Principio de favorabilidad frente a la figura delictiva del Encubrimiento

Martes, 17 de marzo de 2015

Principio de favorabilidad frente a la figura delictiva del Encubrimiento

 

 

Autor: Ab. Kleber Franco Aguilar, MSC*        

 

 

Principio de Favorabilidad en el Estado Constitucional de Derecho

 

Uno de los principios rectores del derecho penal ecuatoriano es el de favorabilidad, establecido en el artículo 5, numeral 2, del actual Código Orgánico Integral Penal -COIP-, de rango constitucional, pues la Carta Magna dispone que debe ser aplicado de manera directa e inmediata por el juzgador, aun sin previa petición de parte. La principal finalidad es que, en el modelo de Estado constitucional de derechos, primen los principios más favorables a los justiciables; situación que no admite desconocimiento de norma constitucional para su no aplicación, porque, recordemos, su falta de aplicación acarrea vulneración de derechos al poner en riesgo los  bienes jurídicos que protege la Carta Fundamental, que están íntimamente relacionados e inherentes al ser humano y sin cuya existencia no existiría ley para su aplicación.

 

Intertemporalidad de las Leyes

 

Tanto la garantía constitucional como su desarrollo legal determinan que el fenómeno de la ?intertemporalidad de leyes penales? (vigencia de dos en el tiempo) sea regulado por reglas determinadas, de manera que rige la ley penal más favorable, no importa si vigente antes de la comisión del hecho punible o después de cometido, pues siempre es la norma aplicable. Este es un principio que aprehende al delito cometido y alcanza incluso a la pena impuesta, así lo expresa el artículo 72, numeral 2, del COIP, pues su efecto es, precisamente, la extinción de ambos.

 

Se trata de la constitucionalización y legalización en el ordenamiento jurídico nacional de una norma que obedece a una razón elemental: si una conducta deja de pertenecer al catálogo de delitos es porque la sociedad ya no la considera atentatoria contra un bien jurídico penalmente protegido y, por esta misma razón, la función de prevención general y especial que cumple el derecho penal, en estos casos, se enerva al carecer de contenido. Por ejemplo, refiriéndonos exclusivamente a la responsabilidad penal por encubrimiento, que antes estaba prevista en el artículo 44 del Código Penal, actualmente está suprimida en el vigente COIP, de manera que todo proceso penal que se iniciara por esta causa carecería de objeto, pues hay una pena extinguida y todo aquel que hubiera sido condenado con esta figura tendría, igualmente, una pena extinguida; y, por ende, ningún ciudadano puede permanecer recluido en esta situación porque la norma constitucional, en su artículo 76, numeral 3, dice que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal.

 

Principio de Favorabilidad Pro- Reo

 

El deber de la administración de justicia frente a este principio consiste en aplicar la favorabilidad en beneficio del reo, aun cuando se haya iniciado un proceso penal en su contra o haya sido sentenciado, porque su aplicación debe producirse de manera directa e inmediata, sin que exista petición de parte, y, además, una de las facultades del juzgador consiste en aplicar normas distintas que no fueron invocadas por las partes, en el marco del principio iura novit curia.

 

El deber del Estado ecuatoriano es velar por el fiel cumplimiento de los derechos y principios que más favorezcan al ciudadano. Y es precisamente en esta línea que la administración de justicia continúa avanzando en el desarrollo histórico que hasta la presente es evidente y busca alcanzar el concepto de Ulpiano: iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cui que tribuendi ?la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho?.

 

* Ab. Kleber Franco Aguilar, MSC*                                              

Juez Provincial de la Sala Única

Corte Provincial de Justicia de

Santa Elena

 

Artículo publicado en el Boletín Institucional de la Corte Nacional de Justicia

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