Los problemas jurídicos de 2003

Jueves, 24 de noviembre de 2005

Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley

 

Política petrolera

De acuerdo con Edgar Terán, el gobierno no ha cumplido, en materia petrolera, las leyes ni las necesidades económicas que demanda la ciudadanía. Reflexionó el abogado indicando que es fundamental para Ecuador que haya inversión privada, es decir grandes compañías internacionales que traigan sus capitales para arriesgarlos. Y eso es urgente porque el petróleo es el único recurso de rendimiento más o menos inmediato que tiene Ecuador.

Para Terán, el gobierno de Gustavo Noboa fue desastroso en materia petrolera, pues desde 1999, justo en los años de un precio cumbre del petróleo en los mercados internacionales, no se firmó un solo contrato nuevo de exploración y explotación de petróleo. Y ahora, "el gobierno continúa violando las leyes, permitiéndoles a los sindicatos, grupos de Petroecuador y demás compañías del Estado, tomar decisiones que debería tomar el Presidente o los ministros. Además el gobierno no permite la inversión extranjera en materia de petróleo".

La Ley obliga a la autoridad pública a hacer licitaciones abiertas con el mayor número de compañías. Pero, según explicó Terán, el ministro de Energía hizo licitaciones limitando el ámbito mediante reglamentos. "El Ministro se atrevió a firmar con empresas chinas unos convenios que comprometían el petróleo ecuatoriano al margen de la ley.

Y luego convoca una licitación con condiciones establecidas en reglamentos y no en la Ley. Y estando en marcha esa licitación, pretende hacer un contrato de servicios pero para exploración y explotación de petróleo, cosa que no está permitido en la Ley", aseguró. Comentó además, que lo que se pretende firmar es un crédito con una empresa china. Se trata de un préstamo que nos va a alterar inclusive las negociaciones con el FMI, aseguró.

Para Terán, toda esta política tortuosa, sinuosa, de desprecio a la Ley, nos lleva a dos cosas. Lo primero a no tener el petróleo en la cantidad que deberíamos tener, y por consiguiente no tener los recursos que son de la sociedad, que no son de las compañías petroleras, sino del pueblo, de la nación ecuatoriana. En segundo lugar, nos encamina a la reiterada posición de país tramposo en las negociaciones internacionales. Perder el buen nombre en la negociación internacional o acentuar el mal nombre, es un daño quizá peor que no tener los recursos de inmediato.

Por eso mismo, la tendencia de todas las empresas es irse del país. Ninguna de las empresas petroleras que quedan en el país son de las más grandes. Pero muchas de ellas son serias e importantes. Muchas de ellas también tienen una posición de estupor, de duda, quizá aun no de definición de buscar otros países donde invertir.

En cuanto a la seguridad jurídica en materia de contratos, Ecuador no los rompe, pero su aplicación resulta tortuosa. Y a esto se añade el robo del IVA a las compañías, que se lo cobran pero no se lo devuelve. La ley obliga a devolver el IVA a todos los exportadores.

Tráfico de armas

El hecho de fondo, en el caso del escándalo del tráfico de armas, es que efectivamente se venden armas a las FARC y que las propias autoridades militares del Ecuador han sacado a la luz las investigaciones, los procesos, las sanciones que en algunos casos se han impuesto ya. "De manera que no podemos rasgarnos las vestiduras, ni darnos por sorprendidos cuando enfrentamos estos hechos", comentó el jurista Edgar Terán.

Destacó además que la institución de las FFAA parece estar limpia de culpas colectivas, y si se dan casos individuales, de mala intención, de mala acción, de mal empleo de las armas ecuatorianas para proveerlas a los terroristas colombianos, entonces la autoridad ecuatoriana debe tomar medidas.

En este sentido, Terán explicó cuál es el papel de cada una de las funciones del Estado frente a este tema. El Ejecutivo debe procurar que esto se investigue profundamente y que esta investigación se realice a través de los órganos correspondientes: el Ministerio Público y el Poder Judicial. "No es buen sistema nombrar a una Comisión de Notables para que se abrogue un rol que la ley no le ha dado". Sin embargo, Terán consideró que estos caballeros han sacado a luz ciertos hechos: deficiencias graves en el manejo administrativo, en el manejo de depósito de armas, en la fábrica que elabora municiones, en la elaboración de inventarios.

