Despenalización del consumo de drogas

Viernes, 08 de noviembre de 2013

Despenalización del consumo de drogas

Solución anónima en la sociedad

 

Autor: Dr. René Astudillo Orellana, MSC

Reseña histórica

Actualmente se debate la despenalización del consumo de drogas, en algunos países entre ellos Ecuador, pero es necesario tener claro y definido sobre todo las diferencias entre despenalización y legalización de las drogas. En lo que respecta a la despenalización se refiere al consumo de drogas de adictos y farmacodependientes, donde el bien jurídico que tutela el Estado es la Salud Pública; a diferencia de la legalización apunta a la intervención del Estado en la producción y comercialización de ciertos productos como la marihuana, cocaína, entre otras drogas, para tratamiento médico mediante recetas autorizadas.

Sabido es que a lo largo de la historia en el mundo, las distintas civilizaciones del orbe han consumido drogas y hasta nuestros días se repite como una constante casi infranqueable el uso ilícito por parte del ser humano; esto conlleva a que algunos investigadores se pregunten  si el consumo de drogas es o no un fenómeno inherente a la condición humana. Según LEWIN no existen  en la tierra, a excepción de los alimentos, otras sustancias que hayan estado tan íntimamente asociadas a la vida de  los pueblos en todos los países  y en todos los tiempos, como la droga, por todo ello se puede afirmar que el consumo abusivo  o indebido de las drogas no es privativo de nuestra época. El uso de los tóxicos se debe a causas muy diferentes algunas de las cuales aún impulsan el consumo actual.

Hay que resaltar que al droga estuvo presente en la prehistoria, edad antigua, media y moderna, se tiene como corolario que el opio se conoció y usó en el neolítico y quizás aún antes, en la época mesolítica, la primera noticia escrita sobre la adormidera aparece en tablillas sumerias de hace 3.000 años a.C. Cabezas de esta planta aparecen también en los cilindros babilónicos más antiguos, así como en imágenes de la cultura cretense micénica, jeroglíficos egipcios mencionan ya el opio y lo recomiendan como analgésico y calmante. En China se cultivó el cáñamo desde el  4.000 a.C., ?hasta la famosa Guerra del Opio emperador China- Chiang prohibió la producción y venta del opio en 1793? y es inmemorial su empleo en la India, en América, el arbusto de coca y otras muchas plantas psicoactivas que eran conocidas desde la antigüedad por la población nativa especialmente en lo que ahora es Bolivia y Perú, antes del descubrimiento de las drogas prohibidas o sujetas a fiscalización. Desde el siglo III a.C. hay esculturas de rostros con las mejillas hinchadas por la masticación  de la hoja de coca. Por muchos siglos, por los menos desde hace 2.000 a 4.000 a.C. en la parte sur de los Andes, en el Amazonas y parte de Centroamérica se han consumido las hojas de coca, no siendo la excepción de nuestros antepasados que utilizaron la hoja de la coca por cuestiones curativas refiriéndonos a Ecuador antes de que sea república.

Es menester recalcar que la ciencia aún no ha podido esclarecer definitivamente el origen de la coca y se ha valido de algunos mitos para poder delinear con mayor claridad al dimensión sociocultural de este legendario arbusto, los efectos reductores de la fatiga, el hambre y el dolor otorgaron a la coca un rol mágico religiosos y hasta político, esto sucedió en las culturas precolombinas que habitaron el antiguo Perú así como durante el imperio incario, con el devenir del tiempo se decía que se trataba de una práctica que conducía a la superstición por ser talismán del maligno. En virtud de tales acepciones la iglesia prohibió la masticación de las hojas de coca so pena de excomunión.

