Orígenes de la Legislación sobre Empresas y Sociedades en el Ecuador

Viernes, 18 de septiembre de 2015

Orígenes de la Legislación sobre Empresas y Sociedades en el Ecuador

 

Autor: Dr. Roberto Salgado Valdez

 

1.    El Derecho Indiano 

?Ante las nuevas situaciones que se presentaron  -a partir del descubrimiento de América- comenzó a consolidarse un nuevo Derecho, llamado indiano, que  acumuló una infinidad de normas, desde las mencionadas Capitulaciones, llegando a sumar alrededor de un millón de disposiciones jurídicas, reunidas parcialmente dentro de la Recopilación de Leyes de Indias, publicada en 1680, que pronto quedó en parte válida por las nuevas normas emitidas desde aquella fecha hasta el proceso mismo de la independencia política de comienzos del Siglo XIX.  Hubo nuevas recopilaciones ?? (Historia de la Administración de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Javier Gómezjurado Zevallos. Coordinador. Juan Cordero Iñiguez y Vladimir Serrano Pérez, PPL Impresores, Quito, Ecuador, enero del 2013, página 16).

 

2.    Orígenes de la legislación sobre Empresas y Compañías

?Ya el derecho español, vigente en nuestras repúblicas latinoamericanas hasta finalizar la primera mitad del Siglo décimo nono, oscila entre una y otra acepción   -refiriéndose a ?Sociedad? o ?Compañía?-: Originariamente para él, fue Compañía el ?apuntamiento de dos omes o de más?  que  ?fazen los mercaderes a los otros omes entre sí, para poder ganar algo, más ligero, apuntando su haber en uno?  (Siete Partidas, VP., Tít. X, L. 1); mas, luego, en cambio, para las ordenanzas de Bilbao (1737), ?es un contrato o convenio que se hace o puede hacerse entre dos o más personas? con la finalidad de ?hacer y proseguir juntamente varios negocios, por cuenta y riesgo común? (Capítulo X, No. 1)  (Dr. César Dávila Torres, Derecho Societario, Volumen 1, 1999, página 5).  Al respecto al doctor Fernando Ron Bautista nos dice: 

?Las de Bilbao fueron redactadas en 1459 y tuvieron definitiva vigencia y actualidad en 1737, y se las conoció como ?Nuevas Ordenanzas de Bilbao?.   Su importancia radica en que además de ser las primeras de origen español que trataron de derecho marítimo como de terrestre y llenaron vacíos legales comerciales, tuvieron vigencia en las colonias americanas que a la sazón estaban subyugadas por España?.  (Historia Mundial y Significado de las Compañías Mercantiles, Quito, 1992, página 38).

 

En 1804 se expide el Código Civil de Napoleón I (por encargo a Cámbaceres, quien fue segundo Cónsul en el período del Consulado).  En septiembre del año 1807 se expide el Código Francés de Comercio con vigencia desde el siguiente año, en el que la Sociedad Anónima se plasma en forma ya ordenada.  ?? que se promulgó cuando Napoleón fue Emperador, en 1807 y entró en vigencia el 1 de enero de 1808? (Doctor Fernando Ron Bautista, obra citada, página 42).  Concluye con este Código el ?Antiguo Régimen? (Ancient Regimen), separándose definitivamente la autorización soberana y monárquica (Octric), como fruto de la Revolución Francesa, por la simple autorización gubernamental para la incorporación de las Sociedades que se reconocen que son, a saber:  La  En Nombre Colectivo, la En Comandita y  la Anónima.

 

?El Código de Comercio español de 1829, obra de Don Pedro Saínz de Andino, fue aprobado, firmado y promulgado por Fernando VII mediante Real Cédula de 30 de mayo de 1829.  Saínz de Andino tuvo como modelo al Código de Comercio francés de 1807, consideró la jurisprudencia comercial española y recogió las Ordenanzas de Bilbao?.  (Dr. Ramón Vela Cobos, ?La Compañía Anónima?, página 16, publicado por la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario). 

 

3.    Origen de la legislación de Empresas y Compañías en el Ecuador 

Como algo acertado para comentar este tema nos ha parecido necesario citar al doctor Miguel Macías Hurtado, en quien hemos encontrado importantes antecedentes a este respecto: 

?Después de la Batalla de Pichincha, Mayo 24 de 1822, el Ecuador pasó a formar parte de la Gran Colombia, y consecuentemente rigió en el país la Constitución Política dictada por el Congreso de Colombia en Cúcuta, el 12 de Julio de 1821, la cual en su artículos 188 mandó que ?? se declaren en su fuerza y vigor los leyes que hasta aquí  han regido en todas las materias y puntos, que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución, ni a los derechos y leyes que expidiere el Congreso?.  Las leyes que habían venido rigiendo eran las españolas.

El 12 de Octubre se dicta la Ley sobre Organización de los Tribunales y Juzgados que extingue los Tribunales Especiales de Comercio y que confía la materia que les competía ?a los jueces y tribunales ordinarios, quienes conocerán de esos negocios?? (Art. 73).

