Exclusividad de la jurisdicción y la actividad de ejecución

Martes, 01 de octubre de 2013

Exclusividad de la jurisdicción y la actividad de ejecución:

Cómo potenciar una ejecución eficaz

 

Autor: Dra. Vanesa Aguirre Guzmán

El principio de la exclusividad de la jurisdicción ordinaria en su vertiente positiva, reconocido en la Constitución art.168.3 y el Código Orgánico de la Función Judicial (art. 10), determina que esta potestad ha de ser ejercida únicamente por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, es claro que la función jurisdiccional tiene un carácter obligatorio y se proscribe que otros entes del poder público y los particulares puedan ejercer esa potestad o realicen arbitrariamente el propio derecho, con la obligación de acudir ineludiblemente al órgano judicial para recabar tutela jurídica.

En su vertiente negativa, el principio de la exclusividad significa que los órganos judiciales no pueden ejercer más atribuciones que las señaladas ene l ordenamiento jurídico: tampoco les es lícito invadir los ámbitos de competencia de las demás esferas del poder público.

La esencia del ejercicio jurisdiccional: fundamento del poder de ejecución

Sin embargo, aun con el carácter obligatorio otorgado a la función jurisdiccional, los ordenamientos jurídicos han reconocido expresamente excepciones al principio de exclusividad, con la consideración de que algunas situaciones obedecen más al poder de disposición  que sobre ciertos derechos subjetivos ostentan los ciudadanos, como en el caso del arbitraje, o a casos especiales, como en la denominada autotutela ejecutiva de la Administración.

Se ha de discutir, entonces, ante las voces que reclaman por la entrega de potestades que tradicionalmente las han ostentado los órganos jurisdiccionales, cuál es el sentido actual de la fórmula juzgar  y hacer ejecutar lo juzgado o, en otras palabras, cuál es la esencia  del poder jurisdiccional ?entendida como la potestad por al cual los tribunales dirimen como órganos del Estado los conflictos que se les someten a su autoridad-.

La reflexión viene en todo al caso, porque ?hay que decirlo-, ¿qué significación tiene  hoy la existencia misma del poder jurisdiccional cuando se exige cada vez con mayor frecuencia la entrega de sus facultades a otras manos? Casi podría afirmarse que ha sufrido una suerte  de dilución porque sus titulares no lo detentan hoy más en régimen de exclusividad.

Por supuesto, aun con las excepciones constitucional y legalmente aceptadas al principio d exclusividad, a nadie se le ocurriría discutir que el proceso constituye aún el cauce por excelencia para otorgar soluciones a las contiendas que se suscitan entre los justiciables. Se trata, como bien expone Barrios de Ángelis, de que el Estado otorgue tutea jurídica, pero también de que realice una verdadera tarea política ?en el más noble sentido de la palabra-, porque el proceso tiene finalmente un sentido público: si el Estado no otorga una respuesta adecuada a los justiciables, mal podría pretender prohibirles con éxito el realizar por sí el propio derecho.

La jurisdicción, como poder- deber, está integrada por esencia por una función de cognición (traducible como el juzgar) y otra de ejecución (hacer ejecutar lo juzgado), como enseñan Guasp y Aragoneses; ciertamente, es difícil detallar todos los poderes y facultades que integran el  ejercicio de esta potestad estatal, pero sí puede llegarse a una delimitación más específica de lo que concierne a ella si se tiene en cuenta ?y de conformidad con la finalidad del proceso, que es en última instancia  la realización de la justicia ?que todas las categorías de actos cuya realización ha encomendado el ordenamiento jurídico a los órganos jurisdiccionales, suponen también la concesión del poder preciso para darle eficacia (y también del deber de realizarlos). Consecuencia necesaria de la atribución exclusiva del ejercicio de la jurisdicción a los órganos que integran el poder judicial, es que a sus decisiones se les revista de imperium, o poder para imponer a los justiciables aun coercitivamente el contenido de la resolución, como expresión de la soberanía del Estado.

