Garantías Constitucionales del procesado que podrían ser violentadas en el Procedimiento Abreviado.

Viernes, 03 de febrero de 2017

Garantías Constitucionales del procesado que podrían ser violentadas en el Procedimiento Abreviado.

 

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

El martes 17 de enero de 2017 en esta misma revista Judicial, se publicó mi artículo denominado: ?El PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONSTITUYE O NO UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO NEMO TENETUR SE IPSUM?, en el cual entre varios subtemas, se expresaba en lo medular que el procedimiento abreviado, sin lugar a dudas podría ir referido a una relación costo- beneficio, dejando de lado la importancia de la persecución penal pública, como medio de la averiguación de la verdad, ya que al momento en que el procesado acepta la responsabilidad sin importar si esta es inducida a su aceptación o no termina el proceso penal, debido a que en ese momento se dicta la sentencia condenatoria.

Denotando que la finalidad del procedimiento abreviado, es la obtención de sentencias de modo rápido y económico, coadyuvando a la eficacia del sistema, ya que sólo permite que los juicios más graves y que mayor conmoción social causan, sean los que en definitiva necesitan y deban probarse siguiendo el procedimiento ordinario, obteniendo de esta manera ahorro de recursos y tiempo, visualizando como si el sistema penal, solo se basará en un cálculo presupuestario destinado sólo a un cierto porcentaje de casos que deban ser investigados mediante el procedimiento ordinario.[2]

Lo cual  nos denota que el procedimiento abreviado básicamente va dirigido a lograr un eficientísmo penal, medido en el número de sentencias condenatorias obtenidas en el menor tiempo posible lo que genera una rentabilidad en los gastos vistos desde el punto económico.

Concepto que se encuentra dividido y es totalmente respetable, ya que en ciertas ocasiones el procedimiento abreviado es visto como la mejor opción, tanto así que entre los comentarios recibidos a lo largo de esta semana me manifestaban: ?Doctor el procedimiento abreviado en un caso en el cual es obvio que si no me someto a dicho procedimiento es evidente que mi defendido va a ser sujeto de una pena mucho mayor a la que lograría obtener si acepta el hecho, sería la mejor opción.?

            Constituye una posición sumamente aceptable ya que la razón de ser del procedimiento abreviado de alguna manera es generar un consenso entre el Fiscal y el procesado, mediante el cual éste último asume los hechos fácticos de la acusación, a cambio de lo cual el representante de la Fiscalía mociona una pena mínima como sanción.

No obstante esto depende también de la postura de cada litigante y del pleno conocimiento de que el procesado decida hacerse responsable por un acto que realmente cometió, siendo imperante analizar este presupuesto a la par de las garantías constitucionales inherentes al procesado, tomando en cuenta que el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, establece el derecho de las personas a la defensa, que incluyen un sin número de garantías.[3]

1.- Garantías, que podrían estar siendo vulneradas dentro del procedimiento abreviado:

1.- Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa[4].-  Es evidente, que dentro del procedimiento abreviado no se cuenta con los medios adecuados para preparar la defensa, mucho menos si quiera para deducir una imputación ya que en el menor tiempo posible es sumamente complicado obtener los elementos necesarios que permitan deducir un imputación sumamente sólida, lo que según Julio B. J. Maier, citando a Vélez Mariconde manifiesta que:

?En primer lugar, para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de que defenderse: esto es, algo que se le atribuya haber hecho u omitido hacer en el mundo fáctico, con significado en el mundo jurídico, exigencia que en materia procesal penal se conoce como imputación?[5]

            Es decir, si en el procedimiento abreviado, no se cuentan con elementos necesarios, para deducir una imputación, la misma, que según Julio B. J. Maier hace referencia a que:

?La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o alguno de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico penal a la que, se pretende, conduce o, de otra manera, agregar los elementos que, combinados con los que son afirmados, guían también a evitar la consecuencia o a reducirla [?]?[6]

            Mucho menos, se puede garantizar, la defensa, sin medios ni tiempo, ya que de por si este proceso se basa en la aceptación del hecho cometido por parte del procesado, sin necesidad de efectuar mayor investigación, ya que de por si el hecho se está atribuyendo el procesado como que lo cometió, independientemente si realmente lo hizo o no, por lo cual no existe necesidad de efectuar defensa alguna.

