El paro de la Función Judicial

N ADIE PUEDE NEGAR LAS MOLESTIAS que causas un paro judicial, cuando más en tratándose de la libertad de ciudadanos detenidos, o de valores por retirar de tribunales y juzgados por concepto de pensiones alimenticias. Esto es así, pero reducir el problema a estas dos consecuencias del reclamo puede llevarnos a una apreciación distorsionada de la realidad; o que finalmente se la oculte.

La Constitución y la Función Judicial

Cuando se discute el Presupuesto de Estado tiene que tomase en cuenta las nuevas responsabilidades que la Constitución confiere a la Función Judicial y las justas exigencias del usuario y del profesional en libre ejercicio. La incorporación de los tribunales de menores y juzgados militares y de policía a la Función Judicial con la consecuente nivelación de sueldos, además de la unificación administrativa y funcional, de suyo es un problema de mayor cuantía. Ni que decir de la norma por la cual se establece que ¨Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimiento propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinarios¨. Una gran cosa, pero falta la ley que ¨haga compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional¨ como manda la Carta.

El Código de Procedimiento Penal

El nuevo Código de Procedimiento Penal ya se encuentra en poder del Ejecutivo. No se conoce detalles de su articulado, pero contendrá necesariamente el sistema oral como reza el art. 194 de la Constitución, con los principios de inmediación, celeridad y eficiencia que hagan efectivas las garantías del debido proceso. A esto debe sumarse la aprobación de una ley que establezca sanciones alternativas a las penas de privación de libertad como dispone la misma Carta.

Atención extraordinaria

La Función Judicial tiene ahora la inmensa tarea de preparar el elemento humano acorde con el nuevo sistema, la implantación de una tecnología informática avanzada, entre otros, todo lo cual supone una atención extraordinaria del Estado en el ámbito presupuestario.

Solución a sus problemas

En materia civil hace falta el funcionamiento de los juzgados de familia, los jueces de paz, mediadores y árbitros, esto ha legislado. la aprobación del Código de Procedimiento Laboral que yace en el Congreso desde 1991; el nombramiento de magistrados y jueces de la Corte Superior de Galápagos y de judicaturas en todo el País. creadas hace décadas.
Lo que la ciudadanía reclama es solución a sus problemas, celeridad en los procedimientos, honestidad en la administración de justicia, y la tan anhelada despolitización de la Función del Estado que tiene que ver con los bienes más apreciados del hombre, su libertad, su dignidad y su patrimonio.