Ahora sí ubicándonos en el siglo XIX- 1806 Federico Guillermo Serturmer, logra aislar del opio, un alcaloide que produce el sueño que bautiza con el nombre de ?morfina?, pero sin que nadie sospechara que sus virtudes curativas ocasionaran mayores posibilidades de dependencia. Usada en la guerra civil americana  en la francoprusiana de 1870, e inclusive en la segunda Guerra Mundial y especialmente en la Guerra de los EEUU con Vietnam, pues su efecto y capacidad para calmar o suprimir el dolor convirtió en silenciosos recintos a hospitales de campaña antes poblados por aullidos y llantos. En 1898, Drecer, de la Bayer, encontró un nuevo fenómeno analgésico, con resultados fabulosos en el que se calmaba con más eficacia, es decir, cinco veces más que la morfina sin sus efectos secundarios es una droga heroica, la diacetilmorfina o heroína gracias a este fármaco y a la aspirina; la pequeña fábrica de colorantes de F. Bayer se convirtió en un gigante químico mundial, La cocaína es aislada por primera vez en  1859, y pronto se comercializa a gran escala. Su propaganda resulta aún más intensa que la de la morfina y heroína, pues pasa por ?alimento para los nervios? y ?forma inofensiva de curar tristeza?.

Corriente Prohibicionista y fracaso de la ?Ley Seca?

Recordemos que según Escohotado en la década de 1900, los Estados Unidos de Norteamérica surge una corriente prohibicionista del uso y comercialización de algunas drogas calificadas ilegales entre ellas el alcohol. Así en 1920 el Volstead ?Acta o ley  seca entro en vigor?. Esta ley prescribía multa y prisión para la venta y fabricación de las bebidas alcohólicas, ahora conocidas como drogas permisibles o drogas sociales, y después de una década, ya se había creado medio millón de nuevos delincuentes y una corrupción en todo el nivel en un 34% corrompiendo sociedades en todos los extractos, proliferando el crimen organizado local e internacional, como lo extorsión, falsificación de datos, hurto, tráfico y homicidios al estilo de la cosa nostra ?La mafia no perdona?. En vista de esta política errada al próximo año se deroga la ley seca, atendiendo que la misma ha producido injusticia, criminalización de grandes sectores sociales, corrupción abrumadora y creación del crimen organizado. Las grandes mafias pierden uno de sus más rentables negocios debido a la permisión del consumo y venta del alcohol en EE.UU. Es menester enfocar que las drogas y control social, es un problema de Estado y en la época de la Ley Seca, el combatirla resultó ineficaz ?Fue una guerra perdida frente al tráfico del alcohol?, y lo propio ha sucedido en los actuales momentos con México y Colombia, donde los gobiernos por más que utilicen a las fuerzas del orden y hasta los mimo militares no se ha podido controlar el expendio de drogas, y no se ha podido cumplir con los Tratados y Convenios Internacionales, que catalogan como un delito transnacional y flagelo contra la humanidad.

Es aquí que nace actualmente el debate haciéndose prioritario referirnos que en nuestra región se ha perdido la guerra contra las drogas. Los Estados Unidos de Norteamérica ha difundido una campaña agresiva del combate a las drogas, invirtiendo miles de millones de dólares durante las últimas 4 décadas, al flagelo de la humanidad, es decir a combatir del narcotráfico con insignificantes resultados en esta materia; mientras tanto esta política de tolerancia cero, ha contribuido al incontrolable crecimiento de la violencia en los países que producen, procesan y exportan o son puente de las drogas, como lo estamos viviendo actualmente en Ecuador, donde se ha incrementado, el auge delictivo de los delitos y trasnacionales de la mafia, especialmente  de los Carteles de la droga de Colombia y México, que operan en el interior de nuestra sociedad, abonando a la anomía en la sociedad como el sicariato, lavado de dinero, tráfico de personas entre otros delitos comunes.