Generando conforme menciona Christian Norberto Hernández Aguirre, en su artículo ?EL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO? que se descontextualice totalmente el derecho a la defensa que consiste en que:

?La regulación del derecho de defensa al concebirse como un derecho de rango fundamental, atribuido a las partes de todo proceso, podemos decir que se puede materializar básicamente en la necesidad de que estas sean oídas, en el sentido de que puedan alegar y puedan demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan y puedan rebatir sobre todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la resolución judicial. [?]?[7]

Es decir, al no existir la facultad de controvertir la existencia de prueba dentro de un proceso penal, debido a la falta de elementos que deduzcan la imputación, y frente a la aceptación del hecho de por si es ilógico que se pretenda ejercitar el derecho a una defensa activa.

            2.- Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra[8].- Este garantía básicamente, constituye la garantía de probar y controlar la prueba, que según Julio B. J. Maier, constituye:

?[?] el principio de contradicción el derecho de probar y el de controlar la prueba del adversario. Ello no es incorrecto, pues, sobre todo el control de la prueba del adversario, representa una manifestación del contradictorio, a la vez que la facultad otorgada para demostrar los extremos que son esgrimidos para inhibir la imputación de que se es objeto, o aminorar sus consecuencias, es una manifestación imprescindible de la posibilidad de oponerse a la persecución penal[?]?[9]

            Es decir al no existir esta posibilidad, dentro del procedimiento abreviado, ya que con la aceptación del imputado del cometimiento del acto, no hace falta generar ningún debate mucho menos contradicción, es decir no se puede llegar a obtener una verdad fáctica, la misma que para Ferrajoli, significa:

?[?] verdad fáctica en cuanto que es comprobable a través de la prueba del acaecimiento del hecho y de su imputación al sujeto incriminado; la verdad de la segunda es una verdad jurídica en cuanto que es comprobable a través de la interpretación del significado de los enunciados normativos que califican al hecho como delito.?[10]

            Generando de esta manera, sentencias que en algunos casos ni siquiera puedan corresponder al tipo penal que debió ser imputado por parte del fiscal, ya que al no contar este con los elementos necesarios, no podría llegar a deducir una imputación objetiva certera, en relación a la situación jurídica que podría configurar la actuación cometida por el procesado.

 

 

            3.- Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.-[11] Dentro de este aspecto, se evidencia que previo a que el Juez, ya lo declare culpable, se induce al procesado, a que el mismo se declare culpable, diciéndole que al aceptar dicho procedimiento se podría beneficiar con una rebaja sustancial de pena, lo que podría violentar de esta manera la presunción de inocencia que según Juan Sebastián Tisnés Palacio, citando a Francesco Carrara, manifiesta:

 ?[?] que ante la sospecha de la comisión de un delito, se alza a favor del indiciado la presunción de inocencia, no para detener las actividades legítimas de las autoridades estatales, sino para servir de freno al arbitrio, de obstáculo al error, y por consiguiente, de protección de ese individuo investigado.?[12]

            Es decir, la presunción de inocencia conforme menciona José Carlos García Falconi, debe ser entendida como:

?[?] el  derecho  que  tienen  todas  las  personas  a  que  se  considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón comportándose  de   acuerdo   a   los   valores,   principios   y   reglas   del   ordenamiento   jurídico,   mientras   un   juez competente no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad  en  el  hecho  punible  determinado por  una  sentencia  firme  y  fundada,  obtenida,  respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso [?]?[13]

Denotando claramente, que en este proceso la presunción de inocencia, queda totalmente de lado, dando lugar al principio de rentabilidad social, que consiste según el Doctor. Richard Villagomez Cabezas en ?buscar obtener sentencias condenatorias, con un mínimo de recursos, en un tiempo mínimo, descongestionando el sistema antes de llegar a juicio.?[14]

