Ejercicio Jurisdiccional: Poderes y Facultades

Martes, 08 de abril de 2014

Ejercicio Jurisdiccional: Poderes y Facultades

Autor: Dra. Vanesa Aguirre Guzmán

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, siguiendo las líneas maestras de la doctrina latinoamericana y de otros códigos de la región, aumenta considerablemente los poderes y facultades del juez, porque lo estima imprescindible para la búsqueda de soluciones que sean lo más acertadas y justas, desde el ámbito de la vigencia del derecho objetivo y la tutela de la pretensión que esté ajustada al ordenamiento jurídico. Como señala el uruguayo Véscovi, ese aumento de poderes es consustancial a la llamada ?publicización? del proceso, su democratización y acercamiento al justiciable?.

La ?socialización? del proceso o su ?publicización?, se convierte entonces en la respuesta ante el agobio que experimenta la función jurisdiccional por la creciente demanda de justicia de los ciudadanos. Y no se trata únicamente de obtener respuestas rápidas o de que los procedimientos se realicen con mayor celeridad, sino de que el proceso se ?oxigene?, y se aun medio para realizar la justicia, como reclaman con tanta razón la Constitución y el COFJ.

Es menester advertir  que el aumento de los poderes de dirección del proceso no debería incidir, en el contenido de la sentencia. Por otra parte, nunca debería ir en detrimento del derecho de defensa de las partes, o relacionarse con un entendimiento particular del derecho en discusión. El aumento de los poderes del juez es indispensable para controlar aspectos del proceso tales como la verificación de los presupuestos procesales, el impulso del procedimiento o la remoción de los obstáculos para llevar a cabo las resoluciones judiciales; recuérdese, que  el principio dispositivo impide al juez iniciar un proceso o decretar pruebas sobre hechos no alegados por las partes.

El aumento de poderes se ha constituido en una necesidad, para dar lugar a principios como la inmediación, la concentración y la publicidad de las actuaciones procesales.

El ejercicio del poder de decisión

El deber de administrar justicia es corolario del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 75 dela Constitución de la República. El derecho de acción ?bien lo dice Damián Moreno- ?no es más que el resultado de un compromiso que impone a los poderes públicos el deber de garantizar los derechos ciudadanos?. Si bien la actividad jurisdiccional es promovida por el interés particular, el proceso como institución pública es instrumento de paz social; como tal, las reglas de conducta que en él se determinen podrían ayudar a prevenir futuros conflictos. La incidencia del proceso justifica que se dedique especial atención a la forma como el juez debe proferir su decisión, y a las medidas que deba tomar para que el litigio se resuelva en la forma más acertada posible.

En algún momento, el juez estará enfrentado a la posibilidad de que la materia sujeta a su decisión no tenga una  respuesta concreta en el ordenamiento jurídico. También puede suceder que la ley prevea una respuesta, pero no de forma clara; o, en otra situación, que la respuesta, siendo aparentemente clara, no sea justa. Ante el deber de integrar a la respuesta otras fuentes de derecho, acude también el principio de supremacía constitucional para recordar en todo momento la necesidad de que imperen los principios consagrados en la norma fundamental. Importa también destacar que el deber de sentenciar se apoya en la adecuada motivación de la resolución, la cual justifica que la respuesta del órgano jurisdiccional no deba ser, necesariamente, positiva a la pretensión que se le expone.

El principio de obligatoriedad de administrar justicia se desarrolla en los arts. 129 y 130 del COFJ, que contemplan las facultades y deberes genéricos y jurisdiccionales de juezas y jueces.

Principios básicos del poder de decisión

a)    Motivar adecuadamente las resoluciones

El deber de motivar adecuadamente las resoluciones judiciales ya estaba contemplado en la codificación constitucional de 1998. Pero la Constitución de Montecristi busca darle un sentido más profundo. En primer lugar, la motivación resulta uno de los sustentos esenciales del ejercicio jurisdiccional; los justiciables y la sociedad en general requieren conocer y entender, sobre todo, los sustentos de las decisiones  judiciales. En segundo término, legitima funcionalmente al ejercicio jurisdiccional, y de esta manera la sociedad puede controlar adecuadamente el poder de los jueces.

Lograr la coherencia no es fácil y lo que pide la Constitución vigente, como el Código Orgánico de la Función Judicial, es que el justiciable pueda acceder a las razones del órgano jurisdiccional, o en otras palabras, entender la decisión adoptada. Por ello estos cuerpos normativos consideran especialmente grave la ausencia de motivación, y establecen que el acto en cuestión será nulo (art. 76.7 literal i; y art. 130.6 respectivamente), consecuencia que antes no estaba prevista en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para las resoluciones judiciales carentes de motivación.

