Acumulación de Penas en Delitos de Drogas

Martes, 21 de marzo de 2017

Acumulación de Penas en Delitos de Drogas

 

 

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Precedente Jurisprudencial


Resolución N° 12- 2015 de la Corte Nacional de Justicia

 

El presente análisis versa sobre la Resolución N° 12- 2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N°. 592, de 22 de septiembre de 2015, emitida por la Corte Nacional de Justicia, como precedente jurisprudencial, que tiene como finalidad establecer una norma generalmente obligatoria, de conformidad con lo establecido en el Art 185 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta:

?Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. [?]?

Es entonces oportuno determinar que esta resolución, consiste básicamente en la aplicación de las sanciones privativas de libertad a personas cuya responsabilidad sea declarada por incurrir en oferta, almacenamiento, intermediación, distribución, compra, venta, envío, transporte, comercialización, importación, exportación, tenencia, posesión o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas o preparados que las  contengan, cuando se trata de más de una sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan, y en distintas cantidades; según la  tipificación contenida en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente en su artículo 220.1.

Lo cual podría de alguna manera considerarse una injusticia, ya que no existe proporcionalidad de las infracciones y las sanciones penales, que como bien se establece, en el Art 76.6 de la Constitución de la República del Ecuador.- ?La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.?[2]

Proporción que en la legislación ecuatoriana, está dirigida a la consecución de penas privativas de libertad, en virtud de que si bien es cierto el narcotráfico, es un problema sumamente grave, tanto así que para Jorge Vicente Paladines, en su artículo ?La (des)proporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en Ecuador?, manifiesta que ?Cuando hablamos de ?droga? asociamos un sin número de problemas sin distinguir la autonomía que posee cada uno de ellos.?[3]

Ya que nos imaginamos ?al narcotrá?co, la violencia, el terrorismo, los Estados fallidos, la corrupción, el trá?co de in?uencias, el lavado de activos, la in-salubridad, la inseguridad ciudadana o la degradación de la humanidad[?].? [4]

Siendo entonces, este problema, considerado incluso por la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia N° 002-10-SCN-CC, del 14 de febrero de 2010, replicada en la sentencia N° 028-10-SCN-CC, del 14 de octubre de 2010, como ?delito de lesa humanidad?.

Acciones del Estado ecuatoriano sobre el narcotráfico

Una vez entendido la connotación grave de lo que implica el narcotráfico, el Estado Ecuatoriano, adoptado varias medidas tales como por ejemplo la emisión de la Resolución 002 CONSEP- CD-2014, de 09 de julio de 2014, donde se expidió las tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala, establecido en el Art. 220 del Código Orgánico Integral Penal; posteriormente, mediante Resolución 001 CONSEP- CD- 2015, de fecha 09 de septiembre de 2015, se sustituyó el Art. 1 de la Resolución 002 CONSEP- CD-2014, de 09 de julio de 2014, expidiendo una nueva tabla.

En la cual se puede evidenciar, de manera clara una criminalización directa, respecto a la  reducción en la determinación de las cantidades, tanto así que en la tabla del 14 de julio de 2014, en el caso de la tenencia, hablemos de marihuana de mínima escala, estaba entre un rango de mínimo > 0 hasta un máximo de 300; mientras que la tabla del 14 de septiembre de 2015, en el caso de la tenencia de marihuana de mínima escala, estaba entre un rango de mínimo > 0 hasta un máximo de 20.

Dándonos a entender claramente, que lo que se busca es un endurecimiento de las sanciones punitivas, en razón de la cantidad que posea cada individuo, con respecto a estas sustancias, que si lo analizamos desde un solo punto de vista lo que se estaría logrando en abstracto conforme menciona Bernardo Feijoo Sánchez, en su obra titulada ?Retribución y Prevención General?, es la privación o restricción de derechos, ya que la pena ?es una pérdida parcial del estatus de libertad de una persona.?[5]

Además con la emisión de la Resolución  N° 12- 2015, se está consiguiendo una acumulación de penas, que no se ajusta al concurso real de infracciones, establecido en el Art. 20 del COIP que determina que: ? Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años.?[6], peor aún el concurso ideal de infracciones, establecido en el Art. 21 del COIP el cual es aplicable: ?Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave.?[7]

Denotando claramente que esta Resolución, lo que hace es acumular las penas, de acuerdo a la posesión de sustancias sin aplicar ninguno de los concursos antes enunciados; consiguiendo así de esta manera la acumulación de penas en relación a la cantidad y sustancia que porte el individuo el momento de su detención.

Lo cual es sumamente peligroso, ya que esta acumulación, podría decirse que es discriminada, debido a que se trata de un mismo delito, siendo inaplicable, ni por concurso ideal, ni real de infracciones, la acumulación de penas, adicionalmente, en virtud de la nueva tabla emitida, en donde las cantidades han disminuido, se podría llegar a criminalizar a posibles consumidores, y no cumplir así con la verdadera lucha contra las drogas, que en si genera una consecuencia, grave a la educación, salud pública, desarrollo económico y social; relaciones internacionales; y, políticas de seguridad y justicia.

Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad

Es por ello, que el Estado Ecuatoriano, no debe aplicar la óptica de la prisión como única solución al problema social, sino más bien buscar medidas alternativas para evitar la criminalización de consumidores, que pueden llegar a ser confundidos con microtraficantes.

