominio de todos los bienes inmuebles que sean de su propiedad, incluyendo aquellos localizados fuera del territorio nacional y que no estén siendo utilizados en sus actividades principales, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.

Se exceptúan los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado, los bienes que integran el patrimonio cultural y natural y áreas protegidas; y, las instalaciones e infraestructura deportiva y recreacional con que cuentan los diversos órganos de la Administración Pública Central, debidamente calificados como tal por las entidades competentes.

La transferencia incluirá todo aquello que de acuerdo al Código Civil se repute inmueble por naturaleza, destino, accesión e incorporación, debidamente saneados.

Artículo 2. Alcance del Reglamento.- De conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 503, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, observará

36 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

de manera obligatoria el cumplimiento del presente Reglamento para la transferencia a título gratuito de inmuebles que reciba de las entidades del Administración Pública Central.

Artículo 3. Instrumento legal para transferencia a título gratuito de bienes inmuebles.- Para la transferencia de dominio a título gratuito de bienes inmuebles a favor de INMOBILIAR, se deberá suscribir un Acuerdo Interinstitucional de transferencia de dominio entre las máximas autoridades institucionales o sus delegados, y en caso excepcionales se podrá emitir las correspondientes Resoluciones o acto administrativo por parte de las entidades que intervengan en el acto de transferencia de dominio.

Artículo 4.- De la transferencia de dominio.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, así como las entidades e instituciones que forman parte de la Administración Pública Central para efectuar la transferencia de domino de bienes observará el marco legal vigente que se expida para el efecto, apegados en los principios de legalidad y juridicidad.

Artículo 5.- De la inscripción en el Registro de la Propiedad.- Al momento de la inscripción en el Registro de la Propiedad la entidad que transfiere los inmuebles deberá encontrarse al día en todas las obligaciones de pago que pesen sobre los bienes inmuebles a transferir.

Una vez efectuada la inscripción en el Registro de la Propiedad, las entidades intervinientes deben suscribir el Acta Entrega Recepción de los bienes inmuebles hasta el término 60 días.

Los gastos que se generen por la transferencia de dominio serán asumidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, con las excepciones de ley.

Artículo 6.- De la recepción y registro de los bienes inmuebles.- Corresponde al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR emitir los lineamientos y directrices internas para el proceso de recepción y registro de los bienes inmuebles transferidos a su favor.

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIÓN PRIMERA.- Se podrá recibir transferencias de dominio a título gratuito de las entidades contempladas en el artículo 225 de la Constitución de la República de ser favorable a los intereses del Estado, para lo cual se observará lo dispuesto en el presente instrumento normativo.

Para el caso de bienes en el exterior se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia específica.

DISPOSICIÓN SEGUNDA.- En lo relacionado a los bienes que se transfieran en apego al Código Orgánico

Monetario y Financiero, y la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, se observará lo que la norma respectiva disponga.

DISPOSICIÓN TERCERA.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento se observarán las disposiciones del Código Civil respecto a transferencias de dominio a título gratuito, en función de los más altos intereses del Estado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Se autoriza al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para expedir, en el plazo de 90 días, la normativa que regulará el procedimiento para la transferencia de dominio a título gratuito de los bienes inmuebles de todas las entidades, instituciones, y órganos que forman la administración pública central a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Del cumplimiento del presente Reglamento encárguese al Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 22 de noviembre de 2019.

f.) Esp. Guayaquil Rodríguez Carlos Ramiro, Delegado Permanente del Secretario General de la Presidencia de la República, Presidente del Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.

f.) Ing. David Francisco Navarrete Shunta, Delegado Permanente del Secretario Técnico de Planificación, Miembro del Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.

f.) Dr. Milton Rodolfo Rojas Arias, Delegado Permanente del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miembro del Comité del Servicio de GestiÇ¿n Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO.- Dirección de Gestión Documental y Archivo.- 30 de enero de 2020.- Fiel copia del original.-f.) Directora de Gestión Documental y Archivo.- En 4 fojas.

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 37

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA

No. 0000013

VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1202, de 13 de octubre del 2016, publicado en el Registro Oficial No. 876, de 8 de noviembre del 2016, se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ejerza la rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la Cooperación Internacional, teniendo la atribución de suscribir, registrar y realizar el seguimiento a los convenios, programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable ejecutados por el sector público;

Que, a través de Acuerdo Ministerial No. 0000009, de 17 de enero de 2020, se expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante el cual se creó la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional y la Dirección de Gestión de la Cooperación No Gubernamental y Evaluación.

Que, en el numeral 1.2.1.6., literal o) del referido Estatuto establece como atribución de la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional: “Aprobar los contenidos de los acuerdos, Convenios Básicos de Funcionamiento y demás instrumentos de cooperación internacional con Organizaciones no Gubernamentales Extranjeras”.

Que conforme se desprende de los literales

c) y d)

del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.

0000007,

de 6 de febrero de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana delegó al Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, actualmente Viceministro de Relaciones Exteriores, lo siguiente: “c) Autorizar, previo conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos”; así como: “d) Autorizar, previo conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los contenidos de Convenios Básicos de Funcionamiento con las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras (ONG) y suscribirlos”, que según el nuevo Estatuto corresponde a: “Aprobar los contenidos de los acuerdos, Convenios Básicos de Funcionamiento y demás instrumentos de cooperación internacional con Organizaciones no Gubernamentales Extranjeras”;

Que, el 28 de agosto de 2018, el Gobierno de la República del Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Movilidad Humana y la Organización No Gubernamental extranjera (ONG) “Fundación Ulla Brita Palm” se suscribió un Convenio Básico de Funcionamiento con vigencia de cuatro años;

Que, mediante oficio S/N, recibido en este Ministerio el 18 de julio de 2019, la Representante Legal de Fundación Ulla Brita Palm en el Ecuador, informó que la organización se encontraba en trámite de cierre definitivo en el país.

