La Seguridad Jurídica: El As Bajo la Manga Nazi

Viernes, 25 de julio de 2014

LA SEGURIDAD JURÍDICA: EL AS BAJO LA MANGA NAZI

 

 

Autor: Dres. Juan Vizueta* y Pedro Javier Granja**

 

Existe un tronco común en todos los regímenes autoritarios: Franco, Mussolini, Stalin, Hitler, Pinochet, Videla, Somoza, Trujillo tuvieron Fiscales Generales a su absoluto servicio.

 

Siempre que algún juez o Tribunal se atrevió a no darles la razón ante la ausencia de pruebas para condenar a un enemigo acusado generalmente por sabotaje o terrorismo, los Fiscales Generales de estos regímenes, acudieron con mayor virulencia a otras instancias esgrimiendo un mismo argumento para obtener la condena: La supuesta vulneración de la seguridad jurídica.

 

Esto tiene, desde la lógica nazi, una sencilla explicación: El mandato de determinación no podía en aras de una malinterpretada seguridad jurídica salvar al enemigo de la comunidad de la pena que merecía, esto porque el concepto seguridad jurídica no podía ser entendido como en el Derecho Penal liberal que según el nacionalsocialismo había prostituido a la propia Constitución degradándola a la Carta Magna del inmoral, del perverso.

 

Surge entonces la pregunta: ¿Cómo se conceptualizó la seguridad jurídica por los nazis?

 

La seguridad jurídica no era otra cosa que la certeza de la imposición del Derecho en el sentido del pensamiento jurídico de la comunidad del pueblo pues la necesidad de la pena se satisface en torno a la valiente renuncia a las delimitaciones típicas[1].

 

Nació así, la conocida franja de peligro, amplísima, en la que se ubicaba al enemigo, sin importar lo que realmente haya hecho o dejado de hacer, sino lo que representaba, el grupo en el que militaba, la ideología que profesaba, el peligro que planteaba para el mantenimiento del statu quo.

 

El panorama queda más despejado cuando los legisladores nazis en 1935 reforman el Código Penal y en su artículo 2 interpretan la seguridad jurídica como todo aquello que le brinde seguridad a Hitler de mantenerse en el poder y con una amplia sonrisa, abriendo incluso la puerta para la analogía en materia penal cuando el pensamiento jurídico que la subyace y el sano sentimiento popular exigen castigo.

 

Hoy, los regímenes totalitarios aplican al pie de la letra la misma receta. Nada ha variado. No es extraño ver a los Fiscales, sin la más remota idea de la distinción entre esfera de legalidad y universo de constitucionalidad, acudir en públicas alegorías, a las Cortes Constitucionales, entes creados paradójicamente como diques de contención de los abusos del poder, para que condenen a los enemigos, no de la comunidad, sino del gobierno de turno, sencillamente porque transformaron el concepto de seguridad jurídica a la seguridad en el poder de una élite, porque degradaron el concepto de delito a acción materialmente antijurídica contraria a la ideología del grupo que obtiene un porcentaje mínimo de votos sustentado en una histérica propaganda financiada con los impuestos de la comunidad a la que tanto dicen representar.

 

Es Terrorista quien según su propia naturaleza es Terrorista

 

Si los jueces no se someten al principio de legalidad sino que tienen carta abierta para aplicar penas en base al decisionismo, el impacto lógico es que ya no es posible determinar en forma clara cuál es la conducta realmente punible y correlativamente no se podrá graduar el modo de supuesta participación del infractor en un reato.

 

Así, la determinación de los ilícitos punibles al no estar claramente definidos en el Código Penal se encuentra, según los juristas nazis, en la naturaleza de las cosas, así el ladrón quién según su propia naturaleza es ladrón[2] y es enemigo del progreso quien por su ancestro, su raza, su vulgar ideología nació para ser terrorista.

 

Tipicidad, antijuridicidad, injusto y culpabilidad, son para los nazis conceptos propios del Derecho penal liberal que no tenían mayor trascendencia pues eran simples poemas de retorta burguesa cuando no judía que actuaban como cortinas de humo que impedían al alemán llegar a la esencia de lo que Carl Schmitt denominaría concretas manifestaciones vitales.

 

Bajo la batuta de Mezger, los proyectos de Código Penal nazis de 1934 y 1936 ya suprimían los diferentes grados o escalones de la autoría y participación y proponían en su remplazo, una estructura unitaria de autoría con un concepto expansivo de AUTOR. Es por consiguiente autor, el autor, el cómplice y el encubridor y las penas las imponía el juez nazi conforme al espíritu de la noble y pura comunidad germana.

