Acumulación de Penas en Delitos de Drogas
Autor: Ab. José Sebastián Cornejo
Aguiar.[1]
Precedente Jurisprudencial
Resolución
N° 12- 2015 de la Corte Nacional de Justicia
El presente análisis versa sobre la Resolución N°
12- 2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N°. 592, de 22 de
septiembre de 2015, emitida por la Corte Nacional de Justicia, como precedente
jurisprudencial, que tiene como finalidad establecer una norma generalmente
obligatoria, de conformidad con lo establecido en el Art 185 de la Constitución
de la República del Ecuador, que manifiesta:
?Las
sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de
Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto,
obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y
decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho
plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá
jurisprudencia obligatoria. [?]?
Es entonces oportuno determinar que esta resolución,
consiste básicamente en la aplicación de las sanciones privativas de libertad a
personas cuya responsabilidad sea declarada por incurrir en oferta,
almacenamiento, intermediación, distribución, compra, venta, envío, transporte,
comercialización, importación, exportación, tenencia, posesión o tráfico
ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas o preparados que las contengan, cuando se trata de más de una
sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan, y en
distintas cantidades; según la
tipificación contenida en el Código Orgánico Integral Penal,
específicamente en su artículo 220.1.
Lo cual podría de alguna manera considerarse una
injusticia, ya que no existe proporcionalidad de las infracciones y las
sanciones penales, que como bien se establece, en el Art 76.6 de la
Constitución de la República del Ecuador.- ?La ley establecerá la debida
proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales,
administrativas o de otra naturaleza.?[2]
Proporción que en la legislación ecuatoriana, está
dirigida a la consecución de penas privativas de libertad, en virtud de que si
bien es cierto el narcotráfico, es un problema sumamente grave, tanto así que
para Jorge Vicente Paladines, en su artículo ?La (des)proporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en
Ecuador?, manifiesta que ?Cuando
hablamos de ?droga? asociamos un sin número de problemas sin distinguir la autonomía
que posee cada uno de ellos.?[3]
Ya que nos imaginamos ?al narcotrá?co, la violencia, el
terrorismo, los Estados fallidos, la corrupción, el trá?co de in?uencias, el
lavado de activos, la in-salubridad, la inseguridad ciudadana o la degradación
de la humanidad[?].? [4]
Siendo entonces, este problema, considerado incluso
por la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia N° 002-10-SCN-CC, del 14
de febrero de 2010, replicada en la sentencia N° 028-10-SCN-CC, del 14 de
octubre de 2010, como ?delito de lesa
humanidad?.
Acciones del
Estado ecuatoriano sobre el narcotráfico
Una vez entendido la connotación grave de lo que
implica el narcotráfico, el Estado Ecuatoriano, adoptado varias medidas tales
como por ejemplo la emisión de la Resolución 002 CONSEP- CD-2014, de 09 de
julio de 2014, donde se expidió las tablas de cantidades de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima,
mediana, alta y gran escala, establecido en el Art. 220 del Código Orgánico
Integral Penal; posteriormente, mediante Resolución 001 CONSEP- CD- 2015, de
fecha 09 de septiembre de 2015, se sustituyó el Art. 1 de la Resolución 002
CONSEP- CD-2014, de 09 de julio de 2014, expidiendo una nueva tabla.
En la cual se puede evidenciar, de manera clara una
criminalización directa, respecto a la
reducción en la determinación de las cantidades, tanto así que en la
tabla del 14 de julio de 2014, en el caso de la tenencia, hablemos de marihuana
de mínima escala, estaba entre un rango de mínimo > 0 hasta un máximo de
300; mientras que la tabla del 14 de septiembre de 2015, en el caso de la
tenencia de marihuana de mínima escala, estaba entre un rango de mínimo > 0
hasta un máximo de 20.