Que con oficio No. MREMH-DGCING-2019-0543-O, de 19 de agosto de 2019, se solicitó respaldo del cumplimiento de obligaciones detalladas en el Convenio Básico de Funcionamiento, referentes al cierre anticipado de la Fundación Ulla Brita Palm.

Que, mediante oficio No. FUBP-HC-CIERRE-001-2019, de 4 de septiembre de 2019, la Fundación Ulla Brita Palm notifica el cambio de representante legal, asignando al Sr. Hugo Cañar Martínez para que realice la gestión correspondiente para el cierre de la ONG en el Ecuador.

Que, con oficio No. FUBP-HC-CIERRE-006-2019, de 14 de noviembre de 2019, el representante de la Fundación Ulla Brita Palm, entrega los documentos requeridos para continuar con el proceso de finalización de actividades de la ONG.

Que, mediante memorando No. MREMH-DGCING-2019-0496-M, de 9 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental remitió el Informe Técnico No. IT-MREMH-2019-012, a la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional, a fin de continuar con el proceso de cierre de la organización “Fundación Ulla Brita Palm” en el país;

Que con memorando No. MREMH-DAJPDN-2020-0036-M, de 14 de enero de 2020, la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional emitió Dictamen Jurídico favorable para proceder con la terminación del convenio suscrito entre la Organización No Gubernamental extranjera “Fundación Ulla Brita Palm” y el Gobierno de la República del Ecuador;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1202, de 13 de octubre de 2016; en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo No. 193, de 23 de octubre de 2017; y, en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 0000007, de 6 de febrero de 2019;

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Dar por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera “Fundación Ulla Brita Palm”, autorizadas a través del Convenio Básico de Funcionamiento suscrito el 28 de agosto de 2018.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental notifique con el contenido de la presente resolución a la Organización No Gubernamental extranjera “Fundación Ulla Brita Palm”.

38 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

ARTÍCULO 3.- Informar sobre la finalización de actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera “Fundación Ulla Brita Palm” a las siguientes entidades:

1. Ministerio de Gobierno;

2. Superintendencia de Bancos y Seguros;

3. Servicio de Rentas Internas;

4. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador;

5. Unidad de Análisis Financiero y Económico;

6. Ministerio del Trabajo;

7. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

8. Ministerio de Salud Pública;

1. Ministerio de Educación; y,

10. Ministerio de Inclusión Económica y Social.

ARTÍCULO 4.- Disponer a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio realice las gestiones pertinentes para la publicación en el Registro Oficial de este instrumento.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, a 28 de enero de 2020.

f.) Embajador Cristian Espinosa Cañizares, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las dos (02) fojas que anteceden, son copias del original de la Resolución Administrativa No. 0000013, del 28 de enero de 2020, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 30 de enero de 2020.

f.) Emb. Francisco Augusto Riofrío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No. 023-2019

El COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

DELEGADO DEL MINISTRO DE

TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador confiere a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, la rectoría de las políticas del área a su cargo, así como la facultad de expedir acuerdos y resoluciones administrativas;

Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra la libertad de los ciudadanos a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 30, reconoce “(…) todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos; organizaciones que podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, y deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la Ley”;

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 140 determina: “El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 13 de agosto de 2009, publicado en el Registro Oficial No.10, de 24 de agosto de 2009, el Presidente Constitucional de la República resolvió crear el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, conforme lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 2 del referido Decreto, al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información le corresponde formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas, planes y proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como promover, en coordinación con instituciones públicas o privadas, la investigación científica y tecnológica en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, para el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento;

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 39

Que, en el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: “Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil”;

Que, el 23 de octubre de 2017, con Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109, de 27 de octubre de 2017, se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales;

Que, el artículo 9 del referido Reglamento determina: “Son corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, estable y organizada, conformada por un número mínimo de cinco miembros, expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya personalidad jurídica se encuentre aprobada y registrada por la institución competente del Estado, de conformidad con la ley y el presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley y lo que prescriban sus estatutos, las corporaciones tendrán como finalidad, la promoción y búsqueda del bien común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad en particular.- Para efectos estadísticos y de clasificación, las corporaciones serán de primer, segundo y tercer grado. 1. Corporaciones de primer grado: son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin delimitado, tales como: asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros (…)”;

Que, en los artículos 12 y 13 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, se establecen los requisitos y procedimientos que se requieren para otorgar la personalidad jurídica y aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 784, de 04 de junio de 2019, el Presidente de la República designó al licenciado Andrés Michelena Ayala como Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 011-2019, de 17 de mayo de 2019, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, (E), delegó al Coordinador General Jurídico la facultad para suscribir todos los actos administrativos para la aprobación de estatutos y otorgamiento de la personalidad jurídica, así como aprobar Reformas de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, establecidas en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, demás normativa aplicable;

Que, mediante Acción de Personal No. 585, de 29 de noviembre de 2019, el Ab. Juan Francisco Díaz Colmachi asumió las funciones de Coordinador General Jurídico del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, con oficio s/n, recibido en esta Cartera de Estado el 20 de noviembre de 2019, el señor Byron Saona acogió las observaciones realizadas por la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo y solicitó la aprobación

del Estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica de la Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses ASEAIF;

Que, con memorando No. MINTEL-DALDN-2019-0194-M, de 11 de diciembre de 2019, la Directora de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo emitió el Informe Jurídico, en el que recomienda conceder personalidad jurídica y aprobar el Estatuto de la Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses ASEAIF;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial No.011-2019, de 17 de mayo de 2019;

Resuelve:

Artículo 1.- Otorgar personalidad jurídica a la Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses (ASEAIF), entidad sin fines de lucro, con domicilio en el cantón Daule, provincia del Guayas, la cual se regirá por las disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil, del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales, de su Estatuto y demás Reglamentos Internos.

