El derecho de acceso y la rendición de cuentas

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO

 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO de acceso a la información de la gestión pública, es un mecanismo básico para transparentar los procesos de la administración pública en el país. Es importante obligar, legalmente, a abrir la Administración pública para exigir la entrega de la información útil y verídica desde las autoridades, a los órganos de control y a la ciudadanía, para que puedan ejercer la vigilancia que ayude a mejorar la gestión y a prevenir los actos irregulares.

Algunos países de América Latina, están incorporando en la Constitución y Leyes, la normativa respectiva para permitir el derecho de acceso de la ciudadanía a la información de la gestión pública. El ejercicio de este derecho permitirá establecer democráticamente el control ciudadano a la gestión pública y, mediante la rendición de cuentas, obligará a las autoridades y funcionarios públicos, a entregar la información útil y correcta que requieran los órganos de control y los ciudadanos para prevenir la corrupción.

Es decir, concomitantemente con el derecho de acceso, se establece la normativa para obligar a la administración pública a hacer efectiva la rendición de cuentas, a través de uno de los elementos clave, como es la información de la gestión pública.

El derecho de acceso

En el Ecuador, el derecho de acceso, que aún no consta en la Constitución y Leyes; sin embargo, es un dispositivo importante para la lucha y prevención de la corrupción y la impunidad, por lo que se lo debe incorporar.

El derecho de acceso y la rendición de cuentas, así como el conocimiento de los programas de prestaciones, servicios y recursos para la gestión pública, juega un papel fundamental para observar, conocer y controlar la gestión de los fondos, trámites y el ejercicio del poder por parte de las autoridades y funcionarios públicos. Este derecho permitirá que las autoridades entreguen obligatoriamente y sin morosidad, la información solicitada por las instituciones de control, para verificar el manejo transparente de los bienes del Estado.

Servicios de información al ciudadano

Además, es urgente y necesario desarrollar un programa de información al ciudadano mediante todos aquellos recursos y mecanismos adecuados. Esto se puede lograr a través de la creación de diferentes servicios de información al ciudadano, concretamente, a través de una red de oficinas o puntos de información, instalados en los ministerios, dependencias públicas, consejos provinciales y municipios del país, o centralizándolo desde un ente autónomo.
En resumen:

1. La administración pública, como gestora de recursos escasos, debe recuperar la credibilidad y confianza de los ecuatorianos, mejorando la calidad de los servicios.
2. La gestión pública debe realizarse con mayor eficacia y eficiencia, a fin de que los procesos y trámites de los ciudadanos, sean conocidos con prontitud para tomar decisiones.
3. La administración pública debe aprovechar positivamente la gran capacidad que prestan las nuevas tecnologías, por ejemplo, el uso de la informática, para agilizar la entrega de informaciones útiles, verídicas y oportunas a los ciudadanos y organismos de control.
4. Si la administración pública se abre a la ciudadanía sobre la gestión de los procesos y trámites, ella podrá garantizar la transparencia en los procesos, mediante el control democrático del manejo de los fondos y bienes públicos.
5. La normativa de la Administración pública, también velará por la protección de la información de la seguridad nacional y el derecho a la intimidad de los individuos, es decir restringiendo legalmente el tipo de información que la misma constitución protege.

OBJETIVOS GENERALES:

A) Establecer en la Constitución y Leyes de la Administración pública, un artículo y un capítulo, respectivamente, en donde conste las posibilidades y restricciones del acceso de los ciudadanos a la información pública. Y la obligación de autoridades y funcionarios para la rendición efectiva de cuentas, a través de la información correcta.
B) El derecho de acceso a la información pública, permitirá la observación, control y seguimiento, desde la ciudadanía a la gestión pública, permitiendo ejercer la contabilidad social y la prevención de la corrupción.
C) Sugerir al Estado la creación de un Sistema de información, a través de una Red que conecte a toda la administración pública, y cuya gestión esté en manos de un organismo autónomo (Consejo Nacional de Acceso a la Información pública, o
desde la misma Comisión Anticorrupción).

ESTRATEGIAS:

1. Incorporar en la Constitución una Cláusula que permita el acceso ciudadano a la información de la gestión pública (instituciones de control, ciudadanos autorizados y medios de comunicación). Es necesario crear la voluntad política en los asambleístas y legisladores para este propósito.
2. Redactar la normativa para ser incorporada en las Leyes de la Administración pública y leyes respectivas, o crear una Ley para institucionalizar el Derecho de acceso y la obligación a la Rendición efectiva de cuentas. Se deberá establecer los tipos de información (general y específica), cómo solicitar la información, qué autoridad autorizará, qué derecho y quienes podrán solicitar información pública (entidades colegiadas, representantes de barrios, comunidades u organismos cívicos), y a qué están obligados los ciudadanos o entidades que reciban autorización para obtener tal tipo de información.
3. Esto permitirá que el Estado reconozca el derecho a la información con rango constitucional, lo cual permitirá corregir el funcionamiento de la gestión administrativa, entonces las autoridades y funcionarios estarán obligados legalmente a entregar la información verídica y oportuna. Y por otra parte, los ciudadanos y organismos estarán obligados a dar el uso adecuado a los datos, de acuerdo con la Ley establecida.
4. También, quedará amparado el derecho de la prensa y de todo organismo de control al acceso efectivo de la información requerida, y correlativamente la obligación del Estado y la administración pública a proporcionar la información solicitada, según la Ley.
5. Establecer convenios de cooperación con las administraciones locales, regionales y nacionales: AME, Consorcio de Consejos Provinciales, Ministerios, para emprender la apertura gradual de la información de la gestión pública a la ciudadanía, a los organismos de control y a los medios de comunicación.