Por ley del 10 de Julio de 1824 se establecen las normas que determinan el modo de conocer, y la sustanciación de las causas de comercio.

Esta ley además de crear los Juzgados de Comercio en las capitales de los departamentos y provincias, y autorizar su creación  donde lo considerase necesario el Gobierno, tiene fundamental importancia por las siguientes razones:

a) Enumera los actos que deben considerarse de comercio: ?? las empresas y ventas de frutos y mercaderías; los contratos de manufacturas; de conducciones por tierra o por agua; las empresas de provisiones, agencias, tiendas o mostradores de efectos mercantiles, establecimientos de venta en la almoneda pública; operaciones de cambio, banco o corredurías todas las obligaciones con respecto a la letra de cambio, vales o pagarés y remesas de dinero hechas de una plaza a otra para objetos de comercio; toda empresa de construcción naval, y todas las compras, ventas y reventas de embarcaciones, sus útiles y aparejos para la navegación interior y exterior; los contratos sobre fletes de carretas y caballerías para transporte de efectos de comercio; y todos los fletes de buques; el empréstito o préstamo a la gruesa; los seguros, cuentas de Compañías, factorías; quiebras, naufragios; la avería gruesa o sencilla; los acuerdos y convenciones de salarios con las tripulaciones de los buques; los conocimientos y contratos entre sus capitanes y los fletadores, y todos los demás asuntos que se hallan designado en la Ordenanza de Bilbao y demás leyes vigentes de la República o que en adelante rigieren?? (Art. 4); 

b) Define al comerciante como a ?... los que se emplean en actos de comercio haciendo de ellos su ocupación habitual?? (Art. 8); 

c) La Ley deroga el Art. 73 de la Ley de 12 de Octubre de 1921 citada anteriormente; y 

d) La ley ordena que  ?? las causas de comercio se decidirán por las Ordenanzas de Bilbao, y en su defecto por las leyes comunes, en cuanto no se opongan unas y otras a las que hayan sido dadas o que en adelante se dieren por el Congreso?? (Art. 28).

Los asuntos contenciosos sometidos a la jurisdicción de la ley, están determinados en el Art. 3: ??Serán juzgados con arreglo a esta ley todos los pleitos y diferencias que ocurran sobre actos de comercio entre cualesquiera individuos aunque no sean comerciantes, con tal que no baje la cantidad sobre que versan, de cien pesos??.

Además, establece la necesidad de la conciliación en los asuntos mercantiles (Art. 5); y somete  los asuntos de competencia ?? con algún otro tribunal o juzgado??  a la decisión de la Corte Suprema (Art. 21); y niega la apelación en aquellos asuntos que no ?? pasaren de la cantidad de quinientos pesos?? (Art. 22) y en los asuntos que excediere esta cantidad concede apelación por ante la Corte Superior del Distrito (Art. 23) (26).

El 13 de Mayo de 1825, el Senado y la Cámara de Representantes de la República de Colombia, reunidos en Congreso, decretaron una ley arreglando el procedimiento civil de los tribunales y juzgados de la República.  El artículo 1º de dicha ley estableció el orden de observancia de las leyes en todos los tribunales y juzgados de la República, en la siguiente forma:

a) Las decretadas o que en el futuro decretare el Poder Legislativo; 

b) Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y ordenanzas del Gobierno español sancionadas hasta el 18 de Marzo de 1803 que estaban en observancia bajo el mismo gobierno español en el territorio que forma la República; 

c) Las Leyes de la Recopilación de Indias; 

d) Las de la nueva Recopilación de Castilla; y, 

e) Las de las Siete Partidas.

El 1º de Agosto de 1829 fue creado el Consulado de Comercio de Guayaquil por el Libertador, a pedido de los comerciantes de la ciudad, y su jurisdicción comprendió todo el llamado Distrito Sur de la Gran Colombia.

Se apelaba ante el prefecto del Departamento.  Su organización y funcionamiento se ciñó a las prescripciones de la Cédula de erección del Consulado de Cartagena, expedida en Junio 14 de 1975 por el Rey de España.   El Consulado estaba integrado por un Prior, dos Cónsules, Consilianos, Síndico y varios empleados, pero la función de administrar justicia estaba a cargo del Tribunal compuesto por el Prior y los dos Cónsules, todos comerciantes.

Debo advertir que antes, entre 1820 y 1924, existió también un Consulado en Guayaquil, pues el Reglamento Provisorio de Gobierno de la Provincia Libre autorizó el establecimiento de una ?diputación de comercio arreglada en lo posible a la Ordenanza de Cartagena? (27), pero esta Diputación de Comercio fue abolida por la Ley Colombiana dictada el 10 de Julio de 1824, a la que he hecho referencia más arriba.

Inmediatamente después que el Ecuador se separó de la Gran Colombia, el Congreso constituyente dictó la Ley del 4 de Noviembre de 1831 que ?autoriza al Poder Ejecutivo para que disponga se observe el Código de Comercio sancionado y promulgado en Madrid el 30 de Mayo de 1829?, a excepción del libro V que versa sobre ?La administración de justicia en los negocios de comercio?, porque se considera conveniente subsista ?El consulado de Guayaquil? (Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Parte General, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1984, páginas 74, 75, 76, 77 y 78).

