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Por: Dra. Verónica Cepeda C.
Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley
C UANTO MÁS AVANZA el desarrollo del conocimiento en la sociedad y se incrementa la necesidad de usar las comunicaciones para la transmisión de datos e información, se presentan una serie de problemas vinculados con frecuentes vulneraciones a los sistemas informáticos.
El DerechoInformático
En vista de estas circunstancias, surge el Derecho Informático como una rama del Derecho que permite otorgar las soluciones jurídicas adecuadas a los problemas originados por el uso de las tecnologías, en las diversas actividades del ser humano.
El Derecho Informático cumple un rol muy importante en la prevención de problemas y en la solución de los mismos, generados por el uso de medios electrónicos. También facilita la incorporación de nuevas instituciones jurídicas que permitan crear confianza a quienes son usuarios de los medios electrónicos.
Las disfunciones o problemas documentales en el campo jurídico se presentan hoy como un obstáculo para que el Derecho pueda cumplir la función que le es propia por lo que debe ser tratado por la ciencia jurídica.
El campo del Derecho es extenso y complejo, y hoy más que antes la cantidad de la información que produce diariamente es prácticamente incontrolable. La toma de una decisión jurídica, sea que ésta se exprese como norma jurídica, sentencia judicial, informe en derecho, investigación jurídica, respuesta a una consulta legal, requiere largas horas de recopilación de información utilizando herramientas informáticas adecuadas, sin las cuales carecerá de validez y eficacia. Es por esto que el acceso a la información no puede verse sólo como un problema cuantitativo, sino que debe ser analizado como un problema cualitativo en cuanto puede significar la negación del sistema jurídico al no dar eficacia a principios jurídicos básicos reconocidos en nuestro ordenamiento.
Pluralidad y difusión
La pluralidad de fuentes normativas que caracterizan nuestro sistema y el desconocimiento de una serie de circunstancias que provocan inseguridad en los individuos respecto del sistema jurídico, deben ser considerados para retomar la necesidad de investigar y poner atención a la seguridad jurídica, apoyándonos en el desarrollo del Derecho Informático, en tanto y en cuanto nos permita dar una mayor eficacia al ordenamiento jurídico.
La difusión de las fuentes formales del ordenamiento jurídico es un mecanismo efectivo de concreción de los principios del Estado de Derecho de seguridad y certeza jurídica; sin embargo encontramos que se lo realice eficientemente aunque existan órganos oficiales de publicación como el Registro Oficial, cuyo acceso es reducido, aún dentro del campo de los abogados.
La norma publicada en el Registro Oficial corresponde al texto original, pero no hay un órgano oficial que certifique cuál es el texto realmente vigente de una norma jurídica especialmente cuando dicho texto ha sufrido una serie de modificaciones. Es ahí cuando surge la necesidad de contar con las herramientas informáticas adecuadas que nos brinden seguridad informática y por tanto jurídica.
El Ecuador cuenta con la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, (publicada en el Registro Oficial No. 557, el 17 de abril de 2002) mediante la cual se incorporan determinadas figuras jurídicas informáticas que permiten garantizar el resguardo de la información, así como su transmisión a través de medios electrónicos mediante el uso de técnicas criptográficas.
Uno de los objetivos de la citada norma es regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que gozan las firmas manuscrita u otra análoga, mediante las cuales se manifieste indudablemente una determinada voluntad.
Lamentablemente en nuestro país, existe un desconocimiento de dicha Ley y por tanto del Derecho Informático, lo cual impide una adecuada utilización de la tecnología y de las herramientas informáticas que otorgan mayor seguridad jurídica.
Eficiencia y seguridad
Es de vital importancia que todas las Instituciones, especialmente las del Estado se vuelvan más eficientes y brinden mayor seguridad, lo cual podría facilitarse con el uso de firmas y certificados electrónicos que permitan dar fe de una manera efectiva, otorgando un adecuado resguardo a la información que circula por las redes interconectadas, sean estas redes abiertas como Internet o cerradas como una Intranet o redes internas que se instalan en las Instituciones.
El Derecho Informático recoge instituciones técnicas y las incorpora al Derecho, otorgándoles un adecuado valor legal; por ejemplo podemos citar las técnicas de cifrado, es decir aquellos sistemas de seguridad que permiten ocultar la información evitando que personas extrañas a las relaciones generadoras de derechos entre las partes, accedan a la misma para dañarla, alterarla o comercializarla.
Con estas técnicas criptográficas se otorga confidencialidad tanto a los datos como a la información que circula en las redes, permite la integridad tanto de los datos como de la información, facilita la verificación de la autenticidad de datos e información, genera confianza, en vista que permite otorgar seguridad a las comunicaciones, evita que datos e información sean conocidos por terceros ajenos a la relación entre las partes, al mantenerlos seguros hasta el momento en que pierdan importancia para los usuarios.
Herramientas necesarias
En vista de lo expuesto, es indispensable contar con herramientas que permitan al ciudadano acceder en forma oportuna y precisa a la información y alcanzar el conocimiento de las normas jurídicas de nuestro ordenamiento.
Por tanto, es necesario que los órganos responsables de la publicación de las normas aprobadas se encarguen de difundir dicha información de una manera segura, a través de Portales Públicos de Información como las páginas web del Estado, Bibliotecas, Universidades, lugares de información ubicados en sitios públicos, etc.
El Derecho Informático va adquiriendo mayor importancia y trascendencia en nuestros tiempos, en vista que permite obtener soluciones legales adecuadas a los problemas generados por el uso de las Nuevas Tecnologías y contribuye a cumplir con la seguridad jurídica, principio esencial de un Estado de Derecho.