Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Viernes 24 de julio de 2020 (R.O. 821, 24– julio -2020) EDICIÓN ESPECIAL
Págs.
JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA:
RESOLUCIONES:
587-2020-F Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros
588-2020-F Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros
589-2020-F Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros
590-2020-F Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros
591-2020-F Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros
Resolución No. 587-2020-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Ejecutivo 1074 de 15 de junio de 2020, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento 225 el 16 de junio de 2020 el Presidente de la República declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado Ecuatoriano, que regirá durante 60 días contados a partir de la fecha de suscripción de dicho decreto;
Que los incisos uno, dos, tres, cuatro y cinco del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid 19, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 229 de 22 de junio de 2020, previene: «Artículo 12.- Reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero.- La Junta de Poli tica y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente Ley, deberá emitir una resolución para que, durante el periodo de vigencia del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el estado de excepción, todas las entidades del sistema financiera nacional, incluidas las entidades emisoras y autorizadas para emisión de tarjetas de crédito y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como giro del negocio operaciones de crédito, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobra de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia.
El acuerdo sobre la reprogramación al que lleguen las instituciones con sus clientes podrá incluir diferimientos y reprogramaciones ríe cuotas impagas.
Asimismo, durante el periodo del diferimiento, todas las entidades referidas anteriormente quedan prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos.
La reprogramación que trata este artículo se aplicará por iniciativa de las propias entidades o en acuerdo con sus dientes y beneficiará a las personas naturales o jurídicas que lo hubieren solicitado y cuya solicitud hubiera sido aceptaría por las entidades.
La resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá el tratamiento correspondiente a las provisiones, mora y otros aspectos técnicos para la aplicación de este artículo; (…)»:
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 02 de julio de 2020, en esta fecha, conoció y aprobó el proyecto de resolución indicada en el considerando precedente; y;
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
INCORPORAR EL CAPITULO SEGÚN LA NUMERACIÓN QUE CORRESPONDA «NORMA PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 PARA LA REPROGRAMACIÓN DE CUOTAS POR OBLIGACIONES CREDITICIAS CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA», EN EL TÍTULO II «SISTEMA FINANCIERO NACIONAL», DEL LIBRO I «SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO» DE LA CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS EXPEDIDA POR LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA.
Artículo 1.- Objeto.- Determinar la reprogramación del pago de cualquier tipo de obligación crediticia de los socios o deudores a las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.
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Artículo 2.- Ámbito.- La presente resaludan aplica a las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, en adelante «entidad» o «entidades’, bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Artículo 3.- Reprogramación.- Por reprogramación se entenderá a la renegociación de las cuotas de las obligaciones crediticias encaminada a atender la situación actual del sujeto de crédito sin que ello implique la existencia de una nueva operación.
Artículo 4.- Acuerdo.- Las entidades deberán establecer procesos específicos para la gestión de acuerdos con sus deudores para reprogramar si cobro de cuotas generadas por cualquier tipo de obligación crediticia,
El acuerdo sobre la reprogramación al que lleguen las entidades con sus socios podrá incluir al diferimiento, a las reestructuraciones, a los refinanciamientos de cuotas impagas, así como el otorgamiento de periodos de gracia.
Artículo 5.- La reprogramación se aplicará por iniciativa de las propias entidades o por pedido de los socios o deudores cuya solicitud hubiera sido aceptada por la entidad.
Tanto la solicitud como la aceptación de la reprogramación de obligaciones crediticias podrán realizarse por medros electrónicos conforme la Ley de Comercio Electrónico. Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la aceptación del deudor implica, necesariamente y en todos los casos, que acepta tanto la reprogramación de la obligación crediticia como la tabla correspondiente.
Para todos los fines las grabaciones de audio, video o los registros electrónicos que mantenga cada entidad serán prueba suficiente de la aceptación por parte del deudor. Dichos registros formarán parte de los documentos de respaldo correspondientes.
