La Prueba en el Proceso Contencioso Administrativo

Martes, 23 de agosto de 2016

La Prueba en el Proceso Contencioso Administrativo

 

Autor: Dra. María del Carmen Jácome Ordoñez

 

Introducción

La jurisdicción contencioso administrativo reviste particular importancia por cuanto tutela fe los derechos subjetivos de los ciudadanos y controla la legalidad de las actuaciones de la administración.

Entonces, el ciudadano afectado por alguna actividad administrativa tiene la  certeza de que el marco constitucional y legal ecuatoriano garantiza la impugnación de todas las actuaciones, contratos, hechos, y hasta las omisiones administrativas que atenta contra el orden jurídico.

Ahora bien, con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, los ciudadanos al acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, deben tomar en cuenta que en la actualidad es necesario contar con la prueba suficiente para lograr desvanecer las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad de que gozan todas las actuaciones de la administración; y, que implica que la carga de la prueba sea de responsabilidad del administrado afectado en sus derechos subjetivos presuntamente negados o no reconocidos total o parcialmente; situación de desventaja procesal que sin lugar a dudas implica una mayor responsabilidad en el litigio por parte de los abogados que acceden a esta jurisdicción, quienes deberán anunciar y presentar sus pruebas juntamente con la demanda justificando qué y para qué se presenta.

Resulta  evidente que el Código Orgánico General de Procesos impone una tarea de anticipación probatoria a los litigantes, por lo que, de manera previa a presentar la demanda, se deberán conseguir las pruebas necesarias para lograr que su pretensión prospere. El espíritu de la novel normativa ecuatoriana respecto de la oralidad, es lograr que en la audiencia se reúnan los distintos sujetos procesales con el objeto de que en conjunto actúen la prueba anunciada, logrando al fin una verdadera interacción entre las partes, lo cual implicará una mayor responsabilidad en la preparación de la defensa del caso.

Hay quienes, antes de calificar al proceso como oral, prefieren calificarlo como ?concentrado?. De hecho, para Chiovenda, el principio de concentración puede calificarse como ?la principal característica del proceso oral?, lo cual implica que todas las partes estén reunidas en un mismo lugar, alcanzando una verdadera inmediación, presentando sus argumentos y pruebas en audiencia, lo cual además de abreviar el proceso, facilita su resolución.

La Carga de la Prueba

Originalmente se concibió al proceso contencioso administrativo con un carácter meramente revisor del acto administrativo, es decir el proceso estaba sustentado en el acto. Con el paso del tiempo el objeto del proceso contencioso administrativo ha ido evolucionando; y, ya no es el acto administrativo el presupuesto procesal indispensable para acudir a esta jurisdicción sino las pretensiones que las partes deducen en el proceso; y, en este aspecto el artículo 142 No. 9 del Código Orgánico General de Procesos constituye un gran avance pues el accionante tiene la obligación de determinar su pretensión y de esa manera quedará delimitado el objeto procesal.

La nueva normativa en vigencia comporta la posibilidad de que le ciudadano que acude a la jurisdicción contencioso administrativa adopte cualquier medio de prueba pertinente para su defensa, y únicamente se le puede negar la práctica de las pruebas anunciadas mediante  decisión motivada en aquellos casos en que notoriamente se acredite que no es relevante para el proceso.

Se debe tener en cuenta que la carga de la prueba puede presentar singularidades en el ámbito del proceso contencioso  administrativo por cuanto está de por medio el interés público.

Al efecto, es necesario recordar que la jurisdicción contencioso administrativa existe para equilibrar las prerrogativas o potestades estatales y los derechos de los ciudadanos, haciendo un necesario control y tutela de derechos de los ciudadanos, sin perder de vista el bien común.

Entonces, la carga de la prueba corre a cargo del ciudadano, quien debe tener presente que al impugnar las actuaciones administrativas está en la obligación de desvanecer las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad de las cuales goza toda actuación administrativa; entendidas la primera como la presunción de validez y de haber sido emitido conforme a derecho; en tanto que la ejecutoriedad implica la obligatoriedad de cumplimiento sin que la administración pública deba ser obligada a acudir a la instancia judicial para obtenerlo.