Ahora bien, resulta imposible exigir en la actualidad que el poder judicial sea el único facultado para resolver conflictos que aumentan en forma paralela a la creciente complejidad de la sociedad moderna, problemas que reclaman una urgente solución y que no son atendidos por  el Estado con la rapidez necesaria. Aunque finalmente los medios alternativos de solución de conflictos tengan una fuerte raíz economicista, tampoco puede negarse a los ciudadanos el derecho a confiar la solución de sus disputas a esos medios.

¿Cuál sería entonces el límite para la dispersión de las facultades del poder judicial? No ha de perderse de vista que,  en última instancia, la noción de las ?alternativas? a la tutela tiene honda raíz procesal, puesto que tales mecanismos existen en la medida que el ordenamiento jurídico les reconoce como tales (y como asuntos que pueden delegarse a la autonomía de la autoridad privada); entonces, el Estado admite por una parte que puede ceder su facultad de juzgar, pero al mismo tiempo reserva para sí la resolución de ciertas materias (fundamentalmente, las que conciernen al denominado ?orden público?), y además guarda para los tribunales la facultad de decretar medidas de fuerza;: si en su utilización hay siempre un riesgo latente de vulnerar derechos fundamentales, ¿cómo podría delegarse  a los ciudadanos su utilización? De esta manera,  se puede sostener que lo que caracteriza a la potestad jurisdiccional no es ya decir el derecho, cuanto el imponer coactivamente, de ser necesario, su pronunciamiento. Pero,  hay que reconocer al mismo tiempo que el hecho de que se pueda solicitar de los tribunales tan particular protección, implica que el juez ha de examinar la necesidad de dictar las medidas pertinentes como ultima ratio.

Se ha sostenido que a decisión dictada en el proceso de conocimiento reviste coacción, en el sentido de que la sentencia ejecutoriada produce igualmente efectos contra la voluntad del vencido, en una suerte de ahorro de medios frente al proceso de ejecución, porque la  sola sentencia ?se introduce? en el patrimonio del afectado y lo modifica en  su perjuicio, con la misma irrevocabilidad que en la ejecución. Tal  afirmación se aplica sin problema a las sentencias declarativas y  constitutivas; tal como se ha visto, hallan su propia fuerza en el pronunciamiento que contienen.

Sin embargo, si el vencido se niega a efectuar voluntariamente el mandato impuesto en la sentencia, o con la obligación contenida en el título ejecutivo, es  deber del órgano judicial ?como expresión del derecho fundamental a la ejecución- adoptar las providencias necesarias para sustituir esa indisposición y remover los obstáculos que se opongan al cumplimiento; en la ejecución forzosa se visualiza entonces a plenitud este derecho, porque el juzgador actúa con imperium, o con plena potestad para imponer el acatamiento pertinente aun de forma coercitiva y de esta manera restaurar el derecho lesionado.

El hacer ejecutar lo juzgado, como poder que integra a la jurisdicción, indica con claridad que este es un ámbito que pertenece en exclusiva  a los jueces y tribunales, si bien subsisten situaciones a las que no ha sido fácil encontrar la suficiente justificación. Precisamente el hecho de que los tribunales ostenten esta titularidad en régimen de exclusividad, con potestad para hacer ejecutar lo juzgado, les faculta para imponer al vencido, mediante la coerción, el acatamiento de lo decidido en sentencia; o bien, en razón de la tipicidad legal del documento, para que verifique el contenido del título ejecutivo que se ha presentado a su consideración para recabar esta tutela.

En conclusión, la fórmula hacer ejecutar lo juzgado que consta en el  ordenamiento procesal no es más que el reconocimiento normativo del derecho a la ejecución de las sentencias, como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva.

Actividades materiales de la ejecución y el derecho a la ejecución ?eficaz?

