DOMICILIO DE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES

Martes, 24 de mayo de 2016

DOMICILIO DE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES

 

 

Autor: Dr. Roberto Salgado Valdez

 

 

El domicilio de la Compañía estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo o en sus reformas, sin perjuicio de que puedan abrirse sucursales u otros establecimientos, siempre y cuando sean administradas por un factor.  Estas sucursales, agencias o delegaciones se considerarán como domicilios especiales de las Compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por los factores (Artículo 4 de la Ley de Compañías).  Esta disposición proviene del artículo 264 de la Codificación del Código de Comercio de 1960.

 

El artículo 263 del Código de Comercio de 1906, mejoró su disposición ya que en ese entonces se estableció que ?si  no estuviere expresado en el contrato y la Compañía tuviere varios establecimientos en distintas plazas, se entenderá que el domicilio está en la plaza del establecimiento principal?, lo cual no definió, como debe ser  -y ya es-  lo que con claridad se entiende por ?domicilio?.  (El artículo 3 de la primera Ley de Compañías (D.S. 142 de 27 de enero de 1964 fue reformado por el D.S. 766 de mayo de 1965 y Codificado en marzo de 1968 con el número 3 y con el número 4 en la Codificación de 6 de abril de 1971 y con el mismo número el 28 de julio de 1977 y el 20 de octubre de 1999).

 

Así, si la Compañía es nacional en el sentido de haberse constituido en el Ecuador bajo el imperio de leyes ecuatorianas, deberá siempre tener su domicilio principal dentro del territorio nacional.  (Artículo 5 de la Ley de Compañías, que fue introducido en ella por el Decreto Supremo 766 de 8 de marzo de 1965).

 

Fue la reforma incluida por el artículo 2 del D.S. 199 de 10 de febrero de 1971 la que realmente estableció lo que hasta ahora se encuentra vigente, cuando dispuso definitivamente que ?El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la misma? agregando que ?Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos administrados por un factor, los lugares en que funcionen éstas o éstos se considerarán como domicilio de tales compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por las mismas?, con lo que quedó definitivamente establecida la exigencia de un solo domicilio principal, sin perjuicio del establecimiento de sucursales u otros establecimientos administrados por un factor.

 

Con claridad la Ley de Compañías, desde entonces, establece que el domicilio principal de la Compañía es uno solo y debe determinarse en el contrato constitutivo propiamente dicho y no en los estatutos.

 

El domicilio de la Compañía constituye, siguiendo el criterio civilista, la residencia que se fija para los mismos efectos de una persona natural, esto es que consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.  Pero tratándose de persona jurídica difiere totalmente su posición ya que la propia Ley establece solo la presencia real pero no la presuntiva, presencia real que para efectos legales, es aquella prevista con determinación en el propio contrato social, domicilio civil relativo a una parte determinada dentro del territorio del Estado.  Dicho en otras palabras lo que establece el artículo 55 del Código Civil resulta, en gran parte, aplicable al domicilio de las Compañías: 

 

?Se podrá en un contrato establecer, de común acuerdo, un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato?. 

 

Tan es así que en la Doctrina No. 11, numeral nueve, dictada por la Superintendencia de Compañías se establece: 

 

?La determinación del domicilio hace referencia o mira a aspectos de Derecho Procesal, que son eminentemente de Derecho Público.  De allí que el problema del domicilio de las Compañías debe hallarse clara e inequívocamente arreglado, con los caracteres de certeza, determinación, fijeza o precisión que el orden público reclama?.

 

Por consiguiente, tratándose de las Compañías el domicilio es el lugar o circunscripción, ubicada dentro del territorio nacional, que los fundadores o promotores o posteriormente la junta general que lo resuelva, fija, de común acuerdo, para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el contrato de Compañía.  Esta circunscripción territorial deberá ser fijada al menos señalando la ciudad o localidad geográfica, aunque siempre tendrá efectos cantonales.  Así, por ejemplo, se puede establecer como domicilio la ciudad de Quito o el Distrito Metropolitano de Quito o por ejemplo la ciudad de Sangolquí o el Cantón Rumiñahui.

 

De acuerdo al artículo 20 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

 

?Los cantones son circunscripciones territoriales conformados por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva Ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente Ley?.

 

En consecuencia, sugerimos que en una posible reforma meramente aclaratoria en la Ley de Compañías se incluya en forma directa y expresa que el domicilio de una Compañía estará en el Cantón que se determine específicamente en el contrato social.