Gascón Abellán recuerda que es mejor preocuparse de la necesidad de acreditar la racionalidad de las decisiones, para justificar el ejercicio de un poder tan grande como el jurisdiccional y proscribir las arbitrariedades. De esta manera, la motivación se convierte en el instrumento dirigido a garantizar que el poder actúe racionalmente. Con fundamente en Atienza, señala que ?La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano en cuestión ha dado para mostrar que su decisión es correcta o aceptable, y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder?.

En definitiva la motivación, es presupuesto de legitimación de la potestad jurisdiccional; por ello destierra un ejercicio arbitrario del poder de decisión. Baste señalar que una sentencia debidamente motivada presupone que sea congruente, es decir,  concordante con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por las partes o sujetos procesales en el juicio, y que justifique las razones por las cuales arriba a una determinada conclusión.

b)   Principios rectores de la validez procesal

Los jueces tienen la obligación de velar en todo momento por la validez procesal, con la premisa de que la nulidad debería ser declarada en forma excepcional y solamente cuando se afecte gravemente al derecho a la defensa de las partes o se haya vulnerado una de las garantías del debido proceso. Y es que uno de los defectos más extendidos entre los juzgadores ecuatorianos ha sido el de acudir a las declaratorias de nulidad a último momento, justamente para evitar proferir resolución en casos que representan alguna complicación. Huelga decir que ello provoca el aumento de los costes de la administración de justicia y un inútil desperdicio de energía y recursos para los justiciables.

De esta manera, no ha de olvidarse que l función del proceso es la de hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución y la ley sustantiva o material. Las formas deben existir, pero como garantía de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes. En cuanto no cumplan con una determinada finalidad, devendrán en  meras formalidades.

Desde hace tiempo se ha reclamado por reordenar el sistema de las nulidades procesales. El COFJ toma partido por la validez antes que por la nulidad; en todo caso, es la última opción, cuando no es posible convalidar las actuaciones (v. gr., si el juez resultare incompetente en razón dela materia). Debe recordarse que hay algunos principios que informan la materia:

Principio de especificidad o de legalidad.-  Determina que para declarar una nulidad procesal, el juez debe encontrar el motivo en un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Desde luego, estas causales son de orden general, porque la ley no puede prever todos los supuestos de hecho concretos en que el vicio pueda configurarse, así que a la especificidad deberán sumarse los principios de trascendencia  y convalidación. Couture insiste así en que la especificidad  se maneje con cuidado y los motivos de nulidad se apliquen cuando sea estrictamente indispensable; por contrapartida, un adecuado ejercicio del poder de dirección por los tribunales debería frenar las actuaciones indebidas de quienes buscan promover declaratorias de nulidad sin fundamento.

Principio de trascendencia.- Establece que la nulidad procesal solo se declarará cuando exista un perjuicio real del derecho a la defensa de las partes. Si el vicio no afecta ese derecho, no será necesario exponerlo, porque las formas no han sido impuestas para satisfacer ?pruritos formales?, como decía Couture. También está relacionado con este principio el de la finalidad del acto procesal. Entonces, por regla general, y de conformidad con el mandato contenido en el artículo 169 de la Constitución del Ecuador, las nulidades procesales son susceptibles de convalidación, y la nulidad se declarará en forma excepcional, únicamente si el acto viciado hubiese influido en la decisión de la causa.

Principio de convalidación.- Señala que la faltad e reclamación oportuna sobre el vicio incide en su confirmación por la parte que pudo verse afectada, salvo que el acto sea nulo de pleno derecho.

En aplicación de todos estos principios, el art. 130 del COFJ establece en el ordinal 8 que el juez convalidará de oficio o a petición de parte los actos procesales verificados con inobservancia de formalidades no esenciales, si no han viciado al proceso de nulidad insanable ni provocado indefensión. La norma procesal, como instrumento para hacer efectivo el derecho material, se considera entonces como un mecanismo que garantiza un proceso ordenado, a efectos de resguardar las oportunidades de defensa de las partes. Manifestada como deber, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que el juzgador no debe esperar petición de parte para convalidar las actuaciones que adolezcan de nulidad, si ello es posible a la luz de los principio antes mencionados.

c)    La prueba de oficio

Una discusión constante en materia probatoria se ha referido al tema de la prueba y al papel que desempeña el juez en su ordenación, actuación y posterior valoración. En principio, el material probatorio es suministrado por las partes, por lo que el pronunciamiento judicial se circunscribe inicialmente a ese ámbito. Pero en el esquema de aumento de poderes, se propugna la necesidad de encontrar la verdad real, de manera tal que la verdad procesal coincida con aquélla y la resolución sea más justa.

