Ley Orgánica de Comunicación: Rectificación nada equitativa

Viernes, 20 de septiembre de 2013

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN:

Rectificación nada equitativa

 Autor: Dr. Carlos J. Zelada

 Jurisprudencia Internacional

 

CIDH

 

Caso Kimel vs. Argentina (2007)

 

93. Las opiniones vertidas [...] no pue­den considerarse ni verdaderas ni falsas. Como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. En principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor.

 

Opinión Consultiva OC-7/86. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Res­puesta (1986)

 

25. La ubicación del derecho de rectifica­ción o respuesta (art. 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta inter­pretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que re­conocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el dere­cho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede inter­pretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el ar­tículo 14.1.

 

Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión (2009)

En particular, el test estricto de ne­cesidad a ser aplicado exige que, en todo caso, el Estado escoja para reparar el daño los medios menos costosos para la libertad de expresión.

En tal medida, en primer lugar, se debe apelar al derecho de rectificación o respuesta que está consa­grado expresamente en el artículo 14 de la Convención Americana. Sólo en caso de que ello sea insuficiente para reparar el daño que se ha causado, podrá apelarse a la imposición de responsabilidades jurídi­cas más costosas para quien abusó de su derecho a la libertad de expresión, y con ello generó un daño cierto y grave sobre derechos de otras personas o bienes jurí­dicos especialmente tutelados por la Con­vención Americana[1].

En los eventos en que el derecho de rectificación o respuesta haya resultado insuficiente para restablecer el derecho a la reputación u honor de quienes se ven afectados por un determinado ejercicio de la libertad de expresión, y se pueda enton­ces acudir a los otros mecanismos de res­ponsabilidad jurídica [...].

 

La posibilidad de exigencia de un derecho de rectificación o respuesta no es incompatible con los estándares del SIDH.

Por el contrario, estamos ante un mecanismo explícitamente regulado en el artículo 14 de la Convención Americana.

 

Comentario

 

Derecho a la rectificación e imposición de contenidos

 

El artículo 23 de la LOC señala que ?todas las personas tienen derecho a que los me­dios de comunicación rectifiquen la infor­mación que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verifica­ción, contrastación y precisión de la infor­mación de relevancia pública?. El mismo artículo dispone que los medios de comu­nicación cuentan con 72 horas después de la presentación del reclamo, para publicar gratuitamente, con las mismas caracterís­ticas, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario, las rectificaciones a que haya lugar. En el caso del artículo 24 de la LOC se habla más bien de un derecho a réplica, en condiciones análogas a la rec­tificación, pero esta vez bajo un supuesto de afectación ?a la dignidad, honra o repu­tación?.

En ambas situaciones la entidad adminis­trativa encargada de definir si se produjo una afectación que origine la obligación de replicar o rectificar es la Superintendencia de la Información o Comunicación, órgano sobre el que nos hemos pronunciado ya en la segunda crítica de este trabajo.

Lo primero que hay que señalar es que la posibilidad de exigencia de un derecho de rectificación o respuesta no es incompa­tible con los estándares del SIDH. Por el contrario, estamos ante un mecanismo ex­plícitamente regulado en el artículo 14 de la Convención Americana.

 

Y es que, en el fondo, la rectificación o respuesta debe ser ejercida en condicio­nes de equidad previamente establecidas a través de mecanismos legales (Opinión Consultiva OC-7/86. Exigibilidad del Dere­cho de Rectificación o Respuesta (1986), párr. 25). El artículo 14 de la Convención Americana exige primariamente que la in­formación a rectificarse sea falsa o inexac­ta. ¿Se encuentran estos requisitos previs­tos en la LOC? El artículo 23 de la LOC establece criterios como la descontextualización, la imprecisión o el contraste insu­ficiente. Como ya hemos precisado en el tercer cuestionamiento, tales términos no hacen sino problematizar la interpretación de su contenido.

 

Sin embargo, como ya ha detallado la CIDH, "la libertad de expresión no sólo protege el derecho de los medios a difun­dir en libertad informaciones y opiniones, sino también el derecho a que no les sean impuestos contenidos ajenos? (Carta de la Relatoría Especial para la Libertad de Ex­presión de la CIDH al Ministro de Relacio­nes Exteriores, Comercio e Integración de la República de Ecuador (2013)).

 

CIDH: ?la libertad de expresión no sólo protege el derecho de los medios a difundir en libertad informaciones y opiniones, sino también el derecho a que no les sean impuestos contenidos ajenos?. Por lo tanto, lo que pareciera esconderse en la LOC sería entonces la posibilidad de imponer contenidos en los medios de comunicación críticos del gobierno

 

En el caso de la réplica, la cuestión se complejiza todavía más en la medida que las opiniones no pueden ser calificadas como verdaderas o falsas y el espíritu del artículo 24 de la LOC pareciera exigir que bastase con que alguien se sienta ofendi­do para que el medio tenga la obligación de publicar la opinión del presunto afec­tado. Una crítica o juicio de valor no son susceptibles de "corregirse? para los es­tándares del SIDH. Como ya estableció la Corte Interamericana en el caso Kimel, "las opiniones no pueden ser objeto de sanción? (Corte IDH. Caso Kimel v. Argen­tina (2007), párr.93).

 

Lo que pareciera esconderse sería enton­ces la posibilidad de imponer contenidos en los medios de comunicación críticos del gobierno. Nada más alejado del espíritu de los estándares sobre libertad de expresión del SIDH.

 

Dr. Carlos J. Zelada

Abogado por la Pontificia Universidad Cató­lica del Perú y Master of Laws (LL.M.) por Harvard Law School.


 



[1]Artículo 14. Derecho de rectificación o respuesta

1.  Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mis­mo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2.  En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3.  Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfi­ca, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

 

 

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