 

No debe confundirse lo que constituye el domicilio, para los efectos legales, judiciales o extrajudiciales con lo que constituye la sede social (siege) ya que esta última viene a constituir simplemente el lugar desde donde opera principalmente la Compañía, lugar que debe encontrarse ubicado dentro de la circunscripción territorial que fue fijada como domicilio en el contrato social  (Este hecho incontrovertible no parece haber sido tomando muy en consideración en el punto 22 de la Doctrina No. 11 de la Superintendencia de Compañías, cuando dice:  ?Por todo lo dicho, la Superintendencia de Compañías se ratifica en la Doctrina según la cual las Sociedades deben tener una sede social con un solo domicilio principal?, confundiendo ambos conceptos). 

 

Es en el domicilio social donde se encuentran las oficinas de la Compañía, donde se lleva la contabilidad de la misma, donde pueden reunirse los órganos sociales, donde puede ser citada o notificada legalmente la Compañía.  La sede social es la dirección domiciliaria ubicada dentro del domicilio de la Compañía.  Por ejemplo la Avenida 10 de Agosto 1029, Edificio Torre Alba, segundo piso, oficinas 203 y 204 de la ciudad de Quito.  En base a este ejemplo cabe señalar, así mismo ejemplificativamente, que una junta general, de acuerdo con la Ley de Compañías podrá convocarse si se desea en la misma dirección donde se encuentra la sede social, pero no necesariamente, ya que bien podría convocarse en cualquier otro sitio distinto pero que se encuentre ubicado dentro del domicilio cantonal de la Compañía fijado en el contrato social ya que ese es el requisito que prevé para el efecto la referida Ley de Compañías.

 

Tampoco puede sostenerse que el domicilio de la Compañía es aquel del lugar en el que se celebró la escritura pública constitutiva, más aún cuando la Ley establece que el domicilio debe señalase expresamente en el contrato social, sin vaguedades.

 

Establecido con claridad el concepto de domicilio social y sus consecuencias, son las autoridades territoriales correspondientes, llámese Jueces de los Civil, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Intendentes con jurisdicción o delegados con jurisdicción de la Superintendencia de Compañías o de Bancos quienes se encuentran investidos de la posibilidad de aprobar  -en los casos establecidos en las leyes-  la constitución y más actos societarios de las Compañías, conforme lo determina la Doctrina No. 75 de esa Institución del Estado.  Cabe aclarar que tratándose de los Superintendentes, estos funcionarios tienen jurisdicción de carácter nacional que no la pierden ni se la limita por el hecho de la designación de los otros funcionarios de menor jerarquía con jurisdicciones parciales.

 

Domicilio de las Compañías del sector financiero privado.-   Las entidades del sector financiero privado tendrán el domicilio que se establezca en el estatuto social. (Artículo 401 del Código Orgánico Monetario y Financiero).

 

Sucursales y agencias de Compañías (El factor)

 

Si bien es cierto las Compañías deben tener un domicilio principal, en los términos que hemos señalado, no lo es menos que pueden contar con otros domicilios especiales a los que se los denomina como ?Sucursales?.  El artículo 4 de la Ley de Compañías, al hablar de ellas o de ?establecimientos administrados por un factor?, consideran como domicilio de tales Compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por los mismos a las circunscripciones territoriales que se hayan fijado, con esos efectos, en el contrato social.  Pero la Ley señala que esas sucursales o establecimientos administrativos deben necesariamente ser representados por un factor de comercio, de aquellos previstos en el artículo 120 del Código de Comercio.  (Ver punto 874 del Tomo II, Volumen 2).  Es por eso que la Superintendencia de Compañías dictó la Doctrina No. 150 en la que establece que necesariamente cuando se trate de estos domicilios especiales no solo deberá elevarse la decisión a escritura pública (ya no requiere ser aprobada por dicha Institución del Estado) e inscribirse en el Registro Mercantil sino que se le debe presentar el correspondiente poder de factor, el mismo que debe inscribirse y publicarse.

 

Si la constitución de una Compañía y la apertura de una sucursal o establecimiento administrativo ocurrieren simultáneamente, debe también inscribirse simultáneamente en el Registro Mercantil.  Si la apertura de sucursal o establecimiento es posterior a la constitución, solo ese acto será inscrito.  En ambos casos deberá inscribirse el poder de factor.  Así mismo, cuando vaya a designarse un nuevo factor que reemplace al anterior deberá realizarse tal inscripción.

 

Con respecto al factor, Joaquín Garrigues ha señalado: 

 

?La representación mercantil es amplísima y no puede dejar de ser amplísima.  Lo que en general distingue la representación mercantil de la civil es su exteriorización en apoderamientos típicos.  En la vida civil, quien contrata con representante debe examinar por acaso los poderes de éste para saber si responderá o no el poderdante, ya que lo hecho por el apoderado fuera de los límites del poder no obliga al poderdante si no lo ratifica. // En el derecho mercantil, al contrario, la Ley dota al poder del factor, apoderado o representante de una extensión fija (Contenido típico), de modo que todo tercero pueda saber, sin necesidad de particular indagación en que medida queda obligado el poderdante por su apoderado, representante o por su factor? (Tomado del ?Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Imprenta Aguirre, Madrid, 1968, página 554)?.

