Los baches jurídicos en el caso S. Trinidad

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

Por: Fundación Hacia La Seguridad
Imperio de la Ley

 

EL CASO DE LA CAPTURA DE SIMÓN TRINIDAD, guerrillero de las FARC, demuestra que no existe una política internacional bilateral entre Ecuador y Colombia.
De acuerdo con Edgar Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad ­ Imperio de la Ley, este caso ha develado la existencia de una gran contradicción entre distintas normas jurídicas y la aplicación de ellas. Este análisis lo realizó en el programa Justicia para Todos, de TC, el domingo anterior.

Cinco debilidades jurídicas

Según Terán existen cinco debilidades jurídicas en este tema. Por ejemplo, comentó Terán, la Policía dice que se trata de alguien que fue sorprendido sin tener documentos, un extranjero que no tenía documentos. En este punto es necesario analizar:

¿A quién corresponde el manejo, según la ley ecuatoriana, de un tema como este?

Terán aseguró que si se toma al caso como migratorio, entonces le corresponde a la Policía asumirlo.

Sin embargo, de acuerdo con Terán, "tenemos unas leyes de Migración y Extranjería, que fueron expedidas en 1971, varios años antes de que esté vigente la Constitución que nos rige y, desde luego, mucho antes de la reforma sobre derechos humanos, tan avanzadas y tan adecuadas, que se realizó en 1998. Hay en esas leyes de Extranjería, según Terán, una cantidad de aspectos que necesitan ser reformados.

Para el jurista, la Extranjería y la Migración no deben ser materias manejadas por la Policía. Porque al serlo, ocurren situaciones ilógicas e irregulares como tomarle a un hombre, cualquier grado de crímenes que haya cometido, meterlo en un helicóptero militar y enviarlo al país de origen, opinó Terán. Esta actuación no es lo que los sistemas legales establecen para estos casos, pues resulta una acción caprichosa, violenta, que se ha saltado las exigencias establecidas.

Subordinación de la policía ante el Ministro de Gobierno

De acuerdo con Edgar Terán, "los ministros de Gobierno son, en cierta manera, cautivos de una organización policial brutal e inadecuada". En el caso de Trinidad, el ministro Baca no conocía del tema.

Qué hacia el terrorista en el Ecuador

Este hecho demuestra que estamos expuestos, desde hace aproximadamente seis años, a la "camboyisación" del Ecuador, es decir, a la guerra que hay entre los terroristas y el Gobierno de Colombia. Entonces los ecuatorianos tenemos derecho a saber qué hacía aquí Trinidad.

De otro lado, un artículo de un periódico de EEUU, elogia el éxito de las fuerzas policiales de Colombia en este episodio. Dice que esto demuestra que la inteligencia policial y militar ha llegado a un alto grado de sofisticación y que el resultado de esto es, la captura de Trinidad.

En esta publicación de Estados Unidos se decía que, el arresto fue la culminación de una operación de inteligencia que comenzó en julio, cuando se detectó la presencia de las FARC en una casa en Quito. El artículo continúa: "la casa se puso bajo sostenida vigilancia, por meses, de acuerdo con las autoridades colombianas.... y la paciencia dio sus frutos".
Entonces es necesario preguntarse:

¿Quién realizó esta operación?

Terán aseguró que si esta operación fue realizada por policías colombianos, habrían violado la soberanía del Ecuador, en el caso de que Ecuador no hubiera dado su consentimiento. También pudieron ser los policías ecuatorianos quienes vigilaron, durante meses. Pero, para eso, se necesitaría un convenio entre Colombia y Ecuador para una complementariedad en la acción policial, comentó.
Terán indicó que entre las normas de derecho internacional hay un convenio que permite la existencia de la llamada INTERPOL, esta Policía Internacional trabaja en conjunto cuando la Policía de un país detecta la presencia de ciertos delincuentes o de ciertas pruebas o hechos, en otro país. Sin embargo, de acuerdo al análisis jurídico de Terán, en la Ley no existe nada preciso en torno a la persecución de actos contra terroristas. En cambio, sí hay sistemas, métodos establecidos en el derecho internacional, reconocidos en Ecuador y Colombia, para la persecución en lo que se refiera a tráfico de drogas.

En la lucha contra terroristas aún no se ha encontrado un convenio que expresamente prevea esa cooperación, pero debería haberlo. En este sentido, comentó Terán que el Gobierno tiene que explicar; particularmente la Cancillería, cómo fue la acción policial en el Ecuador y si fue una acción conjunta con la Policía de Colombia. "No pueden tomarnos el pelo y decir que a este individuo lo apresaron porque no tenía documentos. Si lo estuvieron vigilando desde el mes de julio, alguien lo tuvo que vigilar, me parece muy difícil que la Policía colombiana haga esa vigilancia sin la tolerancia y facilidades de la Policía del Ecuador, tienen que decirnos la verdad", aseguró Terán.

Políticas frente al problema terrorista de Colombia

Y el último aspecto es que Ecuador debe formular una política frente a Colombia y a Estados Unidos, relacionada con el problema terrorista de Colombia. Necesitamos que el Ecuador exija la presencia militar colombiana en la frontera norte, pues no se puede tolerar que las FARC sean los vecinos de Ecuador. El ejército colombiano tiene que vigilar su frontera, pero además tiene que trazarse esa política con Colombia en temas como derecho humanitario, desarrollo económico, de comercio, de visados.

