La crisis política y los absurdos jurídicos

Jueves, 24 de noviembre de 2005



JUSTICIA PARA TODOS
La crisis política y los absurdos jurídicos

Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley

 

LA COYUNTURA POLITICA, que ha sido atizada por rumores de disolución del Congreso y destitución del presidente Gutiérrez, así como las expectativas que surgen alrededor de la reunión de la OEA, y finalmente la posibilidad de que se incrementen los aportes para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fueron los temas analizados en el programa Justicia para Todos que se transmite por TC Televisión.

El fin de semana del 29 y 30 de mayo se vertieron una serie de rumores sobre un autogolpe y la disolución del Congreso, lo que fue interpretado como una suerte de reacción a las discusiones del Congreso que buscaban suceder al Presidente de la República. Para el doctor Edgar Terán, esas discusiones y rumores constituyen una serie de absurdos jurídicos.

Terán comentó que no es posible revocar de manera simple el mandato del presidente de la República, aunque la actitud en algunos sectores del Congreso lo daba a entender así, la semana anterior. Al presidente de la República se lo puede destituir por parte del Congreso solo por causas muy puntuales y muy graves, difíciles de demostrar. La Constitución, desde el año 98, le da al Congreso escasa facultad de remover al presidente de la República, explicó.

Otros segmentos de la sociedad y del Congreso reclamaban que el presidente renunciara, y el acto de renuncia del presidente depende unilateralmente del Primer Mandatario. Ni todas las fuerzas del mundo unidas le podrán obligar a hacerlo, si el presidente decide enfrentar hasta cualquier consecuencia los resultados de sus actos, manteniéndose en la función para la que fue elegido, es su derecho. Ese proceso hacia una eliminación del presidente por autodecisión era un camino también cerrado.

En medio de la turbulencia surgió otro riesgo de tipo jurídico: que el presidente de la República decidiera cerrar el Congreso, clausurarlo. De acuerdo con Terán esa figura no está prevista en la Constitución; hacerlo significaría proclamar la dictadura, romper la Constitución. En el Ecuador no hay manera de cerrar el Congreso, dijo Terán, pues la Constitución no prevé los caminos para ello. El mero pensamiento al respecto o cualquier preparativo en ese sentido, son dictatoriales. "Eso se llama simplemente Golpe de Estado", dijo Terán. Durante ese fin de semana se habló sobre que habría un grupo de militares que empujaba esa tesis.

Otro argumento que se oyó mencionar muy fuertemente es el de la posibilidad de acortar el periodo presidencial y llamar a elecciones anticipadas. Tampoco eso está en la Constitución Política, indicó Terán. En el país no existe un régimen parlamentario, en el cual la soberanía radica en el Congreso y el Congreso nombra al gobierno. Este es un régimen presidencial en el que el pueblo directamente escoge a su presidente. En un régimen parlamentario es posible que por un voto de censura o cualquier procedimiento similar se termine el gobierno y se convoque a elecciones para otro gobierno. Pero en Ecuador esto no es posible.

Pese a que el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, descartó de manera categórica la disolución del Congreso, la polémica fue reavivada por uno de sus representantes en el consejo directivo del IESS: Fausto Solórzano quien lideró una marcha y en los pies de Carondelet, exigía a viva voz al presidente que disuelva el Congreso.

Para Edgar Terán el Congreso ha hecho bien al plantear un juicio a Solórzano pues este funcionario ha cometido un delito castigado por el Código Penal con prisión o con reclusión, de acuerdo a la gravedad de los hechos. Con la prisión hay fianza, con la reclusión no.

Solórzano cometió un delito contra la seguridad del Estado y por ello, Terán consideró que el presidente de la República haría muy bien en revocarle de su cargo. Para Terán, Solórzano ha cometido un delito flagrante y el actor de un delito es un delincuente y no cabe que el presidente de la República lo mantenga como su representante, dijo el jurista.

