Contravenciones de Tránsito.Ejecución de las Penas Privativas de Libertad

Viernes, 01 de agosto de 2014

Contravenciones de Tránsito

 

Ejecución de las Penas Privativas de Libertad

 

Autor: Abg. Carlos Quinchuela Villacís

 

 

?Las Prevenciones de Tránsito?: Asilamientos improcedentes para los contraventores de tránsito

 

 

La realidad del régimen penitenciario en materia tránsito en Quito es sui generis y de cierta manera fuera del marco de la legalidad en cuanto al lugar de cumplimiento de las penas, por cuanto, los condenados por delitos de tránsito a penas de reclusión y prisión con sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada cumplen su pena impuesta en un Centro de Rehabilitación Social previamente establecido en la Constitución de la República del Ecuador (Arts. 51, 77 numeral 12 , 201, 202 y 203) y en el Código de Ejecución de Penas (ART. 18, 19 y 20); pero en el caso de contravenciones muy graves en materia de tránsito, únicas susceptibles a penas privativas de libertad,  existe una problemática fundamental en relación al régimen penitenciario, por cuanto  los contraventores muy graves una vez que han obtenido, por parte de un Juez competente sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, para sorpresa del autor y sin explicación lógica jurídica alguna, los mentados contraventores de tránsito no cumplen su pena privativa de libertad en uno de los centros de rehabilitación social  conjuntamente con los autores de delitos (entendiéndose por esto a delitos penales y delitos de tránsito), no cumplen el tiempo de su pena en un centro de rehabilitación acreditado, homologado y contemplado en la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ni en su reglamento y peor aún en la legislación penal como norma supletoria y para el asombro de ustedes señores lectores, los contraventores muy graves en materia de tránsito, cumplen sus penas privativas de libertad, sin normativa legal alguna que lo permita, en ?Las Prevenciones de Tránsito?, a cargo de la Policía Nacional, siendo dichas prevenciones, lugares de asilamiento sin la adecuación necesaria, que no se encuentran a cargo ni de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs);  ni a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y mucho menos se encuentran regulados por el Ministerio de Justicia.

 

En tal sentido, la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ha inobservado un punto fundamental e importante como es prever que toda pena es aplicable cuando existe, previamente establecidos en la Ley, los medios y mecanismos (régimen penitenciario) para la aplicación de la antes referida pena y es por esto que el autor a ha evidenciado un vacío jurídico en la Ley de Tránsito antes citada,  toda vez que de la revisión minuciosa de la misma y del estudio exhaustivo de sus leyes supletorias, no existe precepto legal alguno que enuncie los centros de privación de libertad para contraventores de tránsito, en los cuales los antes referidos contraventores que previamente hayan obtenido sentencia condenatoria ejecutoriada, cumplan el tiempo de su pena fuera de un centro de rehabilitación social establecido o en otras palabras que cumplan su pena en las prevenciones de tránsito a cargo de la Policía Nacional. Cabe mencionar que de conformidad a lo dispuesto en la disposición general vigésima primera de la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el vacío jurídico existente en la mentada ley no es subsanable con las normas supletorias como son el Código Penal, Código Procedimiento Penal, Código Civil y Código Procedimiento Civil,  por cuanto ninguna de estas normas antes citadas, establece que los sentenciados por contravenciones deberán cumplir su pena impuesta en lugares de asilamiento que no se encuentran establecidos en la Ley y muchos menos prescriben dichas normas supletorias que las Prevenciones de Tránsito al mando de la Policía Nacional constituyan Centros de Rehabilitación Social (Centros de Privación de Libertad para Contraventores de Tránsito).

 

Inobservancias del COIP en materia de Tránsito

 

Lastimosamente amigos lectores, el Código Orgánico Integral Penal, siendo un cuerpo normativo nuevo que entrará en vigencia a partir del 10 de Agosto del 2014 y pese a tener como finalidad el normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas, conforme lo manifiesta su Art. 1, no ha cumplido las expectativas que el caso amerita en materia de tránsito y ha dejado nuevamente un vacío jurídico, sumamente grande, al no instaurar a las Prevenciones de Tránsito a cargo de la Policía Nacional, como Centros de Privación de Libertad, violando de esta manera el  Art. 10 de su propio articulado, el cual prescribe: 

 

?Prohibición de privación de libertad en centros no autorizados.- Se prohíbe cualquier forma de privación de libertad en instalaciones o lugares no autorizados legalmente, así como toda forma de arresto, coerción o privación de libertad derivada de procedimientos disciplinarios administrativos.?

