Incremento salarial hace tambalear estabilidad

JUSTICIA PARA TODOS
Incremento salarial hace tambalear estabilidad

Por: Fundación Hacia La Seguridad
Imperio de la Ley

L A DECLARACI´ON PRESIDENCIAL sobre el incremento de sueldos al sector público ha causado un remezón en varios frentes de la realidad nacional. Los efectos que se producirían de concretarse este anuncio del Gobierno fueron debatidos el domingo 25 de abril en el programa Justicia para Todos, por Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la Cámara de Comercio de Quito; el coronel retirado Luis Herrera y el doctor Edgar Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley.

Desestabilización internacional

El anuncio presidencial ha causado desde la desestabilización de la negociación con el Fondo Monetario hasta el aumento de lo que se llama ‘riesgo país’, ya que los agentes del comercio internacional ven que el país comienza a quebrar su propia política de estabilidad, y comienzan a desconfiar, opinó Edgar Terán presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley.

Violación a normas legales

En el aspecto local, el país ha quedado estupefacto porque el anuncio va contra las leyes vigentes. Terán explicó que hay una norma vigente que congela los salarios del sector público, entre 2004 y 2005. Otra norma aprobada por el Congreso gracias a una fuerte labor del Ejecutivo manda que el costo de la masa salarial del sector público no suba de 2.027 millones. Hay otra norma que dice que hay que homologar las categorías salariales de los servidores públicos porque en las mismas entidades públicas hay disparidad (una secretaria de Petroecuador gana cinco veces más que una del Ministerio de Salud). Sin embargo, ese proceso comienza en 2005 y conforme haya recursos.

Inestabilidad política

Otro de los efectos ha sido la inestabilidad política que, de acuerdo con Blasco Peñaherrera Solah, de la CCQ, ha sido provocada por el propio mandatario, pues con su anuncio ha atentado contra la estabilidad económica y así también contra la estabilidad social y su propia estabilidad política. El representante empresarial calificó al ofrecimiento de incrementar los salarios como “demagogia barata” pues no existe financiamiento, “ni siquiera se ha consultado con el Ministro de Economía”.

De acuerdo con el presidente de la CCQ, el coronel Gutiérrez ha adoptado las herramientas más fáciles para mantener satisfechos a unos pocos, sin darse cuenta que eso desestabiliza la economía del país y el ambiente social, lo cual lleva finalmente a la desestabilización política de la que estamos hablando hoy.

Lamentó Peñaherrera S. que el país deba discutir, en estos momentos, el tema de la destitución presidencial o de la demagogia de los salarios en vez de comentar sobre el futuro de nuestro país, e intentar dar solución a los problemas más sentidos como la educación, la salud y los procesos competitivos, “estando a puertas de un proceso de negociaciones con los Estados Unidos, penosamente el presidente con esto ha iniciado su harakiri, esperemos que rectifique en esta barbaridad”.

Protesta social

De acuerdo con Terán, también se ha provocado la reacción de otros segmentos de la sociedad que piensan: “¿y a mí, por qué no me incrementan también la remuneración?” Los trabajadores de la salud han estado reclamando alzas por sobre las normas de buen manejo presupuestario, ahora las universidades también reclaman. Los resultados de destruir el buen orden presupuestario que el Ministro de Finanzas estaba logrando, serán desoladores, dijo.

¿Se puede financiar el aumento?

Terán se preguntó qué sucedería si supuestamente se subieran los sueldos, pero el presupuesto no tiene financiamiento. Para Terán existirían dos caminos: “Se robarían lo que queda en el seguro social, 500 o 600 millones. Si eso no alcanza, se recurrirá a cualquier otra cosa que produzca dinero, inclusive pensarán en la locura de aumentar los impuestos”.

Por su parte Blasco Peñaherrera S. comentó que las Cámaras no aceptarán nuevos impuestos: “nos negamos a que los nuevos impuestos que seguramente vendrán a través del Impuesto al Valor Agregado sigan empobreciendo a los ecuatorianos, porque son impuestos injustos, porque son atentados contra la productividad nacional”.

Desde la óptica del coronel retirado Luis Herrera, posiblemente el ofrecimiento de aumento de salarios no fue planificado, comentó que “a lo mejor el ambiente fue tan difícil en la Escuela Militar que en un acto de desesperación les dijo les voy a subir los sueldos”. Herrera reflexionó sobre que las Fuerzas Armadas como muchos sectores, necesitan tener un sueldo digno, pero al mismo tiempo, los momentos en que vive el país demandan sacrificio de todos. “Aquí juega un papel fundamental el líder, que debe hacer entender a cualquier organización que necesitan hacer un sacrificio temporal para un beneficio posterior”, manifestó.

