Indefiniciones jurídicas en el Área petrolera

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

Por: Fundación hacia la Seguridad
Imperio de la Ley

EL REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS petroleras privadas en Ecuador, René Ortiz, opinó que existen una serie de indefiniciones en el tema jurídico que preocupa a esas empresas. Esto desemboca en una falta de inversión en esta área, considerada de vital importancia para la economía ecuatoriana. Este fue el tema principal tratado el domingo pasado en el programa Justicia para Todos transmitido por TC.

El empresario y el doctor Edgar Terán Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, analizaron el tema petrolero. En este sentido, para René Ortiz las indefiniciones del Gobierno en el tema petrolero se evidencian, por ejemplo con la propuesta de licitación que ha ido cambiando sistemáticamente. "Por obvias razones esta propuesta ha desubicado las empresas interesadas y el Gobierno no ha podido articular una propuesta que tenga clara respuesta a futuro", comentó Ortiz.

Todo esto ha desembocado en una carta de los personeros del OCP dirigida al presidente de la República informándole que los términos en los cuáles se estaba proponiendo la licitación que dejan dudas y generan vacíos legales.

El problema que se genera es que "una compañía no puede arriesgarse brutalmente a un compromiso de 20 años o 30 años a futuro sin que esta regla legal esté totalmente establecida, a esto hay que sumarle una serie de indefiniciones que son de un peso específico muy alto. Por ejemplo, el régimen tributario es indefinido porque está en proceso una reforma. Debe ser tramitada por el Congreso, pero no sabemos cómo va a salir. Tampoco sabemos cómo va a entrar", opinó.

IVA Petrolero

El presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, Edgar Terán, comentó que lamentablemente el tema de la falta de devolución del IVA a las compañías petroleras por sus exportaciones fue uno de los primeros elementos antindustria del petróleo en el Ecuador. Para el jurista esto es "una grosería jurídica inimaginable, pues el artículo 69 A de la ley de Régimen Tributario Interno obliga a devolver el IVA a las petroleras como a todos".

Terán comentó que la ley no deja lugar a dudas, no plantea discreción de los funcionarios, sino que obliga a devolver el IVA.

Para Terán la terquedad de no devolver el IVA petrolero ha traído como resultado que las compañías petroleras dejen de invertir, al advertir que el Gobierno del Ecuador les trampea.

Sobre el tema, Ortiz, confirmó que la inversión se ha suspendido. Explicó que la inversión que se ha visto reportada por los medios es la prevista en los planes de 1999. A eso hay que sumarle la inversión represada, que aparece como nueva inversión pero no lo es.

Ortiz aseguró que los empresarios ya se han encargado de indicar al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, que otra de las graves repercusiones de que no existan reglas claras, es el actual lucro cesante.
"El lucro cesante por no tener inversión es de 730 millones calculado a 15 dólares".

Ortiz también advirtió que con el proceso de desinversión que se ha dado, especialmente en Petroecuador, la producción ha tenido una declinación en los últimos diez años muy significativa.

Revisión de licitación

De acuerdo con René Ortiz, la actual licitación petrolera debía revisarse inmediatamente pues no existen reglas claras. "Estamos invitando a un proceso licitatorio sin reglas del juego completas. Hay indefiniciones, donde por ejemplo, el tema del pasivo ambiental es bastante grave, la remediación ambiental va a ser costosa. El pasivo social es costoso pues hay que entender que estos campos están dentro de poblados", dijo.

Explicó además que hay indefiniciones en el tema de la curva base. Pese a que los campos Shushufindi, Culebra y Yulebra están produciendo actualmente, no se sabe sobre qué base parten las compañías privadas, sobre la base de la última producción del último día, del último semestre, de los últimos cinco años, etc. "No se puede asumir que el riesgo de comprometerse a tan largo plazo pueda ser tomado con tanta ligereza".

El experto petrolero aseguró que "la lista de indefiniciones es tan larga que amerita que se vuelva a reconsiderar todo, que amerita que no haya estas incongruencias entre el Ejecutivo y el poder Legislativo dentro del mismo tema petrolero". El empresario propuso que se busque la forma de rediseñar el proceso. "Aún estamos a tiempo", dijo.

Inversión extranjera

Pese a que existen las reservas petroleras, no ha existido la apertura para que el capital privado pueda introducir tecnologías de recuperación, opinó Ortiz, para quien "la inversión permite aumentar la producción, crea empleo, un ambiente magnético de otras inversiones".