PRODUCTOS ESPERADOS:

1. Incluir un artículo o cláusula sobre el Derecho de acceso y la Rendición Efectiva de cuentas en la Constitución, con el fin de obligar a las autoridades y funcionarios a entregar la información requerida, para solucionar la morosidad en la entrega de ésta.
2. Elaborar un capítulo en la Ley pertinente, o crear una Ley específica para el ejercicio del derecho de acceso y la rendición de cuentas, estableciendo la normativa respectiva que deberán acatar tanto los solicitantes de información como las autoridades y funcionarios que deberán entregarla.
3. Elaboración de un programa de información al público en las administraciones locales y nacionales (municipios, consejos provinciales, ministerios) para facilitar el acceso de parte de la ciudadanía e instituciones de control y prensa.
4. Las administraciones locales y nacionales, vía convenios de cooperación con el Estado, empezarían en forma gradual a abrir puntos de información u oficinas de información al público y a las instancias de control. Este programa no debe crear burocracia.
5. Las administraciones públicas deben utilizar un Sistema de información homogéneo para cruzar información y datos entre las distintas instituciones públicas sobre programas, proyectos, contratos, obra pública, licitaciones, etc. Este sistema podría ser asesorado por la Administración pública de Colombia que lo está desarrollando con apoyo de Inglaterra.
6. Las administraciones deben construir Bases de datos (sobre contratos públicos de personal y obras, costos de los contratos y fechas de ejecución, destino de los fondos fiscales y de los impuestos, recursos de préstamos y créditos externos, etc.) para intercambiar información con las instituciones del Estado y para el público, de acuerdo con las normativas pertinentes, precautelando la seguridad nacional, la intimidad individual de las personas, patentes, etc.
7. En resumen, con estos derechos en la Constitución y en una Ley respectiva, las administraciones deben instalar Ventanillas de información, u oficinas de información, o si el proyecto es negociado a través de la cooperación internacional, se podría utilizar la informática y las telecomunicaciones para instalar Pantallas de computadoras con un programa "amigable" para el acceso de los ciudadanos a la información útil y oportuna, según la normativa sobre autorización, usos, restricciones y protección de los datos a los que se tendrá acceso.
8. Entonces, el ciudadano tendrá conocimiento de lo que hace su Junta Parroquial, el Municipio de su zona y los Ministerios en los diversos campos: salud, educación, bienestar, e inclusive el tema de la justicia y de los derechos humanos. Así podrá controlar y verificar cómo se gestionan sus impuestos, cómo se invierten los dineros de la cooperación bilateral y multilateral, y demás recursos del país.

ACCIONES:

A) CREACION DE LA CLAUSULA PARA EL DERECHO DE ACCESO Y LA RENDICION DE CUENTAS, Y LA LEY RESPECTIVA

Conformar una comisión o consultoría para la redacción de la cláusula y la Ley respectiva y gestionar la incorporación en la Constitución. Por su parte, esta Ley deberá normar el tipo de información, el uso de la misma, mecanismo de solicitud, organismo que autorizará, la representación de los solicitantes, las entidades autorizadas para el acceso, restricciones, alcances y limitaciones de la información solicitada, la obligación y el tiempo en que los funcionarios deben remitir la información requerida para el control de la gestión, tipo de datos, usos, etc.

C) SERVICIO DE INFORMACION AL CIUDADANO DESDE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Y LOCAL.

Para esta actividad y de manera gradual, los ministerios, los consejos provinciales y los municipios, deberán instalar servicios de información ciudadana, mediante ventanillas de información, oficinas de información y, de ser posible, Pantallas informáticas de fácil acceso a los ciudadanos.
A través de estas ventanillas, puntos, oficinas o pantallas dotadas de un programa informático "amigable", el ciudadano podrá saber en cualquier momento el estado de tramitación en que se halla el expediente respectivo por el que se interesa, entre otras informaciones.

D) ELABORACION DE UN BANCO DE DATOS EN CADA MINISTERIO, CONSEJO PROVINCIAL Y MUNICIPIO PARA ACCESO CIUDADANO

Cada ministerio, consejo provincial y municipio, debería elaborar y disponer de una Base de datos, con el fin de responder a las preguntas que interesen a los ciudadanos, prensa y organismos de control para su conocimiento, utilidad y verificación.

La Base de datos deberá contener información sobre temas relativos a la contratación pública, las licitaciones, la contratación de personal, los negocios públicos, compras fiscales, ventas de empresas estatales, destino de los fondos de las ventas, gestión de los fondos fiscales y de los impuestos, entre otros temas.
En resumen, se trata de una propuesta que contiene al menos, cuatro componentes: 1) político, 2) jurídico, 3) tecnológico, y 4) financiero. Los dos primeros se podrían trabajar juntos, mientras que los dos últimos se tendría que emprender una vez que se tenga la normativa en la Constitución, y para la ejecución se deberá solicitar apoyo a la cooperación internacional de países u organismos como el PNUD, BM, Comunidad Europea, AECI de España, etc.
Se trata de una propuesta que ya está siendo implementada en otros países de América Latina, inclusive en nuestro país existe alguna que otra propuesta aislada.

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