Artículo 6.- El cumplimiento de las cuotas y obligaciones financieras cuyo pago sea reprogramado se efectuará en función del análisis que realice cada entidad sobre la situación del deudor, producto de lo cual se generará una nueva tabla de amortización que se ampliará en, el mismo número de cuotas que las reprogramadas, o en los términos que acuerden las partes, estando prohibida toda figura que Implique cobro de interés sobre interés o generación de intereses de mora sobre el capital de los valores reprogramados.
Artículo 7.- La fecha de modificación de la operación será aquella en la cual se formalizó el acuerdo respecto de las nuevas condiciones de crédito; se mantendrá la calificación que tuvo el crédito al 30 de junio de 2020.
La modificación de los créditos estará sujeta a los requerimientos, requisitos o documentación adicionales que la entidad exija.
Artículo 8.- Las cuotas y obligaciones financieras reprogramadas, no causarán intereses moratorios, gastos, contribuciones, recargos ni multas durante el período o plazo acordado con el deudor y no se reportarán como vencidas al registro de datos crediticios por parte de las entidades durante el período de vigencia del estado de excepción por calamidad pública, determinada en el Decreto Ejecutivo correspondiente, y basta 60 días después de finalizado dicho estado.
DISPOSICIONES GENERALES:
PRIMERA.- La presente resolución so aplicará durante el periodo de vigencia del estado de excepción por calamidad pública, determinada en el Decreto Ejecutivo correspondiente, y hasta 60 días después de finalizado dicho estado.
SEGUNDA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria comunicará de las disposiciones de esta resolución a las entidades que controla, mismas que las trasladarán a sus socios.
TERCERA.- Las operaciones que no hubiesen sido pagadas mantendrán su calificación y requerimiento de provisiones durante el plazo de vigencia de la presente resolución.
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CUARTA.- Hasta el 31 de diciembre de 2020 las operaciones reprogramadas pasarán de cartera por vencer a vencida a partir de la calificación B2.
QUINTA.- Para la aplicación de la presente norma, se entenderá por cuota aquellos pagos periódicos que se determinen en una tabla de amortización, así como el único pago al vencimiento de aquellas operaciones que así lo establezcan.
SEXTA.- Las entidades darán a conocer las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente resolución y pondrán a disposición de sus socios y deudores mecanismos de atención para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las solicitudes relacionadas con lo previsto en la presente resolución.
SÉPTIMA.- Las entidades deberán establecer políticas y procedimientos concretos para la gestión y seguimiento de estas operaciones, mismas que serán identificadas y monitoreadas de manera especifica.
OCTAVA.- Los créditos en los que se aplique la reprogramación de obligaciones podrán reestructurarse y refinanciarse por una vez adicional, durante la vigencia de la presente resolución.
Los créditos en los que se aplique la reprogramación de obligación no forman parte del límite que debe establecer el Consejo de Administración para operaciones reestructuradas y refinanciadas.
NOVENA.- El exceso de provisiones no podrán ser reversadas sin contar con la autorización expresa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
DÉCIMA.- Los casos de duda serán atendidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se derogan la resolución No 568-2020-F de 22 de marzo de 2020 y los artículos 4, 5, 6 y 7 de la resolución No, 574-2020-F de 18 de mayo de 2020.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 02 de julio de 2020.
Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 02 de julio de 2020.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
Registro Oficial – Edición Especial N° 821 Viernes 24 de julio de 2020 – 5
Resolución No. 588-2020-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema financiero nacional tendrá la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento en el marco de la legislación vigente;
Que el artículo 309 ibídem dispone que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público y prescribe que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control especificas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez;
Que mediante Decretos Ejecutivos No: 1017 de 16 de marzo de 2020; No. 1052 de 15 de mayo de 2020: y, 1074 de 15 de junio de 2020, el Presidente de la República declaró y amplió el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19, situación que se encuentra vigente a la presenta fecha y hasta 60 días posteriores al 15 de junio de 2020;
Que la Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, ley que fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 229 de lunes 22 de junio de 2020;
Que el artículo 12 ibídem dispone que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la nombrada Ley, deberá emitir una resolución para que, durante el período de vigencia del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el mismo, todas las entidades del sistema financiero nacional, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia;
Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores; y, determina su conformación;
Que los numerales 1), 2}, 23), 31) y 55) del artículo 14 del referido cuerpo legal establecen las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en relación con los niveles, directrices y políticas de crédito aplicables al sistema financiero nacional;
Que el numeral 11), letra d), del artículo ibídem, señala como una de las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establecer, en el marco de sus competencias, cualquier medida que coadyuve a»(…) d) Salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia»;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a efectos de minimizar los efectos económicos de la pandemia COVID-19 expidió la resolución No. 569-2020-F de 22 de marzo de 2020, con la cual reformó el Capitulo XIX «Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las entidades de los sectores financiero público y privado bajo el control de la Superintendencia de Bancos», Titulo II «Sistema Financiero Nacional», Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, misma que fue reformada mediante resolución No. 582-2020-F de 08 de junio de 2020;
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Que la resolución No. 569-2020-F, reformada con la resolución No. 582-2020-F ya establece que las entidades financieras de los sectores financieros público y privado, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para acogerse al proceso de ‘Diferimiento Extraordinario de Obligaciones Crediticias»;
Que para adecuar lo dispuesto en las resoluciones mencionadas conforme los requerimientos legales del artículo 12 de la LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID19, es necesario modificar el plazo para que los clientes de las entidades financieras de los sectores financieros público y privado puedan acogerse al «Diferimiento Extraordinario de obligaciones crediticias»;
Que en el Titulo II «Sistema Financiero Nacional*, del Libro I «Sistema Monetario y Financiero» de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, consta el Capitulo XIX «Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las entidades de los sectores financiero público y privado bajo el control de la Superintendencia de Bancos»;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 02 de julio de 2020, en esta fecha, conoció el oficio No. SB-DS-2020-0283-O de 02 de julio de 2020, remitido por la Superintendente de Bancos al Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y,
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
En el Capítulo XIX «Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las entidades de los sectores financiero público y privado bajo el control de la Superintendencia de Bancos», Titulo II «Sistema Financiero Nacional», del Libro I «Sistema Monetario y Financiero» de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros realizar las siguientes reformas:
ARTÍCULO 1.- En la Disposición Transitoria Décima Segunda, de la resolución No. 569-2020-F, agregar el término «reprogramen,» después de la frase: «(…) al proceso mediante el cual las entidades del sector financiero público y privado (…)», de la siguiente manera:
DÉCIMA SEGUNDA.- Se entenderá por «Diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias» al proceso mediante el cual las entidades del sector financiero público y privado reprogramen, refinancien, reestructuren o noven operaciones de crédito al amparo de la presente resolución.
ARTÍCULO 2.- Sustituir la Disposición Transitoria Décima Quinta, de la resolución No. 569-2020-
F, por la siguiente:
«DÉCIMA QUINTA.- Las entidades del sector financiero público podrán refinanciar sus operaciones en las mismas condiciones que se señalan en las disposiciones transitorias precedentes»
ARTÍCULO 3.- Sustituir la Disposición General Primera de la resolución No. 569-2020-F, con el siguiente texto:
PRIMERA.- La presente resolución se mantendrá en vigencia durante el período del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el mismo.
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ARTÍCULO 4.- Sustituir el literal a) del artículo uno de la resolución No. 582-2020 F, por el siguiente:
«a) Durante el periodo del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el mismo, los clientes de bancos privados y públicos podrán acogerse, a su solicitud o por iniciativa directa de las entidades financieras, previa notificación y aceptación del cliente, al «Diferimiento Extraordinario de obligaciones crediticias»
DISPOSICIONES GENERALES:
PRIMERA.- Con referencia al tratamiento correspondiente a las provisiones y mora se estará a lo dispuesto en la resolución No. 569-2020-F de 22 de marzo de 2020, y su reforma contenida en la resolución No. 582-2020-F de 8 de junto de 2020.