Tratando de enfocar desde su origen histórico y dogmático, cuáles fueron los factores endógenos y exógenos, que influyeron en contribuir al tráfico de drogas, podemos indicar la prohibición, lo lucrativo, la oferta y la demanda, teniendo como papel importante el transporte ilícito, por vías y formas que desafían a la imaginación de la mente humana, pues debemos de recordar que al igual que la aplicación de la ley seca en combatir al alcohol, lo mismo ha sucedido en combatir al narcotráfico, más aún que el ser humano siempre es atraído por lo prohibido y al aplicar medidas coercitivas privativas de libertad si diferenciar entre el consumidor y el traficante de drogas, allí estamos hablando de un problema de salud, de tratamiento médico y ambulatorio y no aislamiento  en centro de privación de libertad, para que se cumpla lo establecido en los Arts. 32 y 364 de la Constitución en lo que respecta a los derechos del buen vivir.

Aspectos jurídicos y legales

Bien jurídico.- L determinación del bien jurídico, es decir de aquel valor que el Estado pretende garantizar y tutelar a quienes conformamos una sociedad, en materia penal, es de vital importancia para comprender el alcance y propósito de la Ley, en cuanto al bien jurídico en este delito se admite de modo acaso unánime como tal, principalmente la salud pública, por cuanto es menester proteger a la colectividad de atentados que pudieren producirse en su contra, dad la expansión que ha tenido en los últimos tiempos el consumo de drogas en la población en casi todas las edades, pero especialmente en los adolescentes, de distintas clases sociales y económicas.

Otro bien jurídico protegido por el Estado, es el orden económico, por el alcance que pueden llegar a tener los traficantes, al adquirir influencia política y financiera considerable al interior de la sociedad, en virtud del negocio de la droga. El narcotráfico crea una red de corrupción que podrá desestabilizar la economía estatal.

El daño objetivo que pudiera producirse  contra este bien jurídico, pone el peligro a la comunidad, que se constituye en el sujeto pasivo aunque indeterminado de la infracción. Es decir,  que en tipo penal se construye un delito de peligro abstracto, esto es, que sin existir  una efectiva o potencial puesta en peligro, se extiende la protección penal a casi la totalidad de los comportamientos relacionados con las drogas. El bien jurídico sería la salud pública, no la individualidad, consagrada como tal por el convencimiento y reconocimiento de la sociedad. Por lo tanto el consumo no debería ser delito, pues la salud individual no debe asimilar a la salud pública.

El artículo 30 (ex 40) de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se define a las sustancias sujetas a fiscalización: Se definen y tratan como sustancias sujetas a fiscalización  las incluidas en listas o cuadros anexas a esta Ley, en los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por Ecuador y en las actualizaciones de esos anexos efectuados por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP y dentro de dichos convenios se establece claramente que el adicto o consumidor, su tratamiento será médico ambulatorio y no punitivo. Sin embargo las Convenciones Internacionales señalan que los países signatarios a reserva de lo que dispongan las normas jurídicas internas, deben considerar delitos inclusive a los actos preparatorios y la tentativa.

