La despolitización de la justicia

Por: Dr. Bayardo Moreno Piedrahita

U NA DE LAS OFERTAS DE CAMPAÑA anunciada por el presidente electo Coronel Lucio Gutiérrez, es la despolitización de la justicia; tema que cobra vigencia en cada una de sus intervenciones dentro y fuera del país; aunque no se ha pronunciado con claridad, qué áreas se van a despolitizar ni cómo se va a proceder.

Si la intención es cambiar el sistema de compartir el banquete de la administración de justicia , el señor Presidente electo tendrá que abanderizar una revolución profunda que sustituya la actitud actual y la conciencia de magistrados, jueces, curiales, usuarios y abogados, previa una auditoría. Si no procede de esa manera, jamás podrá realizar la despolitización anunciada, que no es otra cosa que la despartidización de la burocracia en la Función Judicial. Porque despolitizar a la justicia, en el sentido natural de la palabra, sería extirpar la afición natural a la política a los burócratas de esta alta Función del Estado y castrar su deseo de intervenir en los asuntos de Estado, transformándolos de seres humanos, en cosas sin substancia.

La idea de cambio, a más del aplauso impone a todos los ciudadanos la obligación de ofrecer las mejores ideas y el aporte efectivo con proyectos prácticos, en los que debe constar la forma de financiamiento y el elemento humano de apoyo para que se cumplan, pensando en el país y el beneficio social , más no en el color del partido político de quien aporta ni del propio gobierno.

Así por ejemplo, si el señor Presidente electo pretende alcanzar el cambio que necesita la administración de justicia, no puede hablar en forma aislada de una despolitización o despartilización de la Función Judicial en los actuales momentos ni emprender en soluciones parches, mientras no exista un proyecto integral, que busque también la solución de otros problemas conexos más graves, como estos:

– La insuficiencia del presupuesto .

– La inconstitucionalidad del trámite de los juicios, porque desde el 10 de Agosto de 2002 debían substanciarse mediante el sistema de justicia oral,

– La violación de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia
consagrados en el Art.192 de la Constitución a causa de la lentitud procesal, creada por la desproporción que existe entre el ínfimo número de juzgados y la gran demanda de juicios.

– Los consultorios jurídicos camuflados y despacho oculto de los juicios
por magistrados y jueces.

– El descontrol de los recursos económicos extra presupuestarios que ingresan a la Función Judicial por distintos conceptos y que no se conoce a dónde van a parar.

– La privatización de la justicia con el cobro inoportuno y monto elevado de tasas judiciales, que impide a la mayoría de habitantes pobres del país acceder a la administración de justicia, convertida en una empresa privada de lujo, sólo para los ricos.

– La sustitución de los juzgados corporativos por juzgados funcionales y técnicos en los que pueda tener vigencia el sistema de justicia oral ; y, la reforma de las leyes procesales; entre otros problemas .

El señor Presidente electo debe saber, que la falta de seguridad jurídica que impera en el País, tiene su origen en la falta de solución de estos problemas; y, que de continuar insolutos bien podrían paralizar a la administración de justicia del país y ocasionar una eclosión social que podría empañar la imagen del Ecuador y desestabilizar al sistema democrático .

Sin atacar a las causas que originan los problemas en la Función Judicial, hablar de despolitización o despartidización de la administración de justicia, sólo sería demagogia. Entonces, busquemos la fórmula que necesitamos para terminar con la crisis y la corrupción en el área judicial; porque todo estaría perdido si el pueblo desconfía de un gobernante, antes de tomar el poder. El espectro misterioso de la justicia resulta delicado resolver sin conocer el asunto a fondo