 

 

El incendio del Reichstag: El Pretexto perfecto instalar un Régimen Penal de facto

 

La historia nos dice que todos los dictadores necesitan victimizarse mediante diversos atentados orquestados por ellos mismos. Nerón incendió Roma para luego acusar a los cristianos de tal acción; Mussolini fingió ser atacado por un niño de 14 años que fue inmediatamente asesinado a puñetazos por sus fanáticos; otros juran haber sido víctimas de secuestros de los cuales escapan gracias a heroicas acciones de las masas que salen a arriesgarlo todo para eliminar a los malos y salvar a su Mesías. Pues bien, en este punto de la recta autoritaria, Hitler no tuvo mucha imaginación y prefirió plagiar la ruta de Nerón[3].

 

El incendio del Reichstag en 1933 es un hecho fundamental en el establecimiento de la  Alemania nazi y el punto de partida más visible de la ofensiva total contra el sistema jurídico hasta entonces vigente en Alemania.

 

Resulta hasta risible que, apenas minutos luego de haber iniciado el incendio ya estuvieran presentes en el sitio, tanto Hitler como Goering y que haya sido este último quien desempeñe el rol de acusador particular del comunista neerlandés Marinus van der Lubbe[4], a quien aseguraba haberlo visto perpetrando el atentado.

 

Hitler no podía dejar pasar una oportunidad de tal magnitud, capitalizó al máximo el incendió, antes que éste sea controlado ya había declarado el estado de emergencia y obligó al anciano presidente Paul von Hindenburg a firmar el Decreto del Incendio del Reichstag que derogó con el carácter de parcial la mayoría de las disposiciones de derechos fundamentales de la constitución de 1919 de la República de Weimar. Así, mediante la ley del 28 de febrero de 1933, se autorizó a la policía secreta a:

 

a)    Detener a ciudadanos sin orden judicial bajo los rótulos de enemigos o conspiradores;

b)    A los enemigos se los podía mantener incomunicados y bajo intensos interrogatorios en lo que se conoce como custodia protectora por tiempo indefinido y sin ningún control judicial;

c)    El 4 de febrero, apareció el decreto para la protección del pueblo alemán que restringió los derechos de la prensa, nombró un censor para todos los diarios independientes que revisaría y aprobaría sus contenidos para poder ser impresos;

d)    Se autorizó a la policía a prohibir reuniones y manifestaciones de todo tipo, salvo las de carácter nazi;

e)    Al amparo del estado de excepción desplegado por el Decreto de fuego del Reichstag, a comienzos de abril de 1933 entró en vigencia la cláusula aria de la Ley de Servicio Civil que obligó a la expulsión de jueces, abogados y profesores universitarios judíos de sus actividades así como del resto de la administración pública[5]. Hans Kelsen fue el primer profesor destituido de su cargo y despojado de su cátedra en la Facultad de Derecho. Era Decano en la Universidad de Colonia a la que ingresó gracias a su visto bueno, años antes, Carl Schmitt, perverso sujeto, que trató, sin éxito de convencer a los jefes de las SS que realmente creía en el nacionalsocialismo. Uno de los capítulos más innobles de la vida de este tipo fue negarse a firmar una carta de solidaridad con Kelsen suscrita por todos los profesores de la Universidad exigiendo su retorno a la cátedra[6].

 

El profesor Neumman con la agudeza que lo caracteriza nos dice al respecto: ?Esta ley no tuvo un solo elemento concreto que permita predecir si se puede privar a un hombre de su libertad ni en qué condiciones, ni por cuánto tiempo. Solo dice a la GESTAPO que haga lo que quiera, que solvente cada caso como mejor le parezca. Semejante barbaridad no es derecho sino puro decisionismo arbitrario?[7]

 

Las SS sostenían que el incendio del Reichstag fue organizado por la izquierda violenta y enemiga del progreso reunida alrededor del subversivo Comintern, y en los primeros días de marzo de 1933, fueron arrestados los búlgaros Georgi Dimitrov, Vasil Tanev y Blagoi Popov tres hombres que jugaron roles fundamentales durante el juicio de Leipzig, conocido como ?El juicio del incendio del Reichstag?[8]. Dimitrov era, a la sazón, presidente del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. En un largo juicio él mismo demostró su inocencia y el carácter abiertamente político del incendio, utilizado por las autoridades nazis para desprestigiar al movimiento comunista alemán e internacional.

 

No cabe duda que el momento más impactante y dramático de todo el juicio fue la confrontación entre Goering y Dimitrov, el 4 de noviembre.

 

Es cierto que, Goering, con el respaldo de la virulenta barra nazi, habló durante tres horas, pero la historia nos refiere que el líder comunista búlgaro no se intimidó, aprovechó el poco tiempo que el juez le autorizó para ridiculizar a Goering, repitiendo varias veces que esperaba argumentos, razones para poder debatir ideas y esencialmente pruebas. Calificó a Goering como un falso representante de una sociedad socialista y reivindicó el derecho de los comunistas a pasar a la clandestinidad y luchar contra el gobierno nazi.