Es necesario señalar, que el tema de aportación de prueba por parte del juez ha de circunscribirse al thema decidendum, sin que le esté permitido incorporar al proceso otros hechos que no sean los precisados por las partes. La facultad probatoria de oficio tampoco debería servir para suplir la incuria de las partes, a título de ?mejorar? la prueba ofrecida. Caso contrario, el juez corre el riesgo de parcializarse y vulnerar la garantía de igualdad de oportunidades de defensa de las partes. Las diligencias para mejor proveer han de dictarse ?expresa Tavolari- ?ante la presencia del principio de prueba? o, contrario sensu, no pueden ser dictadas en su ausencia.

d)   Sanción de las conductas dilatorias o contrarias a la buena fe y lealtad procesal

El avance hacia el nuevo esquema requiere indispensablemente que la ley procesal consagre facultades expresas para que el tribunal sancione todas las conductas u omisiones indebidas de las partes o de sus abogados defensores, que estén dirigidas a promover incidentes inmotivadamente o con la finalidad de retrasar intencionalmente el curso del procedimiento o la ejecución de la sentencia.

El COFJ busca dotar al juez del poder necesario para cortar de raíz conductas que constituyan manifestación de abuso procesal, noción que recién se empieza a estudiar en el país. Si se considera al proceso como una relación jurídica en la que se ordenan las conductas de los sujetos procesales ?en sus conexiones recíprocas?, así como el ?cúmulo de poderes y facultades en que se hallan unos respecto de otros? (Couture), se concibe  el abuso de los derechos procesales (dice Payrano) como el ?inadecuado ejercicio objetivo de poderes, deberes funcionales, atribuciones, derechos y facultades en que pueden incurrir cualquiera de los sujetos ?principales o eventuales- intervinientes en un proceso civil dado, y que genera consecuencias desfavorables para el  autor del abuso?.

Finalmente, cabe recordar que el juez también puede actuar de mala fe si convierte al proceso en una instancia meramente burocrática, que no satisface las necesidades de la justicia. Existe abuso del tribunal, cuando se dictan providencias con exceso ritual manifiesto (la recurrencia innecesaria a la declaratoria de nulidad con violación de los principios de trascendencia y especificidad); si se realizan en sentencia interpretaciones forzadas que burlan a las constancias procesales; cuando se impone a las partes cargas no contempladas en la ley procesal, etc.

El impulso procesal

Al hablar de ?impulso procesal?, se hace referencia a quién promueve el avance del proceso en una instancia o en la ejecución, como a los pasos que deben verificarse en cada etapa procesal. En concisa explicación, Guasp y Aragoneses expresan que la ordenación del proceso distingue al conjunto ?de actividades procesables que se proponen, no tanto aportar al juez los instrumentos específicos que éste necesita para el fallo, cuanto gobernar, esto es, preparar, disponer y conservar aquella aportación?.

El impulso, como actividad concerniente al tribunal o a las partes, es el concepto que ayuda ?en principio-  a determinar, para algunos autores, si el proceso se sustenta en el principio dispositivo o en el inquisitivo, lo que a su vez determina el rol que se atribuye a los sujetos procesales. Pero la finalidad el proceso no necesariamente se ata a uno de esos principios. En realidad, resulta menos problemático hablar de ?impulso de parte? o de ?impulso oficial? para fijar cómo ha de conducirse el proceso, sin tener que concluir necesariamente que el primero es exclusivo del principio dispositivo y el segundo distintivo del inquisitivo, porque de lo contrario, no podría explicarse el porqué del aumento de los poderes del  juzgador sin un correlativo ?abandono? del principio dispositivo. Pues si el impulso inicial corresponde siempre a las partes, es mejor referirse a una nueva formulación del principio, o simplemente no concebirlo de manera rígida, y dar paso a que el juez ? o el funcionario judicial a quien incumba- haga ?avanzar? el proceso sin esperar necesariamente petición de parte interesada.

En atención al principio dispositivo, los procesos se promueven por iniciativa departe legitimada. Así lo establece el primer inciso del art. 19 COFJ. Pero el impulso, como obligación del juez, y manifestación de facultad material de dirección, está presente en todo aquello que no incumba exclusivamente a las partes, para evitar que los procesos duerman ante la falta de actividad. No se trata, de ninguna manera, de suplir la iniciativa de aquéllas. Pero sí de impedir situaciones que empantanan la pronta resolución de las causas, todo lo cual deberá regularse en las leyes procesales respectivas.

Si se le considera como manifestación del poder de dirección, el impulso procesal también constituye responsabilidad de los jueces. Por ello el COFJ se refiere insistentemente al tema, tanto para los juzgadores que omiten impulsar el proceso (art. 139), como en general para los servidores judiciales, como regla de conducta. Sin embargo, esto no es suficiente porque la ley procesal secundaria debe establecer mecanismos que hagan avanzar el proceso ?automáticamente? (v. gr., de ahí el efecto de la preclusión), sin que el juez concentre continuamente su atención sobre ello. En este tema la figura del secretario judicial es clave para auxiliar en la tarea y vigilar para que los procesos no se estanquen lo cual, es de esperar, sea comprendido debidamente por las instancias administrativas de la Función Judicial.