Sin lugar a dudas la carga de la prueba a cargo de los ciudadanos es la labor más difícil que tienen; y por ello es tan importante contar con las pruebas necesarias permitan a la jurisdicción contencioso administrativa realizar un efectivo control de legalidad de las actuaciones  de la administración.

Los Medios Probatorios

En el proceso contencioso administrativo tradicional los medios probatorios más utilizados son el pericial y el documental, esto debido fundamentalmente a la cantidad de materias especializadas que son de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y que requieren de apoyo técnico (hidrocarburos, telecomunicaciones, ambiente, mercado, propiedad intelectual, electricidad, etc.); y, a la trascendencia que tienen los expedientes administrativos, producto del sistema escrito que ha imperado durante años.

La existencia del expediente administrativo sin lugar a dudas es lo que configura de manera diferente la prueba en el proceso contencioso administrativo, ya que en éste se recogen todos los hechos y actuaciones realizadas en la sede administrativa de manera ordenada y secuencial, por lo que, en la mayor parte de los casos, la prueba a requerirse estará en manos de la propia administración; en tanto que nuevos hechos de prueba resultan escasos en este tipo de procesos.

Dentro de la práctica de la prueba en un juicio contencioso administrativo es importante tomar en cuenta, los siguientes aspectos:

a)    El expediente administrativo que se debe conformar previamente a la expedición del acto impugnado sobre todo en temas relacionados con la potestad sancionadora de la administración.

Es una pieza fundamental de la prueba, por lo que, en la demanda debe solicitarse que la administración envíe el mismo al Tribunal; de no enviarlo, ya porque no existe, ya porque considera inconveniente, se toma como presunción de ilegalidad del acto administrativo impugnado, desde luego desde que se ha reclamado la morosidad de la administración;

 

b)    Dentro del término respectivo puede pedirse  la práctica de todas las pruebas señaladas e en el Código Orgánico General de Procesos, excepto la declaración de parte para autoridades públicas, en reemplazo de la cual, la ley establece que se ordenará e informe con juramento de la autoridad respecto de los hechos con respecto a los cuales se le haya solicitado. Situación completamente lógica por cuanto la autoridad pública no actúa a título personal sino en representación de un órgano administrativo y responde en tal virtud;

 

c)    Igualmente tiene singular importancia en esta clase de juicios la solicitud de exhibición de documentos por parte de la administración, ya dentro de una inspección judicial, ya independiente de ella.

 

Esta prueba tiene su razón de ser por la dificultad que el ciudadano encuentra al momento de requerir sus documentos probatorios a la administración pública, y en caso de que exista una presunción fundamentada de que las evidencias podrían desaparecer, se podría preconstruir la prueba o de considerarlo necesario, solicitar judicialmente su acceso;

 

d)    El Tribunal Contencioso Administrativo tiene plena potestad para ordenar de oficio todas las pruebas que considere oportunas para su más acerrada decisión;

 

e)    Existe la posibilidad de presentar prueba nueva, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte a quién beneficia o que habiéndola conocido no se pudo conseguir la misma.

 

Por lo tanto, el Código Orgánico General de Procesos permite una amplia gama de posibilidades para que los ciudadanos puedan ejercer a plenitud sus derechos frente a la actuación de la administración, procurando una igualdad real entre las partes y un litigio honesto y transparente.

 

Es importante recalcar que el proceso por audiencia surge como alternativa para paliar lo que se ha entendido como uno de los grandes males del sistema escrito que es la pérdida de contacto del juez con el proceso y sus sujetos, y las dificultades que ello genera para la apreciación de la prueba.

Por eso es preciso procurar que el juicio se realice en presencia de todos los sujetos procesales, sin interrupciones de ninguna clase, de modo que sea posible apreciar de manera adecuada la prueba actuada en el proceso, lo cual facilitará la resolución de la causa de manera justa y proporcionada.

Sin lugar a dudas la actividad probatoria reviste particular importancia en la jurisdicción contencioso administrativa y con la expedición del Código Orgánico General del Procesos, se procura una mayor precisión y simplificación para que los procesos sean resueltos de manera ágil y oportuna, y de esa manera lograr una jurisdicción contencioso administrativa eficiente.

Dra. María del Carmen Jácome Ordoñez

Jueza del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Pichincha

 

Artículo publicado en el Boletín Institucional No. 24  de la Corte Nacional de Justicia.

 

 

 

 

 

 

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