            Lo cual nos conlleva a pensar, que en el procedimiento abreviado podría existir un cierto grado de conformidad del procesado como requisito para la procedencia del mismo, que se lo diferencia de la confesión, indicándose que el procedimiento abreviado es un reconocimiento voluntario en la participación de los hechos referidos por la fiscalía; en tanto que la confesión es un acto autoincriminatorio, a pesar que al final no se establece una oposición clara entre la conformidad y la confesión.[15]

            4.- Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho[16].- En este aspecto es necesario indicar que en las sentencias emitidas cuando se trata de un procedimiento abreviado, por lo general se hace alusión solo a la aceptación del procesado del cometimiento de la acción punible, y en torno a esta aceptación se procede ajustar las categorías dogmáticas, sin ni siquiera en ocasiones establecer una adecuada relación con los elementos obtenidos hasta ese momento, que deben ser considerados como prueba.

En donde por ejemplo en el análisis de la categoría dogmática de la tipicidad, solo se efectúa una descripción de que es cada uno de los elementos, más no existe una relación directa de las pruebas, con el sujeto, que deduzca la configuración, que lo haga responsable de tal conducta.

Lo que ocasiona que toda la motivación gire en torno a la aceptación del hecho, de tal manera, que dentro del análisis de las categorías dogmáticas, lo único que se hace es la explicación de que es cada una de ellas, más no se realiza el encuadre con los hechos cometidos, para validar dicha adecuación de la acción a cada uno de las categorías dogmáticas.

            Una vez contextualizado brevemente las garantías, que podrían estar siendo afectadas en el procedimiento abreviado, es necesario recordar que el objeto de este artículo no es determinar de  manera directa si es adecuado o no la aplicabilidad del procedimiento abreviado sino de generar un punto de debate y reflexión en el cual cada uno de los lectores sabrá discrepar y determinar cuáles son los aspectos positivos y negativos de este procedimiento para así de esta manera  poder guiar de mejor manera a cada uno de nuestros defendidos buscando que a los mismos se les respeten sus derechos y a la vez contribuyendo con la administración de justicia.

 



[1] Abogado por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador). Especialista (c) en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Autor de los libros Mundo, Alma y Vida; Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP. scor1719@hotmail.com.

[2] José Sebastián Cornejo Aguiar, «EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL COIP», Derecho Ecuador, 14 de marzo de 2016, http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2016/03/14/el-procedimiento-abreviado-en-el-coip.

[3] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)., Art. 76, núm. 7

[4] Ibid. Art. 76, núm. 7, literal b.

[5] Julio B. J. Maier, Derecho  procesal penal, 2° edición, vol. Tomo I (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2004).,p.553

[6] Ibíd., p.553.

[7] Christian Norberto Hernández Aguirre, «EL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO», Ciencia Jurídica Universidad de Guanajuato División de Derecho, Política y Gobierno Departamento de Derecho, 2013,  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4596165.pdf.,p.125

[8] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)., Art. 76, núm. 7, literal h.

[9] Julio B. J. Maier, Derecho procesal penal., p.577.

[10] Ferrajoli, Bobbio, y Andrés Ibáñez, Derecho y razón.,p.48

[11] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). Art. 76, núm. 2.

[12] Juan Sebastián Tisnés Palacio, «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: PRINCIPIO CONSTITUCIONAL ABSOLUTO», Revista Ratio Juris, 14, 7 (2012), http://www.unaula.edu.co/sites/default/files/PRESUNCI%C3%93N%20DE%20INOCENCIA_0.pdf.,p.58

[13] José Carlos García Falconi, «EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA   Y LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ECUADOR» (Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador., 2009), http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/688/1/T773-MDE-Garc%C3%ADa-El%20derecho%20constitucional%20a%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia.pdf.,p.12

[14] Richard Villagomez Cabezas, «EL ROL DEL FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO».,p.34

[15] José Sebastián Cornejo Aguiar, «EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL COIP».

[16] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)., Art. 76, núm.7, literal l

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