También aseguró que está sorprendido por unas declaraciones de la directora del Servicio de Rentas Internas en Radio Democracia, en las que asevera que la inversión extranjera no es beneficiosa para un país. Según Ortiz este tipo de criterios supone desconocer la importancia de la inversión en la generación empleo, la producción, la utilización de tecnología que es el magnetismo para empujar el vehículo del desarrollo. "Hay que crecer con inversión, no con impuestos", aseguró.

Sobre el tema, Edgar Terán comentó que la situación económica del Ecuador después de la dolarización que afortunadamente no es desesperada y que ha logrado cierta estabilidad, requiere de una estimulación inmediata y que la única forma de dar el salto es a través de una cuantiosa, rápida y eficiente inversión petrolera.

A esto hay que sumar que este gobierno señaló su intención de aumentar la producción, invitar a la inversión extranjera y que haya respeto a los contratos. El problema es que no hay una política de implementación de esos enunciados.

Paralelamente, las empresas privadas que tienen conocimiento y experiencia para desarrollarse, le han planteado al Gobierno una inversión adicional, para llenar el OCP, de 4.500 millones de dólares. Esta cifra equivale al 65% del presupuesto del Estado y tres veces la inversión que terminó de hacer este mismo grupo de compañías en relación al OCP. Pese a ello, Ortiz indicó que no ha habido hasta el momento una respuesta categórica del Gobierno.

Enredos en el IESS

La última disposición legal que tenía vigencia en el tema de Seguridad Social (SS) sobre jubilación, decía que cada jubilado tenía derecho a una jubilación equivalente a los cinco años de los mejores sueldos, pero en la última Ley se introdujo una disposición que dice que la jubilación será de acuerdo a los cálculos actuariales del Seguro. Es decir lo que el IESS quiera devolver a los jubilados. Así es como se esfuma el ahorro obligado que ha hecho la gente a través de 30 o 40 años.

Para darle al afiliado la sensación que el IESS hace algo por él, esta entidad resolvió otorgar préstamos hipotecarios. La ley se lo permitía. Sobre este tema, existen algunas dificultades. Por un lado, el Ecuador se comprometió con el FMI a que ya no habría préstamos hipotecarios. En el manejo de las finanzas del Ecuador se pensaba que no debía desviarse, el objetivo principal de la Seguridad Social que es brindar salud y garantías a los jubilados, hacia el financiamiento de la vivienda.

Sin embargo el Gobierno no tenía competencia para comprometerse a eso, porque la SS no es del Gobierno. Según la OIT, la SS es propiedad de los empleadores y de los trabajadores, el Gobierno solo es un empleador más. El Gobierno no puede meter la mano en el patrimonio de la SS. Hizo una oferta al FMI basado en una propiedad patrimonial que no tenía, pero está ese compromiso.

Además, hay una confusión penosa y grave, pues existen unos depósitos del IESS que llegan a 400 millones de dólares que están contabilizados como parte de la Reserva Monetaria. Pero no deberían estar contabilizados así, ya que no son patrimonio del Estado. En este sentido hay una lucha sorda entre el IESS y el Ministerio de Economía y el Banco Central, sobre la disponibilidad de aquellos ahorros.

El IESS se ha enredado en el manejo de los préstamos con la banca privada. Pero la solución es simple: el IESS es el dueño de los fondos, el IESS debe prestar, quiere que alguien opere. Entonces debe hacer un fideicomiso y nombrar fiduciaria a la banca. Si no se actúa de esta forma, el perjudicado de fondo seguirá siendo el pobre afiliado, que no tiene derecho a jubilación, el que tiene las peores prestaciones y que debe pagar el costo más alto del mundo, el 28% de la remuneración para esto.

Multas por exceso de gasto

Desde el punto de vista jurídico las normas penales deben estar tipificadas en la ley. Si el prototipo del hecho no está contemplado como delito en la ley penal, no se puede castigar. En el tema del exceso de gasto en campaña electoral que el Tribunal Supremo Electoral ha sancionado con una multa, se está violando la Ley, pues la Ley Electoral no tipifica como delito o infracción electoral el excederse en los gasto de la campaña. Esta violación legal puede traer consecuencias de orden administrativo y de orden penal para los funcionarios del TSE.

En cambio, la ley sí establece como delito recibir dinero de origen oscuro e ilegal, como es el dinero del narcotráfico. Ahora, frente al escándalo que ha aparecido por el tema de dineros de narcotráfico en la campaña del Partido de Gobierno, ahí sí tendrá competencia el TSE para entrar a investigar y si encuentra delito, castigarlo. En materia electoral sí hay tipificación de delito si ha habido dinero procedente de narcotráfico o de otra actividad ilícita.

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