Por consiguiente, el primer Código Mercantil que tuvo el Ecuador como nación independiente fue dictado el 4 de noviembre de 1831, por el Congreso presidido por Manuel Mateus, y fue exactamente el Código Mercantil Español de 1829, que incorporó a nuestra estructura jurídica el Código de Fernando VII, exceptuado su Libro V, que es el que rigió por más de medio siglo en el Ecuador.

La Convención de Ambato de 1878, el 31 de mayo, antes de designar al General Ignacio de Veintimilla como Presidente de la República, derogó al Código de 1831 aprobando otro en sustitución, el mismo fue promulgado cuatro años más tarde y rigió a partir del 1 de mayo de 1882, en que el referido Presidente, luego de consultar con una junta de jurisconsultos, lo puso en vigencia, pero sin apartarse de los lineamientos generales establecidos, aunque se vislumbraba una marcada influencia del Código Venezolano.  El  Proyecto fue elaborado por al Corte Suprema entre 1873 y 1875, pero el Presidente de la República doctor Antonio Borrero lo objetó.

En 1906 se derogó el Código de Comercio de 1878 y se dictó un nuevo,   que entró en vigencia el 25 de octubre de aquel año, mediante Decreto Supremo de 30 de julio, del entonces Presidente del Ecuador, General Eloy Alfaro; este es el cuerpo legal que, con algunas variaciones y reformas, continúa vigente.

El Código de Comercio expedido el 30 de julio de 1906 por el General Eloy Alfaro, contiene en los artículos 261 al 362, las normas reguladoras de la Compañía Anónima, en forma muy general, dejando sin reglamentar importantísimos aspectos y problemas originados por la complejidad de la vida económica moderna.  Algunos de los vacíos y deficiencias del Código se remediaron mediante Decretos o Leyes, pero no se intentó nunca reglamentar en forma sistemática y de acuerdo con los nuevos principios de la ciencia jurídica, a este tipo de Compañía.

Por otra parte, la deficiencia de los órganos jurisdiccionales en el examen del estatuto jurídico de las Compañías Anónimas, determinó la existencia de Compañías nulas o irregulares.

 

En definitiva podemos decir que el Código de Comercio 1906 dedicaba el título VI del Libro Segundo a la regulación y funcionamiento de las Compañías de Comercio y estableció, por primera vez en el Ecuador, la vigilancia estatal sobre las Compañías nacionales y las extranjeras domiciliadas en el Ecuador; luego, mediante Decreto Supremo No. 160 de 24 de marzo de 1936 se entregó a los ?jueces de comercio? tal vigilancia y control y luego a los ?jueces provinciales?, al suprimirse los jueces de comercio.  Muchas de sus disposiciones pecaban de cortas y vagas y, sobre todo, encerraban una serie de lagunas legales, razones por las cuales el Código fue duramente criticado.  Estas críticas se sumaron y explotaron a partir de 1960 año en el cual la economía ecuatoriana había tomado un ritmo ya creciente y acelerado.

En 1962 el Doctor Francisco J. Salgado, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central (quien posteriormente en 1963 fuera su Rector, y en 1968, Superintendente de Compañías y en los años 80 del Siglo pasado fuera Asesor Jurídico de la Corporación Andina de Fomento CAF), organizó y dirigió la Primera Conferencia Nacional de Derecho, de gran importancia para el país, en la que el doctor Ricardo Cornejo Rosales (Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y en 1973 Director Jurídico de la Superintendencia de Compañías) presentó un Proyecto de Ley de Compañías, que sirvió de base fundamental para que mediante Decreto Supremo No. 142 de 27 de enero de 1964, promulgado en el Registro Oficial No. 181 de 15 de febrero del mismo año, la Junta Militar de Gobierno dictara la primera Ley de Compañías, desmembrándola, si nos aceptan el término, del Código de Comercio.

Al respecto el doctor Carlos Larreátegui, en su obra citada, página 5, nos recuerda:

?En la Exposición de Motivos que el grupo de trabajo nombrado por la Comisión Nacional de Valores presenta como antecedente para fundamentar la nueva Ley, se menciona como objetivos de ella, los siguientes:  Necesidad de dotar al país de normas jurídicas ?que encaren y resuelvan los problemas que, desde hace algún tiempo, viene exigiendo el desenvolvimiento económico de la República, tanto en las relaciones que en ella se llevan a cabo, como en el orden externo?, estableciendo nuevos tipos de sociedad y remozando y dando mayor agilidad a las existentes en nuestro arcaico Código de Comercio; procurar una  mayor sistematización y simplificación de las normas que en Código se presentan en forma dispersa y anárquica, ?lo que hará que dichas compañías puedan cumplir con eficiencia en el futuro su misión económica y jurídica?; y, creación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, como medio eficaz de dar confianza al inversionista y de preparar el camino a la organización de un mercado de valores que promueva el desarrollo industrial y económico del país?.

 

Artículo publicado en el ?Tratado de Derecho Empresarial y Societario? Tomo I

 

 

 

Change password



Loading..