La Prueba Pericial en el Proceso Contencioso Administrativo

Jueves, 08 de septiembre de 2016

La Prueba Pericial en el Proceso Contencioso Administrativo

Autor: Dra. Mireya Guerrero Vargas

El Código Orgánico General de Procesos COGEP cambia radicalmente el sistema procesal contencioso administrativo en nuestro país, ya que se aplican los principios de inmediación, concentración, contradicción dentro de un sistema oral, donde las resoluciones del Tribunal deben tomarse en la audiencia de juicio en los procedimiento ordinarios; y, en la audiencia única en los procedimientos sumarios, así concebidos en este nuevo código para esta nueva materia (artículo 326-327 COGEP).

En la derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se establecían como medios probatorios, todos aquellos permitidos en el Código de Procedimiento Civil, con excepción de la confesión judicial que no podía pedirse la representante de la administración, en su lugar la parte contraria proponía por escrito las preguntas que quería hacer, las cuales eran contestadas vía informe por las autoridades o funcionarios  de la administración. (Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa); por lo tanto, la prueba pericial en materia contencioso administrativa era uno de los medios de prueba utilizados por las partes procesales, quienes solicitan al Tribunal se nombre y posesiones al perito.

En la actualidad, el artículo 310 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, de igual manera preceptúa lo siguiente: ?Para las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas son admisibles todos los medios de prueba, excepto la declaración de parte de los servidores públicos. ??

Según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas ?El perito es un especialista, conocedor, práctico o versado en una ciencia, arte u oficio. Quien posee título estatal de haber hecho determinados estudios o de poseer experiencia en una rama del conocimiento, en una actividad cualquiera?. Los peritos son asesores o auxiliares  de la justicia, por cuanto contribuyen a formar el criterio de los jueces en materias pertenecientes a otras especializaciones y por esa razón los peritos solo están excluidos en cuestiones jurídicas ya que el derecho es de conocimiento obligatorio de los juzgadores.

El artículo 221 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, define así al perito: ?Es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales, está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia ??.

La prueba pericial en materia contencioso administrativa tiene como finalidad, aportar la experiencia técnica ? científica, para que el órgano judicial obtenga de este medio probatorio las condiciones de entender la realidad que va a examinar y que constituye la materia de la controversia.

Como característica especial en el nuevo procedimiento adjetivo, se destaca que el legislador concibe a la prueba pericial de parte como el mecanismo normal de realizar esta clase de práctica de prueba, enmarcado en el hecho que son las partes las que deben probar lo que afirman. Es decir que las partes están obligadas a adjuntar el informe pericial, este debe ser anunciado y agregado a la demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención, teniendo en cuenta que dicho informe  deberá ser realizado por un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, (artículo 227 COGEP).

El informe pericial que no se enuncia, no podrá introducirse en la audiencia. Este informe pericial deberá ser conducente, pertinente y útil para el objeto de la controversia. Se practica según la Ley con lealtad procesal y veracidad, puesto que es el Tribunal quien lo acepta  o lo inadmite en la audiencia preliminar y se practica en la audiencia de juicio en procedimiento ordinario; o, de ser el caso, se la anuncia y se la practica en la etapa procesal oportuna en el procedimiento sumario.

Es así que la prueba pericial judicial será solicitada excepcionalmente (artículo 225 COGEP), cuando alguna de las partes justifique no tener acceso al objeto de la pericia, en este caso, será anunciada y solicitada en la demanda, contestación, reconvención o contestación a la reconvención, para que el juzgador ordene su práctica y designe el perito correspondiente en la audiencia preliminar.

El informe pericial judicial deberá ser notificado a las partes en el término de por lo menos diez días antes de la audiencia de juicio y puede ser ampliado a criterio del juzgador y de acuerdo con la complejidad del mismo, cuyo informe servirá para esclarecer sus pretensiones. Para nombrar un perito, el juzgador lo realizará mediante sorteo del banco de elegibles de peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura, utilizando el sistema SATJE, de acuerdo a la especialidad.

Cuando no exista un perito por la complejidad de la experticia, el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que la institución o universidad que cuente con este tipo de expertos, envíe una terna para que el juzgador pueda sortear a uno de ellos. El juzgador tiene la obligación de fijar los honorarios del perito, de acuerdo a la complejidad de la experticia y para cuyo efecto deberá regirse por el Reglamento del Sistema Integral de Peritos, expedido por el Consejo de la Judicatura, mediante Resolución No. 040-2014.