Artículo 2. – Aprobar el Estatuto de la Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses (ASEAIF).

Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales, la Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses (ASEAIF) dentro del plazo máximo de 30 días, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, remitirá a la Coordinación General Jurídica de esta entidad la nómina de la Directiva para su respectivo registro.

Artículo 4.- Queda expresamente prohibido a la Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses (ASEAIF) realizar actividades contrarias a sus fines, así como intervenir en asuntos de carácter lucrativo, político o religioso.

Artículo 5.- Se dispone a la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo registre a la organización de la sociedad civil Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses (ASEAIF).

Artículo 6.- Notifíquese con la presente Resolución a la Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses (ASEAIF).

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 11 de diciembre de 2019.

f.) Ab. Juan Francisco Díaz Colmachi, Coordinador General Jurídico, Delegado del Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

40 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Con Acción de Personal Nro. 163, de 12 de abril de 2019, con fecha de vigencia a partir de 15 de abril de 2019.

Esta diligencia es realizada al amparo de la atribución que le asiste, expresada en el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del MINTEL, numeral 3.2.1.1. Gestión Administrativa; literal I)” Certificar los documentos y actos administrativos y normativos expedidos por la institución”.

Certifica:

Fiel Copia del Original de la RESOLUCIÓN No. 023-2019, constituida de dos hojas útiles, misma que reposa en la Unidad de Gestión Documental.

A petición de Abg. Carolina Riofrío, Asistente de Abogacía de la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo.

Solicitud de Certificación No. 033.

Quito, veintiocho de enero de dos mil veinte.

f.) Mgs. Roberto Trujillo, Director Administrativo.

No. BCE-GG 005-2020

Verónica Artola Jarrin

GERENTE GENERAL

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 303, determina: “La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. / La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. / El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley”;

Que, el artículo 27 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala: “El Banco Central del Ecuador tiene por finalidad la instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el uso de los instrumentos determinados en este Código y la ley.”;

Que, el artículo 36 del Código Ibídem, en los numerales 4, 18 y 33 establece como funciones del Banco Central del Ecuador las siguientes: “4. Garantizar el suministro y la distribución de las especies monetarias y dinero en el país /

18. Determinar las características y gestionar la provisión, acuñación, circulación, canje, retiro y desmonetización de monedas. / 33. Efectuar las operaciones e implementar instrumentos que tengan carácter monetario o financiero

y sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política monetaria.”;

Que, el artículo 94 inciso 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece: “La circulación, canje, retiro y desmonetización de dólares de los Estados Unidos de América, moneda en la República del Ecuador, corresponden exclusivamente al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con las disposiciones de este Código y con la regulación que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”;

Que, el artículo 95 ibídem dispone: “Obligación de proveer liquidez. El Banco Central del Ecuador y, en los casos excepcionales que establezca la Junta, las entidades del sistema financiero privado estarán obligados a satisfacer oportunamente la demanda de liquidez en la República del Ecuador con el objeto de garantizar el desenvolvimiento de las transacciones económicas de conformidad con las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Para este efecto, están facultados a efectuar las remesas que sean necesarias, las cuales no se considerarán operaciones de importación o exportación. Estas operaciones que realice el Banco Central del Ecuador no estarán sujetas a tributo alguno en el país”;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, determina: “Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública”;

Que, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone: “Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste pierde eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal”;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco Central del Ecuador, señala como misión de la Dirección Nacional de Especies Monetarias (DNEM) el proveer especies monetarias de manera segura y eficiente, a través de una adecuada programación, custodia; y, gestión de circulante, para atender oportunamente la demanda de efectivo con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país;

Que, mediante Resolución Administrativa No. BCE-GG-111-2019 de 14 de noviembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 93 del 03 de diciembre de 2019, la Gerencia General del Banco Central del Ecuador, expidió la reforma a la Codificación de las Resoluciones de la Gerencia General, Libro II BANCARIO, Título Primero SERVICIOS BANCARIOS, mediante la

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 41

cual se actualizaron las normas para el “DEPÓSITO, VERIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, RECUENTO Y RETIROS DE ESPECIES MONETARIAS AMERICANAS Y MONEDAS FRACCIONARIAS ECUATORIANAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS”;

Que, mediante Informe Técnico No. BCE-DNEM-2020 -018 de 20 de enero de 2020, la Subgerencia de Servicios conjuntamente con la Dirección Nacional de Especies Monetarias, luego del análisis respectivo, consideraron que la Resolución Administrativa No. BCE-GG-111-2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, debería entrar en vigencia el 20 de abril de 2020, por cuanto dicho plazo permitirá a las entidades financieras cumplir con los estándares de procesamiento de billetes de baja denominación;

Que, mediante informe Jurídico No. BCE-CGJ-005-2020 de 20 de enero de 2020, la Coordinación General Jurídica señaló: “(…) se establece que no existe impedimento u óbice legal para que la Resolución Administrativa Nro. BCE-GG-111 -2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, sea reformada; y que, se apruebe el proyecto de Resolución Administrativa que contiene la modificación del plazo para la entrada en vigencia de la mencionada normativa, por parte de la Gerencia General del Banco Central del Ecuador. / Por lo que se recomienda a la señora Gerente General emitir la Resolución Administrativa reformatoria adjunta al presente informe, cuyo proyecto ha sido revisado tanto en el ámbito legal como formal y cuya pertinencia técnica se encuentra debidamente justificada en el Informe Técnico BCE-DNEM-2020-018 de fecha 20 de enero de 2020, emitido por la Subgerencia de Servicios conjuntamente con la Dirección Nacional de Especies Monetarias”;

Que, mediante Resolución No. 386-2017-G de 1 de junio de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera designó a la economista Verónica Artola Jarrín como Gerente General del Banco Central del Ecuador; y,

En ejercicio de sus funciones y atribuciones,

Resuelve:

Reformar la Resolución Administrativa No. BCE-GG-111-2019 de 14 de noviembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 93 de 03 de diciembre de 2019, conforme lo siguiente:

Artículo 1.- Elimínese la Disposición Transitoria Primera y reenumérese.