SEGUNDA.- La Superintendencia de Bancos comunicará a las entidades controladas sobre los términos de esta resolución, quienes a su vez lo comunicarán a sus clientes y deudores.
TERCERA.- Los casos de duda serán atendidos por la Superintendencia de Bancos.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 02 de julio de 2020.
Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 02 de julio de 2020.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
8 – Viernes 24 de julio de 2020 Edición Especial N° 821 – Registro Oficial
Resolución No. 589-2020-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;
Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores; y. determina su conformación;
Que el numeral 11), letra d), del artículo ibídem, señalan como una de las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la de «Establecer, en el marco de sus competencias, cualquier medida que coadyuve a: (…) d) Salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia (…)»;
Que la Disposición General Segunda de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 135 del 26 de julio del 2007, determina que las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades comerciales que realicen sus ventas a crédito, sólo podrán cobrar la tasa de interés efectiva del segmento de consumo, más los impuestos de ley, y de ninguna manera comisiones u otros conceptos adicionales;
Que la Disposición General Tercera de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 135 del 26 de julio del 2007, establece que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros controlarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento de las disposiciones de dicha ley;
Que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, determina la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, y dispone que «La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente Ley, deberá emitir una resolución para que, durante el periodo de vigencia del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el estado de excepción, todas las entidades del sistema financiero nacional, incluidas las entidades emisoras y autorizadas para emisión de tarjetas de crédito y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como giro del negocio operaciones de crédito, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia. El acuerdo sobre la reprogramación al que lleguen las instituciones con sus clientes podrá incluir diferimientos y reprogramaciones de cuotas impagas. Asimismo, durante el período del diferimiento, todas las entidades referidas anteriormente quedan prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos. La reprogramación que trata este artículo se aplicará por iniciativa de las propias entidades o en acuerdo con sus clientes y beneficiará a las personas naturales o jurídicas que lo hubieren solicitado y cuya solicitud hubiera sido aceptada por las entidades. (…)»;
Que en razón de que la Ministra de Salud a través de Acuerdo Ministerial No. 126-2020 de 11 de marzo del 2020, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en todo el país con el fin de impedir la propagación del COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo de la población, disponiendo además que a partir del día martes 17 de marzo de 2020 queda restringida la circulación de personas en el territorio nacional;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas en Ecuador, como efecto del cual se dispuso toque de queda, se restringió el tránsito, el derecho de asociación y reunión y la movilidad en el territorio nacional, a la vez que suspendió la jornada laboral presencial para todos los trabajadores y empleados de los sectores público y privado;
Registro Oficial – Edición Especial N° 821 Viernes 24 de julio de 2020 – 9
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo de 2020, el Presidente de la República renovó el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y número de fallecidos a causa del COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos de la salud y convivencia pacifica del Estado, a fin de poder desplegar las medidas de aislamiento social, garantizando los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador;
Que el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 1074 de 15 de junio de 2020 declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviniente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano, a fin de poder, por un lado, continuar con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo; y por otro lado, establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar la recesión económica así como la crisis fiscal, y generar las bases para iniciar un proceso de recuperación económica;
Que para salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia se requiere de medidas especiales para que los deudores de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que realizan ventas a crédito puedan cumplir con sus obligaciones crediticias;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 06 de julio de 2020, con fecha 07 de julio de 2020, conoció el oficio No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00025395-O de 03 de julio de 2020 remitido por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros al Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera: y,
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
INCORPORAR LA SECCIÓN I «NORMA PARA PROCESOS DE ACUERDOS DE REPROGRAMACIÓN DE CUOTAS GENERADAS POR CUALQUIER TIPO DE OBLIGACIÓN CREDITICIA CON COMPAÑÍAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS, QUE DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DEL NEGOCIO REALIZAN VENTAS A CRÉDITO», EN ÉL CAPITULO ‘NORMA PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 PARA LA REPROGRAMACIÓN DE CUOTAS POR OBLIGACIONES CREDITICIAS CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA», EN EL TÍTULO II «SISTEMA FINANCIERO NACIONAL», DEL LIBRO I «SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO» DE LA CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS EXPEDIDA POR LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías, a solicitud de los clientes o por Iniciativa propia previa notificación y aprobación del cliente, podrán llegar a acuerdos para reprogramar las cuotas originalmente pactadas de las ventas a crédito. Estos acuerdos no generarán costos adicionales ni comisiones.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las compañías establecerán políticas y procedimientos específicos para la gestión y seguimiento de los acuerdos de reprogramaciones referidos en el artículo anterior; los que podrán efectuarse por medios físicos o electrónicos.