Posibles soluciones

Blasco Peñaherrera se mostró pesimista sobre posibles soluciones a la actual situación del país. Sin embargo consideró que es fundamental instaurar ciertos principios y parámetros que harán que el país se recupere a mediano y largo plazo. Además aclaró que estas recomendaciones ya se le han hecho al presidente Gutiérrez, pero no han sido acogidas:

1. Incorporar la transparencia en el tema de los sueldos y salarios: “los ecuatorianos y el sector productivo exigen saber cuánto ganan los servidores públicos, cuáles son sus sobresueldos y compensaciones. Es necesario saber exactamente cómo está compuesta esa famosa masa salarial”.

2. Es indispensable un cambio en el equipo del Gobierno, es decir “que salgan los amigotes, que se vayan los parientes, que se vayan los incapaces, que se vayan los asesores que finalmente han enceguecido al presidente y han hecho que tome las decisiones erráticas de las últimas semanas”, argumentó Peñaherrera.

3. El clientelismo debe terminar. Este asunto del incremento salarial, lo de la reingeniería de los sueldos y salarios no tiene justificación. Peñaherrera aseguró que existen 9.728 servidores públicos que están fuera del país todavía recibiendo salario, lo cual, dijo, demuestra que hay que transparentar las cifras. Pero reflexionó sobre que aún en el caso de que esos 10 mil puestos quedaran vacantes, no son suficientes para poder compensar el incremento salarial de 400 mil empleados públicos.

4. En cuanto al tema económico, dijo el representante gremial que “es importante impulsar el TLC, nombrar a un negociador e iniciar el proceso de negociaciones con Estados Unidos, pues es lo más importante desde el punto de vista comercial y económico que le ha pasado a nuestro país en su historia”.

5. También es necesario, de acuerdo con la visión de Peñaherrera, impulsar un desarrollo en el sector eléctrico, aprobar la interconexión con el Perú, iniciar la construcción de los proyectos San Francisco y Mazar. Adicionalmente recomendó preocuparse del sector petrolero, ya que el Ecuador hoy produce 190 mil barriles cuando se debería producir 320 mil que es lo se producía en 1994. Comentó que se debe sacar a licitación los cuatro campos de Petroecuador.

6. También se mostró partidario de eliminar entidades ociosas como el CONAM. Unificar a los bancos de Fomento, del Estado, de Vivienda. Sobre el Banco Central dijo que le cuesta mucho dinero al Ecuador mantenerlo. Propuso reestructurarlo y darle funciones pero de manera transparente.

Destitución presidencial

El presidente de Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, Edgar Terán comentó que frente a la intención de algunos grupos políticos y personajes de eliminar al presidente de la República, destituirlo, enjuiciarlo, es fundamental insistir en las perspectivas jurídicas de semejantes acciones.

– Según la Constitución Política, los delitos electorales y las infracciones electorales son de competencia del Tribunal Supremo Electoral y no del Congreso. El delito electoral más grave es haber recibido, a sabiendas, dolosamente, dinero ilícito (de narcotráfico o cualquier fuente ilícita). Esto es materia del Tribunal Supremo Electoral y puede ser causal de remoción. Lo que resuelva el Tribunal Supremo Electoral es sujeto de un recurso de amparo por el perjudicado, ante el Tribunal Constitucional.

– El Congreso, tiene competencia para destituir presidentes. Esa facultad es reglada y muy restringida solo a unos casos de delitos gravísimos.

– Si se trata de un delito común, si de pronto hay un asesinato que comete un alto funcionario, un presidente de la República, entonces el presidente de la Corte Suprema, el juez natural debe seguir el juicio, previo permiso del Congreso.

Por su parte Blasco Peñaherrera S. se mostró preocupado pues considera que la economía reaccionará de manera desastrosa para el país ante una coyuntura de una salida del presidente aunque fuera constitucional. “Sin lugar a dudas lo que tenemos hoy es malo, pero es menos malo de lo que podemos tener a futuro. Eso no tiene que conformarnos ni tranquilizarnos y por ello le hemos pedido al presidente de la República cambios sustanciales”.

Los invitados coincidieron con lo dicho por Edgar Terán desde su óptica jurídica: “No podemos admitir ni en suposición, ni en imaginación calenturienta, ni en pesadilla que cualquier cosa que ocurra sea fuera de la Constitución Política, es decir la hipótesis del golpe de Estado es algo que tenemos que descartar absolutamente. Eso sería desolador, destructor, apabullante para la vida de este país”.