El impulso procesal, deber propio del órgano jurisdiccional, es además una manifestación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el cual tiene algunas vertientes.

Sin embargo, deberá analizarse cada caso con cuidado porque no toda dilación genera per se una afectación, ya que en ella inciden muchas causas en las cuales no necesariamente interviene la voluntad del juzgador. Para que la demora merezca la calificación indebida, es necesario discurrir sobre factores como la complejidad del asunto, el comportamiento de los propios demandantes o el de las autoridades judiciales, la duración normal u ordinaria de los litigios del mismo tipo, entre otros temas.

El poder de ejecución

El presupuesto del poder de ejecución radica en la obligatoriedad del mandato judicial, el cual no se agota con la sentencia en todos los casos. Así, este poder se manifiesta en la ejecución procesal forzada, cuando el vencido no cumple voluntariamente.

De esta manera, la decisión, manifestada en la sentencia, debe llevarse a cabo, porque de lo contrario, sería una mera declaración de intenciones.

Si bien los ámbitos del  poder de ejecución y el poder de coerción se entrelazan, ya que en uno y otro la satisfacción de lo resuelto en sentencia (tomándose este caso como el supuesto general que sirve de marco a la ejecución), recurre en muchos casos a actuaciones compulsivas o forzosas  para obtener el cumplimiento, es preciso aclarar que el poder de ejecución no implica, en sí mismo, el uso de la fuerza, sino la potestad para ordenar su uso.

El poder de ejecución implica el uso de la fuerza; pero si bien tiene en común con el de coacción este elemento, no es su finalidad última la de facilitar el curso de las actuaciones, cuanto el imponer, aun contra la voluntad del ejecutado, el cumplimiento de la sentencia o de cualquier título ejecutivo. Del poder de ejecución se deriva, precisamente, la característica de imperium que reviste a las decisiones judiciales, imprescindible para que el ejercicio del poder judicial tenga sentido y se llegue a la finalidad ulterior del proceso: otorgar tutela efectiva a los justiciables. Finalmente puede decirse que ambos poderes son la concreción de las órdenes o instrucciones que indica el juzgador para imponer el cumplimiento de la sentencia.

El tribunal puede decretar diversas medidas en la actividad de ejecución. Ésta, a diferencia de lo que sucede en el proceso de conocimiento, no tiene un camino predeterminado. Es decir, el tribunal puede decretar tantas actuaciones como sean necesarias para allanar el camino a la realización efectiva de la condena, que dependerán además de factores tan variados como la composición del patrimonio del deudor, la actitud de las partes dentro del proceso de ejecución o las dificultades que surjan en caso de que el cumplimiento de la obligación en sus propios términos sea imposible, etc.

En definitiva, el poder de ejecución es una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, pues no concibe que una sentencia (de condena), en caso de no ser cumplida voluntariamente, quede en un mero reconocimiento que no puede traducirse en disposiciones que modifiquen el estado del incumplimiento, de ahí que la tutela judicial efectiva implica, además del derecho a obtener una sentencia dictada conforme al ordenamiento jurídico, el llevarla a cabo a través de la ejecución. Lo propio cabe señalar respecto de los títulos ejecutivos o extrajurisdiccionales: el ordenamiento jurídico debe prever mecanismos eficaces para tutelar adecuadamente el derecho en ellos reconocido.

El poder de coerción

El poder de coerción, directamente relacionado con el deber de obediencia de las parte e inclusive de terceros a las disposiciones del juez en lo que concierne al desarrollo del proceso, se traduce en la posibilidad  de que el juzgador prescriba el uso de la fuerza para hacerlas cumplir, si ello fuere necesario, o la imposición de ciertas medidas conminatorias que buscan quebrar la resistencia indebida. De esta manera el COFJ, incorpora en su artículo 132 ? y lo hace como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva-, una serie de disposiciones que persiguen sancionar el incumplimiento injustificadode las resoluciones judiciales.

El ejercicio de estas facultades constituye la aplicación del principio de celeridad (art.20), como el principio de colaboración (art. 30), que determina la obligación de toda autoridad pública de ejecutar pronta y eficazmente  las resoluciones dictadas por los tribunales, como de las personas privadas de prestar auxilio a los tribunales y cumplir sus mandatos dictados en el curso de los procesos. Y en el art. 130.13 también se encuentra una disposición (rechazo de las peticiones e incidentes de cualquier clase, que se formulen con notorio propósito de retardar la resolución o su ejecución), aunque dentro de las facultades jurisdiccionales de orden genérico.

 

Dra. Vanesa Aguirre Guzmán

vanesa.aguirre@uasb.edu.ec

 

 

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