 

Sobre este asunto, en nuestra obra ?Obligaciones y Responsabilidades de los Administradores de Compañías? (Departamento de Publicaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, enero 1991, páginas 80 y 81), señalamos lo siguiente:  

 

?De conformidad con el concepto de factor previsto en el artículo 121 del Código de Comercio, sus facultades deberían constar más bien en un Poder General que en un Especial como se menciona en la disposición legal.  Sin embargo consideramos que el criterio civilista de Poder General ha sido trastocado en lo comercial al hablarse, en el presente caso, de que el factor debe encontrarse investido de un Poder Especial.  Por consiguiente podemos afirmar que el factor se encuentra investido de un Poder Típico (Especial no en cuanto a su raíz jurídica, sino en cuanto al ámbito total de sus atribuciones ya que prácticamente tiene bajo su responsabilidad todas las facultades del representante legal de la Compañía, menos las que se le hayan restringido)?.

 

Ahora bien, el hecho de que las sucursales o los establecimientos administrativos constituyan domicilios especiales y que estén administrados por un factor, en los términos que se han señalado, no significa, en modo alguno, que el representante legal de la Compañía no pueda realizar contratos u obligarse en esos domicilios especiales ya que él continúa manteniendo intacta toda su jurisdicción nacional para el efecto.  Así mismo, ya depende de los terceros el exigir el cumplimiento de las obligaciones dentro de la circunscripción territorial abarcada por el factor o dentro de la circunscripción territorial correspondiente al domicilio principal de la Compañía, de acuerdo a los términos en que se concibieron las obligaciones.

 

Con la expedición de la Doctrina No. 150 de la Superintendencia de Compañías ha quedado plenamente establecido, como debe ser, que las sucursales y establecimientos administrativos deben, como señala la Ley, necesariamente ser administrados por un factor, es decir por un apoderado especial, especial en cuanto al factor típico al que ya nos hemos referido de modo que ha quedado sin efecto, si cabe ese término, el criterio número tres de la Tercera Nacional de Abogados de la Superintendencia de Compañías reunida en noviembre de 1982, según la cual al administrador de una sucursal de una Compañía nacional se lo podía designar no solo por poder especial sino también por nombramiento cuando ese cargo estuviere previsto expresamente en el estatuto de la Sociedad.  No cabe tal nombramiento.  Solo cabe el poder.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 02.Q.IJ.010 de 11 de junio del 2002 (Publicado en el Registro Oficial 601 de 20 de los mismos mes y año), que contiene el Reglamento sobre los requisitos que deben contener el nombramiento del representante legal y el poder del factor de comercio de las Compañías:

 

?Si la compañía tuviere sucursal, se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de ella el poder extendido a su factor de comercio por el representante legal de la compañía, previa autorización del órgano estatutario que haya designado a éste último.  El poder contendrá todos los actos que comprenda la administración de la sucursal, así como las facultades necesarias al buen desempeño del encargo, a menos que el representante legal las restrinja expresamente en dicho poder?.

 

En cuanto se refiere a las denominadas ?agencias? de Compañías, éstas las considera acertadamente la Superintendencia de Compañías (Gaceta Societaria No. 19, página 63) que son una ?mera oficina administrativa, que realiza tareas dentro del campo administrativo y que frente a la misma se encuentran meros empleados y no factores?, por lo que su creación no requiere de las formalidades que se necesitan para la apertura de sucursales o establecimientos administrativos, previstas en el artículo 33 de la Ley de Compañías, en vista que se encuentran dentro del domicilio principal de la Compañía.

 

Sucursales y agencias de Compañías Mercantiles fuera del país

 

Aun cuando la Ley de Compañías nada dice al respecto, tal posibilidad existe, de modo que, inclusive, en el contrato social normalmente se la establece.  Por supuesto esta posibilidad se refiere exclusivamente al caso de sucursales, agencias u oficinas que requerirán, por cierto, adecuarse y actuar de conformidad con lo que establezca la correspondiente legislación extranjera del lugar en que se establezca la sucursal, agencia u oficina.  No está demás señalar, por cierto que esta posibilidad no se refiere al traslado del domicilio principal a país extranjero porque, de ser ese el caso, la Compañía incurriría en la causal de disolución  prevista en el artículo 361, numeral 2º de la Ley de Compañías.

 

Sucursales de Compañías del mercado de valores.-  Nos referimos a las Compañías administradoras de fondos y fideicomisos, casas de valores, depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores y calificadoras de riesgo, que resuelvan aperturar una sucursal en un lugar distinto de su domicilio principal. (Artículo 1 del Capítulo IV de la codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores).

 

 

Artículo publicado en el ?Tratado de Derecho Empresarial y Societario? Tomo I

 

 

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