Además, se ha demostrado que la Contraloría no cumplió su papel. La Contraloría tiene que estar en todos los inventarios de bienes públicos y, en este caso, no fue así. Ahí hay negligencias severas, y el Ejecutivo debe empeñarse, como jefe de la Administración Pública, en que las cosas funcionen. De su parte, el Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización e Investigación tiene mucho que decir sobre esto. Adicionalmente, el Ministerio Público debe ser severo, no se puede tener temor reverencial, ni consideraciones institucionales.
Terán señaló que se trata de un delito contra la humanidad, un delito civil, cometido por militares, pero al fin y al cabo, civil. "Cuando los temas lleguen a los jueces, deben actuar con presteza, integridad y valor", agregó.

El caso de tráfico de armas también trae a discusión lo inconveniente de que las judicaturas militares o policiales no formen parte de la Función Judicial. No es lo mismo ser juez de la Corte Militar, dependiente de la Corte Suprema, que ser juez militar dependiente de la Comandancia del Ejército, o ser juez policial dependiente de la Comandancia de Policía.

El doctor Terán citó un informe de Amnistía Internacional que fue presentado el 31 de octubre, en el que se indica que la actuación de los jueces policiales sirve para cohonestar los delitos, para entorpecer las investigaciones y para que quede la impunidad como regla.

Adicionalmente, dijo Terán que es necesario que los jueces analicen profundamente al momento de la calificación del fuero, es decir al momento de decidir si un caso pertenece al fuero militar, policial o civil. "No es que por estar uniformado un hombre, queda sometido a un fuero especial. Si ha cometido un delito común como el robo de armas, entonces no tiene fuero especial", dijo Terán.

Paro de la UNE

El tercer tema en el cual se ha visto afectada la seguridad jurídica ha sido en de la paralización de la educación pública. Para Terán la tolerancia culpable con la que actúan las autoridades, abruma a la ciudadanía, pero las autoridades no parecen percibirlo. Edgar Terán mira tres problemas principales en el tema educativo. El primero, dijo, es qué pasa con el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos. Evidentemente, el Estado no cumple su obligación de suministrar la educación, ni gratuita ni pagada.

De acuerdo con Terán, la ciudadanía debe reaccionar. Aseguró que los padres de familia ecuatorianos deberían tener control sobre los maestros, deberían tener el derecho de pedir y exigir la destitución de los maestros que no cumplen con su obligación, y también el derecho de descontar de los impuestos lo que pagan en educación privada de los hijos. Comentó Terán que lamentablemente la Ley de Régimen Tributario quitó el derecho a educar a los hijos sin pagar impuestos. Opinó que debería restaurarse ese derecho. Si el Estado no da educación, el padre de familia que deba pagar por ella, al menos debe no pagar impuesto sobre esa carga adicional, explicó.

El segundo aspecto se refiere al salario de los maestros. Los profesores se quejan de que sus remuneraciones son bajas, y, según Terán "efectivamente son relativamente bajos". El problema es que no se sabe exactamente cuánto ganan, no hay transparencia en el gasto público. "No nos dicen cuánto gana cada profesor, como no nos cuentan cuánto gana el militar o el empleado de Rentas o del Banco Central. Esos son misterios dolorosos", comentó. Sin embargo, sí se sabe cuánto cuestan los maestros, en el presupuesto de 2004: 1.100 millones de dólares.

El tercer problema es que la Constitución Política, con muy poca reflexión, hace una preasignación de 30% del presupuesto para el área educativa. Pero esto es irreal, pues si 40% del presupuesto es para deuda pública, 30% es la asignación presupuestaria para educación, 15% es la asignación constitucional para los Municipios, ¿cuánto queda para atender las necesidades globales de la población?, se preguntó Terán.

Finalmente, dijo Terán que alguna autoridad debería apiadarse de los niños y jóvenes víctimas de los problemas que genera esta situación con la educación. "Yo creo que debe haber una reacción de la sociedad civil, una exigencia de que los maestros convertidos en delincuentes, que se toman las carreteras, que destruyen las calles, que atacan la propiedad privada, reciban un castigo

 

 

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