Ley de Servidores Públicos deben tener reformas puntuales

Por: Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley

E L PAÍS NECESITA QUE SE CORRIJA la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pues es imperativo eliminar las injusticias que se dan en cuanto a la retribución que deben hacer los servidores públicos a sus administrados (los ciudadanos), además se debe limitar el gasto del Estado y precisar, entre otras cosas, qué significa que una entidad tenga autonomía.

Sin embargo, el Gobierno que estaba empeñado en realizar ciertos cambios a la Ley, recibió la negativa del Congreso Nacional, hace pocas semanas. De acuerdo con Edgar Terán Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, el Gobierno equivocó el camino tras enviar un largo documento, que era una suerte de reescritura de la ley anterior.

El Congreso Nacional negó esta ley, el 6 de agosto pasado, en un episodio que detonó, incluso en el rompimiento de la alianza de Gobierno con Pachakutik, pues este último tampoco votó a favor de la ley del Ejecutivo.

A decir del principal personero de Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, Édgar Terán Terán, si el presidente de la República pretende cumplir con esos cambios, que además son requeridos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá mandar un nuevo proyecto que cubra solamente los puntos esenciales que deben ser corregidos.
“La idea es que sea un proyecto corto, que no deje al Congreso opción de hacer una discusión teorética ni tampoco una discusión de artículo por artículo inacabable, sino que vaya a lo propio a lo que se debe reformar y regular”, dijo Terán. Los puntos más importantes a los que debe apuntar el nuevo proyecto tienen que ver con las situaciones más complejas que vive actualmente el sector público.

El servidor público debe servir

Todo ciudadano tiene derecho a que los servidores públicos, como su palabra lo indica, le sirvan. Desgraciadamente, en la práctica, el servicio público ha convertido en un sistema de poder en el que una cantidad de privilegiados se enquistan, viven de las rentas públicas e imponen su necesidad y su imperio, como la razón de ser del Estado

Ahora es necesario definir mejor las categorías de servidores públicos. En la Ley de hace 35 años había dos tipos de servidores: los de carrera, sometidos a la carrera administrativa, que daban exámenes de ingreso y hacían cursos para ascender, y que tenían grandes privilegios (sobre todo la inamovilidad) y tenían derecho a unos cuantos subsidios en función de cursos realizados. Aparte, estaban los demás, los que no se habían sometido a los exámenes ni estaban dentro de este régimen.

Poco a poco, esta Ley fue degenerando y ahora quedan como reliquias pocos servidores de carrera, que tienen enormes privilegios, frente a una masa de servidores que carecen de prebendas. Esta es una situación que requiere un cambio inmediato.

Entidades autónomas despilfarradoras

En las entidades autónomas, sean estas las que celebran contratos colectivos como las empresas públicas, o las que ejercen control por mandato constitucional, la autonomía se ha interpretado como soberanía.

Lo que ha venido sucediendo es que se ponen los sueldos y los presupuestos que quieren, y luego el ministro de Economía tiene que encontrar, a como dé lugar, la plata para pagarles. Dentro de estas entidades, también se puede ver cómo un mal productor de petróleo gana cinco veces más que la misma categoría de servidor público en una entidad que cuida niños párvulos.

El presidente tiene que mandar un nuevo proyecto que tope los puntos clave de la injusticia, un proyecto que defina lo que es autonomía. Según la Constitución el Presidente es el jefe de la Administración Pública, en cuanto a servidores públicos todos tienen que obedecer a un régimen y a una autoridad, la del Presidente de la República aunque sean servidores de una entidad autónoma. El régimen de salarios tiene que ser uno solo, tanto por justicia como por norma Constitucional.

Robustecer el Conarem

El Conarem (Consejo Nacional de Remuneraciones) es la entidad encargada de regular todos los sueldos y salarios del sector público, pero esto no se cumple con eficiencia porque las mismas entidades autónomas, muchas de ellas autoridades de control que ejercen poderes definitorios sobre la conducta de otros órganos del Estado, han frenado su actividad.

Por ello, el presidente debe definir muy claramente qué son las autonomías y promover un robustecimiento de la capacidad del Conarem para fijar todos los sueldos y salarios de los servidores públicos, pues solamente así tendremos una aproximación a la justicia distributiva.

Hay que poner el límite para los salarios, que deben tener como referente lo que gana el presidente de la República y hay que prohibir que aumenten los salarios durante un determinado lapso.

Estado debe achicarse

Hay una cantidad de instituciones que sirven para torturar al ciudadano y para entrabar el proceso de la producción económica del país, lo cual invita a reflexionar sobre la necesidad de cerrar este tipo de dependencias públicas. Sin embargo, como no es el caso mandar a la desocupación a cientos de empleados ni descapitalizar al Estado pagando altas indemnizaciones, se debe establecer una política de liquidaciones.

En primer lugar, los empleados separados no deben volver a ser empleados públicos. La indemnización debería ser el mismo sueldo que habían venido recibiendo durante un lapso más allá de generoso de dos o tres años.

Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley ha preparado un proyecto de Ley, que apunta a reformar solamente los problemas más importantes.