Es menester recalcar que en nuestro país se despenalizó el consumo de drogas, pues  el legislador de ese entonces determinó que al persona consumidora, es un individuo enfermo, víctima producto del menudeo y del tráfico de drogas y no tenía que ser reprimido, sino que darse tratamiento médico ambulatorio adecuado,  al fármaco dependiente tiene que dársele hospitalización para su du desintoxicación; y no es recomendable la represión, es decir, que ninguna persona consumidora podrá estar a órdenes de ningún Centro de Detención Provisional, privado de la libertad y me sustento en la Ley Interpretativa  de la época mediante Registro Oficial Nº 173 (Segundo Suplemento) publicado el 15 de octubre de 1997 ?interprétese ene l sentido de que SE EXTINGUE LA ACCIÓN O LA PENA SEGÚN EL CASO, que pesaba con anterioridad  a la vigencia de esta última ley, sobre las personas convictas o acusadas de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera que hubiere sido la norma de la Ley reformada que se les hubiera aplicado, las que en virtud han quedado tácitamente modificadas o derogadas. En consecuencia los jueces y tribunales penales; Corte Provincial (ex Corte Superior) y Corte Nacional de Justicia (ex Corte Suprema), están obligadas a otorgar la libertad a dichas personas?,  y posteriormente con fecha 09 de junio de 1998 mediante la Ley 91 de Registro Oficial Nº 335 en la disposición final se derogó tácitamente el Art. 65 de la ley de drogas, la sanción al consumidor mediante ley interpretativa, pudiendo observar que en los actuales momentos nuestra Carta Magna en su Art. 364 establece que es una problemática de Salud Pública y al Estado le corresponderá garantizar dicho bien jurídico mediante programas de tratamiento y prevención al consumo de drogas y alcohol, según e ordenamiento  jurídico se insertó en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador en los Arts. 28 y 63 de la referida ley, pero que hasta los actuales momentos no existe una norma adjetiva o procedimiento, para poder aplicar o determinar la dependencia del consumidor frente al proceso penal, más aún que el Estado, siendo el llamado a tutelar los derechos de todos los que conformamos esta sociedad, más aún con los vulnerables y las personas farmacodependientes, no se ha hecho absolutamente nada, siendo letra muerta hasta los actuales momentos dicha normativa, por algo muy sencillo, el Estado no ha invertido en hospitales especializados públicos, para poder tratar a los farmacodependientes  y en general a los consumidores de drogas.

 

OEA: Posibles consecuencias de la despenalización del consumo de drogas

Uno de los grandes temores visibilizados en la última reunión de la OEA es que, al despenalizar el consumo de drogas, el número de adictos crezca de manera incontrolable y lo que podría ser una lucha efectiva contra los carteles de la droga, se convierta en un pozo sin fondo para la sociedad, pero que los países miembros entre ellos Ecuador, Honduras, Bolivia, se habla dentro de sus congresos sobre la despenalización del consumo de drogas, es decir contraponiéndose con la política de combatir al narcotráfico, pues desde otra perspectiva, la mayoría de las doctrinas jurídicas nacionales y comparadas, ya algunas legislaciones se manifiestan por la no sanción al consumidor, porque si se lo califica de crimina, sin revisar a fondo las razones que lo llevaron a convertirse en consumidor, se elimina toda posibilidad de un tratamiento rehabilitador.  José Luis Puricelli expresa que: ??Al imponer sanciones a un consumidor no se está respetando la libertad personal, consagrada como derecho fundamental en la Constitución, por tratarse de una conducta que no ataca a ningún bien jurídico público, solo atañe a la salud personal. Por otro lado el encarcelamiento carece de razonabilidad y un contrasentido al objeto del régimen penal que es la reeducación, rehabilitación y reincorporación social de los penados, pues puede ser un estigma de adhesión a la vida criminal y conductas desviadas?.

Según Soler,  tiene la misma opinión que Lorenzo Salgado, al afirmar que, ?? El drogadicto es la víctima del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas es decir un sujeto pasivo, es la parte agraviada; siendo así no cabe que en él se configure el delito de drogas. Por otro lado,  el Ecuador es signatario de estos convenios internacionales, los mismo que han sido ratificados por el Poder Ejecutivo e incorporados al ordenamiento jurídico interno del país en virtud de este acto, el Estado declara jurídicamente obligatorio tal convenio suscrito y ratificado por sus representantes o Estados partes.