Los acuerdos sobre la reprogramación al que lleguen las compañías con sus clientes podrán incluir el diferimiento, reestructuraciones o refinanciamientos de cuotas impagas, así como el otorgamiento de periodos de gracia.
10 – Viernes 24 de julio de 2020 Edición Especial N° 821 – Registro Oficial
ARTÍCULO TERCERO.- Las cuotas de capital e intereses por concepto de los acuerdos de reprogramación de cuotas provenientes de ventas a crédito no causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el periodo o plazo acordado con el deudor y no implicarán la existencia de una nueva obligación crediticia.
Bajo ningún concepto la tasa de interés efectiva producto del acuerdo de reprogramación excederá lo dispuesto en la Disposición General Segunda de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito.
ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones crediticias originadas en las ventas a crédito a los clientes que se acojan al acuerdo de reprogramación de sus cuotas no serán reportadas al Registro de Datos Crediticios como vencidas.
ARTÍCULO QUINTO.- Esta reprogramación no será considerada como un «deterioro’ para los efectos de aplicación de las NIIF.
DISPOSICIONES GENERALES:
PRIMERA.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros comunicará a las compañías controladas sobre los términos de esta resolución, quienes a su vez informarán a sus clientes a través de medios físicos o electrónicos.
SEGUNDA.- La presente Resolución tendrá vigencia durante el estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el estado de excepción.
TERCERA.- Los casos de duda serán resueltos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial
COMUNÍQUESE- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 07 de julio de 2020.
Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 07 de julio de 2020.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
Registro Oficial – Edición Especial N° 821 Viernes 24 de julio de 2020 – 11
Resolución No. 590-2020-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema financiero nacional tendrá la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento en el marco de la legislación vigente;
Que el artículo 309 ibídem dispone que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público y prescribe que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control especificas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez;
Que la Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 229 de lunes 22 de junio de 2020;
Que artículo 11 de la referida Ley, previene: «Artículo 11.- Tasas de interés para la reactivación.-La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente Ley, a efectos de viabilizar el proceso que permita la revisión de las tasas de interés para todos los segmentos de crédito, durante los años 2020 y 2021, emitirá una resolución técnica sobre liquidez, solvencia y estrés del sistema financiero, para normar lo dispuesto en este artículo.»;
Que el artículo 189 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad libres de gravamen o restricción, que puedan ser transformados en efectivo en determinado periodo de tiempo sin pérdida significativa de su valor, en relación con sus obligaciones y contingentes, ponderados conforme lo determine la Junta;
Que el artículo 190 del Código ibídem, indica que las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener la suficiencia patrimonial para respaldar las operaciones actuales y futuras de la entidad, para cubrir las pérdidas no protegidas por las provisiones de los activos de riesgo y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico;
Que en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Libro I «Sistema Monetario y Financiero», Titulo II «Sistema Financiero Nacional», consta el Capitulo XXXVII «Sector Financiero Popular y Solidario», de la Sección VI «Norma de Solvencia, Patrimonio Técnico y Activos Contingentes Ponderados por Riesgo para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Centrales y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito; y, la Sección XXlIl «Norma para la Administración de Riesgo de Liquidez para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Centrales y Asociaciones Mutualistas de Ahorro Crédito para la Vivienda»;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 06 de julio de 2020, con fecha 07 de julio de 2020, conoció el oficio No. SEPS-SGD-2020-16739-OF de 02 de julio de 2020, remitido por la Superintendente de Economía Popular y Solidaria al Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y,
En ejercicio de sus funciones,
12 – Viernes 24 de julio de 2020 Edición Especial N° 821 – Registro Oficial
RESUELVE:
INCORPORAR SEGÚN COMO CORRESPONDA LA «NORMA PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, EN EL TÍTULO II «SISTEMA FINANCIERO NACIONAL», DEL LIBRO I «SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO» DE LA CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS EXPEDIDA POR LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA.