Artículo 2.- En la Resolución Administrativa No. BCE-GG- 111-2019 publicada en el Registro Oficial No. 93 del 3 de diciembre de 2019, agréguese lo siguiente:

“DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 20 de abril de 2020.”

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a 20 de enero de 2020.

f.) Econ. Verónica Artola Jarrín, Gerente General Banco Central del Ecuador.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Es fiel copia del original. – Lo certifico.- Fecha: 30 de enero de 2020.- f.) Ilegible, Dirección de Gestión Documental y Archivo.- 02 fojas.

No. 555-2019-F

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN

MONETARIA Y FINANCIERA

Considerando:

Que el artículo 30 de la Constitución de la República establece que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica;

Que el artículo 302 de la Constitución de la República determina que las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, tienen como objetivos, entre otros, promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución;

Que el artículo 303 de la norma ibídem dispone que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco central del Ecuador;

Que el artículo 310 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “(…) El crédito que otorgue el sector financiero público se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía”;

Que el inciso final del artículo 375 de la Constitución de la República, establece que el Estado ejercerá la rectoría para la plani ficación, regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero y sus reformas, crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores; y determina su conformación;

Que los numerales 1, 2, 3 y 23 del artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina como parte de las Funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo

42 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

la política de seguros y de valores; regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores, y vigilar su aplicación; regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sistema financiero nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores; y, establecer niveles de crédito, tasas de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras, que podrán definirse por segmentos, actividades económicas y otros criterios;

Que el artículo 16 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que los organismos de control, el Banco Central del Ecuador y la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán preparar y proponer a la Junta o a pedido de ésta, planes, estudios, análisis, informes y propuestas de políticas y regulaciones;

Que el artículo 21 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que los actos de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera gozan de la presunción de legalidad y se expresarán mediante resoluciones que tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial, salvo aquellas respecto de las cuales la propia Junta, en razón de la materia, disponga que rijan desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación posterior en el Registro Oficial. En estos casos, esas resoluciones serán publicadas en el sitio web de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde su expedición, excepto aquellas cali ficadas como reservadas. La Junta, para la formación y expresión de su voluntad política y administrativa, no requiere del concurso de un ente distinto ni de la aprobación de sus actos por parte de otros órganos o instituciones del Estado;

Que el artículo 27 ibídem, determina que el Banco Central del Ecuador tiene por finalidad la instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el uso de los instrumentos determinados en el Código Orgánico Monetario y Financie y la ley;

Que los numerales 1, 7 y 33 del artículo 36 ibídem, como parte de las funciones del Banco Central del Ecuador, establece el instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para los sistemas monetario y financiero, monitorear y supervisar su aplicación, sancionar su incumplimiento, en el ámbito de sus competencias, e informar de sus resultados; gestionar la liquidez de la economía para impulsar los objetivos de desarrollo del país, utilizando instrumentos directos e indirectos, como operaciones de mercado abierto, operaciones de cambio, entre otros; y, efectuar las operaciones e implementar instrumentos que tengan carácter monetario o financiero y sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política monetaria”;

Que el artículo 118 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que la Junta de Política y Regulación

Monetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez para garantizar la eficacia de la política monetaria enfocada en la consecución de los objetivos establecidos en este Código. Asimismo, establecerá y regulará los instrumentos de política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de liquidez, proporción de la liquidez doméstica y la composición de la liquidez total, tasas de interés, operaciones de mercado abierto y ventanilla de redescuento, entre otros. La implementación de estos instrumentos se la hará a través del Banco Central del Ecuador;

Que el artículo 130 de la norma ibídem determina que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, podrá fijar las tasas máximas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley, de conformidad con el artículo 14 numeral 23 de este Código. Además, la Junta fijará para el sistema financiero nacional, tasas en el segmento productivo que incentiven el acceso al crédito de los sectores agrícola y ganadero. Se prohíbe el anatocismo;

Que mediante resolución No. 486-2018-F de 21 de diciembre de 2018, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) resolvió en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Capítulo X “Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional”, sustituir el texto que dice “USD 100.000,00” por “USD 300.000,00”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 681 de 25 de febrero de 2019 emitido por la Presidencia de la República, se expidió el Reglamento para otorgar facilidades de acceso

a

subsidios,

subvenciones e

incentivos

del

programa

de

vivienda

de interés social

y público

en

el marco

de la intervención emblemática “Casa Para Todos”, cuya Disposición General Sexta dispone: “La Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, dentro de sus competencias, deberá determinar el funcionamiento y los mecanismos que permitan aplicar las tasas de interés preferenciales para los productos financieros y crediticios previstos en este Decreto. Los recursos económicos que se requieran para este efecto, serán provistos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en función de la asignación presupuestaria que reciba para el efecto.”;

Que mediante resolución No. 496-2019-F del 28 de febrero de 2019, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió incorporar en la Codi ficación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros los subsegmentos de crédito “Productivo Agrícola y Ganadero” y “Microcrédito Agrícola y Ganadero”;

Que mediante resolución No. 502 -2019-F de 1 de marzo de 2019, la Junta de Política y regulación Monetaria y Financiera resolvió incorporar en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, Título II “Sistema Financiero Nacional”, como Capítulo XII “Norma para el financiamiento de vivienda de interés social e interés público con la participación del sector financiero público, privado, popular y solidario, y entidades del sector público no financiero”;

