Injerencia Política en la Corte Suprema

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

Injerencia Política en la Corte Suprema

Dr. Walter Freire Chávez
FERDERACION NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR

 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS, por medio de su presidente; el Dr. Walter Freire Chávez; convocó con carácter de urgente a los 21 presidentes de los Colegios de Abogados del país con el objeto de analizar el conflicto e invasión de funciones que se suscitó entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo nacional de la Judicatura.

Inexplicable pugna

Profundo malestar y rechazo ha causado entre los treinta y dos mil jurisconsultos del país, la sórdida e inexplicable pugna que se viene dando entre determinados miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura, los cual desacredita y profundiza aún más la desconfianza ciudadana en una Institución que debe estar por encima de toda sospecha, por tratarse de ser una Función llamada a dar transparencia en la seguridad jurídica de los ecuatorianos y extranjeros, expreso Walter Freire.

Intervención de la partidocracia

El que la Corte Suprema de Justicia quiera seguir con los nombramientos de los Magistrados y demás funcionarios de la Función Judicial, demuestra fehacientemente la total injerencia e intervención de la partidocracia.
La soterrada intención de oponerse a un mandato constitucional claro y categórico, no es otra cosa que la demostración fehaciente de la intervención e injerencia de la partidocracia que sigue metiendo sus tentáculos al viejo y corrompido estilo de décadas pasadas, a despecho de un pronunciamiento definitivo y terminante del pueblo, que mediante consulta popular, proclamó la absoluta independencia y profesionalidad de la carrera judicial.

Falencia en la Adminsitración de Justicia

Esto explica el porque aún después de una año se pueden designar los Delegados Distritales del Consejo Nacional de la Judicatura en ninguna parte del país, ni tampoco han podido llenar las vacantes o creaciones de magistrados a nivel nacional, creando una seria falencia e inopia en la administración de justicia, no pudiendo sancionar ni resolver miles de denuncias en las provincias, que deben ser conocidas en primera instancia por los Delegados Distritales provocando la crueldad de los reclamos de la sociedad civil y la consiguientes impunidad.

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