Las cifras de la Inseguridad Jurídica

Jueves, 24 de noviembre de 2005

Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley

 

¿Se puede conocer las cifras de la Inseguridad Jurídica? ¿Se puede calcular hasta qué punto se ha enraizado la inseguridad en la sociedad?

Si bien no existen indicadores exactos debido a lo subjetivo del tema, se pueden tomar en cuenta ciertas cifras y datos que muestran un perfil de la inseguridad jurídica en la que vive el país. Conocer las cifras ecuatorianas que a continuación se enuncian, y que fueron recogidas por la Fundación Lexis (que trabaja junto a Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, en la depuración de la basura jurídica), en un amplio estudio, nos ayuda a conocer cuáles son los obstáculos que deben salvarse para lograr que el país viva en un régimen de Derecho y tenga Seguridad Jurídica.

Abundan demandas

Según Lexis, la abundante cantidad de normas hechas para todo gusto, cubriendo intereses particulares y coyunturales, dan la oportunidad de que en el caos se produzcan pleitos por cualquier razón. Los servicios prestados por la Función Judicial pueden ser apreciados cuantitativamente por medio de los recursos de casación dictados por las Salas de la Corte Suprema, publicados en el Registro Oficial. Desde el año 1994 y cortada la información al 28 de agosto del 2002 (ocho años) se han presentado 12.076 recursos.

El recurso de casación es de alta técnica jurídica y requiere de precisión absoluta y encasillamiento a las cinco causales (que en realidad son quince) demostrables, por lo que se induce que de las sentencias dictadas susceptibles del recurso se presentan un 1% de recursos de casación. Es decir que los órganos inferiores a la Corte Suprema podrían haber resuelto, en 8 años, 1.207.600 juicios. Cada causa tiene dos personas llamados actor y demandado, acusador y acusado; en consecuencia el total de ciudadanos y entidades involucrados en los pleitos judiciales, activa o pasivamente, corresponde al doble del número de los juicios resueltos, o sea de 2.414.200 personas en 8 años de análisis.
Si relacionamos las 2.414.200 personas involucradas en controversias ante la Función Judicial solicitando sus servicios con las 4.200.000 personas consideradas económicamente activas (Informe sobre Desarrollo Humano ­ Ecuador 2001 ­Publicación del PNUD) se obtiene que el 57,48% de la población económicamente activa del Ecuador ha tomado la decisión, en los últimos 8 años, de pelear judicialmente, unos contra otros, en forma activa o defendiéndose."

Maraña legal

Para incrementar la inseguridad jurídica, creada por el caos legal, el laberinto jurídico y el abuso, que de él hacen quienes tienen poder de decisión; se pretende, en el Ecuador, construir un orden jurídico a fuerza de Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos y Resoluciones, siendo además reconocido por Transparencia Internacional como causas primarias de corrupción, el que la cantidad de las normas secundarias y sobre todo la redacción que permite la subjetividad del empleado público y la tentación de ciudadano común de ahorrarse pasos y trabas entregando recursos a cambio de la celeridad en el trámite o del incumplimiento de las normas. Desde el año de 1830 la producción de normas ha contribuido enormemente a no vivir dentro del denominado Imperio de la Ley. Así, en 173 años de vida republicana, el Estado ha producido 131.709 cuerpos legales, es decir, 2.97 normas por día laborable. Del universo de normas el 56% ha sido expedida por el Poder Ejecutivo, el 13% por el poder Judicial, el 12% por Regímenes Dictatoriales (vía Decreto Supremo), 10% por el Régimen Descentralizado (Prefecturas y Municipios) y tan solo el 9% por la Función Legislativa, es decir por el H. Congreso Nacional. El problema es que no toda esa cifra es historia, de hecho el 46% (60.586, incluyendo 12.300 expedientes de casación) cuerpos legales o normativos se encuentran vigentes en este momento y tan solo 54% (73.757) han sido derogadas. Uno de los indicadores de la alta movilidad de la legislación ecuatoriana es la cantidad de normas derogadas y que tienen una duración corta en el tiempo, argumento que es interpretado por la ciudadanía con el aforismo "se legisla por interés y para intereses determinados".Por esta espesura legal, la normativa pierde su concepto esencial, hay un debilitamiento de la paz institucional, social e individual, un quebranto del contenido del "Estado de Derecho", característica fundamental de los gobiernos democráticos. Se generan conflictos de orden político, se desarrolla la corrupción institucionalizada como producto directo de la subjetividad en la aplicación de las normas ambiguas y obscuras, lo cual redunda en tensiones al interior del Estado y en la sociedad civil, generación de pugnas estructurales entre los poderes del Estado, conflictos de interés, de fuerzas y competencias.Por añadidura esta legislación abundante hace que cuando necesitamos proteger nuestros derechos o realizar un trámite no podamos encontrar la aguja en el pajar, sin embargo el Ejecutivo y el Congreso insisten día a día en echar más paja en vez de limpiar el pajar. Con las nuevas autoridades no ha cambiado la situación, tan sólo en el mes de enero del presente año, en 22 días laborables, se produjeron 607 cuerpos legales nuevos. De ellos, 173 fueron elaborados por el ejecutivo, directamente, a través de Decretos Ejecutivos.El problema de la falta de defensa del Imperio de la Ley por los abogados tiene sus orígenes en la educación primaria, secundaria y en la superior, no solo que no nos inculcan el respeto y la defensa sino que a los estudiantes de derecho que se supone son la guardia de choque del sistema legal, se los educa con deficiencias fundamentales.Y es que el universo de materias, constituido por el número de las asignaturas que constan en el pénsum, cubre a lo sumo el: 1% de las normas primarias es decir de las Leyes vigentes, 0 % de la normatividad secundaria vigente (reglamentos, decretos, acuerdos ministeriales, resoluciones, etc...), 0% de la jurisprudencia (tercera instancia, casación) 0% de la doctrina.

La gente no cree en la justicia

La empresa Informe Confidencial reveló, este año, una serie de cifras. Por ejemplo, según una medición hecha en julio del presente año, en la ciudad de Quito, 22 de cada 100 ciudadanos confían en la justicia, mientras que 78 desconfían.

En la ciudad de Guayaquil son 38 los que confían y 62 los que no lo hacen, pero el dato más alarmante de esta última encuesta revela que 11 de cada 100 ciudadanos afirma expresamente que si ellos atrapan a un criminal no lo entregan a la justicia, lo matan, pues saben con certeza que los jueces, los abogados o las leyes, lo dejarán libre y eso significa que su vida o la de sus familiares correrá peligro.

El 11% de la población no sólo cree sino afirma y defiende abiertamente el derecho de hacerse justicia por mano propia. Esto, en casos penales extremos, el porcentaje seguramente supera el 70%, en otros casos como el de cobrar las deudas de la AGD, cobrar los impuestos, incautar bienes de personas presuntamente corruptas, etc.. Según esta información, la percepción de los ecuatorianos es que no es tan importante el Imperio de la Ley, lo principal es que triunfe la vendetta pública y el derecho individual. Estamos asistiendo a la entronización del concepto "el fin justifica los medios".

Este triste panorama, debe ser transformado inmediatamente. Los primeros pasos ya se han dado, a través de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley que busca, por medio de varios espacios de difusión, en los medios de comunicación y valiéndose de charlas y seminarios, establecer la necesidad de cumplir con las leyes y revitalizar el régimen de derecho.

 

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