Sobre este último punto, Terán comentó que hay gente que piensa en la imposición de visas a los colombianos, como una solución ideal para este problema, lo cual va en contra las normas del Pacto Andino. "Esto es tan absurdo como pretender que se cure la viruela matando a los niños", dijo.
De acuerdo con Terán, la Cancillería debe asumir su rol de protagonizar, organizar, crear y empujar esa política clarísima con Colombia y Estados Unidos; y el Consejo de Seguridad Nacional tienen que asumir su rol, y entender que estamos frente a un caso de seguridad nacional. Esto nos ayudaría a prevenir y reparar daños, y a reclamar indemnizaciones y coparticipaciones, dijo.

OTROS TEMAS

El presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley realizó varias reflexiones sobre otros diversos asuntos de carácter jurídico:

Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso ha tenido una orientación muy adecuada en el tema de las reformas constitucionales y ha convocado a hacer una reflexión en diversas reuniones a las que ha asistido gente de muy buen nivel por su función, por su preparación, por su rol en la sociedad, para pensar y repensar sobre la Constitución. La Constitución ecuatoriana adolece, de lo que mismo que la generalidad de nuestras leyes: la reglamentariedad, la sobreabundancia de palabras, la mezcla, a veces ilógica, de conceptos y la poca claridad.

Tiene un aspecto bueno en cuanto a los temas de los derechos humanos, los derechos constitucionales de las personas naturales y jurídicas, que están bien planteados.

Pero hay una parte que en la Constitución esta muy mal: la que se refiere a la organización del Estado, es decir, donde nos dice qué entienden los legisladores por Ecuador.

De la Constitución se ha borrado el concepto de República, lo sustituyeron por el concepto de Estado. Además no es adecuada la parte de la Constitución donde se establece cómo y quién debe hacer las leyes. Tampoco está bien concebido el tema de quién y cómo se debe administrar el Estado, ni aquella que determina cómo debe funcionar la Función Judicial. También está mal, en términos generales, la parte de la Constitución que habla de los órganos de control y las entidades autónomas: Banco Central, Seguridad Social, etc. Lo que se necesita es un reordenamiento de principios básicos.

Si se toma la Constitución de Estados Unidos, que es la mejor lograda de todos los textos constitucionales de todos los tiempos, se puede apreciar, en su primera parte, un párrafo que tiene cuatro líneas, donde se establecen principios que se propone el pueblo estadounidense: vivir en libertad con sometimiento a la justicia y regulados por la ley y los ciudadanos se agrupan para eso. En cambio, la Constitución ecuatoriana es una olla podrida de intereses, en la cual el grupo tal metió esto y el grupo cual metió lo otro, y para armonizar y sacar los votos, quedó esa serie de contradicciones y absurdos.

Problema carcelario

La televisión ha demostrando que lo más cercano al infierno son las cárceles en Ecuador. Una de las tareas elementales del Estado, porque forma parte del proceso de la Justicia, es mantener a los presos en las condiciones adecuadas de rehabilitación. Sin embargo esto no se cumple, empezando porque, un presupuesto de doce millones de dólares para el sistema carcelario no alcanza ni para pagar a los empleados, ni para darles un arma. Pero en cambio, se puede comparar esta cifra con los cinco mil empleados públicos que ganan más de 6.500 o 7.000 dólares que gana el Presidente de la República. ¿Cómo es posible que el sistema judicial no encuentre la manera de llegar a producir sentencias adecuadas en plazos razonables?

No es admisible que por la ley inadecuada en materia de persecución por el uso de narcóticos, las cárceles estén llenas. Lo que estamos revelando es una falta de enfoque acertado en las escala de valores y estamos llenando las cárceles con este tipo de gente que serán inclusive enfermos, que eventualmente podrán ser delincuentes, pero que no son los peores de la sociedad. El resultado es que los jueces no despachan, y las cárceles se mantienen con doce millones de dólares para todo el año.

Convenio con EEUU

La decisión del país de negociar con Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio es adecuada ya que Ecuador no puede permanecer al margen de sistemas de relación internacional, que le permitirán mantener su acceso al mercado de Estados Unidos, para sus productos de exportación. El caso de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú es muy especial. No se trata de países que quieren, por vocación natural, modernizarse, e ir a la libertad de comercio.
Estos países disfrutan actualmente de un mercado norteamericano de acceso libre, sin impuestos a sus exportaciones. Eso se debe a una ley americana expedida en 1991, y vigente desde entonces hasta 2001 y prorrogada hasta 2005. En 2006 el mercado americano vuelve a cobrarle impuestos, a todo producto de exportación ecuatoriano; y eso, marcaría un serio problema para nuestro comercio exterior. Por ello, para Ecuador es vital negociar este tratado que contempla el acceso a un mercado libre.

Protestas

Las anunciadas protestas para finales de enero, por parte de los movimientos sociales representan un problema en el tema de seguridad nacional. Al parecer existe una conspiración en marcha. Un subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos dio una declaración muy tajante, la semana anterior, sobre las influencias del eje Castro ­ Chávez sobre otros países de la región andina, en la cual hizo una alusión muy clara, sin mencionar el país, a la situación del Ecuador. El Consejo de Seguridad Nacional debería estar ya profundamente inmiscuido en estos análisis.
No es simplemente una violación de un principio constitucional que prohíbe tomarse las calles, es un problema que va más allá.

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