Siguiendo esta misma línea Diena manifiesta: ??Es un concepto jurídico innato a cualquier clase de convenio, el que de él mismo surja un vínculo obligatorio para los suscriptores; de no ser así,  las partes interesadas no darían vida a un convenio internacional?. Por otro lado, según el autor Díaz Cisneros, ?El Estado signatario de un convenio internacional es responsable de su cumplimiento?. DIAZ CISNEROS, César. Derecho Internacional público. Esta afirmación radica en la vigencia del Principio fundamental del Derecho Internacional, conocido como Pacta Sunt Servanda, regla que ?Determina la obligatoriedad de los tratados para las partes contratantes?. Además la Constitución Política de la República, en su artículo 3, ?declara que el Derecho Internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas??, y aún con más énfasis en el artículo 44 según texto de la Codificación misma. Publicada en el Registro Oficial Nº 183, de 5 de mayo 1993, declara que todos los ecuatorianos están amparados por los convenios internacionales vigentes, tal como lo establece la Constitución de 1998 en su Art. 163 y al del 2008 en su Art. 417 en el Capítulo Segundo que habla de los tratados e instrumentos internacionales?.

Carencia de políticas estatales preventivas

La falta de una verdadera Política de Estado de Prevención en Ecuador y la moneda del dólar como circulante, es lo que ha llevado a nuestro país en estas tres últimas décadas al descontrol y abuso del traficante de drogas a beneficiarse con la venta del tráfico y micro tráfico de drogas, causando un efecto de un alto índice de adictos, no solo en adultos, sino también en los centros de educación, que hoy en día se debate a nivel nacional este fenómeno social como es la venta de droga al menudeo, frente a la gama de delitos existentes en la actualidad, entre las cuales destacamos el punto de vista del NARCOTRÁFICO, LAS ACTIVIDADES NARCODELICTIVAS Y HOMICIDIO POR ENCARGO O SICARIATO que han puesto su total interés en nuestro país, por la falta de política de estado, inexperiencia en combatir las actividades narcodelictivas, por ello considero que previo a que se sancione al infractor, ?Claro está al consumidor es rehabilitación médica ambulatoria? debe el Estado brindar una seguridad económica, jurídica, como para que pueda desenvolverse en nuestro medio, sin ser tentado por  los cartelillos narcodelictivos que operan en nuestro país aprovechándose de la situación de los más necesitados, es por eso que para hablar de sanciones, primero debemos referirnos a prevenciones.

Así mismo, más aún el enfermo drogadicto que necesita tratamiento médico legal ambulatorio, es discriminado por la sociedad, amigos y muchas veces por sus propios familiares que por ignorancia o desconocimiento, no aportan, menos aún coadyuvarían en combatir o ayudar al fármaco dependiente, tomando en consideración que según las estadísticas del CONSEP, en la década de los noventa, de cada 10 adolescentes uno ha probado drogas y alcohol, lo que arroja una cifra alarmante, si el Estado por intermedio de planes concretos combate las drogas, para en algo evitar su consumo, mas no erradamente venir  haciendo lo de los últimos tiempos fustigar y endurecer las penas, que está comprobado que no conlleva a ningún lado, menos a rehabilitar.

Actualmente la resolución 001 CD- 2013 del 21 de mayo de 2013 emitida por el Consejo Directivo del CONSEP, ha generado expectativa y confusiones en ciertos miembros del orden como es la Policía Nacional pues es necesario recordar que las resoluciones, no son de carácter vinculante, si seguimos le orden jerárquico de las normas según la pirámide de Kelsen y que en nuestro país lo prevé en su Art. 425 de la Constitución, por ello considero que la resolución emitida por el CONSEP no tiene carácter vinculante. Su cumplimiento de parte de las autoridades judiciales, no es obligatorio ya que no es Ley; solamente la Asamblea Nacional es quien tiene la capacidad de emitir leyes, las mismas que son de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, no legaliza dosis máximas o constituye autorización alguna para portar actualmente drogas.

La Constitución de la República vigente desde el 2008, determinó en su artículo 364 tres aspectos esenciales en relación con las personas que usan y consumen drogas a saber:

a)    Las adicciones son un problema de salud pública;

b)    Al Estado le corresponde desarrollar programas de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores;

c)    En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.

 

Dr. René Astudillo Orellana, MSC

Fiscal de lo Penal del Guayas

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