Los desafíos de la nueva Corte Suprema de Justicia

Miércoles, 14 de diciembre de 2005

TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y TRABAJO

 

Manifiesto del Directorio del Colegio
de Abogados de Pichincha

PRÁCTICAMENTE UN AÑO ha permanecido el Ecuador sin Corte Suprema de Justicia, y por lo mismo, se ha visto seriamente afectada la institucionalidad jurídica del país y el Estado Social de Derecho. No tiene caso repetir detalles sobre el hecho de que el 8 de diciembre del 2004 el Congreso Nacional, a través de una mayoría reunida en sesión extraordinaria por iniciativa del entonces Presidente de la República Coronel Lucio Gutiérrez, rompió la Constitución e interrumpió un proceso de cooptación que ya tenía algunos años, y que si bien es cierto afrontaba críticas de politización y otros problemas, muchos de ellos se originaban en el propio Congreso Nacional que no había legislado sobre el referido principio constitucional de cooptación para hacerlo operativo y eficiente.

La discutida fórmula y la evidente politización

Las decisiones adoptadas en los primeros meses de este año, especialmente por quien fungía de Presidente de la Corte Suprema de Justicia inconstitucionalmente designada, confirmaron el carácter político de esa decisión congresil y la necesaria cesación de esa fugaz Corte Suprema de Justicia, hizo que el país afronte una crisis que quizás nunca antes se había presentado y que esperemos no se repita.
Ignorando el referido principio constitucional de la cooptación, el Congreso Nacional mediante Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial creo un complejo y confuso proceso para la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia; mismo que por la falta de respaldo constitucional como por lo apresurado de la decisión, esto es, sin un meditado estudio del proceso planteado, ha afrontado muchísimos problemas.

A la discutida formula para la integración del Comité de Selección de los Magistrados se agrego el hecho de que por falta de claridad legal en la norma y por la evidente politización del tema, no pudieron elegirse todos los miembros inicialmente previstos, y justamente fuimos marginados los abogados en libre ejercicio profesional que debíamos estar representados en ese Comité por el delegado designado por los Presidentes de los Tribunales de Honor.
Exigencias inconstitucionales constantes en la Ley Reformatoria, fueron ratificadas por el Comité Calificador cuando dicta el Reglamento correspondiente; y solo, cuando el proceso estaba desarrollándose, el propio Comité, atribuyéndose facultades de control constitucional, declaro la inaplicabilidad de dichas normas legales y reglamentarias, pero obviamente, para entonces, ya muchos abogados se habían abstenido de participar en el proceso de selección de Magistrados sin que se les haya otorgado la posibilidad de integrarse al mismo después del cambio de las normas aplicables. A pesar del principio constante en el segundo inciso del Art. 204 Constitucional, se desarrollo un concurso de merecimientos para la selección de Magistrados; y en este sentido cabe señalar que fueron equivocados los reiterados criterios.

Especialmente de la prensa nacional, que censuraba a los participantes que obtuvieron puntajes relativamente bajos. En ningún caso, esas calificaciones significaban que los aspirantes carecían de conocimientos en materia jurídica, solamente evidenciaban que dentro del esquema previsto en la Ley Reformatoria, no habían acreditado merecimientos como años de ejercicio profesional y de la cátedra universitaria, el cumplimiento de ciertas funciones públicas, etc.
La Ley Reformatoria determino que el 90% del puntaje correspondía a esa clase de merecimientos; y el 10% restante a un test elaborado por empresa auditora. Sin embargo se tomaron dos test, y aunque la disposición legal determinaba que todas las calificaciones serían objetivas y justificadas, nadie ha conocido, y menos confirmado el resultado de los exámenes de las auditoras.

Cuando el proceso llegaba a su fin, las divergencias internas entre los miembros del Comité de Selección agravaron la preocupación de la sociedad ecuatoriana y en especial de los abogados, porque se mantenía secretismo sobre los eventuales casas de recalificación y era público y notorio que se ejercía las mismas influencias y presiones que se pretendían desterrar para siempre de la Administración de Justicia.

Desafíos para fortalecer la Seguridad Jurídica

Finalmente, con algunos cambios respecto de la lista inicialmente publicitada, y aplicando la segunda opción legal que omitió los criterios de la fuente de la que provienen los aspirantes y el absurdo sorteo que no era una forma de reconocer los merecimientos, el 30 de noviembre del 2005 se ha posesionado una nueva Corte Suprema de Justicia que definitivamente tiene muy grandes desafíos. No será fácil que se olviden los graves vicios constitucionales y legales observados en todo el proceso ni la sombra de la influencia política o gremial; lo cual obliga a los nuevos magistrados a que con una actuación seria, transparente, de mucha dedicación al trabajo y que evidencie su preparación jurídica y moral, logren una legitimación definitiva, y con ello la confianza que la sociedad ecuatoriana debe tener en sus administradores de justicia.

Pero a más de la labor propia de la resolución de causas, la nueva Corte Suprema de Justicia tiene otras funciones urgentes que atender como la reorganización del Consejo Nacional de la Judicatura, y la decisión sobre la situación de los magistrados y jueces en relación con los períodos de sus nombramientos y la vigencia de una carrera judicial, que requiere de serios procesos de evaluación y selección.

La integración de la Corte Suprema de Justicia, por último, debería marcar el inicio de un accionar conjunto de todas las Funciones del Estado y de todos los ecuatorianos para recuperar la institucionalidad. Por ello cabe un llamado a las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial a fin de que en sus actuaciones, prescindiendo de intereses personales y de conveniencia, antepongan los de la Patria que exige al fortalecimiento institucional como garantía a la seguridad jurídica y de la estabilidad política, social y económica de los ecuatorianos.

 

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