Derecho Penal - Derecho Ecuador

Derecho Penal

Estudios y doctrinas de Derecho Penal en Ecuador. Análisis sobre la teoría del delito, las penas, sanciones y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Procede la aplicación del procedimiento abreviado en procesos contra Adolescentes en conflicto con la ley penal?

¿Procede la conciliación en el delito de abuso sexual cuando el sujeto activo es un adolescente?

¿En qué circunstancias y para justificar que hechos se podría aceptar la realización de la inspección judicial?

Podría o no el Tribunal de Apelación, que revoque una sentencia absolutoria, dictar en su sentencia de condena la suspensión condicional de la pena privativa de libertad.

¿Cuándo se presenta el escrito de interposición del recurso de revisión?

¿Cómo dirimir la competencia en materia penal ambiental?

¿Cuándo el juez tiene la obligación de declarar si la denuncia es maliciosa o temeraria?

¿Cuál es el alcance del Art. 146 del COIP sobre el Homicidio culposo por mala práctica profesional?

¿Existen todavía los delitos aduaneros?

¿Cuándo existe el ejercicio privado de la acción penal en la audiencia de conciliación o de juzgamiento es obligatorio convocar a un Defensor Público?

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: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.

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El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.

La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional

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