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 43

Que mediante resolución No. 507-2019-F del 3 abril de 2019, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera modificó el Capítulo XII “Norma para el financiamiento de vivienda de interés social e interés público con la participación del sector financiero público, privado, popular y solidario, y entidades del sector público no financiero”, en el Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, con la cual se incorporó los conceptos de vivienda de interés social y vivienda de interés público;

Que mediante resolución No. 539-2019-F del 14 de agosto de 2019, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, reforma el Capítulo XII “Norma para el financiamiento de vivienda de interés social e interés público con la participación del sector financiero público, privado, popular y solidario, y entidades del sector público no financiero”, en el Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, aclarando y definiendo las condiciones generales de los créditos de vivienda elegibles y las condiciones de inversión del Fideicomiso mercantil y de inversión;

Que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en el artículo 99, dispone que los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste pierde eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal;

Que mediante informe técnico No. BCE -SGPRO-131/ DNPRMF-046- 2019 de 5 de noviembre de 2019, la Subgerencia de Programación y Regulación y la Dirección Nacional de Programación y Regulación Monetaria y Financiera del Banco Central del Ecuador, recomiendan que: “Por las razones expuestas, se recomienda poner en consideración de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el Proyecto de Resolución que se adjunta al presente informe”;

Que mediante Informe Jurídico No. BCE-CGJ-044-2019 de 5 de noviembre de 2019, el Coordinador General Jurídico del Banco Central del Ecuador, concluye que: “En lo concerniente al ámbito legal, se determina que la reforma normativa de las regulaciones contenidas en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, le corresponde realizar a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en estricto apego de lo dispuesto en la normativa legal vigente; y por entenderse que, de acuerdo al Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva la reforma de actos normativos corresponde realizar a la misma autoridad que emitió el acto principal”;

Que la Gerente General del Banco Central del Ecuador con oficio No. BCE-BCE-2019-1373-OF de 8 de noviembre de 2019, dirigido al Presidente de Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, remite un proyecto de resolución referente a la “Incorporación de los subsegmentos de Vivienda de Interés Público y Vivienda de Interés Social al Sistema de Tasas de Interés y segmentos de crédito”, así como un resumen ejecutivo, criterio jurídico, presentación de la propuesta e informe técnico, para conocimiento de este Cuerpo Colegiado;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 18 de diciembre de 2019, con fecha 23 de diciembre de 2019, conoció y aprobó el texto de la presente resolución; y,

En ejercicio de sus funciones:

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Sustitúyase el numeral 7 del artículo 2, de la Sección I “Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas”, del Capítulo XI “Sistema de Tasas de Interés y Tarifas del Banco Central del Ecuador”, del Título I “Sistema Monetario”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, por el siguiente texto:

“7. Para Crédito de Vivienda de Interés Social y Público se establecen las siguientes tasas:

1. Vivienda de Interés Social: 4,99%

2. Vivienda de Interés Público: 4,99%”

ARTÍCULO 2.- Agréguese a continuación del numeral 3 de la Disposición General Segunda, de la Sección I “Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas”, del Capítulo XI “Sistema de Tasas de Interés y Tarifas del Banco Central del Ecuador”, del Título I “Sistema Monetario”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el siguiente texto :

“4. Microcrédito Agrícola y Ganadero: 20,97%”

ARTÍCULO 3.- Sustitúyase el numeral 7 del artículo 1, del Capítulo X “Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, por el siguiente texto:

“7. Crédito de Vivienda de Interés Social y Público.- Es el otorgado a personas naturales con garantía hipotecaria para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, de conformidad con las disposiciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

44 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

Para el Crédito de Vivienda de Interés Social y Público se establecen los siguientes subsegmentos:

1. Crédito de Vivienda de Interés Social.- Para el caso de la vivienda de interés social se considera un valor comercial de la vivienda de hasta 177,66 Salarios Básicos Unificados, y demás requisitos establecidos en la normativa legal vigente.

2. Crédito de Vivienda de Interés Público.- Para el caso de la vivienda de interés público se considera un valor comercial de la vivienda desde 177,67 a 228,42 Salarios Básicos Unificados, y demás requisitos establecidos en la normativa legal vigente.”

ARTÍCULO 4.- Sustitúyase el numeral 9 del artículo 1, del Capítulo X “Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, por el siguiente texto:

“9. Microcrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o igual a USD 100.000,00, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional.

Para el Microcrédito se establecen los siguientes subsegmentos de crédito:

a. Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea menor o igual a USD 1.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada.

2. Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional sea superior a USD 1.000,00 y hasta USD 10.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada.

3. Microcrédito de Acumulación Ampliada.-

Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional sea superior a USD 10.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada.

4. Microcrédito Agrícola y Ganadero.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del Sistema Financiero Nacional, sea menor o igual a USD 100,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada para financiar actividades agrícolas y ganaderas.”

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Todas las operaciones de crédito destinadas a la adquisición de vivienda cuyo avalúo sea de hasta USD 70.000,00, atadas al segmento de crédito de Vivienda de Interés Público, cuya tasa de interés activa efectiva máxima fue 4,99%, pasarán a considerarse al nuevo subsegmento de crédito de Vivienda de Interés Social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria establecerán, de forma coordinada, los catálogos de cuentas, que serán aplicados por parte de las entidades bajo su control para dar cumplimiento a la presente resolución, en un término de 30 días para su implementación.

SEGUNDA.- Dentro del término de 45 días contado a partir de la fecha de vigencia de la presente resolución, el Banco Central del Ecuador y las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria establecerán los procedimientos y mecanismos para que las entidades del sistema financiero nacional reporten la información de los segmentos de crédito y tasas de interés definidos en la presente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de diciembre de 2019.

EL PRESIDENTE,

f.) Econ. Richard Martínez Alvarado.