También comentó Terán que aunque se haya retractado, el delito ha sido cometido. El Código Penal tiene 9 o 10 artículos en el capítulo de delitos contra la seguridad del Estado, con diversos matices y grados. Debe ser sancionado el que insta a la violencia, el que se toma con fuerza militar y trata de eliminar la Constitución o el orden constituido, el que induce a otros y lidera grupos humanos para violar la Constitución. En alguna de estas figuras está incursa la conducta de Solórzano.

 

OTROS TEMAS

 

Reunión de la OEA

Hace pocos días se celebró, en Quito, la reunión de la Asamblea de la OEA. La presencia del Secretario de Estado Americano, Colin Powel le dio un relieve particular a la reunión, pues se demuestra el interés de Estados Unidos sobre la OEA.

La designación del Secretario General fue el tema central porque, de acuerdo con Terán, las otras declaraciones de este organismo, con frecuencia, no llegan a tener sustancia vinculatoria sobre la conducta de los Estados. El jurista comentó que la nominación del ejecutivo de la OEA, por 4 años, Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente de Costa Rica, es trascendente, pues por primera vez un centroamericano llega a la Secretaria General de la OEA. Siempre lo han hecho embajadores delegados de América del Sur. Por tradición, nunca ha ocupado este cargo un estadounidense. Tampoco un caribeño ha estado en la Secretaría.

Sin embargo, Terán reflexionó en que la OEA ha perdido, a lo largo de los años, su prestancia y su trascendencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la OEA constituyó un núcleo regional absolutamente coherente, los países de América Latina y Estados Unidos fueron un ámbito hemisférico que tuvo algo que decir a la comunidad internacional. En esta época el derecho internacional americano se desarrolló grandemente hasta comienzos de los años 60.

Desafortunadamente la OEA pierde prestancia cuando Europa renuncia a sus colonias y entre ellas a las del área del Caribe que tenían regímenes coloniales con Holanda, Francia, Reino Unido. Doce países del Caribe, entran a ser miembros de la OEA y forman un bloque. Sin embargo, éste no tuvo una presencia integrada con el resto del continente.

A partir de estos episodios, la OEA pierde compactación, vigencia y fuerza, incrementa su retórica, y aumenta su burocratismo, pues hay más nacionales de más países a los cuales colocar en la burocracia de la OEA, que se vuelve enormemente pesada.

De acuerdo con Edgar Terán, lo que vemos ahora en el Consejo Permanente es una retórica cada vez mayor, discursos cada vez más largos, manejos parlamentarios y operativos cada vez más complicados. Todo esto hace que la OEA tenga escasa eficacia y presencia, por ejemplo en la situación de gran riesgo que está atravesando Venezuela. La presencia del ex presidente Gaviria que termina su segundo periodo en la OEA fue casi deslucida, aseguró Terán. Ejemplificó esta situación indicando que el Centro Carter, una organización privada ha tenido una figuración y constancia mayores en buscar el advenimiento de las partes en el conflicto, que la propia OEA.

Pese a ello, Terán hizo votos para que la Asamblea General produzca dos o tres declaraciones importantes sobre el caso Venezuela. Para el jurista debería hacerse una declaración formal por parte de la OEA de que se atenta contra la democracia, no solamente cuando se da un cuartelazo sino cuando desde el poder se altera el sistema democrático. "Eso sería un enorme avance, aunque no creo que suceda", comentó. Más allá de ello, Terán dijo que se debe reconstituir este órgano regional que debería ser muy importante.

Finalmente, Ecuador propuesto al Consejo Permanente incluir el tema de la lucha contra la corrupción. La ponencia de Ecuador debería ser tipificar o definir distintos delitos contra la corrupción. En la actualidad no está adecuadamente definida en el derecho internacional. Para el jurista el Ecuador debía presentar una tipología de orden penal entre los delitos que se pueden englobar bajo el término "corrupción". Para Terán, todo lo demás, declaraciones, anécdotas como por ejemplo que en la actual coyuntura de corrupción rampante en el país, Ecuador quiera ser abanderado de la anti corrupción, queda para los comentaristas.