Ahora bien, aunque la función del proceso de ejecución, antecedido o no de la declaración judicial del derecho, es la realización por el órgano jurisdiccional de ?una conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior para acomodarlo a lo establecido en el título que sirve de fundamento a la pretensión de la parte  y a la actuación jurisdiccional? (Montero Aroca y Flors Matíes),  , concluyéndose de manera indubitablemente la naturaleza jurisdiccional de la ejecución, es también preciso comprender que ello no implica que el  tribunal sea el único autorizado a realizar toda la actividad material de la  ejecución, o en otras palabras, a concretizarla. De hecho, este ha sido un problema que ha afectado permanente la efectividad y celeridad de la ejecución civil, al menos en los ordenamientos jurídicos que han entregado tal potestad en exclusiva a los tribunales.

Por ello, se ha reclamado por modificar el reparto de los papeles en la ejecución forzosa y entregar, p.ej., la atribución de la actividad de realización a los secretarios judiciales, lo que ordenamientos jurídicos como el español han reconocido con especial atención. Así, las reformas a  la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 13/2009, que entraron en vigor el 4 de mayo de 2010, impulsan fehacientemente la figura de los secretaros judiciales como integrantes del órgano jurisdiccional; por tanto, son funcionarios con potestad para acelerar la tramitación de los procesos civiles y realizar diligencias que descargarán de labores a los jueces. En el ámbito ecuatoriano,  habrá de estudiarse  con más detenimiento si es conveniente entregar más potestades a los secretarios judiciales. Al menos hoy el COFJ ha preferido ir por una línea más conservadora, en pro de ?defender?, la labor de los juzgadores. Será en todo caso le ley procesal secundaria la que vaya, de a poco, estableciendo los ámbitos de actuación de los secretarios, en cuestiones que no constituyan, estrictamente, ejercicio de potestad jurisdiccional, para aprovechar ese contingente valioso que está representado por funcionarios que saben del oficio y que sin duda podrían aportar mucho.

En definitiva, no debería concluirse a priori que todas las operaciones necesarias para dar vida a las disposiciones del as sentencias y otros títulos ejecutivos incumba realizarlas en exclusiva al juzgador. La configuración legal del derecho a la ejecución permite, precisamente, que, en la ley se establezcan  las formas en que han de desenvolverse las actuaciones materiales imperiosas a tal fin. Si, entonces, las realizaciones concretas de la ejecución pueden ser desarrolladas por otros funcionarios judiciales ?y no en exclusiva por el juez-, también es perfectamente posible que se entregue esa atribución inclusive a personas o entidades que, por su preparación, pueden colaborar en este ámbito de manera más efectiva. Por ello, no existe quebranto alguno al principio de exclusividad de la jurisdicción, porque la ordenación de la ejecución, la adopción de medidas coercitivas, las cuestiones incidentales de carácter procesal y la protección de derechos fundamentales la seguirá conservando únicamente el órgano judicial.

También puede contemplarse la cuestión desde esta óptica: el hacer ejecutar lo juzgado no puede conducir a pensar a rajatabla que han de concurrir en una sola persona u órgano la potestad de ordenar la ejecución y la facultad de realizarla materialmente, de plasmar en actuaciones concretas,  el derecho declarado en la sentencia o el referido a una  obligación contenida en cualquier otro título ejecutivo.

Por ello, nada obstaría a que, en principio, intervengan en la fase de realización de los bienes del deudor otras personas, amén del absurdo que supone que únicamente sean los jueces quienes desarrollen tal actividad, por las obvias limitaciones relacionadas con la disposición de suficiente personal. Resulta, pues, que concentrar las actuaciones concretas de la ejecución en manos de los juzgadores,  coadyuva a que la ejecución forzosa devenga  en una ilusión por los problemas que se arrastrarían vulnerándose claramente el derecho a la ejecución que se comprende dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, que ha de ser protegido con urgencia porque se trata de restablecer al acreedor afectado por el incumplimiento injustificado del deudor. Y tampoco debe perderse de vista que una ejecución conducida con eficacia resulta beneficiosa para el deudor, porque a éste le interesará que sus bienes se realicen en la mejor forma, no solo para que el producto ?alcance? para satisfacer al acreedor, como también para que al ejecutado le quede algún remanente.

Dra. Vanesa Aguirre Guzmán

Catedrática dela Universidad Andina Simón Bolivar

vanesa.aguirre@uasb.edu.ec

 

 

 

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