 

¿Sera que el legislador en el Código Orgánico Integral Penal, con el afán de aplicar todos los principios emanados de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este Código, ha descuidado el ámbito de la rehabilitación integral especialmente en asuntos de tránsito?

 

Pues al parecer, no solo ha descuidado el ámbito de la rehabilitación integral en materia de tránsito, sino que el legislador para criterio propio del autor, ha incurrido en un completo desacierto al dejar de lado a los Centros de Privación de Libertad para Contraventores de Tránsito, toda vez que el Libro Tercero del Código Orgánico Integral Penal correspondiente a la Ejecución, en su Título II abarca lo referente a los Centros de Privación de Libertad, al manifestar lo siguiente:

 

?Art. 678.- Centros de privación de libertad.- Las medidas cautelares personales, las penas privativas de libertad y los apremios, se cumplirán en los centros de privación de libertad, que se clasifican en: 1.) Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio de inocencia? (?.) 2.) Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las personas a quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada. Los centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Sistema de Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo de las actividades y programas previstos por el órgano competente.?

 

Por consiguiente, el ámbito de ejecución de la pena privativa de libertad por contravenciones de tránsito tanto en la LOTTTSV como en el COIP una vez más ha quedado en el limbo, sin explicación doctrinaria, sin fundamentación lógica jurídica y sin precepto legal alguno que instaure los Centros de Privación de la Libertad para Contraventores de Tránsito  o en su defecto por lo menos, regularice, adecue y permita a las Prevenciones de Tránsito a cargo de la Policía Nacional se conviertan en Centros Rehabilitación Social.

 

 

Consideraciones al Legislador

 

Es menester manifestar que las Prevenciones de Tránsito únicamente son lugares de asilamiento, en condiciones poco saludables, que no cuenta con el régimen infraestructura necesaria para la rehabilitación integral del conductor o peatón infractor, no contemplan un lugar determinado para albergar a las CONTRAVENTORAS de tránsito (mujeres) susceptibles a penas privativas de libertad; por lo que es menester que el legislador en uso de sus atribuciones, tomando en consideración:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador del Ecuador en su Art. 51 reconoce los derechos de las personas privadas de la libertad  y que especialmente el Art. 77 numeral 12 Ibídem garantiza primordialmente que las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social; además estableciendo que  ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social, salvo los casos de penas alternativas y libertad condicionada de acuerdo con la Ley.

 

Que en estricta aplicación a lo prescrito en el Art 5 numerales 1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José Costa Rica, de 1969), afirman que ?Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes?. ?Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano?.

 

Que  con arreglo a lo prescrito en el Art. 13 del Código Integral Penal referente a que la interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, REFORME el Código Orgánico Integral Penal, instaurando inmediatamente a los Centros de Privación de Libertad para Contraventores de Tránsito, a fin de garantizar plenamente la Rehabilitación Integral  que persigue este cuerpo normativo, toda vez que las Prevenciones de Tránsito, hoy en día, son lugares de asilamiento deplorables, a cargo de la Policía Nacional en  condiciones totalmente decadentes i inhumanas, que en el mejor de los casos, toman la percepción de centros provisionales de detención, al margen de la Ley (LOTTTSV y COIP), inconstantes en la legislación ecuatoriana vigente (normas supletorias), de los cuales no se tiene normativa jurídica, en la cual, se establezca su creación, su régimen penitenciario y menos su calidad de centros de rehabilitación y es decir, son lugares de asilamiento al margen de la Ley, en los cuales, los sentenciados por contravenciones de tránsito cumplen el tiempo de la pena impuesta por el Juez competente.

 

 

Abg. Carlos Quinchuela Villacís

SECRETARIO TERCERO DE TRÁNSITO DE

PICHINCHA (E)

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