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de diciembre de 2019.- LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

f.) Ab. Ricardo Mateus Vásquez.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.- JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA.- Quito, 29 de enero de 2020.- Es copia del documento que reposa en los archivos de la Junta.- LO CERTIFICO: f.) Ab. Ricardo Mateus Vásquez.

No. 005-2019-DNPI-SENADI

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES-SENADI-

Considerando:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “Las instituciones del Estado,

Registro Oficial Nº 149 Miércoles 26 de febrero de 2020 – 45

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, menciona que la Autoridad Nacional Competente en Materia de Derechos Intelectuales: “ (…) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. (…) La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (…) Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable (…)”;

Que según la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación: “(…) La nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada será la sucesora en derecho del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, asumiendo el patrimonio, presupuesto, derechos y obligaciones incluyendo las laborales, conforme los regímenes aplicables a cada caso (…)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI, como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo mencionado en el acápite anterior, señala que la estructura orgánica del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura orgánica del SENADI, facultándose al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio;

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó al Magíster Santiago Cevallos Mena como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI;

Que mediante Acción de Personal No. SENADI-UATH-2018-08-058 que rige a partir el 01 de agosto de 2018, se designó como Director Nacional de Propiedad Industrial al señor Abg. José Andrés Francisco Tinajero Mullo;

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 70 del Código Orgánico Administrativo, el Director Nacional de Derecho de Propiedad Industrial, se encuentra facultado para delegar el ejercicio de sus competencias a servidores del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales par la suscripción de actos administrativos, cuando lo estime conveniente;

Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, vigente según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, faculta a los Directores Nacionales la delegación de funciones especí ficas a servidores subordinados, con la finalidad de propender a una adecuada desconcentración de funciones;

Que mediante Memorando Nro. SENADI-DG-2019-0111-M, de fecha 23 de Diciembre de 2019 la servidora Yadira Yacelga Pinto en su calidad de Delegada de Tutelas Administrativas, solicitó la elaboración de una resolución mediante la cual se delegué por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial, facultades relacionadas al ejercicio de Tutelas Administrativas a la Servidora Ana Carina Félix López;

Que es necesario ejecutar los procesos acorde con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de satisfacer las necesidades internas para así lograr una buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional;

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Resuelve:

Artículo Único.- DELEGAR a la abogada Ana Carina Félix López, servidora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las siguientes facultades:

1. Previa autorización de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, fijar, sustanciar, comparecer y dirigir las audiencias que se señalaren en procedimientos de observancia y diligencias preparatorias relativas a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; y,

46 – Miércoles 26 de febrero de 2020 Registro Oficial Nº 149

2. Previa autorización de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ejecutar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia relativos a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, así como medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, en caso de que, a criterio del Director y de conformidad con la ley, sean procedentes; para este efecto la delegada deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- La delegada a través de la presente resolución responderá directamente de los actos realizados en el ejercicio de las funciones y atribuciones delegadas y deberá observar para el efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Segunda.- Los documentos emitidos en virtud de esta delegación será de responsabilidad de la delegada, quien actúa según lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, en los cuales, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercera.- El Director Nacional de Propiedad Industrial se reserva el derecho de avocar las atribuciones delegadas, cuando lo estime pertinente.

Cuarta.- Publíquese esta Resolución en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 23 de diciembre de 2019.

f.) José Andrés Francisco Tinajero Mullo, Director Nacional de Propiedad Industrial.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- f.) Delegado de la Dirección de Gestión Institucional.- Quito, 23 de enero de 2020.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE, CON SEDE EN EL CANTON GONZALO PIZARRO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

OFICIO N° 0-2020-UJMC-GP

Gonzalo Pizarro 17 de enero de 2020

Señor

SEÑOR DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL DEL

ECUADOR

Quito

De mi consideración:

Dentro del proceso Materia: Civil, Acción: Muerte Presunta, signado con el N° 21333-2019-00205, que sigue RUBIN CAIZA BLANCA ERNESTINA, el Ab. Jorge Sacancela Cusi, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, en AUTO de fecha 14 de enero de 2020, a las 10h15, en lo principal ha dispuesto lo siguiente:

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO, DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. “…DEMANDA.-BLANCA ERNESTINA RUBIN CAIZA, cédula de ciudadanía Nro. 0200622819, nacionalidad ecuatoriano, de estado civil viuda de 62 años de edad,, de profesión ama de casa, domiciliado en el recinto San Carlos, parroquia Sevilla, cantón Cáscales provincia de Sucumbíos. De la partida de nacimiento que acompaño se desprende que soy hija del denunciado que responde a los nombres de ANGEL RODOLFO RUBIN PILCO. 2.-El 12 de febrero del 2012 mi padre el señor ANGEL RODOFOLFO RUBIN PILCO desapareció de la parroquia Sevilla, cantón Cáscales, provincia Sucumbíos quien en la actualidad tendría 89 años, como era su costumbre salir a las fiestas cada año, salió a eso de las 18h00 a las fiestas de ¡a parroquia Sevilla y desde aquella tarde no ha retornado a su domicilio. 2.-Presenté la denuncia respectiva ante la fiscalía del Nueva hoja, provincia de sucumbíos tres días después de la desaparición, el 15 de febrero del 2012 y pese que se ha hecho búsquedas incansables por parte de sus familiares y de la Policía Nacional y demás autoridades competentes, mediante la cual se han hecho los tramites respectivos para dar con el paradero de mi padre pero toda búsqueda ha sido en vano, no se lo ha encontrado por lo que se presume su muerte. Habiendo trascurrido 7 años a la fecha y no haber podido dar con el paradero de mi padre pese a las continuas búsquedas de la policía nacional y al no existir dato alguno de su localización, se presume que mi padre ha fallecido. La pretensión clara y precisa que se exige. Que Su Señoría se sirva concederme el respectivo extracto para la realización de las publicaciones de Ley; Que transcurrido el plazo respectivo y previo el cumplimiento de los trámites legales pertinentes se sirva declarar mediante sentencia la MUERTE PRESUNTA de mi recordado padre que responde a los nombres de ANGEL RODOLFO RUBIN PILCO Que se sirva disponer la inscripción de la sentencia ejecutoriada en las oficinas del Registro Civil Identificación y Cedulación. PRIMERA AUTO DE SUSTANCIACIÓN.- Revisada ésta, se observa que no cumple los requisitos señalados en los artículos 142 numeral 4, 7 y 143 numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Por lo expuesto, previo a admitir la demanda a trámite, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 del COGEP, inciso segundo. COMPLETA DEMANDA.- El demandado responde a los nombres de ANGEL RODOLFO RUBIN PILCO, con cedula de ciudadanía Nro. 0200817377. Por ser mandato legal determinado en el Art. 56 del Código General de Procesos bajo juramento declararé que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de mi padre en el día y hora que Su Señoría señale para mi