 

Un Goering sonrojado, lleno de ira, le amenazó, lo que no dejaba de ser una temeridad para la imparcialidad del juicio. 

 

Casi en paralelo al juicio de Leipzig, en septiembre de 1933, se celebraron en Londres una serie de debates al interno de una comisión internacional de investigación sobre el incendio del Reichstag, la misma que estaba presidida por el abogado y político laborista D.N. Pritt, e incluía personalidades relevantes de la política y jurisprudencia como el exprimer ministro italiano Francesco Nitti,  el senador sueco Georg Branting y los reconocidos juristas Arthur Garfield Hays, estadounidense, y  Vincent de Moro-Giafferi, francés. Los trabajos y las conclusiones de la comisión obtuvieron la atención favorable de la prensa mundial. E incluso llegaron a rebatirse durante el juicio de Leipzig. Concluían que Van der Lubbe no era comunista, que no pudo actuar sólo, que el resto de implicados eran inocentes y los nazis eran los principales sospechosos y beneficiarios del incendio[9].

 

Pero Hitler no se contentó con poner a todo el movimiento comunista y anarquista, aquellos sujetos a los que los nazis bautizaron como la izquierda inmadura y enemiga de la comunidad, en la clandestinidad a partir del incendio.

 

Dado que ya había jurado como Canciller y jefe de la coalición de gobierno el 30 de enero de 1933, su primer acto oficial fue pedirle al Presidente Hindenburg que disolviera el Reichstag, de manera que pudiera aumentar el número de escaños nazis tanto en el parlamento como en el gobierno.

 

La petición de Hitler fue aceptada y se fijaron elecciones para el 5 de marzo de 1933.

 

¿Cuál era el propósito oculto del Führer?

 

El objetivo de Hitler no era otro que derribar los cimientos mismos de la democracia liberal de una forma más o menos legal al activar la Ley Habilitante que consistía en un poder especial permitido por la Constitución de Weimar para darle al Canciller el poder de pasar leyes a decretos, sin la intervención del Reichstag, pero que únicamente podía ser invocada en tiempos de extrema emergencia, y de hecho, había sido usada solamente una vez antes, en 1923?1924, cuando el gobierno usó la Ley Habilitante para rescatar a Alemania de la hiper-inflación.

 

Resulta que para activar la Habilitante, los nazis necesitaban de una votación de al menos dos tercios en el Reichstag. En enero de 1933, los nazis solamente tenían el 32% de los escaños y aun así no estaban en posición de activar la Ley Habilitante. Fueron a elecciones nuevamente y volvieron a perder. El pueblo alemán les dio la espalda, pese a la abrumadora propaganda nazi, pese a la cantidad de fondos estatales que usaron para la campaña y el descarado fraude que armaron con sus militantes manejando el Consejo Electoral.


Poco después vinieron los campos de concentración. Así empiezan los regímenes del mal. Hablan de cambiarlo todo para dejarlo todo igual que lo tanto criticaban pero con mucho mayor desprecio de las garantías elementales para una convivencia apenas democrática. En materia penal, hoy vemos como los socialistas lights nos hablan de garantismo mientras aprueban Códigos Penales en los que se sanciona, por ejemplo, con mayor crueldad al reincidente, mientras al mismo tiempo suprimen derechos fundamentales para el ser humano concreto como su dignidad, su libre asociación, derecho a la protesta pacífica y libre expresión.

 

Los regímenes totalitarios caen, por su propio ego. Son las mismas masas que los llevan al poder las que los terminan rechazando pues al principio representan lo moderno pero luego el disfraz de democráticos se les cae en medio de un interminable carnaval de abusos.

 

Parece absurdo, como lo refiere el profesor Daniel Rafecas, dignificar con el nombre de ?Derecho?, tamaña expresión de violencia institucionalizada en desmedro de derechos fundamentales[10] y el maestro Neumman es el invitado de honor para cerrar este artículo, cuando pregunta si el Derecho es acaso nada más que la voluntad de un hombre y responde ?rotundamente no? para concluir que ?El sistema jurídico nacionalsocialista no es sino una técnica de manipulación de las masas a través del terror. Los tribunales penales son junto con la GESTAPO, el fiscal y otros verdugos, por encima de todo, sirvientes de un demente, profesionales del terror y la violencia?[11]

 

*Dr. Juan Vizueta Ronquillo

 Profesor de Derecho Penal

 UEES

 UCSG

 Universidad de Guayaquil

 

**Dr. Pedro Javier Granja

 Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla La Mancha.