Dándonos a entender claramente, que lo que se busca
es un endurecimiento de las sanciones punitivas, en razón de la cantidad que
posea cada individuo, con respecto a estas sustancias, que si lo analizamos
desde un solo punto de vista lo que se estaría logrando en abstracto conforme
menciona Bernardo Feijoo Sánchez, en su obra titulada ?Retribución y Prevención General?, es la privación o restricción de
derechos, ya que la pena ?es
una pérdida parcial del estatus de libertad de una persona.?[5]
Además con la emisión de la Resolución N° 12- 2015, se está consiguiendo una
acumulación de penas, que no se ajusta al concurso real de infracciones,
establecido en el Art. 20 del COIP que determina que: ? Cuando a una persona
le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las
penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón
exceda los cuarenta años.?[6], peor
aún el concurso ideal de infracciones, establecido en el Art. 21 del COIP el cual es aplicable:
?Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará
la pena de la infracción más grave.?[7]
Denotando claramente que esta Resolución, lo que
hace es acumular las penas, de acuerdo a la posesión de sustancias sin aplicar
ninguno de los concursos antes enunciados; consiguiendo así de esta manera la
acumulación de penas en relación a la cantidad y sustancia que porte el individuo
el momento de su detención.
Lo cual es sumamente peligroso, ya que esta
acumulación, podría decirse que es discriminada, debido a que se trata de un
mismo delito, siendo inaplicable, ni por concurso ideal, ni real de
infracciones, la acumulación de penas, adicionalmente, en virtud de la nueva
tabla emitida, en donde las cantidades han disminuido, se podría llegar a
criminalizar a posibles consumidores, y no cumplir así con la verdadera lucha
contra las drogas, que en si genera una consecuencia, grave a la educación,
salud pública, desarrollo económico y social; relaciones internacionales; y,
políticas de seguridad y justicia.
Medidas
Alternativas a la Privación de la Libertad
Es por ello, que el Estado Ecuatoriano, no debe
aplicar la óptica de la prisión como única solución al problema social, sino
más bien buscar medidas alternativas para evitar la criminalización de
consumidores, que pueden llegar a ser confundidos con microtraficantes.
A fin de garantizar plenamente el reconocimiento del
principio de insignificancia; que para Luigi
Ferrajoli, cuando nos habla de los derechos fundamentales, libertades y
expectativas, determinando al Estado de derecho liberal y estado de derecho
social, sostiene que:
?[?] Las garantías
penales y procesales, como hemos dicho otras veces, no puede ser más que un
sistema de prohibiciones inderogables: prohibiciones de castigar, de privar de
la libertad, de registrar, de censurar o de sancionar de alguna u otra forma,
si no concurriesen las condiciones establecidas por la ley en garantía del
ciudadano frente a los abusos del poder.?[8]
Lo
cual, nos conlleva a pensar
que la función primordial del Estado, es velar por la aplicabilidad de la
sanción menos rigurosa, para un hecho cuando así lo amerite, es decir, surge de
alguna manera, la consideración del principio de insignificancia, que dentro
del campo penal, se entiende que las conductas deben evaluarse mediante un
análisis sistematizado en relación con el principio de lesividad, ya que si no
existe lesividad al bien jurídico, ni afectación grave es ilógico, que se
aplique el poder punitivo.
Por ello en los
casos en que
se verifica una
afectación insignificante del
bien jurídico se debe proceder del análisis del principio de lesividad entendido
como la imposibilidad de cualquier
derecho de legitimar
una intervención punitiva
cuando a lo
sumo no media un
conflicto jurídico, entendido este
último como la
afectación grave de un
bien jurídico protegido.
En tal razón la aplicación del principio de
insignificancia no sólo se trata de exteriorizar la idea de que el derecho
penal sea la última ratio, sino de la proporcionalidad entre la respuesta
punitiva y la lesión al bien jurídico.
Ya que como todos sabemos el principio de proporcionalidad caracteriza la idea de
justicia en el marco de un Estado de Derecho, tanto así, que en nuestro ordenamiento
jurídico Ecuatoriano, dentro del Art. 76 núm. 6 de nuestra Constitución,
manifiesta la existencia de la ?[?] proporcionalidad
entre las infracciones y las sanciones penales [?],?[9], en donde esta proporcionalidad deberá medirse con base en la importancia social del hecho
desprendiéndose de la exigencia de una prevención general, capaz de producir
sus efectos en la colectividad.[10]
Proporcionalidad
de la Pena en delitos de narcotráfico
Teniendo en cuenta que el cumplimiento del principio de proporcionalidad,
establecido por nuestros legisladores, debe ser aplicado por los jueces, en el
ámbito de la Administración de Justicia, distinguiendo que la pena debe ser
proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada.