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comparecencia y poder realizar la respectiva diligencia. SEGUNDO AUTO DE SUSTANCIACIÓN.- Avoco conocimiento de la presente acusa en legal y debida forma. La demanda que antecede es clara, precisa y cumple con los requisitos legales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), por lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento ordinario. Se dispone: 1.- Que la señora BLANCA ERNESTINA RUBIN BLANCA, en el término de tres días comparezca a esta Judicatura y declare bajo juramento que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia del señor ANGEL RODOLFO RUBIN PILCO y que ha efectuado todas las diligencias necesarias para tratar de ubicar el domicilio del demandado, hecho lo cual se citara con el extracto de la demanda, y el presente auto interlocutorio al demandado ANGEL RODOLFO RUBIN PILCO a través de publicaciones que se realizará en uno de los Semanarios que se editan en la capital de la Provincia de Sucumbíos, por cuanto en el Cantón Gonzalo Pizarro no existe dicho medio de comunicación.

2.- Cítese con un extracto de la demanda y este auto al presunto desaparecido ANGEL RODOLFO RUBIN PILCO en la forma establecida en la regla segunda del Art. 67 del Código Civil por tres veces en el Registro Oficial. Indicando que LAS CITACIONES DEBERÁN HACERSE CON INTERVALOS DE POR LO MENOS UN MES ENTRE CADA DOS CITACIONES, es decir si en esta ciudad se realizan las dos primeras citaciones (publicaciones), las siguientes dos se realizarán en el Registro Oficial, después de por lo menos un mes. Por secretaria extiéndase el correspondiente extracto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos, se concede al demandado el término de treinta días, para que conteste la demanda en la forma establecida en el artículo 151 del mismo cuerpo normativo. TERCER AUTO DE SUSTANCIACIÓN.- Incorpórese el acta de reconocimiento de firma y rubrica realizada por la señora RUBIN CAIZA BLANCA ERNESTINA, con fecha 10 de julio de 2019, a las 09h15, una vez que la acciónate RUBIN CAIZA BLANCA ERNESTINA ha comparecido a esta Unidad Multicompetente del Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos y ha declarado bajo juramento que desconoce el domicilio del demandado, y realizadas que ha sido las gestiones correspondientes para ubicar el domicilio del demandado RUBIN PILCO ANGEL RODOLFO, se dispone se proceda a CITAR conforme lo que establece el Art. 56 del COGEP. Por medio de secretaria procédase a elaborar el correspondiente extracto judicial. AUTO de fecha 14 de enero de 2020, a las 10h15Incorpórese el escrito y anexos presentados por la señora BLANCA ERNESTINA RUBIN CAIZA, con fecha 07 de enero de 2019, a las 13h05, atendiendo el mismo, cúmplase con la citación al demandado RUBIN PILCO ANGEL RODOLFO, conforme se ha ordenado en auto de fecha 09 de julio de 2019, a las 11h52, para lo cual ofíciese al Registro Oficial con el contenido de la demanda y calificación para su respectiva publicación…”

Particular que se comunica para los fines de ley.

f.) Ab. Luis Enrique Soto Soto, SECRETARIO DE LA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.

(1ra. publicación)

R. del E.

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

-EXTRACTO-

SE PONE EN CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL QUE EN ESTA UNIDAD DE ADICTADO EL AUTO DE REHABILITACION DEL FALLIDO SEÑOR JOHN ARMANDO ALARCON POZO

JUICIO: 17325-2014-0770

MATERIA: CIVIL NO-COGEP

ACTOR: MOYA MONTERO IRENE ISABEL

DEMANDADOS: ALARCON POZO JOHN

ARMANDO

TRAMITE: ESPECIAL

ACCION: INSOLVENCIA

CUANTIA: INDETERMINADA

PROVIDENCIA.-

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 22 de abril del 2019, las 09h50 VISTOS: Quito, lunes 22 de abril del 2019, las 09h50, VISTOS.- Avoco conocimiento de esta causa en calidad de Juez Civil de primer nivel, según acción de personal No. 4261-DNTH-2018-MC, de 7 de septiembre de 2018, en funciones desde el 10 de septiembre de 2018.- En lo principal, comparece la señora IRENE ISABEL MOYA MONTERO, demandando que se declare la presunción de insolvencia del señor JOHN ARMANDO ALARCON POZO, y consecuentemente, haber lugar al concurso de acreedores.- Por sorteo ha correspondido el conocimiento de la presente causa a esta Judicatura, admitiéndose a trámite la pretensión.-Comparece la actora, en escrito de 30 de julio de 2018, desistiendo de la causa.- Reconocidas que han sido como suyas las firmas y rúbricas de su petición, el 25 de octubre de 2018, a las 10h00 (fs. 87).