 

 

 



[1] Henkel, Strafrichter und Gesetz im neuen Staat, en nuestra lengua Los jueces penales y el Derecho en el nuevo estado. Universidad de Kiel, 1934, página 68. Aquí se explica cómo debían sancionar los jueces a los enemigos de la comunidad.

[2] La frase es de Dahm, uno de los sirvientes favoritos de Goering, en Crimen y delito,  artículo que apareció por primera vez en: Fundamentos de la nueva ley, impreso por la Universidad de Kiel en 1935, la escandalosa frase la encuentra el lector interesado en la pág 62 pero se repite en la 102

[3] Una noche de julio del año 64 d. C. se declaró un atroz incendio en el área del Circo Máximo, en Roma. El viento propagó rápidamente las llamas, sembrando el terror entre la población. Tras seis días interminables de devastación sin tregua se logró habilitar cerca del monte Esquilino una zona abierta para servir de cortafuegos. Entonces se desató un segundo incendio, cuyo foco se localizaba en el barrio Emiliano. El fuego arruinó la ciudad y dejó una estela de sospechas, que recayeron el soberano Nerón quien le endoso la responsabilidad a los cristianos quienes fueron perseguidos como enemigos de Roma. En el momento del incendio, Nerón llevaba diez años a la cabeza del Imperio y había derivado hacia una forma de gobierno despótico. El episodio que originó este declive fue el asesinato de su propia madre, Agripina. No hay duda de que el incendio, ya fuera casual o intencionado, constituyó para Nerón su gran oportunidad para seguir fomentando una política orientalizante

 

[4] Póstumamente la justicia alemana conmutó la sentencia por 8 años de prisión y posteriormente la misma fue derogada por el gobierno democrático alemán en el año 2008.

[5] El gran Martin Heidegger, autor de Ser y Tiempo, otro de los genios del nazismo, Rector de la Universidad de Friburgo se propuso interpretar ampliatoriamente la cláusula aria para expulsar de esa academia a todos los alemanes que no compartían el credo nacionalsocialista.

[6] El dato lo refiere el profesor Villar Borda, citado por Bernd Ruthers en Carl Schmitt en el Tercer Reich, 2 edición ampliada, traducción al español del propio Luis Villar. Universidad Externado de Colombia, 2004, págs. 13, 18

[7] Neumman, Franz. Pensamiento y acción en el nacionalsocialismo. Ob. Cit. Págs 498 y 499.

[8] El juez Paul Vogt, designado por la jerarquía nazi, fue el responsable de investigar, instruir el sumario y presentar los cargos contra los acusados. Desde marzo a agosto de 1933, recopiló treinta y dos volúmenes de transcripciones y documentos. Los acusados fueron Marinus van der Lubbe, Ernst Torgler, líder del grupo parlamentario comunista en el Reichstag, detenido cuando iba voluntariamente a la comisaría tras escuchar su nombre en la radio como implicado, y tres comunistas búlgaros que vivían en Berlín, Georgi Dimitrov, Simon Popov y Vassili Tanev, detenidos el 9 de marzo. El 21 de septiembre de 1933, empezó el juicio penal en Leipzig. En una primera fase, el tribunal escuchó el testimonio acerca de los antecedentes y actividades de los cinco acusados antes del incendio. Más tarde, el 10 de octubre el juicio se trasladó a Berlín para reconstruir los hechos en el mismo Reichstag. La tercera fase, de nuevo en Leipzig, fue abiertamente un juicio político, donde sobresalieron las disputas entre los funcionarios nazis y los acusados comunistas, particularmente el búlgaro Dimitrov, que culpó abiertamente a los nazis de haber causado el incendio. En los tribunales alemanes los acusados podían desempeñar un papel activo: defenderse, interrogar y enfrentarse con los declarantes. El juez Wilhelm Buenger, presidente del tribunal, condujo el proceso bajo las directrices de la instrucción,  pero fue flexible  en los interrogatorios. Cuando testificó, Dimitrov insistió en hacer una declaración de su inocencia. Expuso en su defensa que no había estado en Berlín en aquella fecha, no conocía a Torgler ni a Van der Lubbe, y defendió enfáticamente que se encontraba en Alemania, en nombre del Partido Comunista búlgaro. También acusó al juez de instrucción Vogt de haberlo mantenido encadenado, al igual que al resto de acusados, durante cinco meses, en contra de la ley alemana. 

[9] Sobre el particular conviene leer el ilustrativo artículo de La Vanguardia disponible en http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20130227/54367737767/alemania-nazismo-historia-parlamento-republica-de-weimar.html

[10] Rafecas, Daniel ?La ciencia del Derecho y el advenimiento del nazismo; El pertubador ejemplo de Carl Schmitt? En Revista sobre enseñanza del Derecho. Año 8, número 15, 2010, págs. 133-163

[11] Ob. Cit págs. 503-504