A fin de garantizar plenamente el reconocimiento del principio de insignificancia; que para Luigi Ferrajoli, cuando nos habla de los derechos fundamentales, libertades y expectativas, determinando al Estado de derecho liberal y estado de derecho social, sostiene que:

 ?[?] Las garantías penales y procesales, como hemos dicho otras veces, no puede ser más que un sistema de prohibiciones inderogables: prohibiciones de castigar, de privar de la libertad, de registrar, de censurar o de sancionar de alguna u otra forma, si no concurriesen las condiciones establecidas por la ley en garantía del ciudadano frente a los abusos del poder.?[8]

 

Lo cual, nos conlleva a pensar que la función primordial del Estado, es velar por la aplicabilidad de la sanción menos rigurosa, para un hecho cuando así lo amerite, es decir, surge de alguna manera, la consideración del principio de insignificancia, que dentro del campo penal, se entiende que las conductas deben evaluarse mediante un análisis sistematizado en relación con el principio de lesividad, ya que si no existe lesividad al bien jurídico, ni afectación grave es ilógico, que se aplique el poder punitivo.

 

Por ello en los  casos  en  que  se  verifica  una  afectación  insignificante  del  bien jurídico se debe proceder del análisis del principio de lesividad entendido como la imposibilidad de cualquier  derecho  de  legitimar  una  intervención  punitiva  cuando  a  lo  sumo  no media  un  conflicto  jurídico, entendido  este  último  como  la  afectación  grave de  un  bien  jurídico protegido.

 

En tal razón la aplicación del principio de insignificancia no sólo se trata de exteriorizar la idea de que el derecho penal sea la última ratio, sino de la proporcionalidad entre la respuesta punitiva y la lesión al bien jurídico.

 

Ya que como todos sabemos el principio de proporcionalidad caracteriza la idea de justicia en el marco de un Estado de Derecho, tanto así, que en nuestro ordenamiento jurídico Ecuatoriano, dentro del Art. 76 núm. 6 de nuestra Constitución, manifiesta la existencia de la ?[?] proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales [?],?[9], en donde esta proporcionalidad deberá medirse con base en la importancia social del hecho desprendiéndose de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad.[10]

 

Proporcionalidad de la Pena en delitos de narcotráfico

 

Teniendo en cuenta que el cumplimiento del principio de proporcionalidad, establecido por nuestros legisladores, debe ser aplicado por los jueces, en el ámbito de la Administración de Justicia, distinguiendo que la pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada.

Y que dicha proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho, es decir la necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad.

De este modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico.

Si partimos con esa idea de que el principio de proporcionalidad se vuelve relevante, que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado, estaríamos generando un concepto, a la par del establecido en el Art. 12 núm. 16 del Código Orgánico Integral Penal que menciona, ?las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas [?].?[11]

Es decir lo que se busca con la proporcionalidad, es que el poder punitivo, debe ser aplicado solo cuando sea estrictamente necesario por haberse trasgredido bienes jurídicos protegidos, claro está haciéndolo de carácter proporcional a la actuación realizada.

Debido a que el establecimiento de penas, es necesario para garantizar una readaptación, resocialización, rehabilitación[12] siempre y cuando se lo aplique de manera proporcional al ilícito cometido, ya que la mayoría de los delincuentes necesitan diferentes tratamientos y políticas carcelarias, para lograr su reinserción en la sociedad[13], en donde surge un carácter instrumental del derecho penal y de la justicia criminal, en la que se debe analizar al delincuente previo a la comisión del acto, así como también determinar el criterio de la sociedad  que da pautas para la imposición de la sanción, poniendo límites al mundo en algunas ocasiones sin valorar preceptos o tipologías tanto criminológicas como victimológicas.

 Denotándose que por ejemplo no es racional; que por apoderarse de una cerilla para encender un cigarrillo se considere como un hurto en razón de que todos los bienes jurídicos admiten una lesión graduable, es por ello que existen actos insignificantes los cuales no ameritan sanción penal.

 

Peor aún en del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuando se trate de mínimas cantidades si no se aplica el principio de insignificancia, se podría estar criminalizando a los consumidores, y no solo a los microtraficantes, que respondería por penas excesivas en relación a la acumulación de penas antes mencionada.

Conclusión

Dejando en claro, que el endurecimiento de las penas, no puede ser la única solución, es por ello que nuestra misma Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 46 núm. 5 determina fomentar la ?Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.?

 

Fomentando la prevención, dispuesta en el artículo 364 de la norma en mención cuando determina que: ?la implementación de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. [?]?[14]

 

 

 

 



[1] Abogado por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador); Especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Candidato a Especialista en Migración, Desarrollo y Derechos Humanos por la FLACSO; Autor de los libros Mundo, Alma y Vida; Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP. scor1719@hotmail.com.

[2] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).

[3] Paladines, Jorge Vicente, EL EQUILIBRIO PERDIDO: drogas y proporcionalidad en las justicias de América, 1ra. edición, Justicia y Defensa N° 2 (Quito- Ecuador: Defensoría Pública, 2013).

[4] Ibíd.

[5] Bernardo Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal (B de F, 2007).

[6] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).

[7] Ibíd.

[8] Luigi Ferrajoli, DERECHO Y RAZÓN. Teoría del garantismo penal, Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, Derecho (Madrid: Trotta, 1995).

[9] Ibid., Art. 76 núm. 6. (La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.)

[10] Bernardo Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal. (Montevideo - Buenos Aires: B de F, 2007).

[11] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014)., Art 12, núm. 16.

[12] Bernardo Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal.

[13] Ibid.

[14] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).

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