PRIMERO.- El desistimiento proviene de persona legalmente capaz, no es condicional y consta de autos el acta de reconocimiento de las firma y rúbrica, como lo ordena el Art. 374 del Código de Procedimiento Civil; sin que el presente desistimiento se encuentre dentro de las prohibiciones determinadas en el Art. 375 del mismo cuerpo legal.- En consecuencia, se ACEPTA tal desistimiento con fundamento en lo que establece el Art. 373 del Código de Procedimiento Civil, que manifiesta “La persona que ha interpuesto un recurso o promovido una instancia, se separa de sostenerlo, o expresamente por el desistimiento, o tácitamente por el abandono”.

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SEGUNDO.- El Art. 521 del Código Adjetivo Civil, dice: “No obstante la declaración de haber lugar al concurso o a la quiebra, el deudor, en el término de tres días, podrá oponerse pagando la deuda o deudas, o dimitiendo bienes suficientes y no comprendidos en los números 2 y 3 del Art. 519”.- Si bien es cierto, este artículo, determina el término de 3 días, como tiempo oportuno para cancelar la deuda o dimitir bienes, sin embargo, en la especie, la actora ha desistido de la prosecución de esta causa. TERCERO.-El Art. 595 del Código de Procedimiento Civil dice: “El fallido que haya satisfecho sus deudas íntegramente, o por lo menos en la proporción a que queden reducidas por el convenio, con los intereses y gastos que sean de su cargo, tiene derecho a ser rehabilitado (…)”, por su parte el Art. 596 dice “Por la rehabilitación cesan todas las interdicciones legales a que por la quiebra estaba sometido el fallido”.- Consta de autos que la única acreedora es la señora IRENE ISABEL MOYA MONTERO, sin que haya ingresado al concurso ningún otro acreedor.

CUARTO.- En nuestra Carta Magna encontramos lo siguiente: En el artículo 1 se reconoce al Ecuador como un Estado Constitucional de derechos y justicia.- El artículo 11 señala que el ejercicio de los derechos se regirá por el principio de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; que nadie puede ser discriminado por condición socio-económica; que las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia; y, que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas.-Por otro lado el artículo 66 reconoce y garantiza a las personas los siguientes derechos: Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; derecho a desarrollar actividades económicas, en forma Individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental; derecho a la libertad de contratación; derecho a la libertad de trabajo; derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental.

QUINTO.- Por estas consideraciones, este Juez, resuelve REHABILITAR al presunto fallido señor JOHN ARMANDO ALARCON POZO, ordenándose las siguientes diligencias: Hágase conocer al público del particular por la Prensa y en el Registro Oficial, por una sola publicación.- Ordenase que se cancelen todas las medidas cautelares reales o personales que fueron decretadas en auto inicial, en consecuencia: Ofíciese a la Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Unidades de Control Migratorio, para que se deje sin efecto la orden de que el demandado señor JOHN ARMANDO ALARCÓN POZO, C.C. No. 170859443-5, se ausente del territorio nacional.- Ofíciese al Colegio de Notarios de Quito, Contraloría General del Estado, Director Nacional de Migración y Extranjería, Superintendente de Bancos, a fin de que haga conocer de éste particular a las Instituciones del Sistema Financiero, Registro de la Propiedad y Mercantil de este Cantón, Superintendente de Compañías, Cámara de Comercio de Quito, Cámaras

de la Industria y de la Producción y Agencia Nacional de Tránsito; haciéndoles saber esta rehabilitación. Una vez cumplido, se ordena el archivo del proceso.- Agréguese a los autos los escritos que anteceden. Actúe en la presente causa la Dra. Maritza Tamayo Gallegos, en calidad de Secretaria de esta Unidad Judicial Civil.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.

Lo que llevo a su conocimiento para los fines de ley, previniéndole de la obligación de señalar casillero judicial para sus notificaciones.- Certifico.

f.) Abg. Mauricio Alexander Santos Guanoluisa, Secretario.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PUBLICACION REGISTRO OFICIAL

Para los fines legales consiguientes se hace conocer al público, que en la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, en el Despacho a cargo del Dr. Esteban Flores Vintimilla, se ha tramitado el juicio No. 01333-2015-09738 Sumario-Insolvencia, propuesto por BANCO DE MACHALA en contra de GUSTAVO EFREN ALBORNOZ ESPINOZA, portador de la C:C: No. 01011718393, en el que se ha dictado el siguiente auto resolutivo, que dice:

Cuenca, sábado 11 de enero del 2020, las 11h29, 9738-15

Vistos: En conocimiento de las partes la razón que ha sido sentada por la actuaria del despacho. En lo principal y al no existir oposición a la solicitud de rehabilitación presentada por el demandado, habiendo cancelado lo adeudado a la parte accionante y por no existir más procesos acumulados a este juicio, de conformidad con lo prescrito en los arts. 597 y 598 del CPC, se declara la REHABILITACIÓN DE GUSTAVO EFRÉN ALBORNOZ ESPINOZA, disponiendo que este auto se publique en el Registro Oficial entréguese la documentación pertinente para este efecto. Una vez ejecutoriada esta providencia remítanse las copias certificadas pertinentes al Registro de la Propiedad de Cuenca, a fin de que se cancele la inscripción de la interdicción la que no consta inscrita. Se oficiará además a las O ficinas de Migración a fin de que se cancele la medida de prohibición de salida del país del accionado y todas las otras Instituciones a las que se haya hecho conocer sobre la existencia de este proceso. Hecho, archívese la causa. Notifíquese.- f) Dr. Esteban Flores Vintimilla, Juez.

Cuenca, 20 de enero de 2020

Atentamente,

f.) Ab. Esperanza Campoverde Andrade, Secretaria de la Unidad Judicial Civil de Cuenca.