El artículo 222 del COGEP señala lo siguiente: ?Declaración de peritos.- La o el perito será notificado en su dirección electrónica con el señalamiento de día y hora para la audiencia de juicio, dentro de la cual sustentará su informe. Su comparecencia es obligatoria. En caso de comparecer por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado y por una sola vez se suspenderá la audiencia, después de haber practicado las demás pruebas y se determinará el término para su reanudación. En caso de inasistencia  injustificada, su informe no tendrá eficacia probatoria y perderá su acreditación en el Registro del  Consejo de la Judicatura. En la audiencia, las partes podrán interrogarlo bajo juramento, acerca de su idoneidad e imparcialidad sobre el contenido del informe, siguiendo las normas previstas para los testigos. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito en el orden determinado para el testimonio. En ningún caso habrá lugar a procedimiento especial de objeción del informe; por error esencial  que únicamente podrá alegarse y probarse en la audiencia. Concluido el contrainterrogatorio y si existe divergencia con otro peritaje,  la o el juzgador podrá abrir el debate entre peritos de acuerdo con lo previsto en el Código.  Finalizado el debate entre las y los peritos de acuerdo con lo previsto la o el juzgador, abrirá un interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, exclusivamente relacionado con las conclusiones divergentes de los informes. La o el juzgador conducirá le debate?.

Si luego del debate, frente a dos informes periciales contradictorios o divergentes, persisten las dudas sobre sus conclusiones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 268 del COGEP, se podrá ordenar la práctica de un tercer peritaje de oficio. (Artículo 226 COGEP). Esta designación se realizará en la misma audiencia de juicio, mediante sorteo, preciando el objeto de la pericia y el término para la prestación de su informe , el mismo que será puesto inmediatamente a conocimiento de las partes; para la práctica de este nuevo peritaje el Tribunal se verá obligado a suspender dicha audiencia.

Es necesario destacar que en materia contencioso administrativa, el informe pericial desempeña un rol muy importante en la debida orientación del Tribunal para la toma de sus decisiones en temas de complejidad técnico- científicas como son: propiedad intelectual, contratación pública, hidrocarburos, hidroeléctricas, telecomunicaciones, minería, ambiental, responsabilidad extracontractual del Estado, entre otros asuntos de competencia de los Tribunales Contencioso Administrativos, según lo dispuesto en el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Diremos entonces que las pericias de parte y judicial son medios de prueba aceptables en el proceso contencioso administrativo; sin embargo, el peritaje judicial dirimente (Artículo 226 COGEP) tiene una importancia mayor al momento de ponderar con pruebas periciales de parte  que no sean convincentes, a consecuencia de la presunción de legalidad y que tienen los actos administrativos y la doctrina jurisprudencial que otorga un valor probatorio preferente a las decisiones  de los órganos administrativos, por cuanto la doctrina señala que éstos órganos actúan con imparcialidad y competencia técnica. Por eso la práctica de este tipo de prueba puede ser determinante para el Tribunal cuando en la resolución del debate continúa en duda algún tipo de conocimiento técnico, científico o artístico.

En su obra, CHAVES GARCÍA JOÉ RAMÓN, La prueba contencioso- administrativa: Análisis dogmáticos y jurisprudencial. Universitas Madrid, 2007, pág. 247, al tratar de la prueba pericial en los procesos contencioso administrativos destaca: ?la intervención pericial reviste singular importancia habida cuenta de la expansión  del Derecho Administrativo sectorial de tinte intervencionista y adentrándose en campos de fuerte componente técnico, lo que ha venido acompañado de un correlativo aumento de litigiosidad  en que son precisos los peritos como <<prácticos del puerto procesal>> que guían al juez en tan complejos ámbitos (telecomunicaciones, urbanismo, responsabilidad médica, patrimonio cultural, etc.)?

Conclusión

Como conclusión en la valoración de las pruebas periciales en materia en materia contencioso administrativa según el COGEP, se destaca el principio de la igualdad formal de armas al valorar las pruebas aportadas por las partes, en este sentido menciona la doctrina: ?no solo se tratará de decidir entre los dos informes contradictorios,  sino que habrá de tenerse en cuenta que la Administración demandada aporta como prueba pericial los informes de sus servicios técnicos, de tal forma que le Tribunal se verá en la disyuntiva de dar referencia a tales informes, de acuerdo con la corriente jurisprudencial imperante, supuesto en el que la posición del recurrente quedaría ciertamente desprotegida, o por el contrario, de dar un tratamiento igualitario a ambos informes, despreciando el tradicional criterio de la independencia técnica de los facultativos de la Administración? CHAVES GARCÍA, JOSÉ RAMÓN, La Prueba Contencioso- administrativa: análisis dogmático y jurisprudencial. Universitas, Madrid, 2007, pág. 248.

En todo caso, resulta imprescindible que en materia contencioso administrativa los Tribunales ponderen las pericias objetivamente, justificando en su sentencia la mayor fuerza probatoria de un determinado informe según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos, basando sus decisiones en conjunto de todos los medios probatorios que tenga a su alcance.

 

Dra. Mireya Guerrero Vargas

Jueza del Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo de Guayas

 

Artículo publicado en el Boletín Institucional No. 24 de la Corte Nacional de Justicia

 

 

 

 

 

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