Y que dicha proporcionalidad se medirá con base en la
importancia social del hecho, es decir la necesidad de la proporcionalidad se
desprende de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus
efectos en la colectividad.
De este modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad
de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según
el grado de afectación al bien jurídico.
Si partimos con esa idea de que el principio de
proporcionalidad se vuelve relevante, que no existen derechos absolutos, sino
que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado, estaríamos
generando un concepto, a la par del establecido en el Art. 12 núm. 16 del Código
Orgánico Integral Penal que menciona, ?las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona
privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas [?].?[11]
Es decir lo que se busca con la proporcionalidad, es que
el poder punitivo, debe ser aplicado solo cuando sea estrictamente necesario
por haberse trasgredido bienes jurídicos protegidos, claro está haciéndolo de
carácter proporcional a la actuación realizada.
Debido a que el establecimiento de penas, es necesario
para garantizar una readaptación, resocialización, rehabilitación[12]
siempre y cuando se lo aplique de manera proporcional al ilícito cometido, ya
que la mayoría de los delincuentes necesitan diferentes tratamientos y
políticas carcelarias, para lograr su reinserción en la sociedad[13],
en donde surge un carácter instrumental del derecho penal y de la justicia
criminal, en la que se debe analizar al delincuente previo a la comisión del
acto, así como también determinar el criterio de la sociedad que da pautas para la imposición de la
sanción, poniendo límites al mundo en algunas ocasiones sin valorar preceptos o
tipologías tanto criminológicas como victimológicas.
Denotándose que por ejemplo no es racional; que por apoderarse de una
cerilla para encender un cigarrillo se considere como un hurto en razón de que
todos los bienes jurídicos admiten una lesión graduable, es por ello que
existen actos insignificantes los cuales no ameritan sanción penal.
Peor aún en del delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, cuando se trate de mínimas cantidades si
no se aplica el principio de insignificancia, se podría estar criminalizando a
los consumidores, y no solo a los microtraficantes, que respondería por penas excesivas en relación a
la acumulación de penas antes mencionada.
Conclusión
Dejando
en claro, que el endurecimiento de las penas, no puede ser la única solución,
es por ello que nuestra misma Constitución de la República del Ecuador, en su
artículo 46 núm. 5 determina fomentar la ?Prevención contra el uso de estupefacientes
o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas
para su salud y desarrollo.?
Fomentando
la prevención, dispuesta en el artículo 364 de la norma en mención cuando
determina que: ?la
implementación de programas coordinados de información, prevención y control
del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas;
así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales,
habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni
se vulnerarán sus derechos constitucionales. [?]?[14]
[1] Abogado
por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador); Especialista en Derecho
Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Candidato a
Especialista en Migración, Desarrollo y Derechos Humanos por la FLACSO; Autor de los libros Mundo, Alma y Vida;
Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones
de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y
Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP.
[email protected].
[2] REGISTRO
OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).
[3] Paladines,
Jorge Vicente, EL EQUILIBRIO PERDIDO: drogas y proporcionalidad en las
justicias de América, 1ra. edición, Justicia y Defensa N° 2 (Quito-
Ecuador: Defensoría Pública, 2013).
[4] Ibíd.
[5] Bernardo
Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría
de la pena y las funciones del Derecho Penal (B de F, 2007).
[6] REGISTRO
OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).
[7] Ibíd.
[8] Luigi
Ferrajoli, DERECHO Y RAZÓN. Teoría del garantismo penal, Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, Derecho (Madrid: Trotta, 1995).
[9] Ibid., Art. 76 núm. 6. (La ley
establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones
penales, administrativas o de otra naturaleza.)
[10] Bernardo
Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría
de la pena y las funciones del Derecho Penal. (Montevideo – Buenos Aires: B
de F, 2007).
[11] REGISTRO
OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014)., Art 12, núm. 16.
[12] Bernardo
Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría
de la pena y las funciones del Derecho Penal.
[13] Ibid.
[14] REGISTRO
OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).