IESS

Ha generado un profundo malestar dentro de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el anuncio de que un reglamento de la nueva ley del IESS entrará en vigencia y que dentro de éste, se ha establecido un aumento de los aportes de los afiliados al IESS que va de 3,75% al 5% para los trabajadores menores de 40 años. Este incremento financiaría lo que la ley manda: que la atención médica del IESS amplíe su cobertura a los cónyuges y a los hijos del afiliado.

Sobre el tema Terán dijo que ha revisado el proyecto de reglamento que se presentará al presidente de la República y que no encontró ese incremento, anunciado por los medios de comunicación. Sin embargo, adviritió que ese reglamento es ilegal e inconstitucional por muchos otros aspectos.

De acuerdo con Terán, el artículo 117 de la Ley de Seguridad Social manda que: "el seguro general de salud individual y familiar se financiará con una aportación obligatoria de hasta el 10% sobre la materia grabada del afiliado, lo cual cubrirá la protección de este, su cónyuge o su conviviente con derecho e hijos hasta 6 años de edad y con las demás fuentes de financiamiento determinadas en esta ley. En el caso del trabajador en relación de dependencia la aportación del afiliado será compartida en la forma señalada en esta ley". De acuerdo con Terán, este artículo por consiguiente deja una facultad discrecional al Seguro Social para destinar hasta el 10% de la base imponible de los sueldos y salarios, a este seguro de salud.

Pero el Seguro Social no puede resolver alegremente el aumento de los aportes del trabajador o del patrón. Lo que se aporta a la Seguridad Social es el 28% de la nómina de sueldos y salarios, es decir un porcentaje altísimo, casi la tercera parte de la nomina de sueldos y salarios. "No conozco en los países donde he estado una Seguridad Social peor que la de Ecuador, más grotesca, más inútil frente al afiliado, más displicente, más burocrática, más compleja, más inhumana y más cara", dijo el jurista.

En todo caso, Terán alertó a la ciudadanía para que esté atenta y no permita una subida de un milésimo de los aportes. Al contrario, para Terán, la ciudadanía tendría que presionar para que la Seguridad Social baje los aportes. Aseguró Terán también que la ciudadanía debe oponerse a que ese reglamento antes mencionado sea aprobado, pues es violatorio de la ley y hasta de normas constitucionales.

Reflexionó sobre que en nuestro país, los reglamentos sirven justamente para violentar las leyes y la Constitución. Puso como ejemplo la relación que en todos los gobiernos han tenido el Congreso y el Ejecutivo: si el Parlamento aprueba una ley, el presidente de la República inmediatamente la modera, la elimina en partes, la limita en otras y sirve para burlar la ley. Para Terán, el 'reglamentarismo' es una de las causas más ostensibles de la inseguridad jurídica y de que vivamos en un estado que no es de Derecho, sino uno dictatorial en que el burócrata nos impone su capricho o el interés del grupo al que está sirviendo.

Terán pidió también estar atentos en lo que a Seguridad Social se refiere, a la relación entre la caja fiscal del Estado y el Seguro Social. "En las primeras declaraciones del señor ministro de Economía, Mauricio Yépez, hay algunas afirmaciones muy sensatas como que va a revolucionar al fin el régimen de hidrocarburos y el régimen de electricidad, de producción de electricidad, pero hay alguna otra declaración que me dejó preocupado", comentó Terán. Yépez ha dicho que se propone cambiar el artículo 237 de la ley de la Seguridad Social, ese artículo dice que en todos los casos comprendidos en este capítulo que es el de la jubilación, el IESS cubrirá el 60% de la pensión respectiva y el Estado continuará financiando obligatoriamente el 40% restante pero en cualquier circunstancia el IESS otorgará la prestación completa. El ministro habría expresado que busca que el estado pueda pagar ese 40%, en bonos y el rendimiento de los bonos dedicar al objetivo de la jubilación. "Esto sería muy grave", dijo Terán al respecto.

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