Artículo Único: Las resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera sobre liquidez y solvencia se mantendrán vigentes, las mismas que se modificaran en función de la evolución del sector y de la información que se recopile por la aplicación de la normativa emitida sobre la reprogramación de obligaciones amparadas en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 y del análisis técnico sobre la segmentación de créditos y sus tasas de interés.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE – Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 07 de julio de 2020.
Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 07 de julio de 2020.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
Registro Oficial – Edición Especial N° 821 Viernes 24 de julio de 2020 – 13
Resolución No. 591-2020-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema financiero nacional tendrá la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento en el marco de la legislación vigente;
Que el artículo 309 ibídem dispone que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público y prescribe que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez;
Que la Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, ley que fue publicada en el Registro Oficial No. 229-Suplemento, del lunes 22 de junio del 2020;
Que el artículo 11 de la LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, dispone que la Junta de Política Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente Ley, a efectos de viabilizar el proceso que permita la revisión de las tasas de interés para todos los segmentos de crédito, durante los años 2020 y 2021 .emitirá una resolución técnica sobre liquidez, solvencia y estrés del sistema financiero, para normar lo dispuesto en este artículo;
Que el artículo 189 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad libres de gravamen o restricción, que puedan ser transformados en efectivo en determinado periodo de tiempo sin pérdida significativa de su valor, en relación con sus obligaciones y contingentes, ponderados conforme lo determine la Junta;
Que el artículo 190 del Código ibídem, indica que las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener la suficiencia patrimonial para respaldar las operaciones actuales y futuras de la entidad, para cubrir las pérdidas no protegidas por las provisiones de los activos de riesgo y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico;
Que en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Libro I «Sistema Monetario y Financiero», Título II «Sistema Financiero Nacional», consta el Capitulo IX, «Relación entre el patrimonio técnico total y los activos y contingentes ponderados por riesgo para las instituciones del sistema financiero público y privado»;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 06 de julio de 2020, con fecha 07 de julio de 2020, conoció el oficio No. SB-IG-2020-0104-O de 06 de julio de 2020, remitido por el Intendente General de la Superintendencia de Bancos al Delegado del Presidente de la República ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y,
En ejercicio de sus funciones,
14 – Viernes 24 de julio de 2020 Edición Especial N° 821 – Registro Oficial
RESUELVE:
INCORPORAR SEGÚN COMO CORRESPONDA LA «NORMA PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, EN EL TÍTULO II «SISTEMA FINANCIERO NACIONAL», DEL LIBRO I «SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO» DE LA CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS EXPEDIDA POR LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA.
ARTÍCULO ÚNICO.- Ratificar la vigencia de las resoluciones sobre liquidez y solvencia emitidas, hasta la presente fecha, por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, aplicables a las instituciones del sistema financiero público y privado; mismas, que de ser el caso, serán revisadas en relación a la evolución del sistema y a la información que se genere sobre la aplicación de las normas sobre «Diferimiento Extraordinario de Obligaciones Crediticias» que han sido dictadas con fundamento en el artículo 12 de la LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 229 de lunes 22 de junio de 2020.
DISPOSICIÓN FINAL- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 07 de julio de 2020.
EL PRESIDENTE,
Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 07 de julio de 2020.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO